30 de septiembre de 2010

"Fue la industria y no el campo la que traccionó el crecimiento de la Argentina"

A pocos días de haber presentado el libro La economía argentina de la posconvertibilidad en tiempos de crisis mundial, que escribió junto a Mariana González, Nuria Mendizábal y Eduardo M. Basualdo, el economista Nicolás Arceo recibió a Buenos Aires Económico y explicó cuáles fueron los cambios estructurales que registró la economía local en el último decenio.

El agro pampeano, las medidas económicas que se podrían tomar en los próximos meses, la asignación universal por hijo (AUH), las AFJP y el proyecto de llevar las jubilaciones al 82% del salario son algunos de los temas que toca el libro y sobre los que Arceo responde.

–¿Que cambios analiza el libro puntualmente?
–La obra se propone analizar los cambios que implicó la devaluación de la moneda y la adopción del nuevo patrón de crecimiento a partir del 2002, enfocando, fundamentalmente, en la evolución que presentó el mercado de trabajo. A grandes rasgos, lo que uno puede afirmar es que a partir del 2002 se consolida un nuevo patrón de crecimiento que tiene efectos diferenciales sobre la evolución del mercado de trabajo con respecto a lo que había pasado durante las tres décadas previas. En particular, que el crecimiento haya sido liderado por sectores productores de bienes, a partir del 2002 y hasta el 2007, condujo a un aumento muy significativo en la cantidad de puestos de trabajo y a una elasticidad empleo-producto mucho mayor que la verificada a lo largo del régimen de convertibilidad. Este extraordinario crecimiento de los sectores productores de bienes y del empleo se sustentó en un aumento en la rentabilidad de dichos sectores.

–¿En qué se apoyó ese incremento en la rentabilidad?
–En dos factores: la modificación de la estructura de precios relativos, que favoreció a los transables con respecto a los no transables, y a la extraordinaria transferencia de ingresos que se produjo desde el trabajo hacia el capital como consecuencia de la devaluación de la moneda, es decir, la aguda contracción que registraron los salarios reales en el 2002, y que sólo a comienzo del 2007 retornaron a los niveles prevalecientes a fines del régimen de convertibilidad, mientras que la economía creció casi al 8,5 % anual acumulativo.

–Dedican un capítulo del libro a las transformaciones estructurales en el agro pampeano. ¿A qué conclusiones llegaron?
–Se observa que si bien el sector agropecuario pampeano mantiene elevadas tasas de crecimiento, ya vigentes desde mediados la década del ’90, no fue un sector que haya traccionado el crecimiento de la economía argentina. Por el contrario, si bien creció a una tasa del 5% anual acumulativo hasta el 2007, es una cifra notoriamente inferior a la verificada por el complejo manufacturero, que creció casi al 10% anual acumulativo.

–¿Qué medidas económicas debe tomar el Gobierno en los próximos meses para seguir creciendo sin ser afectado, de modo dramático, por la crisis europea?
–Me parece central, en un contexto de inflación como el actual, mantener e incrementar los salarios reales. Es central para conservar el nivel de actividad interna que los aumentos nominales vayan por encima de la tasa de inflación, de manera que los trabajadores participen un poco más de la riqueza generada en la economía argentina de los últimos diez años. Digo, si bien este nuevo patrón de crecimiento permitió un incremento muy sensible del nivel de empleo y del valor agregado generado en la economía argentina, los trabajadores sólo participaron de esa riqueza extraordinaria a través de la expansión del empleo, pero no por medio de un aumento significativo y sistemático en las remuneraciones reales.

–¿Qué papel juega la AUH en la posibilidad de que los trabajadores participen de la riqueza generada en la economía argentina?
–Es una medida de estricta equidad distributiva. En primer lugar, porque está dirigida a los sectores más vulnerables de la población, con menores ingresos y, por otro lado, porque el sistema de seguridad social en nuestro país no sólo está financiado por los trabajadores activos sino también por el conjunto de la sociedad argentina. Cerca del 40% de los recursos de la seguridad social hoy provienen de rentas generales, es decir, de impuestos (IVA, Ganancias, etcétera). En ese contexto, me parece que es estrictamente equitativo que parte de esos recursos se destinen a financiar la niñez en los hogares más desprotegidos. Todas las estimaciones indican que la AUH puede llegar a permitir que la indigencia baje casi a la mitad. Si bien no tiene efectos sensibles en los niveles de pobreza, más allá de una baja de 3-4 puntos porcentuales, la AUH sí permite una notoria disminución de los niveles de indigencia. Además, en línea con sostener la demanda agregada interna, es un elemento más que contribuye al aumento del consumo de los sectores populares.

–El tercer capítulo de libro analiza la reestatización del sistema previsional argentino. ¿Qué opina de la reestatización de las AFJP?
–Si uno evalúa casi quince años de sistema previsional privado, sus resultados fueron claramente desalentadores. En primer lugar, una porción significativa de los aportes de los trabajadores fueron apropiados, en términos de comisiones, por parte de las AFJP. Pero más allá de eso, el sistema privado de jubilación y pensión no logró cumplir con las promesas con las que fue generado. Es decir, no se consiguió una mayor cobertura del sistema jubilatorio en la Argentina. Por el contrario, la cobertura se mantuvo estancada y, en términos relativos, decreciente a partir de 1994. Por otro lado, no permitió ni favoreció la disminución del empleo no registrado, que aumentó sistemáticamente desde mediados de la década del ’90 dejando a porciones significativas de la población por fuera del sistema jubilatorio. Además, la moratoria previsional y el régimen de jubilación anticipada van a permitir que se jubilen 2 millones de personas que en términos del régimen privado no podrían haberse jubilado nunca, porque no tenían los aportes ni las contribuciones requeridas. Por otro lado, tampoco el sistema de las AFJP logró dinamizar un mercado de capitales privado en la Argentina.

–¿Cuál fue, para usted, el negocio de las AFJP?
–Las AFJP obtenían los recursos de sus asociados, cobraban una comisión muy significativa sobre esos aportes, y esos recursos se los prestaban al Estado a una tasa muy elevada. Si uno analiza lo que ocurrió con el Fondo de Garantía de la Sustentabilidad, que son los fondos que apropió la ANSES a partir de la reestatización del sistema, se observa que más del 60% de esos fondos están constituidos en títulos públicos. Es decir, el Estado había cedido recaudación a las AFJP para que después éstas se la prestaran nuevamente al Estado, pero a una tasa muy onerosa. La privatización del sistema de jubilaciones y pensiones del ’94 fue uno de los elementos centrales y constitutivos del déficit fiscal que asoló a la economía argentina a lo largo de la década del ’90, y que determinó un incremento extraordinario del endeudamiento externo. En este sentido, me parece progresiva la reestatización del sistema porque restituye para el Estado los fondos que había cedido Domingo Cavallo en el ’94.

–¿Qué le pareció la idea de llevar las jubilaciones mínimas al 82% del salario?
–Es un reclamo justo, pero con la estructura actual, y con los recursos actuales de la seguridad social no es financiable. Lo que hay que destacar, no obstante, es que si bien se revirtió la privatización del sistema previsional, no se modificó otro rasgo de la reforma provisional del ’94: la rebaja en las contribuciones patronales. Es decir, hoy éstas se encuentran 9 puntos porcentuales por debajo de las existentes en el ’93. Sin la restitución de las contribuciones patronales, garantizar el 82% móvil para el conjunto de la población pasiva es hoy financieramente inviable, porque si bien se puede usar el Fondo de Garantía de la Sustentabilidad para abonar el déficit durante algunos años, esto sería de corto aliento.

29 de septiembre de 2010

Informe indicativo de salarios docentes ¿dónde está la CABA?

En el último Informe Indicativo de Salarios Docentes elaborado por el Ministerio de Educación se puede apreciar un gráfico que puede resultar interesante sobre los aumentos salariales a los docentes en las distintas jurisdicciones del país. Dice el documento: "A nivel provincial, la remuneración bruta del cargo testigo - entre diciembre de 2009 y junio de 2010- mostró incrementos que oscilaron entre un mínimo del 8% en la provincia de Salta y un máximo del 29% en Chaco.
Como puede observarse en el siguiente gráfico de dispersión, aquellas jurisdicciones que exhibieron una remuneración bruta más elevada, experimentaron incrementos que se ubicaron -con la excepción de Chaco y San Luis- por debajo del promedio ponderado (15%) de las 24 jurisdicciones del país, posicionándose de este modo en el cuadrante inferior derecho de dicho gráfico. (...) en aquellas provincias que mostraron niveles salariales más reducidos, pudiéndose verificar aumentos del orden del 17%, como por ejemplo en Formosa y Corrientes (ambas en el cuadrante superior izquierdo), coexistiendo con otros menos significativos - próximos al 10%-, como los observados en los casos de las provincias de Salta y Río Negro (cuadrante inferior izquierdo)."
Lo que no relata el informe pero bien puede deducirse del gráfico es que la CABA otorgó aumentos salariales bastante inferiores al promedio (menos del 10%). Esto llevó además a que dejara de ser una de las jurisdicciones con salarios relativamente elevados para pasar a conformar el pelotón de provincias de salarios medios-bajos. En efecto, en el ranking que compara los salarios de bolsillo n maestro de grado de jornada simple de todas las provincias, la CABA que ocupaba los lugares centrales (entre el puesto 10 y 12 según el año) ocupa ahora, merced a dos años consecutivos de aumentos inferiores al promedio del sistema, el puesto 17 sobre un total de 24 jurisdicciones.
En definitiva, solo un aporte más en un día de reclamo salarial docente en la Ciudad de Buenos Aires ...

“Había que poner a la ciencia y la tecnología dentro del desarrollo social y económico”



Por Natalia Vaccarezza

El ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva Lino Barañao analizó los avances de los años de gestión en la cartera, que en cuatro años quintuplicó el presupuesto hasta llegar a los $1.000 millones para el 2011. En diálogo con Buenos Aires Económico, Barañao destacó el nuevo rol de la ciencia y la economía, y la figura del consocio público-privado. Además, afirmó que “hay que apostar a la industria del software”.

–Que el ministerio incluya el nombre de innovación productiva es algo más que novedoso…
–Es el principal cambio cualitativo que se ha producido a partir de la creación del ministerio. El objetivo era poner a la ciencia y tecnología dentro del desarrollo social y económico. Este acoplamiento de la generación de conocimiento y de riqueza requiere una acción del Estado. Para hacer ciencia tradicional basta con proveer fondos, pagar investigadores, tener una mínima infraestructura, y los investigadores logran avances significativos. Pero esto no garantiza que esta inversión redunde en un beneficio concreto en la sociedad. Que el ministerio se llame innovación productiva es una señal de que pretendemos hacer algo distinto en la Argentina, y ha habido un esfuerzo para dar este salto, que fue evidente a partir del 2003, con el incremento presupuestario a la entonces secretaría.

–¿Con qué presupuesto contarán en el 2011? ¿Cómo mejoró respecto desde el cambio a ministerio?
–Los fondos para proyectos de investigación eran de $30 millones, y el presupuesto total de la secretaría era de $130 millones. El Conicet estaba entre $500 millones y $600 millones. El presupuesto para el 2011 es de $1.000 millones, mientras que en el 2006 fue de $234 millones. Fue un crecimiento muy marcado que permite en el 2007 que se pueda dar el salto a la creación del ministerio. Desde el 2004 financiamos proyectos que para crear nuevas empresas (los llamados startup), otorgamos fondos para investigadores, y apoyamos la propiedad intelectual que no existía en el país. Para patentar en el exterior instauramos un instrumento: los aportes no reembolsables.

–¿Cómo logra una empresa el patentamiento a nivel mundial?
–El grupo de investigación, institución o pymes presentan a la Agencia su proyecto, se comprueba que no está patentado, se realiza una estimación del mercado potencial y luego otorgamos el subsidio que tiene un límite hasta 75.000 dólares. También impulsamos una política para generar gerentes tecnológicos. El problema es que cuando el hallazgo es aplicable y novedoso, alguien tiene que encargarse de comercializarlo. La universidad tiene como objeto recibir fondos y producir información, luego la empresa toma la información y la convierte en un producto que vuelca al mercado y recibe dividendos. A través de una reglamentación de la ley de innovación, las instituciones pueden participar en una empresa y garantizar que el Estado reciba los beneficios y pueda comprobar que produce empleo de calidad. Apuntamos a generar puestos de trabajo de calidad y fomentar la inclusión social.

–¿Allí se unen la ciencia y la economía?
–Este es el nuevo rol que la ciencia ha adquirido en todos los países, como un motor de la economía, y la Argentina no estaba incorporado en el imaginario colectivo en ese papel. Las instituciones tienen que tener gente capacitada para intervenir en procesos de transferencia y comercialización, y el sector productivo tiene que tener conciencia de que hay soluciones para sus problemas que pueden venir del ámbito público y pueden relacionarse. Para ello tiene que haber un gerente tecnológico que no había en el país. Otro instrumento es la figura del consorcio público-privado para llevar adelante proyectos. Estamos elevando el nivel de financiamiento, pero requiriendo una relación entre el sector público y el privado. Que el sector público demuestra que tiene capacidad de desarrollo y el sector privado que puede llevarlo adelante y llegar a un producto en un plazo razonable.

–¿Cómo será la financiación?
–Los fondos sectores son de u$s7 millones a u$s10 millones por proyecto. Nos centralizamos en algunas áreas estratégicas. Hemos comenzado con concursos de fondos de biotecnología aplicada a salud. Hay varios consorcios seleccionados para la producción de anticuerpos monoclonales, que es algo que no se hace en el país y es extremadamente caro. La producción nacional no sólo va a permitir abaratar el acceso a ese medicamento sino también se introduce un nuevo rubro de exportación. Esta modalidad se está aplicando en las plataformas tecnológicas de biotecnología, la nanotecnología y tecnología de la información y comunicación, aplicadas a cinco áreas problemas que serían salud, agroindustria, energía renovable, desarrollo social y ambiente.

–¿Cómo se encuentra la industria del software en la Argentina?
–La industria del software produce conocimiento de estado puro. El 60% de los ingresos van para el personal, y una empresa no puede darle el lujo de perder a su empleado más capaz. Es una actividad deseable desde el punto de vista productivo, no sólo porque permite diversificar las exportaciones sino porque es un trabajo de mejor calidad. Allí es donde se debe apostar.

–¿En qué nivel está nuestro país en innovación tecnológica?
–Tenemos un buen un nivel formativo. Hay áreas donde nuestros profesionales tienen un nivel de competencia internacional, como en ciencia biomédica, industria del software, y los concursos de programación.

–El ministerio está impulsando la creación de un canal de TV, ¿en qué instancia se encuentra el proyecto?
–La idea surge porque necesitamos un medio para publicitar este cambio cultural, la importancia de la ciencia y la tecnología para las pymes y atraer jóvenes a esta actividad. Estamos lanzando el trailer en noviembre y saldrá al aire entre abril y mayo del 2011. Se trata de un canal paralelo a Encuentro y Paka Paka. Tenemos un presupuesto de $30 millones y ahora están depositando la primera cuota. El canal va a funcionar en el Museo de la Memoria, junto con el resto de los canales.

–¿Perspectivas para el 2011?
–En primer lugar, nos mudamos al nuevo edificio, el polo científico-tecnológico. Es un edificio muy particular por el concepto de arquitectura sostenible. Después estamos lanzando la línea de financiamiento para fondos sectoriales y lanzando el canal y ver el efecto. Nuestro objetivo en este cuarto año de gestión es poder consolidar lo que estamos haciendo como política de Estado y que se mantenga en el tiempo. Somos optimistas porque vemos que, tanto del Gobierno como la oposición, el apoyo a la ciencia es algo que no se discute.

28 de septiembre de 2010

Panel Regulación del Sistema Financiero

IV Jornadas del Observatorio de Políticas Públicas del cuerpo de Adminnistradores Gubernamentales.

El jueves 30 de septiembre de 14:30 a 17 hs. se desarrollará el panel Sistema Financiero, en el cuarto piso del edificio de la Avenida Roque Sánez Peña 511.

Bajar Programa

Seminario en el CEFID-AR


SEMINARIO

En el Bicentenario de la Revolución de Mayo
“MIRADAS SOBRE LA ECONOMIA Y LAS FINANZAS”

29 de septiembre de 2010
Salón de actos del Banco de la Nación Argentina (Rivadavia 325, 1° piso)


PROGRAMA

15:00 Inscripción y Acreditaciones

15:15 Presentación y Apertura del Seminario:
          Guillermo Wierzba, Director del CEFID-AR


15:30 El pensamiento económico y acerca de las finanzas en tres épocas:                                                                                                          1810, 1910, 2010.
          Expositores:
          Aldo Ferrer  Integrante del Plan Fenix       
          Noberto Galasso  Director del Centro Cultural Enrique Santos Discepolo
          Mario Rapoport  Director del Instituto de Investigaciones de Historia Económica y Social de la Facultad de Ciencias Económicas-UBA
           Moderador: Rodrigo López (CEFID-AR)


16:45  La banca pública y cooperativa en una mirada estratégica. Tradiciones y Desafíos.
Expositores:
Juan Carlos Fábrega  Presidente del Banco de la Nación Argentina
Carlos Heller  Presidente del Banco Credicoop
Coordinadora: Romina Kupelian (CEFID-AR)


18:00 El discurso de la Economía en el pasado, el presente y el  futuro.
 Expositores:
 Horacio González  Director de la Biblioteca Nacional
          Alfredo Zaiat  Jefe de la sección Economía de Página 12 y del Suplemento Cash
           Moderador: Jorge Gaggero (CEFID-AR)

Vivir con lo propio es mejor negocio

“No nos resulta interesante (acceder a un endeudamiento externo), ya que tenemos el dinero para hacer frente al pago de la deuda.” Con estas palabras, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner rechazó la posibilidad de acceder a una colocación de un bono por 1000 millones de dólares con una tasa del 8,75 por ciento. Esta propuesta habría surgido durante un encuentro que mantuvo el ministro de Economía, Amado Boudou, junto a 35 posibles inversores. El Gobierno decidió afrontar los vencimientos de deuda de 2011 con el uso de las reservas del Banco Central, a partir de su inclusión en el proyecto del Presupuesto 2011. “Por el momento es mejor usar las reservas, las cuales rinden un 0,5 por ciento anual, que endeudarse por encima del 8 por ciento. El costo de oportunidad sigue jugando a favor de la utilización de nuestros propios recursos”, afirmaron a Página/12 fuentes del Gobierno.
“Durante el default, el endeudamiento era a tasas de dos dígitos. Hoy sería de un dígito, pero igual no nos resulta interesante plantearnos un endeudamiento a tasas que podrían ser del 8 u 8,75 por ciento, porque en realidad tenemos dinero para poder hacer frente al pago de la deuda”, sostuvo Fernández de Kirchner durante una conferencia de prensa realizada en Nueva York.

Voces en el Fenix

Ya esta disponoble para descargar un nuevo número de la revista digital del Plan Fénix "Voces en el fénix". En esta caso el número está dedicado al tema de Educación.
Descargar acá.

27 de septiembre de 2010

LA LEY DE MEDIOS ES PARA TODOS

MARCHA POR UNA COMUNICACIÓN DEMOCRÁTICA
Ante la perspectiva de que en pocos días la Corte Suprema de Justicia de la Nación, resuelva sobre la medida cautelar surgida del recurso de amparo interpuesto por el Grupo Clarín al Art.161 de la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, la Coalición por una Radiodifusión Democrática reafirma: que todos los sectores involucrados en la comunicación deben ajustarse a derecho y en los plazos previstos en la ley.
No es posible que los monopolios que aún conservan posiciones dominantes y más licencias que las permitidas por la ley, resistan su cumplimiento para preservar sus privilegios ilegítimamemente conformados incluso por sobre los límites de concentración que les daba generosamente la ley de la dictadura empeorada por decreto de necesidad de urgencia durante el neoliberalismo de los noventa.
La cantidad de licencias previstas por la Ley 26.522 y la consecuente devolución de las usufructuadas durante décadas, son requisitos indispensables, para distribuir la palabra y garantizar la pluralidad comunicacional.
Esta garantía se hará efectiva con la participación popular, rasgo distintivo de todo el proceso que se llevó a cabo desde la elaboración de los 21 puntos, en el año 2004, hasta la sanción de la Ley 26.522, en el año 2009.
Es por ello que convocamos a las organizaciones populares y al conjunto de la sociedad a manifestarse una vez más, para legitimar la Ley.
LA LEY DE MEDIOS ES PARA TODOS
PARA LOS MONOPOLIOS TAMBIEN
MARTES 28 DE SETIEMBRE DE 2010 A LAS 17 HS
TODOS FRENTE A TRIBUNALES

POR LA VERDAD Y LA JUSTICIA

QUERIDAS ABUELAS
El 8 de octubre el Comité Nobel anunciará quién resultó electo como ejemplo de la paz en el mundo. Desde acá respaldamos a la candidatura de Abuelas. A pocos días de la resolución del Premio Nobel de la Paz, crece el respaldo en todo el mundo para que las Abuelas de Plaza de Mayo sean las elegidas.
Vos podés brindar tu apoyo a través de la Plataforma Ciudadana de aval a la candidatura de Abuelas de Plaza de Mayo al Nobel de la Paz, ingresando a http://www.abuelasdelapaz.com.ar/
Para seguir a través de Facebook

26 de septiembre de 2010

“Cuando la oposición cuestiona el Presupuesto, cuestiona el modelo”


Entrevista a Roberto Feletti. El viceministro de Economía revisó la marcha de la economía y los números previstos para el 2011.
Nada hace suponer que el año próximo será diferente al actual. La que siembra incertidumbre sobre las decisiones en materia de inversión y consumo es la oposición con sus dislates”, dispara el viceministro de Economía, Roberto Feletti. A horas de iniciado el debate legislativo por el proyecto de Presupuesto 2011, y cuando desde la oposición de alzan voces que amenazan con rechazar de plano la iniciativa, el número dos del equipo económico revisó con Miradas al Sur la marcha de la economía y las proyecciones para el año próximo. El tipo de cambio, el gasto público, el programa financiero y la inserción del país en el comercio internacional fueron algunos de los temas abordados. Un diálogo en el que no estuvo ausente la necesidad de un nuevo liderazgo en el sector industrial y la evolución de los precios.
–La oposición lanzó críticas muy duras al Presupuesto presentado. Algunos lo califican como un dibujo…
–Sería bueno que explicitaran sus objetivos. Si lo hicieran se podría discutir. Hace varios años que sostenemos presupuestos equilibrados, con superávit fiscal y comercial en el marco de una estrategia de desendeudamiento que incluye la acumulación de reservas. El proyecto refleja la continuidad de una decisión política que nació en 2003. El Gobierno ha expandido el gasto para impulsar la economía. Un proceso se verificó exitoso y permitió que la crisis internacional no golpeara sobre el salario y el empleo. En este aspecto hay que destacar el impulso a la obra pública, la Asignación Universal por Hijo, la suba del salario mínimo y el aumento de las jubilaciones. Cuando la oposición habla de un dibujo, la verdad es que no sé a que se refieren. Tal vez pretenden que se recorten gastos sociales, o que los recursos para educación no alcancen el año que viene el 6,1 por ciento del producto, muy por encima del 2 por ciento que representaban en 2003.
–Otra de las críticas se refiere a una supuesta subestimación de los recursos.
–La recaudación está muy ligada al ciclo económico. La proyección del 4,3% de crecimiento del producto para 2011 refleja un panorama mundial signado por la volatilidad. Se podría ser más optimista, pero es evidente que la salida de la crisis en Estados Unidos y Europa se demora porque carecen de políticas de recuperación para la demanda. Y no las tienen porque cuando las quieren implementar les aparecen desbalances globales muy fuertes y un marcado deterioro de sus monedas.
–Desde un tiempo a esta parte, el tema de los subsidios a los servicios públicos está en la mira de casi todo el arco opositor.
–Si quieren aumentar las tarifas de la luz, el gas y el transporte público que lo digan. O que planteen que la subas del 20,8 por ciento en los gastos de la seguridad social y del 21,8 por ciento en las prestaciones previsionales son excesivas. Nosotros vamos a seguir defendiendo un modelo que permitió crecer con tasas que, con excepción del año pasado, se ubicaron entre el 8 y el 9 por ciento anual. Se trata de recuperar la tasa de inversión histórica que estuvo ausente en la década del noventa. De lo contrario no se podría sostener el crecimiento ni el descenso del desempleo abierto, que roza ya el 7 por ciento. Cuando la oposición cuestiona el Presupuesto cuestiona el modelo.
–Suponiendo que no variaran las condiciones internacionales y que este año cerrara con un incremento del producto del orden del 9 por ciento, cuál sería el nivel de crecimiento para el año próximo…
–Con esas condiciones sería razonable que la economía crezca más de lo previsto. Obviamente, será menor al crecimiento de este año, porque partimos de un piso muy alto. La curva se aplana y es lógico que suceda. El consumo que estuvo contenido en 2009 explotó este año.
–Por izquierda y derecha se acusa al Gobierno de hacer lo que quiere con lo recursos.
–Es una fantasía. Cada vez que debimos reasignar partidas enviamos al Congreso el instrumento legal correspondiente. Malo sería que se votaran partidas que después no se pueden cumplir porque no se alcanzan las metas. Si hay un crecimiento mayor al previsto se enviará al Congreso la herramienta jurídica que corresponda.
Maleficios, reservas y dólar. “El Gobierno, sobre todo en estos últimos tres años, se caracterizó por romper los maleficios que persiguieron a la economía durante muchas décadas”, asegura Feletti. El señalamiento, entre otras cuestiones, apunta a las tensiones cambiarias típicas de un año electoral. Situación que suele agudizarse cuando se trata de una elección presidencial. “No hay razón para pensar que vayamos a tener presiones importantes. Para el año próximo prevemos un superávit comercial de casi 10.000 millones de dólares y un superávit de cuenta corrientes del orden del 1,2 por ciento del producto. Si el país afrontó sin inconvenientes vencimientos pesados durante los últimos tres años, superiores a los 12 mil millones de dólares, no hay motivo para que analista alguno ponga en duda la solvencia del país. Menos con una economía en franca expansión. La generación de divisas por la vía cuenta corriente es compatible con el nivel de los vencimientos.”
–¿Habría que agregar que el Presupuesto 2011 prevé utilizar unos 7.500 millones de dólares de las reservas del Banco Central para el pago de la deuda?
–Está incluido en el Presupuesto. El posible aumento de la demanda de divisas está cubierto por distintas vías. No hay riesgos de tensión cambiaria.
–Eso no quita que se puedan generar problemas de confianza…
–Si bien es cierto que la salida de capitales alcanzó los 11.500 millones de dólares en el primer semestre de 2009, en la segunda mitad del año cayó a 2.900 millones. ¿Por qué…? Porque las políticas para sostener el mercado interno, sumadas a la negociación que mejoró el frente exportador con Brasil, más el lanzamiento de la segunda fase del canje, evitaron que la economía se desmonetizara. En un escenario de solvencia externa, con una economía en crecimiento y una buena acumulación de reservas, la presión por incertidumbre debería ser mucho menor. En realidad, lo que genera incertidumbre son los dislates de la oposición.
–Y si la oposición trabara la posibilidad de usar reservas…
–La discusión del verano pasado se demostró ociosa. Afrontamos los vencimientos con reservas y hoy tenemos un nivel de reservas que es récord. El Gobierno está muy sólido desde el punto de vista macroeconómico. Si se oponen al uso de reservas estarían demostrando un nivel de irresponsabilidad muy grande. Se quejan por el riesgo país, pero buscan impedir que el Gobierno cierre el programa financiero. Alegan que hay incertidumbre, pero dicen que van a dejar al Gobierno sin Presupuesto. El pago con reservas, además de no comprometer un esfuerzo fiscal innecesario, sostiene el precio de los bonos y baja el riesgo país.
–Un escenario que facilitaría la emisión de deuda. ¿Qué posición adoptará el Gobierno frente al tema?
–No hay urgencias. Si la tasa es conveniente, es posible que se coloque deuda, pero siempre por un monto muy bajo. Sería más que nada para crear una tasa de referencia en el mercado local. Es algo que se irá definiendo sobre la marcha.
Generar liderazgos. Feletti subraya que el Producto Bruto Interno per cápita está en torno de los 10 mil dólares anuales, el más importante de la región. Aunque reconoce que “hay muchas cosas por corregir en materia de distribución”, afirma que “hay señales que permiten ser optimistas” y que de seguir por la senda actual “el país está próximo a ingresar entre las naciones de desarrollo medio”. Asegura, además, que son muchas las cuestiones que le gustaría debatir con la oposición. El coeficiente de inversión en infraestructura, la inserción del país a nivel internacional y aspectos puntuales de la asignación del gasto son algunos de los temas que enumera. “No tiene sentido discutir si el producto crecerá un punto más o un punto menos de lo proyectado. Por el momento, lo único que escuchamos son adjetivos, pero ninguna propuesta concreta”, dice con tono resignado.
–¿Qué se imagina que haría la oposición en el lugar del Gobierno?
–Algo muy diferente. A la derecha este modelo no le cierra. Apuesta a un país chico y no puede abandonar su mentalidad rentista. El modelo que tienen en mente no abarca al conjunto de la sociedad. Es incapaz de liderar un proceso político y económico como hace el empresariado brasileño. Carece de propuestas serias de manejo productivo e integración. La media sanción del 82 por ciento móvil, o la rebaja indiscriminada de las retenciones, son dos ejemplos. Y digo esto pensando que la recuperación de la soberanía se hizo posible a partir de la recuperación del frente fiscal. Hoy podemos hablar de política económica porque podemos tomar decisiones. Esto se logró con desendeudamiento y acumulación de reservas.
–De cara al 2011, ¿cuáles son los objetivos con relación a los organismos multilaterales de crédito?
–Con la Corporación Andina de Fomento, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo aspiramos a tener un nivel crediticio levemente positivo. Después de muchos años de flujos netos negativos por la cancelación de deudas conseguimos revertir la situación. Estamos hablando de unos 1.500 millones de dólares de financiamiento para el año próximo.
–¿Y el Club de París?
–Es parte de los problemas residuales del default. Es más importante desde el punto de vista comercial que financiero. Por el momento, la negociación sigue trabada porque nos exigen, para un programa de cancelación, que nos sometamos a las revisiones del Fondo Monetario Internacional. La exigencia no se condice con la solvencia que el país demostró para afrontar los vencimientos de los últimos años. Esperamos resolver la cuestión de manera razonable.
–¿Cuál es la apuesta fuerte de ahora en más?
–Regular la inversión. Para el año próximo prevemos que alcance el 23,5 por ciento del producto. Estamos trabajando para que exista un shock. Nuestra apuesta se orienta a las empresas medianas que capearon la crisis y crecieron. Un sector que tiene mucha más vocación empresarial que la cúpula industrial.
–¿Qué está faltando? ¿Cuál sería a su criterio el tema pendiente?
–La cuestión del crédito. La inversión crece, pero lo hace en forma autofinanciada. Es un crecimiento muy atado a la tasa de rentabilidad de cada empresa, y esto implica una dinámica negativa porque tiende a concentrar mercados. El debate que se viene es la cuestión del crédito para el desarrollo y el reordenamiento del tejido productivo con liderazgos distintos a los que tradicionalmente se han expresado.
• UN PROBLEMA SERIO
Los solapados reclamos de la Unión Industrial Argentina por un tipo de cambio más competitivo vía devaluación, además de sus recurrentes quejas por el “poco amigable clima de negocios” y la “falta de seguridad jurídica”, se colaron en la entrevista. “Existe un segmento de empresas medianas que se fortaleció con este modelo, que tiene una dinámica y una vocación exportadora fundamentales para la creación de empleos. Es la contracara de una cúpula industrial que apuesta a un país chico, con sindicatos sin poder de negociación. ¿Cómo explicar si no la existencia de empresarios que se han recuperado, crecido y ganado mucho dinero, pero que igual critican la política económica? Me parece que esos sectores concentrados no se sienten cómodos ni líderes en un proceso de democratización de las estructuras sociales. Quieren negocios rápidos y altamente rentables. Es un problema serio”, señala Feletti.

22 de septiembre de 2010

“Hay que cambiar el Central y la mentalidad”

La presidenta de la autoridad monetaria celebró la presentación de un proyecto de ley para incorporar como objetivos de la entidad el crecimiento y el empleo. La iniciativa será elevada hoy al Congreso por un diputado del oficialismo.

 Por Tomás Lukin
“La actual Carta Orgánica del Banco Central no es coherente con este modelo productivo y nos condiciona a la hora de tomar decisiones. Nos ancla al cumplimiento de un objetivo único y excluyente, y se olvida de los objetivos de crecimiento, empleo y actividad productiva”, explicó la presidenta de la entidad, Mercedes Marcó del Pont, a Página/12. Hoy será un día importante respecto de este debate, ya que el diputado nacional Héctor Recalde (FpV) presentará el proyecto de ley para reformar la Carta Orgánica en ese sentido. La funcionaria no ocultó su entusiasmo con la iniciativa, que la tiene como autora ideológica, pero enfatizó la necesidad de acompañar el proceso con la construcción y difusión de un cuerpo de ideas económicas que sustenten los cambios y desplacen la visión ortodoxa.
“Hay que cambiar la ley para dejar por escrito lo que venimos haciendo hace siete años y continuar recreando la institucionalidad funcional a este nuevo modelo. Pero si cambiamos la ley y no cambiamos la forma de pensar las cuestiones monetarias, no lo vamos a resolver”, estimó la funcionaria en la conferencia de cierre del congreso de la Asociación de Economía para el Desarrollo de la Argentina (AEDA). En el evento que duró dos días predominaron los enfoques alternativos a la visión dominante de los problemas económicos. Marcó del Pont lo valoró: destacó la relevancia de espacios como éste y recordó los cambios en la orientación ideológica de los invitados y los temas de debate durante las Jornadas Monetarias que organizó recientemente el BCRA, en convites donde predominó históricamente una visión ortodoxa.
La titular del BCRA considera que a diferencia de 2007, cuando ella misma presentó un proyecto de reforma para la Carta Orgánica –en esa iniciativa se basa el texto de Recalde–, la posibilidad de concretar los cambios son mayores. Sin embargo, la funcionaria asegura que las modificaciones serán incompletas si “en materia de política monetaria y financiera continúa predominando la concepción ideológica ortodoxa neoliberal, por eso tenemos que hacer un esfuerzo en el debate teórico”.
Marcó del Pont defendió el uso de las reservas internacionales para el pago de la deuda externa y remarcó que desde 2003 los lineamientos de la política monetaria, cambiaria y financiera no estuvieron dirigidos únicamente a la estabilidad de precios –como reza el mandato neoliberal de la Carta Orgánica–, sino que apuntaron a promover un proceso de crecimiento a partir del mercado interno y el empleo. Por eso, sostuvo que la entidad “tiene que recuperar lo que perdió en 1992 a manos de la convertibilidad. La política monetaria tiene que incorporar los objetivos de crecimiento y generación de empleo en forma consistente con la estabilidad de precios”, sostuvo durante su intervención.
Los objetivos múltiples y el énfasis en la necesidad de coordinación entre los distintos ámbitos del Gobierno están en sintonía con el diseño institucional de un amplio espectro de bancos centrales, como la Reserva Federal de Estados Unidos o el Banco Central de Brasil. La funcionaria estimó que la crisis financiera y las distintas respuestas de política terminaron de derribar los mitos alrededor del objetivo único y la independencia de los bancos centrales.
“Los cambios en la Carta Orgánica no responden a la despreocupación por lo que sucede en el terreno de los precios, sino a una visión totalmente distinta a la ortodoxa. La inflación no responde a un exceso de demanda o al incremento en cantidad de dinero circulando en la economía. Tenemos otra visión y por lo tanto otras políticas para abordar estos problemas”, explicó la funcionaria, quien consideró que la variación de precios responde a la variación de los precios internacionales, la puja distributiva y la concentración que exhiben algunos mercados.
“Si tengo que seguir yendo al Senado a discutir con representantes que se aterrorizan ante un proceso de expansión de los medios de pago porque creen que eso genera inflación, no servirá de nada el cambio en la Carta Orgánica”, remató la funcionaria en referencia a los cuestionamientos que recibió cuando visitó el Congreso para explicar los cambios en las pautas del Programa Monetario.
El mandato de Marcó del Pont al frente del BCRA concluye mañana, cuando también vence el cargo de cinco miembros del órgano de decisiones de la entidad. Frente al escenario político actual, la situación más probable es que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner designe “en comisión” –hasta que el Senado acuerde los pliegos que envíe el Ejecutivo– los cargos de la presidencia y la vicepresidencia para asegurar el normal funcionamiento del Banco. Así, Marcó del Pont y el segundo de la entidad, Miguel Pesce, continuarían en sus posiciones al frente de la autoridad monetaria.

21 de septiembre de 2010

Bancos para Todos

Cuenta gratuita universal, reducción de costos de transferencia y cheques de cancelación son los instrumentos que el sistema financiero incorporará desde octubre para evitar la necesidad de trasladar grandes sumas en efectivo. (Pagina/12)
El Gobierno anunció un paquete de medidas para favorecer la bancarización y de esa manera evitar las salideras bancarias. A partir de octubre entrará en vigencia la “cuenta gratuita universal”, una caja de ahorro que podrá ser solicitada presentando solamente el DNI. Tendrá un saldo máximo de 10.000 pesos, sin costos de mantenimiento. Los débitos directos (por ejemplo para el pago de servicios) o los débitos por compras en distintos negocios tampoco tendrán un cargo para los usuarios. La otra medida tiene que ver con la reducción de los costos en las transferencias bancarias que se hagan por Internet o por el cajero automático. Hasta los 10.000 pesos serán gratuitas. Y la tercera iniciativa está relacionada con la puesta en funcionamiento de los cheques cancelatorios, que podrán ser en dólares (para el caso de los inmuebles) y en pesos. Este instrumento será avalado por el Banco Central y no tendrá costo alguno para los usuarios. El objetivo es evitar que los clientes salgan de los bancos con grandes sumas de efectivo.
La presidenta Cristina Fernández de Kirchner presentó las nuevas iniciativas en una reunión que mantuvo junto al ministro de Economía, Amado Boudou, la titular del Banco Central, Mercedes Marcó del Pont, y los representantes de las distintas entidades bancarias, públicas y privadas. Según afirmó a Página/12 Carlos Heller, presidente del Banco Credicoop y dirigente de Abappra, estas propuestas fueron consensuadas por los bancos la semana pasada, mientras que el Banco Central analizó el tema ayer al mediodía, antes de la reunión con la Presidenta. “La autoridad monetaria posee facultades para implementar estas soluciones de manera inmediata, más allá del debate parlamentario, el cual también es muy saludable”, señaló a este diario una fuerte gubernamental.
Las medidas anunciadas apuntan a incrementar la bancarización y a mejorar las condiciones de los usuarios que ya están bancarizados, para evitar que circulen con efectivo.
Cuenta gratuita universal. Las entidades que cuenten con más de diez cajeros automáticos estarán obligadas a poner a disposición de toda la población una caja de ahorro gratuita, con su correspondiente tarjeta de débito. Dicha cuenta no tendrá costo de mantenimiento y las operaciones realizadas en los cajeros automáticos de la entidad que habilita la cuenta, tampoco, al igual que los débitos realizados por las compras en comercios y los débitos directos. “Será una cuenta restringida donde sólo se podrá tener un saldo de hasta 10.000 pesos. Este límite fue fijado para evitar el lavado de dinero”, manifestó Heller.
La idea de ofrecer una cuenta gratuita con la cual puedan realizarse pagos de servicios (también se podrá obtener la clave para operar por Internet) apunta a terminar con los llamados “marcadores” en las salideras bancarias, quienes suelen entrar a los bancos con la excusa del pago de un servicio.
Según manifestó Marcó del Pont durante la reunión, la bancarización llega al 60 por ciento de los hogares de la Argentina. “El resto que hoy está afuera es bancarizable”, agregó Heller. La medida también apunta a incluir a los trabajadores de la economía informal.
Cheque cancelatorio. El Ejecutivo tomó la decisión de reflotar este instrumento que será provisto por el BCRA. Está pensado para grandes transferencias, con un mínimo de 20.000 pesos o 5000 dólares y un máximo de 400.000 pesos o 100.000 dólares. La operatoria es la siguiente: los bancos colocarán en el cheque cancelatorio el importe y la clase de moneda a solicitud del cliente y percibirán de dicha persona el monto en la moneda en que se emita el instrumento. Los cheques cancelatorios emitidos en dólares sólo podrán ser usados para operaciones inmobiliarias.
Este instrumento sólo admite dos endosos para las personas físicas, mientras que las personas jurídicas estarán obligadas a depositar los cheques en sus cuentas y no podrán endosarlos. “La idea es que nadie salga del banco con 50.000 pesos en un maletín. Este instrumento estará garantizado por el Banco Central, donde quedará depositado el dinero entregado a los bancos”, explicaron a este diario desde el BCRA.
Este instrumento tampoco tendrá ningún costo de uso. Desde la autoridad monetaria estiman que su aplicación comenzará durante noviembre.
Transferencias. A partir de noviembre, las transacciones que se realicen por cajero automático o Internet serán gratuitas. Los usuarios podrán realizar transferencias de hasta 10.000 pesos por día. En la actualidad, los bancos suelen habilitar hasta 3000 pesos de transferencias diarias.
Para los usuarios que quieran transferir hasta 50.000 pesos por ventanilla, tendrán que pagar un costo máximo de 5 pesos y quienes deban transferir hasta 100.000 pesos, el costo máximo será de 10 pesos. Por encima de este último tope, cada entidad podrá aplicar el cargo que desee, pero con un tope de 300 pesos. Las transferencias que se hagan por Internet superiores a los 50.000 pesos pagarán sólo el 50 por ciento del costo de la transacción

20 de septiembre de 2010

“El empleo es la prioridad”

En diálogo con Página/12, el ministro de Trabajo aseguró que la política monetaria y la fiscal tienen que estar dirigidas a generar puestos de trabajo y no a financiar la fuga de capitales. El objetivo es alcanzar el pleno empleo en 2011.
Por Tomás Lukin

El ministro de Trabajo, Carlos Tomada, defendió la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central para ampliar los objetivos de la entidad y contemplar, además del control de la inflación, el sostenimiento de un amplio nivel de crecimiento y la creación de empleo. La modificación hace explícita la necesidad de coordinación de las políticas monetaria, cambiaria y financiera, con las políticas de empleo e ingresos. “El Ministerio de Trabajo no se ocupa solamente del conflicto laboral y las negociaciones salariales, también se ocupa de las políticas de empleo. Las definiciones en materia de política monetaria y fiscal tienen que estar dirigidas al objetivo del empleo, no a financiar la fuga de capitales”, apuntó Tomada a Página/12.

“La predominancia de la visión financiera del mundo hizo que la política de empleo quede relegada. Proponer que el Ministerio de Trabajo forme parte de un Consejo Asesor en el Banco Central no implica abandonar el objetivo de control de la inflación, perseguir un bajo nivel de desempleo permite darle sustentabilidad temporal al objetivo de una baja inflación”, argumentó el titular de la cartera laboral. Tomada sostiene que la baja inflación y baja desocupación no son incompatibles, pero advierte que esos parámetros varían de acuerdo con la estructura productiva y modelo de crecimiento de cada país.

En ese sentido, el funcionario reiteró que “Argentina tiene las condiciones para alcanzar el pleno empleo hacia fines de 2011”. La creación de puestos de trabajo desde 2003 y las políticas para limitar el impacto de la crisis permitieron alcanzar un nivel de desocupación de 7,9 por ciento. Sin embargo, desde algunos sectores cuestionan la referencia al “pleno empleo” de los funcionarios de la cartera laboral y enfatizan que persiste un nivel de informalidad del 36,5 por ciento, una estructura ocupacional estatal muy precaria y altos niveles de pobreza. “Estamos revirtiendo una política de 30 años, eso no es algo que se pueda hacer en cinco años. Quienes se basan exclusivamente en la fotografía actual para decir que se mantiene una estructura ocupacional deteriorada, lo hacen de mala fe. Quieren hablar de la foto para decir que estos resultados son producto de nuestra política, y no que fueron nuestras políticas las que permitieron mejorar la situación social”, sostuvo Tomada.

“La autodenominada izquierda debería ser prudente porque los cambios son importantes. No decimos que hayan finalizado ni que la situación ocupacional sea esplendorosa, ni que no existan tensiones. Empezamos discutiendo cómo repartían kilos de pan y carne, y terminamos con un debate sobre la distribución de las ganancias. Es otro país donde el empleo es el eje central de las políticas públicas”, argumentó.

“Estamos hablando de otros temas. Los ejes del debate global son diferentes. Impulsar y sostener a la demanda agregada junto con el nivel de empleo a partir de la intervención del Estado es una alternativa viable recomendada desde el discurso dominante para evitar la profundización de la crisis”, señaló a este diario el funcionario luego de participar la semana pasada de una conferencia internacional en Oslo, Noruega, organizada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Fondo Monetario Internacional (FMI). “Discutir en estos términos era impensable hace cuatro años. Sin embargo somos prudentes, sabemos que se trata del FMI, donde existe una especie de esquizofrenia entre este discurso y las políticas que impulsa”, apuntó el ministro.

El documento elaborado por los equipos técnicos del FMI y OIT enfatiza que la “recuperación de la demanda agregada es la única solución para el desempleo” y advierte que desde 2007 se destruyeron más de 30 millones de puestos de trabajo. A pesar de su entusiasmo, Tomada reconoce que no se trata de un debate exento de tensiones y contradicciones.

Precisamente, las intervenciones del presidente de España, José Rodríguez Zapatero, y el primer ministro de Grecia, George Papandreou, estuvieron atravesadas por la necesidad de justificar sus recesivos recortes fiscales, que tuvieron como variable de ajuste al mercado de trabajo. Mientras que el director del Fondo, Dominique Strauss-Khan, advertía sobre la “catastrófica” situación del empleo, el discurso de Zapatero “defendió una reforma laboral que no va a resolver ningún problema español y que nos hizo acordar, por sus contenidos, a la Ley Banelco”, apuntó el funcionario.

2do CONGRESO ANUAL AEDA


2do CONGRESO ANUAL
“Lineamientos para un cambio estructural de la economía argentina. Desafíos del bicentenario”
 20 y 21 de septiembre del 2010 de 8 a 20hs.
Centro Cultural Caras y Caretas, Venezuela 330/356 
 Ciudad de Buenos Aires. 
Habrá sesiones simultáneas sobre diferentes ejes temáticos y paneles integrados por destacados especialistas de nuestro país y del extranjero, sobre los temas más salientes de la coyuntura política y económica.
Expondrán: Aldo Ferrer, Bernardo Kosacoff, Mario Címoli, Carlos Tomada, Rafael Rofman, Mercedes Marcó del Pont, Juan Carlos Lascurain, Matías Kulfas, Mansoob Murshed, Daniel Heymann, Miguel Bein, Fernando Porta, Sebastian Torres, Leandro Serino, Gabriel Porcile, Fernando Peirano, Paula Español, Graciela Gutman, Pablo Lavarello, Alberto Muller, Ivan Heyn, Ramiro Manzanal, Andres Tavosnanska, Alfredo Iñiguez y muchos más.


Cierre martes 21 a las 19.00 hs: Jorge Katz

Para visualizar el programa completo de las actividades como para inscribirse en el II Congreso Anual de AEDA ingresar a   http://www.congresoaeda.com.ar/  
También podrás obtener mas información sobre la Asociacion en www.aeda.org.ar.

Una asignatura pendiente

La estructura tributaria argentina es regresiva y los niveles de evasión/elusión son muy altos. El sistema tributario privilegia los impuestos a los consumos y muestra un nivel de carga muy débil sobre los ingresos y los patrimonios de los más ricos.

Producción: Tomás Lukin

Por qué no se avanzó

Por Alfredo Iñiguez *
A medida que se aproxime la fecha de las elecciones presidenciales del año próximo se irán propagando propuestas para reformar el sistema tributario, con dos posturas antagónicas. De un lado se ubicarán quienes propongan concentrarse en alternativas sin costo electoral aparente y promoverán cambios para reducir o eliminar impuestos por considerarlos distorsivos: los derechos de exportación –o retenciones– y el impuesto al cheque figuran entre los más destacados. Seguramente no aclararán cuál es la función que cumplen los gravámenes a modificar ni explicitarán que, como compensación de la contracción de la presión tributaria, sería necesario un ajuste fiscal y en consecuencia se debería retomar (amparados en el perimido Consenso de Washington) el proceso de reformas destinado a achicar el Estado para repetir los errores del pasado.
En el otro extremo, se puede ubicar a quienes se detendrán en los hiatos de la base imponible del sistema vigente, básicamente ampliar la imposición a los patrimonios y la renta financiera. Desde esta concepción, la reforma se orientaría a reforzar la función de los tributos como instrumento de política fiscal para incentivar la acumulación productiva y morigerar las desigualdades sociales que determina el mercado.
La primera de estas posturas colisiona con el régimen económico en marcha, pero la segunda permitiría terminar de adaptar el sistema tributario al actual modelo productivo con inclusión social. Si la estrategia de desarrollo vigente requiere esta transformación, ¿por qué la reforma tributaria no estuvo hasta ahora en la agenda de gobierno? La respuesta debería contemplar diversos abordajes, pero aquí nos detendremos sólo a analizar si están dadas las condiciones para avanzar en la reforma.
Para determinar si es posible y conveniente llevar a cabo una determinada acción, en este caso una reforma tributaria, será indispensable establecer quiénes ganan y quiénes pierden con ella y cuál sería la reacción al cambio. En toda intervención del Estado, el intento de resolución de un problema implica la aparición de otros; como diría el ministro de Economía del gobierno chileno de Salvador Allende, Carlos Matus, siempre hay un intercambio de problemas. Esto es evidente en el caso específico de un cambio impositivo, cualquiera fuese: el Estado está haciendo uso de su poder de coerción para extraer parte de los ingresos a determinados actores económicos y, parece obvio decirlo, la primera resistencia a esta medida será la de los afectados directos. También se debe sopesar si los problemas sobre los que se actúa son más relevantes para quien debe tomar la decisión respecto de los generados por la propia acción. En otras palabras, si la reforma tributaria resuelve los problemas propios de la economía en esta etapa de desarrollo.
Por lo tanto, un proyecto de reforma orientado a corregir la incidencia distributiva de los impuestos no sólo debe contemplar los cambios normativos necesarios sino también considerar los distintos intereses en pugna (y las resistencias a los cambios) y es una verdad de Perogrullo que quienes se sentirán perjudicados tienen capacidad para manifestar su descontento.
Los acontecimientos recientes en Australia son un ejemplo bastante elocuente: el gobierno laborista intentó gravar con un impuesto extraordinario a la actividad minera y le costó el cargo al primer ministro Kevin Rudd, ante la presión ejercida por las empresas del sector. Finalmente, la nueva primera ministra, Julia Gillard, para alcanzar los consensos necesarios, terminó cediendo al reducir la alícuota, excluir de la base a los principales minerales y disponer que la medida entre en vigencia en 2012.
La experiencia de la reforma tributaria uruguaya implementada en 2007 por el gobierno de Tabaré Vázquez aporta matices. Aunque la propuesta tuvo que enfrentar todos los riesgos a los que nos estamos refiriendo, al exponer el proyecto a un extenso debate de cerca de un año, la presión de quienes se perjudicaban con la reforma no logró imponer cambios sustanciales. Sin embargo, esta experiencia no puede ser trasladada linealmente, porque se intervino sobre un sistema impositivo muy precario que exigía las modificaciones incorporadas en la propuesta y por ende las posibilidades de resistir a las reformas eran muy limitadas. En consecuencia, la reforma tributaria debe estar precedida de un análisis sobre su gobernabilidad, que requiere contemplar el grado de dificultad de la propuesta, medir las variables que se pueden controlar y las que no y concluir si se dispone del consenso suficiente para llevarla a cabo.
* Economista del Ciepyc y miembro de AEDA.

Impuestos y desigualdad

Por Jorge Gaggero *
¿Cómo impacta el sistema tributario sobre la desigualdad en Argentina? –Los impuestos y el gasto público mejoran muy poco el nivel de (in)equidad. La gran desigualdad impuesta por el funcionamiento del mercado, a pesar de las regulaciones estatales que apuntan a limitarla mediante políticas macroeconómicas, sectoriales, la política laboral y otras acciones distintas de las propiamente fiscales, resulta apenas corregida por la acción propiamente fiscal –la recaudación de impuestos y la distribución del gasto público–. Su efecto es marginal: logra bajar el índice que mide la desigualdad –llamado Gini– desde el 0,51 que define el mercado a 0,49 (2006). Ese índice mide el nivel de equidad de un país entre los extremos de una absoluta igualdad (valor 0) y la extrema desigualdad (valor 1); cuanto más cercano a 1, refleja una situación de mayor desigualdad y cuanto más próximo a cero, una más equitativa. La desigualdad de ingresos resultante en Argentina es similar al promedio de América latina y bastante superior a la mundial que promedia en 0,39.
–¿Por qué el aporte fiscal a la corrección de la inequidad es tan limitado?
–Primero, porque nuestra estructura tributaria es muy regresiva y los niveles de evasión/elusión son muy altos. El sistema tributario privilegia los impuestos a los consumos y muestra un nivel de carga muy débil sobre los ingresos y los patrimonios de los más ricos. La leve mejora lograda en la última década se debe al efecto de las “retenciones” sobre las exportaciones, cuya subsistencia depende de las presentes condiciones del contexto global y local (de limitada aunque impredecible duración). Segundo, porque la propia estructura del gasto no parece mostrar un sesgo progresivo suficiente. Esto de debe: 1) al peso de los servicios de la deuda externa; 2) a las abultadas transferencias a empresas privadas y subsidios orientados a sectores sociales que no los necesitan; 3) a las ineficiencias y “filtraciones” en la inversión pública; 4) al limitado alcance y la insuficiente “progresividad” en el suministro de bienes públicos (educación, salud y otros); 5) a la muy limitada eficiencia del aparato de gestión estatal (y también de los poderes del Estado, al nivel político); y 6) a la propia ineficacia y “desvíos” en la gestión en los programas sociales más redistributivos. Las recientes reformas previsionales y la Asignación Universal por Hijo constituyen –junto con la política estratégica de reducción de la deuda pública neta– reformas que van en el sentido correcto. Están pendientes serios desafíos adicionales, tanto del lado de los ingresos como del lado del gasto público. Si no se logra “legitimar” el nivel y la estructura del gasto público entre amplios sectores de la sociedad –en especial, entre las “clases medias”– será difícil que se puedan encarar en el futuro cambios significativos en la estructura tributaria.
–¿Siempre ha sido así?
–No. Hace 50, 60 años la Argentina mostraba una presión y estructura tributarias más parecidas a las del mundo desarrollado que a las del resto de América latina. El impacto distributivo de la acción fiscal era muy superior al presente y también el nivel de igualdad resultante. La caída sufrida por el país, desde un sistema tributario tan progresivo a uno notablemente regresivo, es una seria “anomalía” histórica.
–¿Qué implicancias tendrá esta historia en un eventual proceso de reformas fiscales, progresivas y sostenibles?
–Varias y muy importantes. Se ha consolidado una estructura estatal degradada e ineficiente, colonizada por intereses corporativos de todo tipo. El Estado se volvió permeable al poder de un sector privado crecientemente concentrado y transnacionalizado y con frecuencia sujeto a fuertes disputas por la hegemonía en su seno. Se han registrado además, durante el período de caída, severas redistribuciones regresivas de la riqueza de muy difícil reversión a través de: 1) la nacionalización masiva de pasivos privados; 2) la constitución –de un modo particularmente dañino– de una enorme deuda pública externa; 3) un extenso proceso de privatizaciones que liquidó, a precio vil, el patrimonio público acumulado por varias generaciones y condiciona el presente y el futuro que incluyó a los sectores de hidrocarburos y energía, y la entrega en condiciones alevosas de la explotación de la pesca y la minería; y 4) el deterioro de la educación pública. Esta concentración de la riqueza ha tendido a ampliar y consolidar los cambios negativos en el campo de los ingresos, necesariamente vinculado con la distribución de los patrimonios.
–¿Qué se puede hacer entonces?
–Sería necesario que las organizaciones sociales comenzaran a informarse y actuar a favor del cambio. Un avance reformista requeriría además que: 1) una amplia coalición político-social reclame y respalde los cambios necesarios; 2) exista fuerte voluntad en los más altos niveles políticos, para iniciar y sostener en el largo plazo estos cambios sustanciales en la distribución de ingresos y también –hasta donde sea posible– de riquezas; y 3) cierta voluntad para arribar a compromisos que eviten las rupturas por parte de los “poderes fácticos” acostumbrados a no contribuir en Argentina. Algunos temas clave de la agenda reformista requerirán acciones a nivel regional y supranacional: se trata de los casos, entre otros varios, de la regulación financiera global necesaria; del establecimiento de una autoridad tributaria global; de la eliminación, o limitación sustancial del margen de maniobra, de los paraísos fiscales; y de las acciones eficaces y perentorias necesarias en materia ambiental.
* Economista, miembro del Grupo Fénix e investigador en el Cefid-Ar.

19 de septiembre de 2010

La contra-reforma del Estado

En la historia reciente de la economía argentina se produjeron cambios profundos en los mecanismos por medio de los cuales el Estado regula las relaciones sociales y económicas. El análisis del Gasto Público permite identificar el cambio de orientación de la forma en que interviene el Estado en la economía, asignándole un rol mucho más presente e inclusivo que en etapas previas.
La crisis internacional puso a prueba la robustez del modelo económico y a la vez posibilitó verificar cuan profundas han sido las reformas llevadas a cabo en un contexto de caída de la actividad originada principalmente en la contracción de la demanda externa y merma de los recursos fiscales.
La negación por parte del gobierno nacional a una política de ajuste del Gasto Público, implicó el más fuerte cambio de paradigma respecto de la modalidad para enfrentar la crisis.
Para seguir avanzando sobre los problemas estructurales es necesario profundizar el cambio con aquellas medidas que contribuyen a la inclusión (con trabajo pero también con ingresos a dónde el aumento del empleo formal no llega) de sectores populares que aún se encuentran postergados y tienen dificultades para el acceso a muchos de los beneficios de la política social del Estado.
Así, mediante la configuración de un nuevo Estado garante de la protección social, porque si bien las políticas llevadas a cabo han producido mejoras en la situación social y económica del país subsisten situaciones de exclusión que es necesario atender, se logrará un mayor efecto del gasto público, incrementar la demanda efectiva de aquellos sectores que consumen su ingreso en el mercado interno y mejorar las condiciones de vida del conjunto de la población, avanzando sobre el núcleo más duro de la pobreza, consolidando progresivamente el desarrollo y conformando una política eficaz para
redistribuir el ingreso.

El ocaso del progre

Cuerpo del mensaje



Por Sandra Russo


Vamos a decirle ocaso, y a evitar la palabra muerte, porque muchos de nosotros todavía, gente adulta, en la bruma del lenguaje, en su resaca, usamos la palabra “progre” para aludirnos, pensarnos o identificarnos. Pero quizá sea hora de enunciar la declinación de esa categoría sociocultural consensuada durante años para alojar en sí a la gente biempensante.
Alguna vez, allá por el 2001, escribí una nota que se llamó “Progresismo”, y que daba cuenta de que por estos rincones en los que se blande más el hábito del pensamiento que el de la acción, generalmente se tenía más tolerancia con los muy diferentes que con los muy parecidos. La diferenciación a partir de capillas, referentes o tendencias era característica. Nunca me cansaré de repetir que el que quiera internarse en esa titilante subjetividad “progre” y reírse de sí mismo y sus amigos puede leer Cómo ser buenos, del inglés Nick Hornby. Una novela en la que sus personajes son personas progres que luchan a su manera, básicamente solos, y que van derivando de lo político a lo new age. Un mundo en el que ser “progre” es adoptar un niño africano. La diferencia entre los “progres” Angelina Jolie y Sean Penn es que ella trae, “salva” a un niño africano de vivir en Africa, y deja a Africa con un niño menos para que pueda seguir siendo el continente más pobre. En cambio, Sean Penn se lleva a sí mismo a los lugares que identifica con su compasión, algo que sólo puede permitir una ideología: lleva su carpa y se muda a Haití. La categoría internacional del “progre” nos lo marca además como un fenómeno de época, de convicciones firmes, pero no obstante decidido a pelear por ellas a través de acciones individuales. Políticamente, el “progre” es atravesado por la idea de tolerancia, pero no menos por la idea de neutralidad. El compromiso con una idea es subordinarle el cuerpo. Eso requiere un abandono de la neutralidad.
El “progre” era, después de todo, el militante que ya no militaba, o la gente instruida en universidades o terciarios, gente con capital cultural, habitantes de una ciudad psi en la que nunca se sabe si tantos psicoanalistas generaron tantos neuróticos, o fue al revés.
El “progre” emergió en una época de gente aislada, le correspondió a una década cuya impronta feroz fue la antipolítica, que los “progres” no obstante siempre reivindicaron. Pero así en general, “la política” en general, todo muy sobreentendido.
En aquel momento la palabra “progre” contenía un modo de resistir en los ’90, códigos en común, desprecios compartidos, insatisfacción, revulsión, ánimo de retomar fuerzas para dar una pelea cultural, pero no una pelea política. Estábamos tan hundidos en la lógica del fin de las ideologías, que aunque defendíamos las nuestras no las conocíamos del todo. Probablemente todos los “progres” creíamos que el neoliberalismo era monstruoso y que había que devolverles a las organizaciones sociales y políticas sus derechos aplastados por los dos partidos tradicionales. Pero en cómo ir hacia los objetivos de equidad y libertad, ahora se hace evidente que había concepciones tan distintas que devinieron en esto.
Cabían en esa identidad “progre”, siempre difusa, siempre con una carga muy implícita y poco explicitada, gente que hoy no se puede ni ver. Se partieron aquellos puentes a medida que se fue instalando otro contexto, y que las cosas cambiaron tan vertiginosamente.
Hay un lugar en este proceso de descomposición del “progre” que es doloroso. Porque no es que “algunos dejaron de ser progres” y otros lo siguen siendo. Una lectura más fina indicaría que el “progre” y lo que ser “progre” implicaba ya no se ajusta a los tiempos, dice poco, es contradictorio, es blando, es vago, es apto para que por allí se cuele hasta el diputado Iglesias, aunque aun así él exagera.
No dan ganas de pelear para ver quién sigue siendo “progre” y quién capituló. Es un debate menor, otra encerrona para hablar de lo que es accesorio. Un ítem más para que los periodistas nos tiremos de las mechas, nos insultemos, nos distraigamos. Nuestras peleas son públicas, pero en el mundo privado de muchos argentinos también tiene eco este desencuentro fenomenal entre gente que hace tres o cuatro años podía hasta quererse.
Es bueno recordar que el “progre”, como identidad más social y cultural que política, se abrió paso en una época en la que la política estaba fuera de juego, aunque de eso no se hablaba. Los grandes partidos nacionales habían capitulado frente al modelo del capitalismo salvaje global, pero eso no se pasaba en limpio para las audiencias y los públicos respectivos. Así fue que el menemato, tan detestado por los “progres” que éramos tan variopintos y leídos, fue despachado en una ilusión que ahora se exhibe de una puerilidad abismal: vino la Alianza, que votamos los “progres”, desconectados de manera notable del resto de los sectores: a esto quería llegar. La identidad del “progre” es contemporánea a la del ciudadano políticamente “independiente”. Convivió con la era en la que los “independientes” eran observados, celebrados y caracterizados por los medios como los verdaderos ciudadanos.
La coincidencia entre esta irrupción del “independiente” político y el periodismo “independiente” no es azarosa. El punto culminante de esa celebración de la “gente suelta” como verdadera portadora de la ciudadanía fue aquella noche terrible de los cacerolazos del campo, la noche en la que se produjo un incidente con Luis D’Elía. Los militantes políticos o sociales eran invalidados para estar en las calles expresándose, derecho cuya legitimidad era reservada para los “independientes”.
Hoy las cosas han cambiado y lo “progre” suena a fuente de feng shui. Estos tiempos son muy específicos, más allá de nuestras voluntades. Las ideologías no habían muerto, todos tenemos una, y no se puede defenderla siendo neutral.