26 de marzo de 2008

Retenciones a los granos: cuando la historia cuenta

Las retenciones son el único instrumento con que cuenta el Estado para hacer frente a las consecuencias no deseables de un aumento de precios internacionales de productos agroalimentarios, con el actual marco regulatorio e institucional del país. Además, concilian un dólar alto que beneficia a la industria y genera empleo con precios de los alimentos acordes a los salarios argentinos. El conjunto de instrumentos alternativos – entre otros, las juntas nacionales de granos y carnes - fue desmantelado durante los años ’90, dejando los mercados domésticos de alimentos a merced de la evolución de los precios internacionales. En consecuencia, que las retenciones se apliquen ahora no es el resultado de un capricho del gobierno actual sino de un conjunto de decisiones tomadas en el pasado.

Seguramente este instrumento sería innecesario si la Argentina hubiera mantenido otros mecanismos institucionales que supo crear a lo largo de su historia, y que en otros países permitieron un desarrollo de las cadenas agroindustriales diversificadas. Este aspecto es aún más preocupante si se considera que nuestro país es el único entre los cinco principales exportadores mundiales de cereales (acompañado por Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá y Australia) que no cuenta con mecanismos de regulación del comercio de materias primas. Todos los países exportadores cuentan con formas directas o indirectas de intervención para asegurar la competitividad y la seguridad alimentaria de la población. Las formas indirectas, adoptadas en Estados Unidos y en Europa, combinan transacciones realizadas por el sector privado con significativos subsidios e intervenciones en los precios, como ocurre en la Unión Europea y los Estados Unidos con las “ordenes de comercialización”. En Canadá y Australia, por su parte, los Marketing Boards (una suerte de Juntas nacionales de granos y otros productos agropecuarios que en el primer caso son estatales y en el segundo son privadas pero bajo control de los productores) centralizan el acopio y la exportación, permitiendo a los productores eliminar la discriminación de precios en períodos de cosecha por parte de las grandes trasnacionales del comercio de granos. En Nueva Zelanda existe un esquema similar para le leche, bajo gestión privada, con una mega-cooperativa de productores lácteos que hoy avanza en un proceso de internacionalización a la par de las grandes multinacionales lácteas. Estas instituciones permitieron resolver el conflicto entre consumo interno y exportación a partir de una reinversión de la renta agraria en la diversificación de actividades y “descommoditización”.

La Argentina contó alguna vez con mecanismos regulatorios similares, que sin embargo funcionaron esporádicamente, y finalmente fueron desmantelados durante los años ‘90. La Junta Reguladora de Granos (luego denominada Junta Nacional de Granos) fue establecida durante los años ’30 en forma contemporánea a los Boards Canadá y Australia en el contexto de la fuerte caída de los precios internaciones. La Junta tenía funciones similares a las de estos países: intervenir en el mercado de granos para sostener el precio interno al productor, abastecer a la industria y el consumo local a precios accesibles, organizar acuerdos de comercio entre Estados, registrar las exportaciones, cobrar impuestos a las exportaciones, establecer estándares de calidad y clases de trigo, certificar estándares, asesorar a los semilleros, administrar la red de silos estatales. Las Juntas rara vez cumplieron las funciones reguladoras de precios, dado el fuerte poder de veto que establecieron las entidades del campo y, fundamentalmente, las empresas del comercio de granos. La intervención en los precios solo fue efectiva en un breve período: durante los años ’30 cuando fueron creadas por los conservadores, reforzadas luego en el primer peronismo al crearse el IAPI y en el breve lapso del gobierno de Campora. El resto de las funciones, mantenidas hasta los años ’90, fueron sin embargo cruciales para la organización del sector, y generaron importantes capacidades del Estado en el comercio exterior y en la tipificación de granos. Capacidades que utiliza hoy la Canadian Wheat Board para diferenciar trigos según distintas calidades y obtener así mejores precios frente a la industria. Estas capacidades se perdieron en la Argentina cuando el gobierno de Carlos Menem desarmó las Juntas, trasladando sus funciones a un mercado dominado por un reducido número de grandes empresas extranjeras y grupos locales del comercio de granos que son los que ahora captan las diferencias por calidades, elusión fiscal y por manejo de precios en distintas épocas del año.

No obstante, cuando se eliminaron las Juntas, las entidades del campo no adoptaron medidas con la magnitud y la agresividad vistas en estos días. Frente a la desregulación, o bien se apoyó activamente (Sociedad Rural, Confederaciones Rurales Argentinas), o no se opuso una resistencia similar a la actual (Federación Agraria Argentina, que agrupa a los pequeños productores, principales perjudicados por el desmantelamiento de las Juntas). Por esto llama la atención la saña del lock out de los sectores agrícolas frente al reciente establecimiento de las retenciones móviles.

Es interesante comparar esta actitud con la de los productores australianos, neozelandeses y canadienses, frente a la oleada de liberalización de los años ’90, quienes no cedieron ante la ofensiva de las grandes trasnacionales de granos. La centralización de las compras de materias primas no fue entregada a estas empresas, sino que optaron por el reemplazo de los Boards por mega cooperativas de exportación (como Fonterra, la Cooperativa de productores lácteos neocelandeses, o el Board privado en el caso del trigo de Australia). De esta manera, lograron mantener un instrumento que les permite garantizar la oferta de alimentos a la población y fortalecer la competitividad del sector.

Si se tiene en cuenta estos elementos, puede comprenderse por qué las retenciones son en este momento la respuesta que encuentra un gobierno frente a una historia de abandono del control democrático sobre el acceso a la alimentación y a la divisas. Abandono del cual la totalidad de la dirigencia política y de las entidades del campo son responsables. En este contexto las retenciones han sido un paso necesario en la medida que permiten cumplir una serie de objetivos indelegables del Estado: desacoplar los precios internos de los alimentos de los precios internacionales e incidir en las rentabilidades relativas de los distintos cultivos a fin de limitar el avance de la sojización.

La implementación de retenciones móviles implica un avance frente al esquema previo de retenciones, porque otorga a los sectores primarios y de transformación un horizonte de estabilidad de precios y abre la puerta a una eventual disminución de la imposición, frente a una posible reducción de los precios internacionales tras la desaceleración de la economía mundial. A una semana de implementada la medida ya se ha visto como ante la caída del precio internacional de la soja, las retenciones móviles generaron una disminución en el monto del impuesto.

Por su parte, el mayor peso de las retenciones a la soja es razonable, considerando los efectos que su alta rentabilidad relativa genera sobre la oferta de otros alimentos, que son desplazados por este cultivo. Pero que, dado los altos costos de reconversión para los productores pequeños, requiere la profundización de medidas que apunten a financiar las inversiones que garanticen el reemplazo de la soja por otras producciones.

En este sentido, y en la medida que sean asegurados los costos de reconversión, las retenciones son un paso necesario hacia la configuración de un nuevo régimen que concilie los objetivos de exportar con los de alimentar a la población, sin lesionar las ganancias normales de la actividad. El sector debiera comprender que las retenciones perderían su razón de ser si se implementaran los mecanismos institucionales que permitan reorientar la renta agraria hacia el desarrollo agroindustrial y la descommoditización. Sin embargo, es notoria la ausencia de propuestas y acompañamiento de los representantes del campo en este camino. Así lo demuestra la aún escasa participación del sector en la utilización de los esquemas de subsidios al trigo, explicado por el alto grado de evasión impositiva que existe en esta actividad. El camino no estará exento de conflictos, dado que implicará recuperar la renta hoy apropiada por las grandes exportadoras y productores concentrados.

Este camino requeriría por un lado, que el gobierno implemente mecanismos de regulación contra el abuso de poder monopsónico de la comercialización concentrada, y lleve adelante políticas selectivas para los productores pequeños de las zonas marginales, Entre las medidas que consideramos importante discutir, se destaca:

1. Complementar las retenciones con transferencias directas a los productores con pequeñas extensiones - calculadas en función de hectáreas en actividad- planteando la diversificación de los cultivos más allá de la soja. Para ello es necesario un empadronamiento de los productores, para identificar si pertenecen a grupos financieros u otras formas de sociedad que puedan desvirtuar el objetivo redistributivo del impuesto.

2. Regenerar las herramientas de regulación del mercado agropecuario, a fin de evitar la punción que practican los grandes exportadores sobre la rentabilidad de los pequeños productores. Para lo cual es necesario recrear las Juntas Nacionales de Granos y de Carnes, que a partir de su rol de compradores sostengan el precio de los granos al productor. Institución que debe encarar una activa política estratégica de diferenciación de granos.

3. Crear una infraestructura portuaria y de almacenamiento, propiedad de las Juntas, que permita organizar el sistema de logística más allá de los grupos concentrados.

4. Aumentar la progresividad del impuesto inmobiliario rural, realizar una revaluación de los campos acorde al actual valor de mercado y mejorar la eficacia recaudatoria de los impuestos nacionales, como ganancias y bienes personales.

Para que estas medidas puedan ser implementadas es indispensable el apoyo de los pequeños y medianos productores. El 50% de la tierra está en manos de 5000 productores, sólo mil poseen el 33% de las hectáreas cultivables. El otro 50% está atomizado y enfrenta el desprecio de los productores concentrados a la hora de venderle sus productos. La táctica debiera ser ayudar a estos últimos y conseguir su apoyo.

Por CIEPYC

24 de marzo de 2008

Cacerolas

Para el diario La Nacion en el dia de las cacerolas …


La gente del campo cuanto hace que no pasa por el conurbano?

Las retenciones cumplen el rol de redistribuir para el conjunto de la sociedad, que los incluye, parte de las rentas extraordinarias debidas a la suba de los precios internacionales de las commoditties como la soja. Como herramienta redistributiva ha mejorado la composición de los ingresos tributarios y desconecta el precio interno de esos bienes y sus derivados del precio internacional, lo cual es preferible para el conjunto de la sociedad. Se detuvieron a pensar que pasaria si todo quedara librado al mercado como estan planteando?

Cuanto más sube el precio de la soja, mayor es el incentivo a producir sólo soja, en vez de los alimentos que se consumen en el país, cuyos precios también subirían. Ustedes que son gente culta, que seguramente tuvieron la suerte de poder estudiar y formarse, verían desaparecer el beneficio de todo eso, ya que sólo convendrá cultivar soja, para lo cual es necesario poseer o rentar tierra apropiada que ya esta distribuida desde hace mucho tiempo y su valor solo seguiria aumentando elevando aun mas los costos de producciones alternativas y necesarias.

En definitiva, el reclamo del campo es el reclamo por una renta extraordinaria y por una vision de país excluyente.

No cometan el error de creer que se trata de una oportunidad para pegarle al gobierno por todo por lo que no les guste. En este caso es una de las medidas de politica economica acertada para pensar un pais diferente para los proximos decenios.

Especialmente hoy recuerden la experiencia de otros levantamientos apoyados por las centrales patronales en contra de un gobierno y las consecuencias deseadas o no por ellos que resultaron de eso. Recuerden tambien hoy que el salon de la Rural se sigue llamando Martinez de Hoz.

Rafael A. Selva

23 de marzo de 2008

El desafío

LA RURAL SE VA A LA GUERRA EN 4X4


En un momento de extraordinaria rentabilidad la Rural se rebela contra una de las medidas más racionales que el gobierno adoptó en defensa del conjunto de la sociedad y de los propios productores agropecuarios. Junto con la inflación es parte de la puja distributiva. Desde el lockout de la APEGE que desembocó en el golpe del que mañana se cumplirán 32 años, el poder económico no planteaba un desafío semejante al sistema político. Cómo contestarán Moyano, D’Elía y el PJ.

Por Horacio Verbitsky
 
La medida de fuerza de la Sociedad Rural con el apenas disimulado propósito de desabastecer de alimentos a las grandes ciudades, y el persistente aumento de precios son dos caras complementarias de la puja distributiva y plantean el mayor desafío del poder económico al sistema político y a las clases subordinadas, desde el paro de la Asamblea Permanente de Entidades Gremiales Empresarias de febrero de 1976, que desembocó en el golpe del que mañana se cumplen 32 años. La prohibición de exportaciones en caso de que las entidades patronales resuelvan continuar con el lo-ckout pondría a prueba quién resiste más. Es improbable que los potentados del campo consigan que otros sectores los compadezcan por el límite que el gobierno impone a su rentabilidad sin precedentes. Pero en caso de desabastecimiento, el malestar puede alcanzar también al gobierno. Luis D’Elía citó una frase histórica: “A la fuerza brutal de la antipatria, opondremos la fuerza del pueblo organizado”. Justo y bello, pero ¿existe tal organización popular?

Piquetes paquetes

La APEGE de 1976 reunía a las principales cámaras patronales de todos los sectores y exigía “la rectificación total de la filosofía política, económica y social”. El movimiento actual es conducido por las entidades del sector agropecuario y sólo reclaman que se anule el mecanismo de retenciones móviles y progresivas a las exportaciones de granos. Pero si se escuchan los discursos en los cortes de rutas y se atiende a los foros de lectores de la prensa militante que los acompaña, hablan de pintarse la cara para la guerra, de hartazgo con el gobierno, e incluso del “principio del fin del kirchnerismo”. Para contextualizar de qué se trata: las páginas de La Nación sobre el lockout lucen un aviso de automóviles suecos Volvo, en oferta desde 36.900 dólares. El desborde emocional tiene para algunos sectores más peso que sus propios intereses. En febrero de 1976 se plegó al cese de actividades la CGE, que después del golpe de marzo fue perseguida y cuyos dirigentes históricos, José Gelbard y Julio Broner, debieron exiliarse, mientras un representante típico de la oligarquía diversificada, José Alfredo Martínez de Hoz, asumía el ministerio de Economía para producir la más profunda remodelación social. Sus beneficiarios defienden en las rutas el país dual que se afirmó entonces. Ahora participa en forma activa la Federación Agraria, cuyo líder, Eduardo Buzzi, es uno de los partidarios más extremos de prolongar y de radicalizar la medida porque “ya no tenemos nada que perder” (sic). Como la Unión Cívica Radical entonces, la Coalición Cívica Libertadora se subordina ahora a los intereses económicos más concentrados y sus dirigentes buscan calor popular en los piquetes paquetes, con consignas como la de Elisa Carrió, para quien el gobierno “le roba al campo”. Los chacareros no exportan ni pagan retenciones. Pero su entidad actúa como ariete de quienes les trasladan ese costo adicional y enfrentan una de las medidas más racionales adoptadas por el gobierno en defensa del conjunto de la sociedad. El contexto es tan poco comparable como el declinante gobierno de Isabel Perón con el flamante de CFK. El actual tiene los recursos para responder al reto, siempre y cuando identifique con precisión la índole del problema.

El espejo brasileño

Las retenciones captan para la sociedad parte de las rentas extraordinarias debidas a la coyuntura internacional. Esos instrumentos redistributivos han mejorado la composición de los ingresos tributarios por el incremento de los impuestos directos que, lejos de trasladarse a los consumidores, contienen los precios cuando se trata de productos que también se consumen en el país, como los hidrocarburos, los lácteos, la carne y el trigo. En el mismo mercado mundial y con una producción agropecuaria similar, Brasil ha tenido un crecimiento económico casi tres veces inferior al argentino. Eso obedece a decisiones políticas, que se reflejan en el valor de las respectivas monedas, casi de 2 a 1. Sumando a la ecuación los subsidios al transporte y al combustible, aun con las nuevas retenciones los productores argentinos tienen mayor rentabilidad que los del Brasil. Por supuesto hay diferencias según la escala y la ubicación de cada unidad productiva y el Estado debería proveer nuevos alivios a los pequeños agricultores. Luego de una década de hipotecas y remates a precio vil, la refinanciación de sus deudas por el Banco Nación, a largo plazo y baja tasa, les abre un panorama más alentador. El precio de la tierra agrícola ha crecido en forma espectacular y tienen el recurso de alquilar sus campos, mientras estudian asociaciones que mejoren su escala. Alguien que, como Buzzi, integró el Frente Nacional contra la Pobreza no tiene justificación ética ni política para alinearse con quienes no imaginan otra respuesta pública a la pobreza que la represión de sus víctimas. No conduce, lo arrastran por un camino del que es difícil salir.

En busca del equilibrio

Como la soja no integra la dieta local y su alto precio externo no afecta el salario, los voceros de la Sociedad Rural afirman que el único objetivo del gobierno es aumentar los ingresos fiscales. Esta objeción, irónica en defensores tradicionales del rigor fiscal, ignora que el incremento del precio de la soja y, en consecuencia, de la tierra, se combinan en un círculo virtuoso para los grandes propietarios pero vicioso para la sociedad. El alza de las retenciones provoca el efecto inverso. En este momento los campos pampeanos superan en dólares el precio de las mejores tierras productivas de Estados Unidos. Cuanto más crezca su precio, mayores estímulos habrá para producir sólo soja, en vez de los alimentos que se consumen en el país, cuyos precios también aumentarán. Quienes objetan el carácter móvil y progresivo de las retenciones señalan que los ingresos de los productores serán erosionados por la inflación. Esto pone en un pie de igualdad con el resto de la población a los grandes productores, cuya participación en el aumento de precios internos no es irrelevante.

Mitos y realidad

Un trabajo de Eduardo Basualdo y Nicolás Arceo publicado en el número 177 de la respetada revista académica Desarrollo Económico refuta el mito de que los grandes terratenientes habrían dejado de ser el agente económico central, en beneficio de “un nuevo estrato de propietarios medianos grandes innovadores y asentados en la producción agrícola, es decir una suerte de farmers locales”, en tierras arrendadas. Tampoco avala la supuesta extranjerización de la tierra agrícola.

Algunos de los fondos de inversión agrícola y de los pools de siembra, que alquilan la tierra e incorporan a la producción agropecuaria capitales extrasectoriales, alcanzan un tamaño medio equivalente al de los grandes terratenientes bonaerenses. Pero la superficie agropecuaria total que concentran es poco significativa: según datos de 1996 apenas el 8 por ciento de la superficie se trabajaba mediante formas de tenencia ajenas a la propiedad. Y a diferencia de lo que ocurre en las finanzas, la industria, los servicios públicos privatizados y otras actividades primarias que generan renta (petróleo, gas y minería) la presencia del capital extranjero era irrelevante, no más del 4 por ciento sobre el total de la compraventa de tierras. Cualquier afirmación sobre lo sucedido desde entonces es impresionista, porque no hay estudios. Recién cuando termine la odisea del Indec, los datos del último censo agropecuario actualizarán esa fotografía.

Los propietarios rurales bonaerenses con 2500 o más hectáreas, que en casi todo el siglo pasado se concentraban en la ganadería y les arrendaban grandes extensiones a los pequeños y medianos productores para la producción agrícola, ahora desarrollan ambas actividades por su cuenta y riesgo, lo cual les permite ejercer una incidencia decisiva en diferentes entidades y no sólo en la Sociedad Rural. Son ganaderos desde el punto de vista del uso de la tierra, pero agrícolas en términos del valor de producción. Esta asimetría se debe a los precios relativos vigentes en el agro, que el incremento de las retenciones intenta corregir.

Basualdo y Arceo destacan que las transformaciones productivas y tecnológicas son adoptadas por los grandes terratenientes tradicionales. Esos grandes propietarios no son precapitalistas, como creía el libresco Partido Comunista, sino por el contrario la vanguardia de todas las innovaciones, tanto tecnológicas como en las formas de propiedad, y poseen capacidad financiera para aplicarlas. La clase social decisiva en la historia argentina no se desvaneció en el aire sin que nadie lo advirtiera, pero parte de su know-how es hacerlo creer. Sigue siendo el sector hegemónico de la burguesía realmente existente, aquella capaz de alinear a las demás fracciones del capital en torno de sus intereses.

Las causas del fenómeno

El otro campo de batalla escogido por el capital más concentrado es el de la inflación. Dentro del gobierno hay lecturas distintas sobre las causas del fenómeno, que todos niegan en público. Para un sector, que ha ganado la atención del ex presidente Kirchner, se aquietará cuando culmine el reacomodamiento de precios relativos luego de la devaluación. Para otro, al que se afilia el jefe de gabinete Alberto Fernández, hay un exceso de demanda, que requiere un cierto grado de enfriamiento de la economía. Esto es difícil de sostener, cuando se constata por mediciones privadas en una de las principales cadenas de supermercados que los mayores aumentos se produjeron en alimentos como la polenta (159 por ciento en los últimos ocho meses) y las legumbres secas (112 por ciento), de consumo por los sectores más pobres, sin capacidad de demanda que pueda convalidar semejantes incrementos. Un trabajo del Centro de Estudios para el Desarrollo Argentino, CENDA, propone una tercera alternativa, que es la marcada estructura oligopólica de la economía. Según sus investigadores, en el caso de los bienes tran-sables las retenciones sobre todas las exportaciones son una opción más efectiva y menos vulnerable que los denominados acuerdos de precios. En el de los no transables no hay otra posibilidad que el control de precios. “De otro modo”, escribieron hace un año y medio, la ortodoxia amenaza con la “inflación reprimida”. Pero no sería una inflación monetaria, salarial, de demanda o cambiaria, sino “como expresión de una inflación de ganancias extraordinarias”. Es lo que sucedió.

Tierra arrasada

La política de tierra arrasada en el Indec se explicó por las conveniencias de un año electoral. Pero hoy no cumple ninguna función útil y roe la credibilidad del gobierno no sólo respecto del IPC. La presidente tiene a consideración dos proyectos:

1. El secretario de Comercio Guillermo Moreno propone substituir en el cálculo los bienes y servicios que más aumentan. La consecuente resignación de niveles populares de consumo permitiría estabilizar la inflación en los satisfactorios indicadores del Paraguay de Stroessner o el Haití de Duvalier. También contempla medir sólo los consumos de la franja más austera de la sociedad, que no conoce educación privada ni medicina prepaga. Tiene un atractivo inmediato pero es muy peligrosa a largo plazo, porque aumenta la ponderación de los alimentos, que están aumentando más que el promedio, y no sólo en la Argentina.

2. El ministro de Economía Martín Lousteau y el jefe de gabinete Fernández mantienen el índice de precios al consumidor de nivel general, y sólo suprimen algunos consumos típicos de la convertibilidad, como las flores de Colombia o el turismo en Cancún. Además se confeccionarían índices específicos de otros sectores sociales. Ninguna de estas alternativas da cuenta del problema de fondo: la inflación expresa la decisión del capital más concentrado de limitar la recuperación del salario que comenzó en 2003. Una vez que su nivel se acercó al de 2001, las mayores firmas no permitieron nuevos avances. La única manera de impedir que sigan erosionando los ingresos populares es atacar la estructura oligopólica en la producción y comercialización de los bienes esenciales, y operar sobre las cadenas de valor. Pero en vez de adoptarse medidas en defensa de la competencia se autorizan fusiones que refuerzan la indefensión ante los aumentos de precios. El Estado tiene los mejores expertos en cadenas de valor, pero nadie los ha consultado.

As de cartón

La ineficacia del pintoresco secretario Moreno desacredita la legítima e imprescindible intervención estatal. Luego de una visita a Puerto Madero, el secretario de la CGT, Hugo Moyano, dijo que Moreno defendía las intereses de los trabajadores. Pero en realidad Moreno convalida la estructura oligopólica con el asombroso argumento de que si son pocos es más fácil controlarlos, y sólo acuerda medidas distractivas de desinformación. Los supermercados avisan en grandes títulos precios reducidos de diversos productos. Luego de esas ofertas sigue un asterisco. Una minúscula nota al pie informa que se trata de pocas unidades. Por encima de esa cantidad, el precio puede triplicar el anunciado. De hecho, según la medición citada, la canasta básica de alimentos aumentó un 25 por ciento entre julio pasado y marzo de este año. De ese orden es el nivel de aumentos obtenido por los gremios más fuertes, como el de Moyano. Pero los más débiles no tienen esa posibilidad. Esto está reforzando la desigualdad incluso dentro del sector de trabajadores privados formales, donde es de 7 a 1 entre extremos. El salario promedio privado creció más del 21 por ciento entre diciembres de 2006 y 2007, lo que implica una mejora de unos 4 puntos de poder adquisitivo sobre el costo real de vida. Pero esa masa salarial se distribuye en forma desigual: el 20 por ciento de los trabajadores formales privados se apropia de la mitad, mientras el 30 por ciento del extremo inferior no llega a percibir ni el 10 por ciento. Los primeros reciben sueldos promedio que pasan de los 5.000 pesos mensuales; los segundos, de 700 pesos, equivalente al del 40 por ciento de los trabajadores informales. Blancos y negros ya no constituyen la división principal.

Los errores del pasado

El diputado nacional Carlos Kunkel homenajeó a los trabajadores víctimas de la dictadura junto con Moyano y abominó de la “dramática lucha interna” de los años 70, que “abrió el camino a la dictadura”. Es inteligente no repetir los errores del pasado, pero peligroso no advertir los del presente. En el mismo acto, Kunkel dijo que sólo la CGT constituía el “movimiento obrero organizado” y “columna vertebral” del peronismo. Esta frase ratifica el desdén con que la presidente trató a la mesa directiva de la CTA durante la audiencia de febrero, cuando descolocó a su secretario general, Hugo Yasky, ante los opositores internos que quisieran adoptar la retórica de Buzzi y Carrió. Fue la presidente quien le pidió a Kirchner que se hiciera cargo del Partido Justicialista, para no dejarlo en manos de quienes ni siquiera ocultaban su intención de organizar un marzo caliente. Pero de allí a las sobreactuaciones, como el discurso pronunciado por CFK delante de un enorme cartel que decía simplemente “Moyano conducción”, hay un largo trecho. Sustentar las alianzas políticas en el 20 por ciento mejor pago de los trabajadores privados formales, que no luchan por la subsistencia sino por elevar el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias, y en una dirigencia partidaria que sólo sobrevivió gracias a la heterodoxia y el hiperactivismo kirchnerista, no son opciones sin consecuencias, a la hora del desafío de las 4x4.

Irreflexible

Por H. V.

La Cámara de Fabricantes de Maquinaria Agrícola (CAFMA) fustigó el aumento de las retenciones con el precioso neologismo “irreflexible” (La Nación de ayer). Según las publicaciones de CAFMA con el actual modelo las ventas de maquinaria agrícola de producción nacional en el mercado interno pasaron de 340 a 980 millones de dólares y las exportaciones a veinte países distintos, de 10 a 140 millones de dólares. Ese despegue se produjo a partir de 2003/2004, “cuando desde el Gobierno Nacional se cambiaron las reglas de juego” y con “visión estratégica y acciones concretas” se “facilitó la apertura de mercados”. La Argentina es el segundo país en el mundo en adopción de la tecnología de agricultura de precisión, después de Estados Unidos. Sus equipos son competitivos por costo y satisfacen los requerimientos tecnológicos de los mercados más exigentes. El 73 por ciento de los cultivos se realizan por siembra directa, es decir sin roturar la tierra ni remover los residuos, lo cual disminuye los costos operativos al economizar 25 por ciento de agua y 50 por ciento de combustible. El 98 por ciento de la siembra de soja y el 90 por ciento de la aplicación de agroquímicos y fertilizantes se realiza con máquinas argentinas. La industria nacional abastece el 100 por ciento del mercado de almacenamiento de granos y se convirtió en líder mundial en almacenamiento de granos en bolsas plásticas. Un cuarto del área de soja se siembra en doble cultivo (Trigo/Soja), lo cual aumenta la productividad por hectárea. La Argentina es el país del mundo de mayor rendimiento promedio de soja de primera y el de menor costo de producción. Si ellos lo dicen.

16 de marzo de 2008

Política y retenciones

Las retenciones son un instrumento que puede ser aplicado para alcanzar en forma no excluyente los siguientes tres objetivos. En la medida en que reducen el precio neto que se recibe por exportar, achican el valor mínimo al que el empresario está dispuesto a vender internamente productos que podría colocar afuera de manera casi ilimitada, como sucede con las materias primas y los commodities que exporta la Argentina (soja, aceites, trigo, maíz, petróleo, nafta). En segundo lugar, y como cualquier otro impuesto, las retenciones pueden tener un fin recaudatorio. Y, por último, dado que modifican los precios relativos, sirven como señal e incentivo a favor para la toma de decisiones.

A diferencia de los anteriores, el aumento en las retenciones anunciado el martes no tiene un objetivo antiinflacionario predominante. Las retenciones que subieron fueron a los productos oleaginosos que, salvo en el caso del aceite de girasol, tienen escasa presencia en la canasta de consumo local y son en su casi totalidad destinados al mercado externo. También fueron modificados los impuestos a la exportación de trigo y maíz (que sí tienen una presencia considerable en la matriz alimentaria interna), pero en lugar de subir, bajaron en grado insignificante.

Queda muy claro que la medida busca capturar fiscalmente toda la renta extraordinaria derivada del aumento reciente en la soja, en el girasol y en sus derivados, dejando al sector en la situación que tenían a fines del año pasado, que según Martín Lousteau ya era un escenario de “hiperrentabilidad”, y que según los propios representantes del campo no llegaba a tanto, aunque reconocen que disfrutaban de una muy buena situación.

No es de extrañar que muchos críticos del anuncio, y por supuesto los directamente afectados, esgriman el objetivo fiscalista del Gobierno como argumento para desmerecer la medida. Lo que subyace es: “si fuera para frenar los precios, vaya y pase; pero no me banco que me metan la mano en el bolsillo sólo para recaudar más”.

Pero es interesante notar que desde el Gobierno se intentó disimular el costado recaudatorio. Si bien en Economía reconocen lo obvio y estiman que los cambios aportarán ingresos adicionales por alrededor de 1500 millones de dólares, en la carpeta distribuida a la prensa se omite por completo el tema y en ninguno de los varios reportajes que ofrecieron los funcionarios para defender la medida se hizo mención al tema. Optaron por resaltar todas las “ventajas” técnicas que tiene el nuevo esquema de retenciones móviles (las alícuotas cambian automáticamente en función directa del precio internacional), pero se cuidaron de no cargar las tintas en la captura de una renta extraordinaria con su evidente consecuencia redistributiva: por menos eficiente y equitativo que sea el uso de esos fondos adicionales, su gasto tiene indefectiblemente efectos redistributivos.

Por algún motivo de lógica política, el Gobierno prefiere minimizar el condimento político de las retenciones.

La combinación de alícuotas más altas y precios internacionales estratosféricos daría como resultado, según la estimación de la consultora M&S, que este año las retenciones van a duplicar lo recaudado por ese concepto el año pasado, llegando a un total impresionante de 42.000 millones de pesos, de los cuales el complejo oleaginoso representaría tres cuartas partes. Es decir que en el bienio 2007-2008 el ingreso fiscal por retenciones ascendería a unos 20.000 millones de dólares.

La creciente importancia de las retenciones como fuente de ingresos fiscales, que en gran medida es consecuencia de la creciente importancia del complejo sojero en la estructura exportadora, obliga a activar de manera previsora alertas respecto de una excesiva dependencia. Es lo que atinadamente hicieron Pablo Lavarello y Rafael Selva en un artículo titulado “Mercados internacionales de granos y precios frente a la desaceleración de la economía mundial”, que publicó la revista Entrelíneas del Centro de Investigación en Economía Política y Comunicación de la Universidad Nacional de La Plata. Si bien sostienen que “es poco probable que en el corto plazo haya una caída abrupta en el precio de la soja” en tanto China e India sigan creciendo a ritmo vertiginoso, por las dudas recomiendan “diversificar la estructura productiva”.

Por Marcelo Zlotogwiazda
http://www.pagina12.com.ar/diario/especiales/18-104878-2008-05-26.html