30 de diciembre de 2009

Comunicado APYME

Celebramos toda decisión política contra la mano dura: Sin inclusión social no hay seguridad posible


Los pequeños y medianos empresarios nucleados en el Regional Buenos Aires de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME) festejamos el amplio consenso político contra la mano dura y bregamos por buscar profundas soluciones contra la inseguridad priorizando la inclusión social, la educación y los derechos humanos.
El acuerdo social y político para una Seguridad Democrática presentado hoy en el Congreso es el principio de un camino que los argentinos deberíamos haber tomado hace mucho tiempo, antes de que algunos sectores radicalizados pidieran mano dura contra los marginados de la sociedad, principalmente los niños y adolescentes, víctimas de la desigualdad social producida por la corrupción y la criminal concentración de la riqueza.
Los pequeños y medianos empresarios argentinos hemos sostenido históricamente que sin inclusión social, trabajo, educación y cobertura sanitaria no habrá seguridad posible. La cárcel no es la solución bajo ningún punto de vista porque los barrotes encierran las consecuencias de una sociedad desigual e injusta y no atacan las causas que provocan la violencia y delito. Todos debemos trabajar muy fuerte sobre las causas.
El delito en la Argentina y cualquier parte del mundo no es solamente sinónimo de pobreza, sino de exclusión radical, de falta de expectativas y posibilidades, de desesperación y de injusticia. Ya no hay lugar para respuestas facilistas frente a la violencia. Es profundamente necesario trabajar sobre cambios estructurales y para ello se torna urgente y primordial la redistribución de la riqueza.
Los niños y jóvenes deben estar en la escuela y sus padres inmersos en el mercado de trabajo. Así, todos los argentinos estarán incluidos en un sistema social sin hambre, sin marginalidad, sin desesperanza, sin violencia. Los pequeños y medianos empresarios estamos seguros de que no hay otra salida.
prensa@visionpymeweb.com.ar

29 de diciembre de 2009

Diez puntos de acuerdo por la seguridad democrática

El acuerdo considera un engaño al discurso de la mano dura, analiza la responsabilidad del Estado y la gestión democrática de las instituciones de seguridad.
Las respuestas estatales autoritarias e ineficientes frente al delito y la fuerte dosis de exclusión y violencia que domina el debate público y orienta muchas de las acciones del Estado en la materia exigen una discusión abierta y pluralista, capaz de alcanzar acuerdos básicos sobre políticas democráticas de seguridad que atiendan las legítimas demandas de la sociedad.
Esta situación exige instituciones de seguridad comprometidas con valores democráticos y el rechazo a políticas demagógicas e improvisadas, dirigidas a generar expectativas sociales en la eficacia de medidas abusivas que sólo agravan el problema y reproducen la violencia.

1 El Estado frente al problema del delito
En nuestro país, la acción del Estado frente al incremento de la violencia y el delito se ha limitado mayormente a respuestas facilistas y autoritarias que consolidaron la ineficacia policial, judicial y enitenciaria.
En los últimos años, algunos procesos de reforma de las instituciones de seguridad tuvieron resultados favorables, pero fueron interrumpidos para volver a políticas de probado fracaso.

2 El engaño de la mano dura
Las políticas de mano dura no han reducido el delito, han aumentado la violencia y, en algunos casos, hasta han amenazado la gobernabilidad democrática.
La delegación de la seguridad en las policías, el incremento de las penas, el debilitamiento de las garantías y las políticas centradas en el encarcelamiento masivo basado en la prisión preventiva son los ejes recurrentes de estas políticas de mano dura.
Los reiterados fracasos de estas políticas han sido utilizados para insistir con las mismas recetas, en una espiral irresponsable que nunca rindió cuenta de sus resultados.
Esta sucesión de intervenciones erradas ha constituido un impedimento para la profesionalización de las policías y ha potenciado la acción de redes de ilegalidad en las que intervienen funcionarios públicos.

3 Responsabilidad del Estado
El Estado tiene la responsabilidad de asegurar a la población el libre ejercicio y goce de sus derechos. La construcción de una ciudadanía respetuosa de la ley es el camino indicado, pero si la ley resulta quebrantada, el Estado debe proveer los medios necesarios para individualizar a los responsables y sancionarlos cuando corresponda.
Una adecuada política criminal y de seguridad requiere: una policía eficaz en la prevención, de alta profesionalidad y debidamente remunerada; una Justicia penal que investigue y juzgue en tiempo
oportuno a quienes infringen la ley, garantice la plena observancia de las reglas del debido proceso
y de la defensa en juicio, y un sistema penitenciario que asegure condiciones dignas de encarcelamiento y de ejecución de la pena con sentido resocializador.

4 Una concepción integral de la seguridad
La manera eficaz de avanzar sobre el problema implica operar sobre las causas del delito y las redes de criminalidad con miras a reducir la violencia en todas sus formas. Una concepción integral de la seguridad implica tanto la prevención de la violencia física como la garantía de condiciones de vida dignas para toda la población. Esto requiere estrategias de abordaje integral que articulen las políticas de seguridad con otras políticas públicas y complementen las acciones del sistema penal con intervenciones de todas las áreas del Estado. Estos recursos estatales deben estar distribuidos de manera igualitaria y generar una mayor protección para los sectores excluidos, de modo de no profundizar la desigualdad.
Para avanzar en un abordaje integral y efectivo del problema de la seguridad, el diseño e implementación de políticas democráticas debe surgir de diagnósticos basados en información veraz y accesible al público. La producción de esa información es también una responsabilidad indelegable del Estado.

5 Gestión democrática de las instituciones de seguridad
Todo gobierno tiene la responsabilidad de ejercer la conducción civil y estratégica de las policías, que supone el pleno control de la institución. La prevención y sanción del delito, de modo eficiente y legal, requiere un sistema policial estrictamente subordinado a las directivas de seguridad pública formuladas por las autoridades gubernamentales. La historia reciente demuestra que la delegación de esta responsabilidad permitió la conformación de “estados mayores policiales”, autónomos, que han organizado vastas redes de corrupción, llegando a amenazar incluso la gobernabilidad democrática.
Los lineamientos básicos para una modernización y gestión democrática de las instituciones de seguridad son: la integración de las labores policiales de seguridad preventiva e investigación del delito; la descentralización institucional de la organización policial a nivel distrital y comunal; la integración de la policía con la comunidad y los gobiernos locales en la prevención social de violencia y delito; el control interno de carácter civil y  control externo del desempeño y de la legalidad; el sistema de formación y capacitación policial no militarizado y anclado en valores democráticos; el régimen profesional basado en el escalafón único y las especialidades policiales.

6 Desactivar las redes del delito para reducir la violencia
Las medidas meramente represivas con las que se insiste ante cada crisis de inseguridad apuntan a perseguir los pequeños delitos y a los autores más jóvenes, bajo la falsa creencia de que así se limita el avance de la criminalidad.
La realidad indica que un gran porcentaje de los delitos comunes está asociado a la acción de poderosas redes delictivas y a un importante mercado ilegal de armas que aumenta los riesgos para la vida y la integridad de las personas.
Por lo tanto, reducir la violencia que alarma a nuestra sociedad exige reorientar los recursos de prevención y de investigación penal hacia la desactivación de estas redes de delito y de los mercados ilegales. El Ministerio Público Fiscal, en coordinación con las autoridades de gobierno, tiene un rol fundamental en estas tareas.
Una policía judicial, dependiente del Ministerio Público Fiscal, traerá transparencia en la investigación penal preparatoria.

7 Gestión policial no violenta en el ámbito público
La gestión democrática de la seguridad debe garantizar la regulación del accionar policial en los operativos en el espacio público, tales como espectáculos deportivos, recitales, manifestaciones de protesta social y desalojo de personas. Para ello es fundamental establecer con rango normativo estándares de actuación en el espacio público, de modo de asegurar un uso de la fuerza proporcional, racional y subsidiario y erradicar las prácticas policiales contrarias a esos criterios.

8 El papel de la Justicia
El Poder Judicial y el Ministerio Público tienen una doble responsabilidad fundamental en el impulso de políticas de seguridad democráticas, en la investigación rápida y eficaz de los delitos y el control sobre el uso de la prisión preventiva, las condiciones de detención y la violencia institucional.

9 Cumplimiento de las penas en un Estado de Derecho
En nuestro país hay cerca de sesenta mil personas privadas de libertad. Las condiciones inhumanas de detención, los índices sostenidos de sobrepoblación en cárceles, comisarías e institutos de menores, la ausencia de reinserción social, las prácticas sistemáticas de violencia, tortura y una enorme mayoría de presos sin condena son los rasgos más evidentes de los lugares de detención.
Una política democrática de seguridad tiene que ocuparse por que el cumplimiento de la prisión preventiva y de la pena se dé en condiciones dignas y aptas para la readaptación de la persona condenada y no contribuya, como hasta ahora, a la reproducción y agravamiento de los problemas críticos de violencia, injusticia y delito que se propone resolver.

10 Un nuevo acuerdo para la seguridad en democracia
Para cumplir con la obligación del Estado de dar seguridad a los ciudadanos en el marco de estos principios democráticos es imprescindible alcanzar un acuerdo político y social amplio que permita avanzar en el diseño e implementación de políticas de corto, mediano y largo plazo, orientadas a encontrar soluciones inmediatas y perdurables a las demandas sociales en materia de seguridad.

28 de diciembre de 2009

En el FMI dicen que "es un equipo de lujo"

Beneplácito: los técnicos que controlan las cuentas de la Argentina califican de positiva la integración del gabinete de De la Rúa.

Viernes 26 de noviembre de 1999
Publicado en edición impresa Diario La Nación

La integración del gabinete nacional que anteayer anunció Fernando de la Rúa fue aplaudida por funcionarios del Fondo Monetario Internacional (FMI) que controlan la evolución de la economía argentina, dijo a La Nación una alta fuente de ese organismo.

"Es un equipo de gobierno de lujo" opinó desde Washington un funcionario del FMI con contactos fluidos con nuestro país.

En el organismo "todos están seguros de que podrán trabajar muy bien con el nuevo equipo y seguir manteniendo la excelente relación que la Argentina tiene con el organismo", sostuvo la fuente.

La presencia de José Luis Machinea (Economía), Adalberto Rodríguez Giavarini (Cancillería), Ricardo López Murphy (Defensa) y Juan José Llach (Educación) tuvo un muy buen recibimiento por parte de los funcionarios del organismo.

"Es un equipo de gente experimentada y desde ese punto de vista es algo muy positivo para la Argentina", repitieron. Los cuatro economistas tienen una relación muy fluida con el FMI y en sus últimas asambleas anuales fueron invitados por el organismo a participar.

La decisión de cuándo se hará la misión técnica del FMIse debe tomar en Buenos Aires, no en Washington, respondió la fuente, consultada por el próximo viaje de técnicos del organismo para iniciar las negociaciones para el futuro acuerdo.

Esta misión estará encabezada por Teresa Ter-Minassian y Tomás Raichman.

21 de diciembre de 2009

¿Tropezar otra vez con la misma piedra?

http://www.elargentino.com/nota-70568-Tropezar-otra-vez-con-la-misma-piedra.html


La experiencia histórica demuestra que ningún país desarrollado se consolidó adoptando una especialización en recursos naturales sino que todos atravesaron la industrialización.

Todas las experiencias de desarrollo se hicieron sobre la base de un proceso autocentrado de acumulación. Las políticas implementadas de estas experiencias resultaron de un pensamiento atento a la historia y a la estructura socioproductiva propia y con una clara visión respecto de hacia dónde iba el mundo. Las ideas sobre las cuales se asientan las políticas necesarias para transitar el camino del desarrollo no se pueden importar.

Definir un modelo de desarrollo implica resolver la siguiente disyuntiva: o se insiste con la inserción en el mundo a través de un producto insignia cuyo progreso técnico es mayoritariamente exógeno, y sus encadenamientos en la estructura productiva nacional limitados, y que no resuelve la inclusión social de 40 millones de personas, o, como segunda alternativa, se apuesta al aprovechamiento de las ventajas comparativas en productos agrícolas redireccionando el excedente hacia actividades industriales, la investigación científica, el cambio tecnológico y la educación para insertarse en el mundo con productos que utilicen tecnología propia y que aseguren la inclusión de toda la población.



SOJA. ¿Desde cuándo y por qué producimos soja? Desde mediados de la década de 1970 y como respuesta a que la Unión Europea decidió fijar el arancel a la importación de soja en 0 por ciento. Dicho de otra manera, desde que Europa decidió utilizar su tierra para producir otros bienes. El apoyo subsecuente del sector público a la instalación de plantas “llave en mano” para la trituración, sumado a décadas de esfuerzo del INTA para la difusión de procesos agrícolas y variedades locales, sentaron las bases para la rápida adopción de biotecnologías importadas. Luego se agregaron China e India, que también demandan esta oleaginosa, que transforman en sus propias plantas de trituración en alimento balanceado para producir proteína animal (pollos, cerdos). La Argentina ve así erosionarse las ventajas competitivas de un moderno complejo agroindustrial, del cual no controla la tecnología y que por lo tanto no puede reproducir en forma ampliada. La Argentina debe su modalidad de inserción en la división internacional del trabajo a procesos que le son ajenos y difícilmente reproducibles.

En otros términos, la asignación de prácticamente la mitad del área cultivable de nuestro país a producir soja no fue una decisión propia y su dinamismo se limita a un shock transitorio que la Argentina ni siquiera controla. Nuevamente, ¿nuestro “producto insignia” será uno que vale u$s380 la tonelada o, en cambio, por citar un contraejemplo posible, vacunas a un valor de u$s100.000 por tonelada? Cuesta creer, pero parece que la Argentina se parece al hombre, y puede tropezar con la misma piedra otra vez.

Durante la etapa del modelo agroexportador (1860-1930), la Argentina estuvo inserta en la división internacional del trabajo. El mundo (Inglaterra) demandaba algo que nosotros podíamos producir (carne y cereales). El excedente de esa etapa se utilizó mayoritariamente en acumulación improductiva (consumo suntuario de los grandes propietarios de tierras) y poco en financiar el proyecto ideado por Sarmiento y Alberdi. La prosperidad se confundía con una modernidad de escaparate. El broche de oro demostrativo de la concepción dominante se produjo a raíz de la crisis internacional de 1929 cuando la situación cambió y la Argentina se embarcó en un tratado con Inglaterra (tratado Roca-Runciman) en el cual resignaba un sinnúmero de cuestiones internas al capital inglés con tal de que este país siguiera comprando carne (el tratado sólo contemplaba los intereses de una fracción de la clase dominante).

En estos últimos años, la industria (favorecida por una protección generalizada vía un tipo de cambio competitivo) fue el sector más dinámico, el mercado interno funcionó como motor del crecimiento y el gasto educativo se incrementó, pasando de 4% a 5% del PBI. El año pasado la revista científica británica Nature señaló al año 2008 como el mejor de la Argentina de los últimos 40 en materia de inversión en ciencia (más presupuesto, más becarios, repatriación de investigadores y la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación Productiva). Los científicos argentinos dejan de lavar platos. ¿Alcanza? No, falta mucho.

debe. Entre otras cuestiones pendientes, ahora que la economía se recupera, se hace imprescindible avanzar en una reforma tributaria que le dé más progresividad al sistema y le permita recaudar lo suficiente para financiar una estrategia de desarrollo industrial, posibilitando una inclusión sustentable de la población en el aparato productivo.

También resulta imperioso avanzar sobre la creación de una Agencia Nacional de Comercio de Granos que medie sobre el comercio exterior, una reforma de la Ley de Entidades Financieras, que incluya la generación de una Banca de Desarrollo sobre las instituciones vigentes (Banco Nación, BICE, etc.), una reforma educativa integral, que contemple la doble escolaridad en los niveles iniciales y una orientación productiva en los niveles superiores.

Algunas medidas en este sentido, pero de menor envergadura, han generado una fuerte resistencia, como es el caso de las retenciones móviles. Todo camino hacia un modelo de desarrollo, de país autocentrado, requerirá de la responsabilidad de la dirigencia, dejando a un lado todo tipo de mezquindades y posicionamientos oportunistas.

Gerardo De Santis, Director del Centro de Investigación en Economía Política y Comunicación (CIEPYC - UNLP). Extracto de la editorial de “Entrelíneas de la Política Económica” Nº 23

12 de diciembre de 2009

Récord de científicos en el Conicet

Luego de varios años de exportar hombres de ciencia, en el organismo trabajan 16 mil personas. De ellos, el 33% de los investigadores trabajan en las áreas de biología. El 28% lo hacen en ciencias exactas y naturales y el 20% en ciencias sociales y humanidades. En 2010, el plantel aumentará más

El principal organismo de ciencia de la Argentina, el Conicet, batió un récord histórico en 2009 en la incorporación de científicos, becarios, personal de apoyo y administrativos que trabajan para producir nuevos conocimientos y transferirlos a la sociedad.

Según el informe presentado por Marta Rovira, presidente del organismo este año, el número de investigadores llegó a los 5.800 y los becarios ya son 7200 que con los administrativos y el personal de apoyo, la cantidad de recursos humanos llegó a 15.981 según informa el diario Clarín.

De ellos, el 33% de los investigadores trabajan en las áreas de biología. El 28% lo hacen en ciencias exactas y naturales y el 20% en ciencias sociales y humanidades. El resto trabaja en ciencias agrarias e ingenierías y tecnología y para 2010, el plantel del Conicet aumentará aún más.