Seguridad Social para Todos

La inestabilidad macroeconómica así como la alta incidencia del empleo informal y el desempleo durante períodos prolongados de tiempo generaron interrupciones en las historias laborales que determinan que tampoco sea posible un sistema estrictamente contributivo “bismarkiano” como perdura en el inconsciente colectivo de muchos de quienes piensan en “la plata de los jubilados”.
En ese sentido, la Argentina inició ya un camino de reformas durante el último lustro en materia de seguridad social que va a la vanguardia de lo que acontece en el mundo.
Hoy, producto de la crisis financiera internacional todos los regímenes de seguridad social del mundo desarrollado están sufriendo cambios y la tendencia en esta nueva oleada de reformas es la que también se realizó en la Argentina: una significativa vuelta a los componentes públicos de los tradicionales sistemas de apoyo a ingresos en la vejez.
En un trabajo reciente se advierte que “a medida que los países comenzaron la segunda ronda de reformas, el Banco Mundial – y otras organizaciones internacionales que promovieron las reformas de pensiones que introdujeron cuentas individuales – han reconocido que se debe poner más atención a los mecanismos para reducir la pobreza durante la vejez, para expandir la cobertura y la igualdad, y para proteger a los participantes de los riesgos del mercado. El rol fundamental de las pensiones universales y no contributivas ha sido ampliamente reconocido.”
Los segmentos de la población que no tendrán posibilidades de acceder al sistema cuando lleguen a la edad para jubilarse porque no realizan (o no les realizan) sus aportes previsionales, están contribuyendo a su financiamiento mediante el pago de impuestos. Así, una proporción muy alta de la población es contribuyente de hecho del IVA y otros impuestos regresivos que se utilizan para financiar un sistema previsional al que nunca podrán acceder si no se reformula el sistema. Y los excluidos del sistema previsional están concentrados en los estratos de menores ingresos.
Esta combinación, financiamiento con impuestos regresivos y exclusión de los más pobres, hace que el sistema jubilatorio tal como está pensado sea notoriamente pro-rico y con posibilidades de ser regresivo en términos distributivos.
Por lo tanto, resulta indispensable, siguiendo los principios de una “seguridad social para todos” planteados por la OIT , avanzar hacia un sistema que convine un componente no contributivo “universal”, con uno contributivo que lo complemente.
Para transformarlo en progresivo, el esquema debe garantizar al mismo tiempo, un beneficio jubilatorio para todos los habitantes mayores y un haber creciente de acuerdo a los años de aportes y a los ingresos obtenidos en la vida económicamente activa, pero menos que proporcional en relación a este último.
En línea con esto último es fundamental generar un debate amplio sobre la financiación del Estado en general y del Sistema Previsional en particular.
Así, teniendo en cuenta que los ingresos tributarios (o no contributivos) son indispensables para el sostenimiento del sistema, cualquier propuesta que tienda a desmantelar este financiamiento debe ser desechada o necesariamente reemplazada por otra fuente de ingresos. En estos términos, que sea un porcentaje previo a la coparticipación de los principales tributos nacionales el que este financiando el grueso de los aportes no contributivos al sistema parece el esquema más apropiado.
El reclamo de un “82 por ciento móvil”, que ha sido bandera de los sectores populares desde mediados del siglo pasado en la Argentina, debe ser revisado en función del sistema previsional (y el mercado de trabajo) que nos legó treinta años de ajuste neoliberal para convertirse en una opción seria, responsable y sustentable en el mediano y largo plazo, porque sólo de esa forma será funcional al desarrollo del país.
Pero para lograr eso es necesario un debate racional sobre un tema que muchas veces se torna emocional y lleno de preconceptos. Es necesario, por ejemplo, para por ejemplo explicar a la sociedad que el “82 por ciento móvil” no puede significar que todos los jubilados van a percibir el 82% del salario que disponían cuando se encontraban en actividad y, muy probablemente, ni siquiera uno que se siga relacionando con el lugar de trabajo que ocupó durante su vida activa.
Hoy la movilidad sigue una fórmula implementada por ley y avalada por la justicia que contiene criterios razonables para la sostenibilidad del sistema y la actualización real de los haberes, que es general para todos los jubilados y pensionados.
En cuanto a la regla de determinación del haber, el sostenimiento por ley de una pauta como la del 82 por ciento, por más que se trate de la mínima, establece una rigidez que dependiendo de cuál sea la política seguida con el SMVM puede significar una actualización diferente a la establecida por Ley para el conjunto de los haberes (y una posible contradicción con esta) o directamente estancarse si el SMVM vuelve a dejar de ser un instrumento de política económica, tal como ocurrió en los noventa, tiempos en los que se mantuvo congelado y en el olvido y los convenios colectivos no se tocaban para no perder más derechos.
Por otra parte, como la experiencia de los años setenta y ochenta demuestra, creer que si se usa una fórmula de cómputo como esa se obtendrán haberes más altos es caer en la ilusión de que los problemas del sistema son legales y no económicos, cuando como se explicara, el haber depende del número de beneficiarios y del total de recursos a distribuir.
Respecto de la tasa de imposición, restablecer el 16 por ciento de contribuciones patronales (y sin topes salariales) puede resultar una alternativa a evaluar, teniendo en cuenta la segura resistencia empresaria y su posible traslado a precios y/o pérdida de competitividad en algunos sectores expuestos a la competencia externa.
Sin duda, resulta necesario evaluar si los regímenes especiales que hoy existen (algunos de los cuales volvieron en la etapa actual como el cuerpo diplomático, el judicial y los docentes e investigadores que efectivamente perciben haberes jubilatorios bajo una regla del “82 por ciento”) constituyen verdaderos casos “especiales” o simplemente resultan “privilegiados” del sistema.
Algo similar acontece con los regímenes subsidiados como los monotributistas o el personal doméstico, con aportes inferiores al que correspondería si se tratase de un trabajador autónomo o en relación de dependencia.
El régimen de reparto no obstante es mucho más potente que el de capitalización porque permite una doble solidaridad. Por un lado, la solidaridad intergeneracional propia del régimen que funciona a partir de los aportes de los trabajadores activos que financian a los pasivos. Por el otro, la solidaridad intrageneracional que se origina en la posibilidad de determinar una mejora distributiva entre los jubilados, al permitir que se establezcan relaciones haber/salario distintas entre quienes tuvieron menores ingresos en su vida económicamente activa y quienes estuvieron en los peldaños más altos de la escala.
Combatir los altos niveles de informalidad en la relación de trabajo, aún cuando se sostenga la idea de un régimen no estrictamente contributivo es, junto a la continua generación de empleo, el principal sostén del régimen previsional y por lo tanto debe constituirse en el principal objetivo en la materia.
Profundizar los avances en la reducción del trabajo no registrado, por sobre todas las cosas, es fundamental para garantizar la justicia distributiva del sistema provisional. Mientras no pueda resolverse este problema, es indispensable garantizar un ingreso mínimo a la vejez para todos aquellos que no pudieron realizar los aportes necesarios para acogerse el régimen jubilatorio. El Plan de Inclusión Previsional cumplió un rol central en este aspecto al permitir acercarse a la universalización del sistema, después de tantos años de deterioro en la cobertura de la población en edad de jubilarse.
En definitiva, resulta necesario implementar acuerdos de largo plazo en cuanto al marco normativo y las fuentes de financiamiento para diseñar un sistema de seguridad social único y sustentable con objetivos claros para la sociedad para no caer en una nueva decepción ni una nueva frustración para con los adultos mayores.
El contexto actual, con un esquema de seguridad social más justo y solidario, mayor recaudación tributaria y previsional, mejor gestión de la ANSES, habiendo terminado con el negocio especulativo de las AFJP y recuperado el ahorro nacional que producto del sistema previsional ahora es administrado con sentido público por parte del Estado, ampliando la cobertura a 2,4 millones de personas que estaban privadas de ese derecho, brindando aumentos que multiplicaron por 7 el haber mínimo en 7 años y estableciendo por ley una actualización semestral para el conjunto de los haberes, es más que auspicioso para pensar en la continuidad de las reformas y el sentido de las mismas hacia una seguridad social para todos.