18 de agosto de 2010

La sostenibilidad del régimen

Un sistema de reparto se basa implícitamente en un contrato inter-generacional entre la clase activa y la pasiva y la viabilidad en el cumplimiento de dicho pacto inter-generacional depende en gran medida de la relación entre el número de trabajadores activos aportantes y el número de pasivos beneficiarios.
Resulta por lo tanto importante verificar que en la actualidad la relación entre aportantes al régimen (los 8,5 millones de trabajadores formales que aportan a la ANSES) y beneficiarios del mismo (aproximadamente 5,6 millones de jubilados y pensionados), o coeficiente de sostenimiento del régimen de reparto, es de, apenas, 1,5 (acá también impacta el hecho de la incorporación de nuevos beneficiarios por la moratoria previsional).
En este caso no sólo el envejecimiento de la población y la baja tasa de natalidad explican el bajo coeficiente entre aportantes y beneficiarios, sino la aún muy importante ilegalidad en la que se desenvuelven aproximadamente y en promedio el 40 por ciento de las relaciones laborales.
En efecto, el total de ocupados en la Argentina es de 16,5 millones de personas, de los cuales unos 6,5 millones son asalariados que no hacen aportes al sistema por desempeñarse en la economía no registrada, con porcentajes mayores de informalidad en los sectores de servicio doméstico y el empleo rural, regímenes para los cuales también se impulsan en estos momentos en el Congreso nuevas regulaciones de trabajo que fomenten la registración y los beneficios laborales y de la seguridad social.
Pero volviendo a la cuestión del coeficiente de sostenimiento (entre aportantes y beneficiarios) del sistema previsional, si bien la alta proporción de trabajadores no registrados influye negativamente en la sustentabilidad de un sistema de reparto, los datos revelan que aún incorporando a la totalidad de los trabajadores no registrados esta relación no llega a 3 aportantes por cada beneficiario, cuando tradicionalmente se planteó que un sistema de este tipo requiere una relación de 4 activos por cada pasivo para lograr autofinanciarse (para una tasa de imposición promedio sobre el salario del orden del 25%).
En consecuencia, aún si se lograse el pleno empleo y el registro de toda la población económicamente activa, el sistema tendría dificultades para su autofinanciamiento habida cuenta que el envejecimiento de la pirámide poblacional aporta lo suyo para el futuro: basta recordar que para el año 2030 la población de más de 60 años proyectada será el 17,5% del total y para el 2050 superará el 23%.
Por lo tanto es vital para un sistema previsional, incluso uno de capitalización, el crecimiento del nivel de actividad, del empleo registrado y de los salarios reales para aumentar y estabilizar el coeficiente de sostenimiento del sistema.
Según los datos de 2009, el déficit previsional puro fue del orden de los $30.000 millones, con lo cual en un sistema sin ingresos no contributivos el haber medio debería ser inferior o los aportes y contribuciones más elevados para equilibrar el sistema.
Esto es así porque en un régimen contributivo de reparto, la relación entre el haber medio y el salario de un trabajador activo depende de la relación entre el número de aportantes activos al sistema y el número de jubilados así como de la tasa de imposición personal y patronal sobre el salario. Si la relación entre aportantes activos y beneficiarios cae, como efectivamente ocurrió en la Argentina, para mantener una cierta relación entre el haber jubilatorio y el salario (por ejemplo 70% u 82%), se debe aumentar la tasa de los aportes personales o contribuciones patronales, o bien crear nuevos impuestos y salir de la lógica de un régimen puramente contributivo.
En efecto esto es lo que ha hecho la Argentina desde mediados de los años ochenta cuando empezó a incorporar recursos tributarios para financiar el déficit previsional. En la actualidad, como ya se dijo, el sistema recibe entre un 40 y un 45 por ciento de sus ingresos de orígenes “no contributivos”, y esto se utilizó en el último quinquenio para extender la cobertura a 2,4 millones de adultos mayores y poder pagar jubilaciones y pensiones superiores a las que determinaría un esquema contributivo puro.