Las principales propuestas de la oposición en discusión son dos:
1) elevar y fijar el haber mínimo en una relación de 82 por ciento (hoy representa el 60 por ciento) respecto del salario mínimo vital y móvil (SMVM), esto es elevarlo de los $1.046 que ya se anunció regirán a partir de septiembre a $1.427 (el SMVM será de $1.740 desde ese mes y de $1.840 a partir de enero de 2011), y
2) actualizar el resto de los haberes no mínimos, es decir, “desachatar” la pirámide, teniendo en cuenta las variaciones de los salarios en el período 2002-06, que resultó el período con menores aumentos para estos jubilados con apenas el 10% en 2004 y el 11% en 2006. El incremento beneficiaría a unos 800 mil jubilados y el aumento sería hasta alcanzar el aumento del 88 por ciento que estipuló la Corte Suprema de Justicia en el caso Badaro para dicho período.
De implementarse ambas medidas, el costo fiscal anual estimado asciende a más de $ 35.000 millones (2,5 por ciento del PBI) y el proyecto no contempla el origen del financiamiento. Esto resulta violatorio del artículo 38 de la Ley 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional que dice que “Toda ley que autorice gastos no previstos en el presupuesto general deber especificar las fuentes de los recursos a utilizar para su financiamiento” y el artículo 5 de la Ley 24.629 de Ejecución del Presupuesto y la Reorganización Administrativa: “Toda ley que autorice o disponga gastos deberá prever en forma expresa el financiamiento de los mismos. En caso contrario quedará suspendida su ejecución hasta tanto se incluyan las partidas correspondientes en el presupuesto nacional”.
Las alternativas para financiar un incremento de esas características bajo las circunstancias del sistema actual, serían:
1) incrementar el coeficiente de sostenibilidad (esto es crear más aportantes activos por cada pasivo) mediante la disminución de la informalidad, el desempleo y la creación de más trabajo decente, lo cual es deseable pero que los avances en la materia en estos últimos siete años demuestran lo complejo de avanzar con mayor velocidad en el logro de esos objetivos de mediano plazo mientras que el déficit del sistema se origina en el presente;
2) aumentar la tasa de imposición sobre el trabajo. En efecto uno de los proyectos (con dictamen de minoria) estipula el retorno de las contribuciones patronales al 33% (16% para el sistema previsional, 2% para el PAMI, 7,5% para las asignaciones familiares, 1,5% para el fondo de empleo y 6% para las obras sociales) vigente antes de la reforma de 1993, aunque sería solo para las empresas grandes.
Esos aportes fueron recortados con el argumento de que achicar los costos empresarios aumentaría la competitividad y favorecería el trabajo registrado. Sobre esto último la realidad demostró que no fue cierto, sobre la competitividad el argumento sigue siendo válido en sentido inverso.
Hoy restituir los aportes patronales como una fuente legítima de financiamiento del sistema de seguridad social, sobre todo si se plantea como posible la segmentación para determinados tipos de empresas, puede resultar justo en términos de la distribución de la carga entre capital y trabajo. Sin embargo deberían analizarse con más detalle muchas de las implicancias y efectos dado que hoy también existen reducciones por localización y pagos a cuenta de impuestos nacionales que deberían ser estudiados antes de realizar las modificaciones y calcular los beneficios impositivos.
Respecto del impacto fiscal, en un proyecto presentado en el Congreso en abril de este año por el bloque Proyecto Sur se propuso esta suba de las contribuciones y se estimo el beneficio fiscal en $15.000 millones al año. En dicho proyecto se los destinaba a compensar la eliminación del 15 por ciento de la coparticipación que se destina a la ANSES por un monto semejante, de cualquier forma no resulta por si sola una medida suficiente.
3) congelar el salario mínimo vital y móvil. Ya sucedió, durante el ahogo financiero del sistema previsional en los años ochenta, o durante la crisis fiscal (provocada en parte por la reforma previsional) del régimen de convertibilidad, cuando tanto el haber jubilatorio como el salario mínimo perdieron significación en términos relativos e incluso en términos absolutos, facilitando el cumplimiento de la pauta de la relación haber / salario.
En efecto, durante todos los años noventa el haber jubilatorio fue de $150, el equivalente al 75 por ciento del SMVM que estuvo congelado durante la década en $200 perdiendo relevancia efectiva en un mercado de trabajo cada vez mas segmentado y con salarios por debajo de la línea de pobreza.
4) subir impuestos claramente es una alternativa al momento de pensar en aumentar prestaciones de la seguridad social o incrementar el gasto público social. Sin embargo no se ha presentado ninguna propuesta que contemple esto, sino más bien lo contrario (reducción de retenciones a los productos del agro, quitar el 15% de la pre coparticipación que financia la ANSES, aumento en el mínimo no imponible de ganancias, etc.).
En este sentido las alternativas llevan la discusión a la necesidad de pensar una reforma paulatina de la estructura tributaria. Aún hay camino por recorrer en cuanto a gravámenes sobre rentas que no son alcanzadas y deberían ser contempladas y/o modificaciones varias para realizar entre los impuestos vigentes para analizar de forma de alcanzar una carga tributaria más progresiva que coopere con el objetivo social de la redistribución de la riqueza.
5) reasignar partidas presupuestarias fue la repuesta más elaborada por parte de quienes defendieron los proyectos de aumento en el haber mínimo. Los subsidios a las tarifas de gas, luz y transportes fueron las más mencionadas. Al respecto no cabe más que esperar ya que en efecto corresponde al Congreso de la Nación discutir sobre la distribución del presupuesto nacional y en breve podremos analizar las propuestas de los distintos bloques sobre la formulación presupuestaria para el año próximo.
