LA ACTUALIZACIÓN DE LOS HABERES Y LOS MÁXIMOS

La generalización del caso Badaro genera una gran cantidad de controversias. Las más destacadas son dos: la inconsistencia financiera del sistema y el impacto regresivo en términos distributivos.
La primera de ellas se origina en que el sistema actual tiene topes máximos, tanto para los haberes como para los aportes personales. Desde la aplicación de la Ley 24.241 rige una base imponible máxima para la determinación de los aportes personales, que fue actualizado por última vez mediante la resolución 651/10 a partir de septiembre de 2010 en $11.829,11. En consecuencia, la actualización de los haberes sin ningún tipo de tope se contradice con el límite vigente para el financiamiento. El régimen de reparto se basa en el mecanismo de que los activos de un determinado momento financian el pago de las jubilaciones a los pasivos de ese momento. Si los aportes tienen tope y los haberes no, es evidente que el sistema no podrá ser sustentable y tenderá a desfinanciarse a medida que la brecha jubilación máxima / aporte máximo se profundice. En la actualidad esta inconsistencia no rige porque la Ley 26.417 establece, en su artículo 9º, un haber máximo que con la Resolución antes citada se fijó a partir de septiembre en $7.666. La actualización siguiendo lo dispuesto en el caso Badaro vulnera este límite, incluso en el propio caso a seguir.
La segunda controversia esta relacionada a la anterior y surge al proponer un aumento proporcional a todos los haberes superiores al mínimo. Al hacerlo, se refuerza el carácter pro rico que tiene todo sistema previsional al tender a distribuir beneficios más elevados a quienes están en los estratos más altos de la población. Esto no transforma al sistema en regresivo, porque los estratos más pobres siguen recibiendo prestaciones proporcionalmente mayores en relación a sus propios ingresos. Pero el proyecto analizado en particular sí es regresivo porque si se aprobase (o, para ser más preciso, si se promulgara) conllevaría un aumento del 36% en los haberes mínimos y del 88% en los más elevados.
Por lo tanto, la propuesta en conjunto tiene un impacto regresivo que tiene como correlato una reducción de la progresividad del sistema y la profundización de su carácter pro rico.