La educación es de los pocos temas que generan un consenso casi absoluto. ¿Quién se atreve en la actualidad a plantear que la educación no debe ser una prioridad? Esto no pasaba en el siglo XIX, es una victoria del desarrollo y consolidación del Estado democrático y social de la segunda mitad del siglo XX.
Ahora, desde distintas concepciones (con un sinnúmero de diferencias de fondo) se reconoce y se exige la intervención del Estado para garantizar el acceso del conjunto de la población a la educación. Hasta el Consenso de Washington, en su decálogo de propuestas, excluye a la educación de la lógica del ajuste, aunque recomienda priorizar el nivel primario.
Sin embargo, estos consensos no se condicen con los resultados alcanzados por los sistemas educativos a partir de las experiencias surgidas desde mediados de los años ’70, crisis de los Estados Benefactores y dictaduras mediante.
Fuertes cambios se sucedieron en el país en la primera década del nuevo siglo. Desde el Estado se llevó a cabo un temible ajuste fiscal (similar al que se pretende realizar en Europa) y de la economía que culminó en la crisis del régimen de convertibilidad y dejó sumidos en el desempleo y la pobreza a más de la mitad de los argentinos. Luego, la devaluación del peso, la reestructuración de la deuda externa y una menor vulnerabilidad a los movimientos financieros especulativos de corto plazo, modificaron sustantivamente la relación de la economía argentina con el resto del mundo. En paralelo, se reconquistó la capacidad de hacer política monetaria y fiscal y el Estado recuperó un rol protagónico en la definición de ambiciosos planes de inclusión social e infraestructura.
En ese nuevo contexto, uno de los principales logros de la Argentina, demandado e incumplido durante décadas, en lo que se refiere al rol del Estado como garante del derecho a la educación, se da con el cumplimiento de lo dispuesto por la Ley 26.075 de Financiamiento Educativo, sancionada en diciembre de 2005. Así, por primera vez en la historia de la Argentina moderna se alcanza una inversión en educación, ciencia y tecnología del 6 por ciento del PIB, que constituye un piso indispensable para pensar un país diferente.
Hoy, el Bicentenario nos invita a renovar el sentido de la Educación como objetivo de largo plazo para alcanzar una sociedad más justa, igualitaria y en desarrollo. Se requerirán muchos años de políticas educativas, económicas y sociales coherentes y consistentes, para revertir las tendencias desintegradoras sobre el sistema educativo que se arrastran de tantos años de aplicación de políticas equivocadas. No será tarea fácil, pero reinstalar el valor de la educación en la sociedad implica una tarea de todos.
En este número de Entrelíneas, destinado exclusivamente a la educación, intentamos aportar algunas miradas a este desafío.
