15 de junio de 2010

La otra redistribución del ingreso

Publicó Maximiliano Montenegro en La Nación
"Existe la creencia, en algunos círculos políticos e intelectuales, de que el kirchnerismo alumbró en estos años una nueva lógica de intervención estatal, que supondría una fuerte redistribución de ingresos en favor de los más pobres en detrimento del capital concentrado y de las clases medias altas y altas."

Bueno yo me considero uno de esos que sí cree que en muchos aspectos este gobierno alumbró una lógica distinta de intervención estatal, diferente de la propia de los años de la convertibilidad y de los designios de la ortodoxia económica y los mandatos del FMI. Si digo en muchos aspectos es porque me alcanzan como para definir un cambio de época, una nueva etapa, una contra-reforma respecto del Estado de los noventa y el modelo neoliberal impuesto desde mediados de los setenta. Si digo en muchos es porque no digo en todos, y si digo esto es porque queda un camino por recorrer, pero sin negar que ese camino se abrió a partir de muchas iniciativas de este gobierno. Y porque creo que ese camino por recorrer tiene mucho que ver con continuar con la redistribución del ingreso es que posteo el resto de la nota, al menos para tener en cuenta algunos conceptos que comparto hay que revisar.

Continua Montenegro: "Sin embargo, por lo menos por ahora, la realidad abre un interrogante sobre esa idea tan difundida. El principal programa de redistribución de ingresos desde el Estado durante la era K es -como admiten los propios funcionarios- la asignación "universal" por hijo, que recién se instrumentó a partir de diciembre pasado.
Pero aun esa formidable y demorada medida luce exigua en su actual diseño frente a otras transferencias monetarias menos publicitadas por los medios oficiales. Veamos los números.
Según un estudio del diputado Claudio Lozano, asistido por un equipo de investigación encabezado por el economista Tomás Raffo, la asignación por hijo cubre actualmente a 3,4 millones menores de 18 años. Sobre la base del cruce de datos de la Anses y el Indec, todavía quedan en el país 2,8 millones menores pobres sin ninguna clase de protección estatal, a los que debería extenderse la asignación antes de ser llamada "universal".
De los 3,4 millones niños y adolescentes que perciben la asignación por hijo, sólo 1,5 millones estaban antes excluidos de toda asistencia social. En cambio, 1,9 millones fueron traspasados de otros planes (Familia, Madre de más de 7 hijos, Empleo y Capacitación, etc.), que se dieron de baja al empezar a cobrar la asignación.
Para este año se preveía un financiamiento total para la asignación por hijo de 8400 millones de pesos. Pero, según el informe de Lozano, se ahorrarán $ 4100 millones por las bajas de beneficiarios de los programas sociales antes mencionados. Así que el "costo fiscal neto" de la asignación será de 4300 millones de pesos. Es interesante la comparación de ese monto con otras "transferencias" fiscales que realizará el Estado en 2010. Por ejemplo:
  • Por la desgravación impositiva a la renta financiera, ganancias de capital y compraventa de títulos y acciones, el Estado perderá de recaudar unos $ 6000 millones. El cálculo figura en el Presupuesto con el título de "gasto tributario". Vale recordar que tales exenciones al impuesto a las ganancias que favorecen a los sectores más acomodados ya fueron eliminadas en Brasil, Chile, Uruguay, Colombia, México y Paraguay, al igual que en la mayoría de los países desarrollados.
  • En una estimación conservadora (del ex ministro de Economía Martín Lousteau), $ 12.000 millones en subsidios a la energía y el transporte van a los bolsillos de los sectores medios y altos. (El ejemplo más absurdo: en Barrio Parque o en un country de la zona norte el metro cúbico de gas cuesta 30 centavos, mientras que una familia que vive en la villa y usa garrafa paga cuatro veces más: 1,2 pesos el metro cúbico.)
  • Este año el fisco dejará de recaudar -según cálculos de la AFIP- $ 5000 millones por la eliminación de la "tablita" de Machinea, que benefició a los que cobran más de $ 7000 mensuales de bolsillo. (La famosa "tablita" estaba mal diseñada, pero la magnitud de la transferencia de ingresos directa a 500.000 empleados desde 2009 al suprimirse por completo es lo destacable aquí.)
  • Por los regímenes de promoción industrial heredados de la dictadura -recientemente prorrogados- y de promoción minera, el Estado recompensará a un selecto grupo de empresas con $ 4700 millones de pesos en desgravaciones impositivas.
El listado de transferencias "por arriba" podría ampliarse con los subsidios que otorga la Oncca a establecimientos agroindustriales ($ 6933 millones desde 2007), una porción de los cuales sólo mejora la ecuación de grandes empresas (aceiteras, molinos, usinas lácteas, feedlots ) sin traducirse en alimentos baratos para los más pobres. Los créditos para la compra de automotores destinados a la clase media financiados por la Anses, cuando el 80% de los haberes que paga el organismo ronda la jubilación mínima. O el régimen de "promoción de inversiones en bienes de capital y obras de infraestructura" -que vence en septiembre próximo- con beneficios fiscales por $ 1500 millones para cinco compañías líderes en sus mercados.
Todas medidas que, a la hora de encontrar una lógica donde no siempre la hay, apuestan en teoría al derrame.