Revertir las tendencias desintegradoras sobre el sistema educativo no es tarea fácil. Se necesitan años de políticas educativas, pero también económicas y sociales, para que las mejoras en los resultados se produzcan.
Políticas de largo plazo, sustentadas en una inversión educativa constante y que formen parte de una decisión de Estado, como la adoptada con la Ley de Financiamiento Educativo, que ha permitido alcanzar una inversión superior al 6 por ciento del PIB, meta planteada como ideal por la UNESCO.
