El Congreso convirtió en ley, diez días atrás, un proyecto que elimina la prohibición que existía para que el salario mínimo, vital y móvil pueda ser considerado como referencia para otras variables de la economía. El proyecto había sido presentado por el diputado del oficialista Frente para la Victoria, Héctor Recalde. Finalmente, la ley se aprobó gracias a los votos de la oposición. La norma facilita el camino para los proyectos de ley que buscan vincular el haber mínimo del sistema jubilatorio al sueldo básico de los trabajadores activos.
Hoy volvemos a leer en La Nación que varios proyectos, presentados por legisladores de la Unión Cívica Radical, del socialismo y también por el oficialista Juan Carlos Díaz Roig, buscan disponer que la jubilación garantizada sea del 82% del sueldo mínimo, que hoy es de $ 1500 (el haber pasivo sería entonces de $ 1230). Una propuesta de la diputada Fernanda Reyes y sus pares de la Coalición Cívica impulsa que la jubilación mínima sea equivalente a la remuneración básica. Varios proyectos legislativos, contemplan también una actualización del valor de las jubilaciones y pensiones, respetando lo dispuesto por la Corte Suprema. En el fallo "Badaro", los jueces declararon que los haberes debieron haber aumentado a partir de enero de 2002 siguiendo la evolución de los salarios activos, lo que implicaría una suba del 88,5% entre ese mes y diciembre de 2006.
Hasta aquí todo bien, para pensar y evaluar como conveniente tomando los recaudos del caso (por ejemplo respecto de la diferente - menor- actualización general, la sostenibilidad del sistema y los reparos del Ministro Tomada sobre los riesgos que implica sobre el salario mínimo).
Pero luego seguimos leyendo que "según diputados de la oposición, los recursos para hacer frente a las mejoras jubilatorias deberían salir del fondo de garantía del sistema que administra la Anses. Ese fondo, integrado básicamente con lo que estaba en las cuentas de ahorro de los ex afiliados al eliminado régimen de capitalización (AFJP), tiene activos que hoy valen unos 150.000 millones de pesos. El argumento es que hoy se acumulan allí recursos, a la vez que el Estado suma cada vez más deuda con los jubilados, muchos de los cuales tienen que recurrir a la Justicia para reclamar lo que les corresponde."
Y entonces me pregunté y recordé que habían votado esos mismos diputados cuando se trató en el Congreso la creación del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). Lo busqué y comprobé lo que sospechaba, la UCR, el PRO, la CC, el GEN y lo que hoy se llamaría el PJ Federal votaron en contra! Una muestra de que la oposición recapacita?
Para tener en cuenta, en su última visita al Congreso, el director ejecutivo de la Anses, Diego Bossio, explicó que generalizar el cumplimiento de la sentencia Badaro implicaría para el sistema un costo de $ 12.000 millones al año, en tanto que disponer que la jubilación mínima sea del 82% significaría una erogación adicional de $ 22.400 millones.
