Uno de los pilares del esquema macroeconómico lo constituye el aumento de la intervención del Estado en la economía y en particular la acción directa que se traduce en mayor gasto público. La actual discusión por el uso de las reservas para el pago de deuda reinstaló el debate sobre el déficit fiscal e incluso dio lugar a proyecciones alarmistas sobre un supuesto agujero fiscal imposible de tapar. Sin embargo, las cuentas públicas no evidencian una situación insostenible.
La situación fiscal consolidada durante los años de fuerte crecimiento permitió que durante 2009 se pueda combinar la expansión del gasto público y su aporte a la demanda agregada con el equilibrio en las cuentas públicas.
La creación del SIPA permitió redireccionar el ahorro nacional con fines estratégicos y ayudó a financiar el incremento del gasto sin necesidad de apelar a nuevos recursos impositivos o a la disminución de otras partidas del gasto público, medidas que en un contexto de retracción de la demanda internacional y pérdida de recursos fiscales provenientes del comercio exterior hubiesen profundizado los efectos recesivos de la crisis, como ya aconteció durante experiencias pasadas.
¿Y ahora qué?
La falta de acceso al crédito internacional no ha sido durante los años recientes un obstáculo para crecer ya que el ahorro nacional público y privado ha sido positivo. Es de esperar además que el actual superávit comercial y de cuenta corriente subsista a la par que el ingreso de divisas al BCRA. Por lo tanto no se avizora una restricción al crecimiento por el lado externo.
En el aspecto fiscal, los pronósticos de crecimiento del PIB ampliamente compartidos por todos los analistas auguran la recuperación de los recursos tributarios, incluidos aquellos provenientes de un comercio externo repuesto en precios y cantidades.
Así, en medio de un nuevo ciclo de fuerte crecimiento, los recursos públicos se situarán en línea con el crecimiento necesario del gasto generando el retorno de la ecuación fiscal a la situación de equilibrio preexistente.
En virtud de esto, el anunciado canje de deuda y la vuelta a los mercados sólo debería servir para reducir el posible costo del endeudamiento y cooperar con la política anunciada desde el BCRA de reducir las tasas de interés y redireccionar el ahorro nacional al desarrollo productivo, de modo de mejorar la competitividad para enfrentar la restricción de divisas y generar el empleo que se necesita para superar la brecha social.
No se trata de no negociar con los mercados sino de definir bajo qué circunstancias hacerlo para obtener de esa forma soluciones convenientes al desarrollo del país. De otra forma, el endeudamiento público puede resultar la repetición de un camino que ya transitamos y que no deberíamos volver a recorrer.
Parece preferible en términos económicos avanzar con las reformas pendientes en materia tributaria (gravar rentas hoy exentas y desalentar la especulación financiera, entre otras) a la hora de pensar la sostenibilidad en el largo plazo del crecimiento del gasto público.
