27 de mayo de 2010

"Hay que seguir avanzando hacia una estructura industrial más diversificada"

En línea con post anteriores y lo que venimos planteando desde el CIEPYC, el ministro de Economía sostiene en esta nota la necesidad de mantener un tipo de cambio administrado para que "siga manteniendo la competitividad" y pondera la política de acumulación reservas, que "desalienta movimientos especulativos contra el peso". Define el rol que es "estratégico" y contracíclico de la política fiscal.

–¿Cuál debería ser el valor del tipo de cambio? ¿Por qué?
–El nivel nominal del tipo de cambio respetará los lineamientos planteados en el Presupuesto Nacional 2010, administrándolo para que siga manteniendo la competitividad de la economía argentina. Al nivel actual, los estudios técnicos indican que el tipo de cambio real en la Argentina sigue siendo competitivo, tanto en términos multilaterales como en relación con el dólar. Esta decisión no es arbitraria: tiene efectos positivos sobre las exportaciones y, además, junto con otros instrumentos de política, permite una diversificación de la canasta exportadora, estimulando aquellas industriales y de mayor valor agregado. Al mismo tiempo tiene efectos sobre el empleo y sobre la configuración de la estructura productiva.

Por su parte, la política de acumulación de reservas desalienta movimientos especulativos contra el peso y evita desequilibrios futuros que históricamente terminaban en el país, en devaluaciones descontroladas, con efectos perniciosos sobre el nivel de actividad y los salarios.

Además, el fuerte desendeudamiento que viene llevando adelante el Gobierno desde el año 2003 ha quitado el principal elemento de tensión sobre el mercado de cambios de corto y largo plazo como cuando la carga de la deuda superaba el tamaño del PBI (y en el 2003 llegó a ser cerca del 170% la relación deuda /PBI). Haber finalizado con más de tres décadas de políticas de endeudamiento estructural han quitado tensiones sobre la situación fiscal y también sobre el tipo de cambio, además de permitir reorientar las erogaciones del presupuesto público hacia el sistema jubilatorio, la inversión en infraestructura y las cuestiones sociales.

–¿Que política fiscal necesita el país en el rumbo económico que usted concibe?
–La política fiscal tiene un rol estratégico, además del contracíclico, a la hora de enfrentar una contracción del nivel de actividad como la experimentada durante 2009.

En cuanto a su rol estratégico, la política fiscal tiene dos grandes objetivos. Por un lado, mediante el impulso del gasto social como herramienta central para redistribuir ingresos y bajar la pobreza y fortalecer el mercado interno. En este marco se ubica en forma destacada la asignación universal por hijo. Por el otro, a través del crecimiento de la inversión pública a los fines de mejorar la eficiencia global del sistema económico y aumentar la productividad de la economía. Pese al enorme esfuerzo fiscal realizado en medio de la crisis –del orden del 4,7% del PBI– y que en buena medida es responsable de la fuerte recuperación que atraviesa hoy la economía argentina, la expansión resultante está conduciendo a una rápida recuperación de la recaudación, dejando una situación fiscal global sólida y enteramente manejable. Este esquema de política económica permite así recuperar el espacio nacional como un espacio de realización cada vez más autónomo de los avatares del mercado mundial.

La combinación virtuosa de una sólida política fiscal, junto a una estrategia de desendeudamiento no apoyada en el ajuste y el sostenimiento de la competitividad externa, han permitido preservar el empleo sin deteriorar los salarios, conformando una matriz central de la estrategia económica.

Además, el cambio conceptual de políticas fiscales procíclicas hacia un esquema contracíclico como el implementado por la Presidenta en el 2009 ha mostrado su efectividad. Es por esto que nos preocupan tanto las medidas que se están implementando en las crisis como la griega; sin duda, el resultado va a ser un empeoramiento de la situación, ya que no se acometen tareas estructurales sino, simplemente, un salvamento de los acreedores que reduce la capacidad de generación de riqueza (y por ende de capacidad de pago) y empeora la situación de los ciudadanos griegos.

–¿El Estado debería intervenir en los mercados? ¿Por qué? ¿De qué manera? –A partir de las crisis –argentina de 2001 e internacional de 2009–, sabemos que la “mano invisible” del mercado no conduce a un equilibrio económico que conlleve bajo desempleo y una distribución progresiva del ingreso. Existen demasiadas externalidades y fallas de mercado en un sentido técnico para tener una visión ingenua en este sentido. Concentración económica y poder de mercado, asimetrías de información, distribución del ingreso inadecuada, acceso diferencial a servicios públicos, acceso al crédito, son, entre otros problemas, para la asignación eficiente de recursos a través del mercado sin guías. Por ende, como ocurre hoy en todas partes del mundo, el Estado debe intervenir regulando la evolución global del sistema económico, mediante múltiples canales, como el crédito, el gasto en infraestructura social, el nivel de inversión, la regulación de los principales precios de la economía, la redistribución de rentas, etcétera, a los fines de modelar una estructura productiva inclusiva y favorable al desarrollo económico. En suma, la intervención pública se manifiesta fundamentalmente en la regulación de los mercados, las políticas de redistribución del ingreso y el sostenimiento de un tipo de cambio competitivo.

Esto se ha hecho particularmente evidente en el sistema financiero, donde todos los países miembros del G20 (del cual nuestra Presidenta es una de las líderes más destacadas en cuanto a la visión y propuestas) han definido la necesidad de una mayor regulación sobre los productos financieros, las remuneraciones gerenciales de los bancos y el tratamiento de los paraísos fiscales. Esperamos que este año en las reuniones de Corea y Canadá esta decisión se convierta en hechos concretos porque es parte de los cambios estructurales imprescindibles para una verdadera recuperación de la economía mundial.

–¿De qué modo prevé incrementar las inversiones productivas?
–El factor principal que estimula a la inversión privada reproductiva es el crecimiento del tamaño del mercado. Una demanda agregada creciente y estable es el principal factor de optimismo en la formación de las expectativas empresarias, como lo demuestra el comportamiento de la inversión en la Argentina entre 2003 y 2008. En este sentido, seguir afianzando el mercado interno y mejorando la distribución del ingreso son parte de la agenda central de la política económica. Además, este estímulo a la inversión privada debe asociarse y complementarse con el aumento de la inversión pública en infraestructura, como vino ocurriendo desde 2003, justamente en aquellos sectores que por razones particularmente de escala, resultan más difíciles de acceder para el capital privado.

Para acompañar este proceso, el Gobierno nacional decidió, a partir de mediados del año pasado, dar por terminado el episodio traumático del default del año 2001, permitiendo, mediante la operación de canje en marcha, que la Argentina acceda nuevamente a los mercados internacionales para mejorar de esta forma las expectativas y las condiciones de financiamiento a la inversión, particularmente del sector privado local. Por último, se hace necesario profundizar, desde el Estado y desde la banca privada, el apalancamiento de la inversión a largo plazo a través de un sistema financiero que estreche su vínculo con la actividad productiva y la potencie.

La necesidad de impulsar un proceso de inversión privada es central, ya que esto significa parte de la demanda agregada en el momento que se realiza, reforzando la potencialidad del mercado interno, y aumento de capacidad productiva y productividad a mediano plazo.

–¿Cree que es necesario redefinir a la estructura productiva que hoy tiene como eje al sector primario? ¿Por qué?
–En principio, la economía argentina actual no está basada exclusivamente en el sector primario. En efecto, la actividad agropecuaria, por ejemplo, ocupa el octavo lugar entre los sectores que integran la economía argentina en términos de su participación en el PBI. No obstante, la necesaria diversificación de la estructura productiva comienza por transformar la estructura de nuestras exportaciones, hacia un contenido con mayor presencia de bienes industriales y de mayor valor agregado. La industria debe contribuir a producir las divisas que genera su expansión y la del mercado interno. Esto es imposible sin políticas macroeconómicas y de desarrollo adecuadas, como ser el tipo de cambio competitivo, un sistema financiero saneado, desendeudamiento del sector público, superávit fiscal y de balanza comercial y políticas sectoriales de integración de la cadena de valor y una política de sustitución inteligente de insumos y productos importados.

La industria no puede exportar ni se pueden diversificar las ventas externas en medio de procesos persistentes de retraso cambiario, como sucedió en otras épocas en nuestro país. Tampoco si los vaivenes del mercado mundial son los que terminan modelando la estructura interna. Por eso, no hay muchas opciones: se deben “administrar” las señales de precios del mercado internacional, para “traducirlas” en función de una estructura productiva interna que haga factible el desarrollo económico y social. Si los precios relativos internacionales se traducen al mercado interno sin interferencia (como las retenciones u otras intervenciones posibles del Estado), el sector primario (agropecuario) pasaría a ser un mero apéndice del mercado mundial, como en los viejos tiempos del modelo agroexportador, y el país se desindustrializaría nuevamente. Esto también puede ocurrir si no se implementan políticas adecuadas en los sectores industriales, donde las decisiones globales de las empresas multinacionales pueden determinar la viabilidad y sustentabilidad de procesos productivos locales en ausencia de una estrategia nacional.

Pese a lo que se repite sin fundamento respecto de la incidencia del sector agropecuario, el conjunto del agro y del sistema agroalimentario generan menos del 20% del empleo. Por eso hay que seguir avanzando hacia una estructura más diversificada y compleja.

–¿Cree necesario modificar al actual esquema de distribución del ingreso? ¿A favor de quién? ¿De qué modo?
–El salario de los trabajadores sufrió un continuo proceso de deterioro desde 1976. Fue la variable de ajuste sistemática y permanente de un modelo de exclusión, con bajo crecimiento del producto y alto desempleo. Por eso hay un amplio consenso social y político acerca de que debe mejorarse la distribución a favor del salario de los trabajadores activos y del sector de la tercera edad. Se debe seguir en el camino de mejoras de la distribución funcional del ingreso a favor de los trabajadores a través de los instrumentos que el gobierno ha desarrollado desde 2003. Si bien la distribución funcional del ingreso ha mejorado significativamente durante este gobierno y el anterior, generando un cambio de casi 10 puntos porcentuales a favor de los asalariados, la participación de los asalariados en el ingreso para 2008 alcanzó al 43,7% del PBI, poniendo en evidencia que aún hay un camino por recorrer. Existen distintos canales para hacerlo.

El principal se relaciona con el aumento del empleo decente y los altos salarios. En este sentido, la discusión de salarios en paritarias es una herramienta institucional de alta calidad y eficiencia que está funcionando adecuadamente. Una estructura productiva más diversificada, con su reflejo en una canasta de exportaciones de mejor contenido tecnológico, permite aumentar el tamaño del excedente económico, mejorando el ingreso de los trabajadores en el largo plazo. No obstante, el gasto público social es una forma de redistribución de ingresos y conforma una suerte de “salario social indirecto”. En este sentido, además de las políticas específicas implementadas por el Ministerio de Trabajo, la puesta en marcha de la inversión pública masiva del Ministerio de Infraestructura ha sido central para generar empleo de calidad. Asimismo, la política tributaria tiene un rol central. Por ejemplo, la implementación de retenciones determina un menor nivel de precios internos y por ende un salario real mayor, generando una distribución más progresiva del ingreso, que si se las eliminara o bajara.

Es importante bajar la discusión de todos estos temas a ideas y realizaciones concretas, para que todos estos temas de vital importancia para la población no queden en discusiones teóricas de “se podría” o “se debería” sin decir de dónde salen los recursos o cómo se implementan las acciones de gobierno. Las políticas previsionales y sociales de los últimos siete años han sido determinantes en la mejora de la distribución del ingreso, y sin duda la universalización de la asignación por hijo ha tenido un impacto formidable en este sentido. La Argentina ha consolidado durante el gobierno de la Presidenta, además del salario mínimo más alto de toda Latinoamérica, un piso de protección social mínimo para toda la población mediante la inclusión jubilatoria y el ingreso de los niños.