El Gobierno del primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, aprobó ayer un programa de ajuste fiscal por 24.000 millones de euros con el objetivo de mantener estables las cuentas públicas y alejar los temores a que se desate una crisis como la griega. Así, Italia se suma a la lista de países europeos que ya se abocaron a este tipo de medidas para evitar desequilibrios fiscales que podrían poner en riesgo al euro. En conjunto, el ajuste europeo ya supera los 106.000 millones de euros. (Ver cuadro.)
Italia tiene un déficit fiscal del 5,3% del PBI que el Gobierno quiere bajar hasta el tope del 3% adoptado por el Pacto de Estabilidad de Europa. El recorte fiscal por 24.000 millones propuesto por el Gobierno equivale al 1,6% del PBI. Distinto es el caso de la deuda pública, que en Italia equivale al 115% del PBI y supera el 60% contemplado en el Pacto.
La reunión del Consejo de Ministros de ayer fue precedida por un encuentro extenso entre Berlusconi, el ministro de Economía, Giulio Tremonti, y el subsecretario de la Presidencia del Consejo, Gianni Letta.
El ajuste fiscal lanzado prevé el congelamiento de los salarios de los empleados estatales hasta 2013 y una reducción del 10% de los sueldos de los integrantes del Gobierno. Asimismo, habrá un ajuste fiscal lineal del 10% para todos los ministerios, y recortes de 7.000 millones de euros a los fondos para las regiones, provincias y municipalidades. Se prevé también una profundización de la lucha contra la evasión fiscal, con medidas a nivel nacional y municipal.
Entre las medidas que trascendieron, se encuentra una intervención para retrasar el acceso a la jubilación y, además, se elevará progresivamente la edad de jubilación de las mujeres hasta llegar a los 65 años en 2016, frente a los 60 de ahora. Se endurecerán también los requisitos para recibir pensiones de invalidez y se aumentarán los controles para los solicitantes. Habría también una amnistía para las viviendas ilegales, con lo que se podría recaudar cerca de 6.000 millones de euros.
En el ámbito empresarial, el plan prevé el aumento de los impuestos sobre las llamadas «stock-options», los derechos de compra sobre las acciones que tienen los directivos de las compañías, al tiempo que se prevé un recorte de entre un 5% y un 10% de los sueldos superiores a 90.000 y 130.000 euros.
