Desarrollo con Inclusión

La política macroeconómica es coherente. La política laboral y social también. El objetivo común siempre fue promover el desarrollo con inclusión.

Nadie defiende lo que no conoce

Existe la creencia generalizada de que la función principal y casi excluyente de los economistas heterodoxos es oponerse a la visión neoliberal y que, por lo tanto, propugnar por un Estado intervencionista, por la integración latinoamericana, el proteccionismo, el aumento de salario para los trabajadores y el fortalecimiento del mercado interno debe ser la misión principal de dichos economistas.

En este sentido, los economistas heterodoxos están convencidos de que lo peor del “vendaval” neoliberal fueron sus políticas económicas y sus nefastas consecuencias económicas y sociales.

Las políticas aplicadas a partir de mediados de la década del setenta y profundizadas en los distintos gobiernos democráticos posteriores hasta el 2003 se caracterizaron por la apertura comercial, la desregulación de los mercados, el programa de privatizaciones y la flexibilización laboral. Las consecuencias del modelo rentístico-financiero-neoliberal son bien conocidas: fuerte proceso de desindustrialización, primarización de la economía argentina, crecimiento de la deuda externa y la fuga de capitales, vulnerabilidad económica frente al sistema financiero internacional, la concentración económica como resultado del quiebre y desaparición de una gran cantidad de pequeñas y medianas empresas y el aumento de la exclusión social a partir del incremento de la desocupación, la subocupación, el trabajo no registrado, la pobreza y la indigencia y la desigualdad social.

En otras palabras, la aplicación del paradigma monetarista-neoliberal impulsado por los organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional en representación de los países centrales y de los sectores dominantes internos implicó para la Argentina una pauperización económica y social.

En este contexto, los economistas heterodoxos se oponen a la concepción monetarista de la economía y desarrollan una disputa intelectual con los economistas ortodoxos acerca de la necesidad de la intervención del Estado para la aplicación de distintas políticas públicas para incentivar el desarrollo económico y social.

Es decir, según los economistas heterodoxos, las funciones más importantes son básicamente dos. Por un lado, la disputa académica a partir de la participación en jornadas, seminarios y congresos, la publicación de distintos artículos en revistas especializadas y la ocupación de funciones en diferentes cátedras de la universidad. Por otro lado, la ocupación de cargos estratégicos en el sector público para así de esta manera influenciar en la aplicación de las políticas públicas para poder revertir los efectos del neoliberalismo en nuestro país.

La primera función la desarrollaron a partir de la misma aplicación del modelo neoliberal. Pero con la llegada del kirchnerismo y la instauración de un nuevo modelo de desarrollo de valorización productiva a partir del proceso de reindustrialización con inclusión social, gran parte de estos economistas heterodoxos pudo efectivamente acceder a distintos puestos en la administración pública.

En efecto, con la asunción de Néstor Kirchner a la presidencia en mayo de 2003 se empezó a aplicar buena parte de las políticas recomendadas por la heterodoxia. Esta coincidencia ideológica permitió la llegada al Estado de los economistas que se opusieron intelectual y académicamente en las décadas anteriores a la aplicación del paradigma neoliberal.

Este nuevo modelo de desarrollo estructurado a partir de la intervención del Estado en distintas áreas permitió el inicio de la reconstrucción económica y social de la Argentina, a partir de la recomposición del aporte manufacturero, la reducción de la deuda externa, la disminución del desempleo y subempleo y la baja en la pobreza y la indigencia.

Sin embargo, luego de haber transcurrido seis años y acercándose las próximas elecciones presidenciables en 2011, se percibe una sensación de fragilidad del nuevo modelo de desarrollo. En efecto, se intuye que si gana la oposición no encontrará gran resistencia para la aplicación nuevamente de las políticas ortodoxas.

En este sentido, que los sectores dominantes, a los cuales beneficiarán estas políticas neoliberales, no se opongan es lógico. Pero existe la sensación de que gran parte de los sectores populares y medios, a los cuales ese modelo perjudicará, tampoco se van a oponer. La defensa del modelo de valorización productiva con inclusión social por parte de los sectores medios y populares es débil y, por lo tanto, la sostenibilidad del mismo depende casi con exclusividad del triunfo del oficialismo en las elecciones de 2011.

Pero entonces surge una pregunta central: ¿Por qué si este modelo redujo el desempleo, la subocupación, el trabajo en “negro”, la pobreza y la indigencia, mejoró la distribución del ingreso, reindustrializó y aumentó la sustentabilidad económica, entre otras cosas, su perdurabilidad depende de una elección presidencial?

Para responder esta pregunta entonces es fundamental entender la consecuencia más perversa de los economistas ortodoxos. Es cierto que una de las peores herencias que nos dejó el paradigma neoliberal fueron sus consecuencias económicas y sociales. Pero si sólo fuera esto, la solución es fácil: un gobierno como el de Néstor Kirchner que comience a aplicar políticas distintas.

Sin embargo, la tarea para los economistas heterodoxos es más difícil, debido a que el peor legado de la ortodoxia fue la privatización de la ciencia económica. Uno de los grandes triunfos de la ortodoxia fue crear la concepción de que la economía es una ciencia oculta e inalcanzable para el individuo común. Por lo tanto, según esta visión, la discusión económica es sólo para expertos, quedando excluidos de dicho debate los sectores no autorizados por la academia.

En este sentido, el economista, en última instancia, les explicará a los “no entendidos” sobre economía (el hombre vulgar debe escuchar y preguntarle al economista, pero nunca opinar sobre las problemáticas económicas, debido a que son temas sumamente complicados y que llevan mucho tiempo de análisis).

La matematización de la economía propuesta por la ortodoxia va en esta dirección. La introducción de derivadas, logaritmo y funciones para la creación de modelos económicos en base a las matemáticas contribuyó a la reducción del debate económico y al alejamiento de los sectores populares sobre la discusión económica. Los neoliberales junto con los sectores dominantes excluyeron del debate económico a los sectores populares para quitarles de esta manera una herramienta fundamental en la defensa de sus propios intereses.

Gran parte de los economistas heterodoxos contribuyó con el proceso de privatización de la ciencia económica. Al utilizar las mismas herramientas y metodologías para demostrar las ideas contrarias, contribuyen con la visión de la economía como una ciencia oculta.

Este proceso se agravó con la situación educacional que nos dejó el neoliberalismo. La pauperización económica de los sectores medios y bajos a partir de la instauración del modelo neoliberal implicó la exclusión de los sectores populares de la educación formal en general y de las universidades en particular. Por lo tanto, es imposible que los sectores más vulnerables accedan en la actualidad a los debates económicos por vía de la educación y la universidad pública.

De esta manera, escribir artículos en revista especializadas, presentar trabajos en congresos y seminarios, ocupar cargos estratégicos en el sector público y en las cátedras de las universidades no rompe con la consecuencia de la ortodoxia, es decir, el alejamiento de los sectores populares y medios del debate económico.

La disputa ideológica, intelectual y de cargos es importante y debe ser sostenida. Pero la función central en la actualidad de la heterodoxia debe ser la popularización de la ciencia económica. Esto es, volver a introducir en el debate económico a los sectores medios y bajos. Este es el único camino que puede permitir que los sectores que se perjudicarían con el régimen neoliberal defiendan el nuevo modelo de desarrollo instaurado en 2003. Pues nadie defiende lo que no conoce.

Por Santiago Fraschina, del Grupo de Estudio de Economía Nacional y Popular (GEENaP)
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Desde Federación Agraria piden que vuelva la Junta Nacional de Granos

13-01-2010 / Tras la asam­blea de pro­duc­to­res tri­gue­ros, Agri­cul­tu­ra eva­lua­rá rá­pi­das so­lu­cio­nes al pe­ti­to­rio pre­sen­ta­do por los pre­si­den­tes ru­ra­les. Hoy tam­bién se fir­ma­rá el nue­vo acuer­do tri­gue­ro con la pro­vin­cia de Bue­nos Ai­res

Las au­to­ri­da­des del Mi­nis­te­rio de Agri­cul­tu­ra de la Na­ción se reu­ni­rán hoy a par­tir de las 18.30 con in­te­gran­tes de la Me­sa de En­la­ce pa­ra anun­ciar so­lu­cio­nes al pe­ti­to­rio pre­sen­ta­do por los pro­duc­to­res tras la asam­blea ce­le­bra­da ayer por los ru­ra­lis­tas en el tea­tro Broad­way.

Los fun­cio­na­rios An­drea Gar­cía, se­cre­ta­ría de Re­la­cio­nes Ins­ti­tu­cio­na­les, Ha­rol­do Le­bed, a car­go del área de Emer­gen­cias Agro­pe­cua­rias y el sub­se­cre­ta­rio de Coor­di­na­ción Ins­ti­tu­cio­nal Raúl Adrián Mir­co­vich, re­ci­bie­ron a la de­le­ga­ción que lle­va­ba los re­cla­mos de unos 20 pun­tos que le acer­ca­ron Eduar­do Buz­zi, (Fe­de­ra­ción Agra­ria Ar­gen­ti­na), Car­los Ga­ret­to (Co­ni­na­gro), Ma­rio Llam­bías (Con­fe­de­ra­cio­nes Ru­ra­les Ar­gen­ti­nas) y Hu­go Biol­ca­ti (So­cie­dad Ru­ral Ar­gen­ti­na).

En di­cho pe­ti­to­rio, en­tre otras co­sas, se so­li­ci­ta la “aper­tu­ra de las ex­por­ta­cio­nes, de­vo­lu­ción de las re­ten­cio­nes, pa­go de las com­pen­sa­cio­nes atra­sa­das por las Ofi­ci­na Na­cio­nal de Con­trol Co­mer­cial Agro­pe­cua­rio (ONC­CA), de­vo­lu­ción de las re­ten­cio­nes de IVA y Ga­nan­cias de AFIP”, en­tre otros pun­tos que de­be­rán ser so­lu­cio­na­dos en los pró­xi­mos “10 días”.

En prin­ci­pio, el Go­bier­no es­ta­ría eva­luan­do la po­si­bi­li­dad de en­tre­gar nue­vos per­mi­sos de ex­por­ta­ción por apro­xi­man­da­men­te 2 mi­llo­nes de to­ne­la­das, pe­ro los hom­bres de cam­po pi­die­ron­que se les per­mi­ta “co­mer­cia­li­zar 4 mi­llo­nes de to­ne­la­das” ya que con­si­de­ran que no lo es­tá “com­pran­do la in­dus­tria”.

Asam­blea. Con pan­car­tas que apun­ta­ban a cri­ti­car a la Se­cre­ta­ría de Co­mer­cio In­te­rior y a la ONC­CA, unos 350 pro­duc­to­res se acer­ca­ron has­ta el tea­tro Broad­way, que tie­ne una ca­pa­cai­dad de has­ta 600 per­so­nas.

“No­so­tros tra­ji­mos más gen­te que Car­bap” afir­mó un di­ri­gen­te de la FAA.

El úni­co ora­dor del ac­to fue Eduar­do Buz­zi, quien le re­cri­mi­nó al mi­nis­tro de Agri­cul­tu­ra por no ha­ber da­do “la ca­ra” pe­se a que “di­mos un ges­to de ir a es­cu­char los anun­cios” al Ban­co de la Na­ción, pe­ro “la­men­ta­ble­men­te no he­mos si­do co­rres­pon­di­dos”.

Los pro­duc­to­res coin­ci­die­ron en eva­luar nue­vas me­di­das de pro­tes­ta si es que el go­bier­no no da so­lu­cio­nes a sus re­cla­mos.

Es­tas em­pe­za­rían en una pri­me­ra eta­pa con el blo­queo en los puer­tos don­de ope­ran las ex­por­ta­do­ras. Lue­go se­gui­rían con las mo­li­ne­rías, pa­ra ter­mi­nar con un ce­se en la co­mer­cia­li­za­ción de gra­nos, le­che y car­ne, de­jan­do la­ten­te la op­ción de vol­ver a los cor­tes de ru­ta.

Al ter­mi­nar la asam­blea, los pro­duc­to­res fue­ron has­ta Agri­cul­tu­ra -que es­tá a 18 cua­dras del tea­tro- ha­cien­do an­tes ha­cer una pa­ra­da en la ex­pla­na­da de la Ad­mi­nis­tra­ción Fe­de­ral de In­gre­sos Pú­bli­cos (AFIP); don­de de­po­si­ta­ron me­dia bol­sa de tri­go co­mo “pa­go sim­bó­li­co” en es­pe­cies de im­pues­tos.

So­lu­ción. Du­ran­te la asam­blea los pro­duc­to­res es­gri­mie­ron dos pro­pues­tas pa­ra so­lu­cio­nar el pro­ble­ma del tri­go.

Por un la­do, in­te­gran­tes de Car­bap y al­gu­nos de la FAA pi­die­ron “la aper­tu­ra de los mer­ca­dos” pa­ra que tan­to las ex­por­ta­do­ras co­mo la in­dus­tria mo­li­ne­ra com­pi­tan por la ob­ten­ción del ce­real y de esa ma­ne­ra el pro­duc­tor po­drá ven­der­la al que ofrez­ca un me­jor pre­cio.

En tan­to, un im­por­tan­te nú­me­ro de in­te­gran­tes de la FAA pro­pu­so la vuel­ta de la Jun­ta Na­cio­nal de Gra­nos, más “mo­der­na” y que “re­gu­le los mer­ca­dos” de ma­ne­ra que “el Es­ta­do com­pre 3,5 mi­llo­nes de to­ne­la­das de tri­go a pre­cio ple­no” y que es­pe­cial­men­te es­té in­te­gra­da por “pro­duc­to­res”.

CAR­TE­LI­ZA­CIÓN. Sil­vio Cor­ti, di­rec­tor de la FAA de San Pe­dro, afir­mó que fren­te “a la ter­gi­ver­sa­ción que tie­ne hoy el mer­ca­do, la car­te­li­za­ción de los ex­por­ta­do­res y con una mo­li­ne­ría que com­pra cuan­do quie­re” es ne­ce­sa­ria la crea­ción de una Jun­ta “don­de el pro­duc­tor se­pa que hay un en­te que sí o sí le va a com­prar al pre­cio que co­rres­pon­da”.

REU­NIÓN­. Hoy a par­tir de las 13.30 en las ofi­ci­nas del Mi­nis­te­rio de Agri­cul­tu­ra, se reu­ni­rá la Me­sa Tri­gue­ra de la pro­vin­cia de Bue­nos Ai­res, don­de asi­sis­ti­rán pro­duc­to­res, au­to­ri­da­des bo­nae­ren­ses, re­pre­sen­tan­tes de la Se­cre­ta­ria de Co­mer­cio In­te­rior, de la ONC­CA, de la Fe­de­ra­ción Ar­gen­ti­na de la In­dus­tria Mo­li­ne­ra (FAIM) y del Cen­tro de Ex­por­ta­do­res de Ce­rea­les.

En el en­cuen­tro se anun­cia­ría una lí­nea de cré­di­tos otor­ga­da por el Ban­co Na­ción pa­ra que la in­dus­tria mo­li­ne­ra pue­da sa­lir al mer­ca­do a com­prar im­por­tan­tes vo­lú­me­nes de tri­go.

De esa ma­ne­ra el go­bier­no au­to­ri­za­ría la com­pra de 1 mi­llón de to­ne­la­das de es­te ce­real de un to­tal de 4,8 mi­llo­nes que es­ta­rían co­se­chan­do en la pro­vin­cia de Bue­nos Ai­res.

La me­di­da fa­vo­re­ce­ría a 11.800 pro­duc­to­res bo­nae­ren­ses y a 1.200 de la pro­vin­cia de La Pam­pa. En prin­ci­po, fal­ta­ría re­gla­men­tar si di­cho acuer­do in­clui­ría só­lo a aque­llos que pro­duz­can has­ta 800 to­ne­la­das.

Ariel Fra­ne­to­vich, mi­nis­tro de Asun­tos Agra­rios de Bue­nos Ai­res, ade­lan­tó a Bue­nos Ai­res Eco­nó­mi­co que “es­to es al­go que ve­nía de­man­dan­do el sec­tor lue­go de ha­ber­se lle­va­do va­rias reu­nio­nes”.

Paradoja: los ortodoxos se oponen a pagar deuda

Nota BAE

Pa­ra en­ten­der el de­ba­te de los úl­ti­mos días por el uso de las re­ser­vas del Ban­co Cen­tral de­be­mos ha­cer un bre­ve re­pa­so de la his­to­ria de la deu­da pú­bli­ca ar­gen­ti­na du­ran­te los úl­ti­mos 35 años.

A fi­nes de 1975 la deu­da del sec­tor pú­bli­co era de u$s7.961 mi­llo­nes (18% del PBI), re­la­ti­va­men­te in­sig­ni­fi­can­te pa­ra el ta­ma­ño de la eco­no­mía ar­gen­ti­na. A fi­nes de 1983 al­can­za­ba los u$s41.054 mi­llo­nes (42,3% del PBI), a es­ta al­tu­ra ya un ni­vel sig­ni­fi­ca­ti­vo. En ese lap­so el au­men­to es­tá ex­pli­ca­do por el en­deu­da­mien­to pa­ra fi­nan­ciar la po­lí­ti­ca de aper­tu­ra co­mer­cial y dó­lar ba­ra­to; por es­te mo­ti­vo se to­mó deu­da por u$s11.100 mi­llo­nes. Por im­por­ta­cio­nes no de­cla­ra­das, el en­deu­da­mien­to fue de u$s7.700 mi­llo­nes y el res­to por es­ta­ti­za­ción de la deu­da pri­va­da. Y la or­to­do­xia en ple­no apo­yó el en­deu­da­mien­to.

La dé­ca­da de los ’80 es­tu­vo sig­na­da por la as­tric­ción mo­ne­ta­ria apli­ca­da por los re­pu­bli­ca­nos en los Es­ta­dos Uni­dos, lo que pro­vo­có una ele­va­da ta­sa de in­te­rés in­ter­na­cio­nal que im­pac­tó so­bre nues­tras obli­ga­cio­nes; así, pa­ra el pe­río­do 1984-89, a pe­sar de efec­tuar pa­gos por más de u$s8.000 mi­llo­nes, la deu­da si­guió au­men­tan­do por la ca­pi­ta­li­za­ción de los in­te­re­ses. Pe­se a los ti­bios in­ten­tos del ra­di­ca­lis­mo en el go­bier­no de re­sis­tir el ajus­te con po­lí­ti­cas he­te­ro­do­xas, fue un pe­río­do de fuer­te ajus­te in­ter­no (me­nos con­su­mo, me­nos in­ver­sión) pa­ra ge­ne­rar di­vi­sas que per­mi­tan pa­gar. El ajus­te al­can­zó pa­ra una par­te y el res­to de los com­pro­mi­sos au­men­tó la deu­da. Así lle­ga­mos a u$s64.377 mi­llo­nes de dó­la­res pa­ra 1989 (60% del PBI), en el mar­co de ni­ve­les de in­ver­sión ne­ta ne­ga­ti­va. Y la or­to­do­xia pe­día más ajus­te.

En la dé­ca­da si­guien­te la deu­da vol­vió a au­men­tar lle­gan­do a u$s144.453 mi­llo­nes de dó­la­res en 2001 (54% del PBI). Fue el re­sul­ta­do del dé­fi­cit que al Es­ta­do le ge­ne­ró la pri­va­ti­za­ción del sis­te­ma pre­vi­sio­nal. En el pe­río­do 1994-2001, por des­vío de apor­tes a las AFJP, el Es­ta­do de­jó de per­ci­bir u$s27.300 mi­llo­nes y por re­duc­ción de apor­tes pa­tro­na­les otros u$s27.500 mi­llo­nes, lo que su­ma u$s54.800 mi­llo­nes que, agre­ga­dos a los in­te­re­ses de­ven­ga­dos, ex­pli­can los u$s82.000 mi­llo­nes de au­men­to.

Co­mo mues­tra de lo que ocu­rrió en los úl­ti­mos años de es­te pe­río­do, hay que re­cor­dar el acuer­do con el FMI de agos­to de 2001 por el cual se le otor­gó un cré­di­to al BCRA por u$s8.000 mi­llo­nes pa­ra en­gro­sar sus re­ser­vas las cua­les se uti­li­za­ron pa­ra sos­te­ner la con­ver­ti­bi­li­dad y por lo tan­to ter­mi­na­ron fi­nan­cian­do la fu­ga de ca­pi­ta­les. Los ’90 fue­ron la dé­ca­da de oro, se mal­gas­ta­ron los aho­rros fu­tu­ros (en­deu­da­mien­to) por u$s82.000 mi­llo­nes y aho­rros pa­sa­dos (in­gre­sos por pri­va­ti­za­cio­nes) por otros u$s31.000 mi­llo­nes. Y la or­to­do­xia lo­cal e in­ter­na­cio­nal pu­so a la Ar­gen­ti­na co­mo ejem­plo.

Des­pués de la ce­sa­ción de pa­gos de 2001, la cri­sis de 2002, la rees­truc­tu­ra­ción de la deu­da en 2005 y el pa­go al FMI, hoy, en 2009, la deu­da del sec­tor pú­bli­co es de u$s141.665 mi­llo­nes (46,4% del PBI).

Du­ran­te es­ta dé­ca­da la po­lí­ti­ca fis­cal ha si­do “de ma­nual”, su­pe­rá­vit de 3 pun­tos del PBI du­ran­te la ex­pan­sión y dé­fi­cit an­te la re­ce­sión de 2009. Al mis­mo tiem­po, al te­ner ce­rra­dos los mer­ca­dos in­ter­na­cio­na­les de fi­nan­cia­mien­to, la Ar­gen­ti­na fue dis­mi­nu­yen­do su deu­da con acree­do­res pri­va­dos y au­men­tán­do­la con or­ga­nis­mos pú­bli­cos na­cio­na­les (BCRA, AN­SES, PA­MI, Ban­co Na­ción, etc.) pa­ra mo­ri­ge­rar el im­pac­to so­cial de la cri­sis in­ter­na­cio­nal. Si­guien­do con el ma­nual, da­da la si­tua­ción in­ter­na­cio­nal con ex­ce­so de li­qui­dez y ta­sas ba­jas, se­ría re­co­men­da­ble an­te una sa­li­da de la re­ce­sión to­mar deu­da pa­ra su­pe­rar ese mo­men­to, pe­ro da­da la si­tua­ción in­ter­na­cio­nal con ex­ce­so de li­qui­dez y ta­sas ba­jas. Pe­ro nues­tro país no pue­de apro­ve­char la opor­tu­ni­dad por­que su pa­sa­do lo con­de­na. An­te la po­si­ble su­ba de la ta­sa de in­te­rés in­ter­na­cio­nal im­pul­sa­da por la FED, el pa­go aho­rra­ría cos­tos fi­nan­cie­ros ma­yo­res en el fu­tu­ro. Hay quie­nes du­dan so­bre el pa­go de los ser­vi­cios pa­ra el 2010, al mis­mo tiem­po que per­sis­te la si­tua­ción de ce­sa­ción de pa­gos con los bo­nis­tas que no en­tra­ron en el can­je y con el Club de Pa­rís. La de­ci­sión de pa­gar con re­ser­vas des­pe­ja la pri­me­ra de las in­cer­ti­dum­bres en el mar­co del ini­cio de ges­tio­nes pa­ra rees­truc­tu­rar las deu­das en ce­sa­ción de pa­gos.

No pa­re­ce me­nor que a tra­vés de es­tas me­di­das la Ar­gen­ti­na des­pe­je su ho­ri­zon­te res­pec­to del te­ma de la deu­da mien­tras en el mun­do, en el mar­co de la cri­sis in­ter­na­cio­nal, son mu­chos los paí­ses que se en­cuen­tran en gran­des di­fi­cul­ta­des pa­ra afron­tar sus com­pro­mi­sos. Me­dia Eu­ro­pa (Ru­sia, Li­tua­nia; Le­to­nia, Hun­gría, Gre­cia; Es­pa­ña, Is­lan­dia, Ir­lan­da, Ita­lia, Gran Bre­ta­ña) le de­be a la par­te más ri­ca (Ale­ma­nia, Fran­cia) y el pa­no­ra­ma es som­brío. La ex­pe­rien­cia de los años ’90 nos en­se­ñó que so­breac­tuar de me­jor alum­no en los mer­ca­dos in­ter­na­cio­na­les no es una re­co­men­da­ción pa­ra nin­gún país. La in­ver­sión de­be fi­nan­ciar­se prio­ri­ta­ria­men­te con el aho­rro in­ter­no y no con el aho­rro ex­ter­no pa­ra que sea sus­ten­ta­ble.

Al mis­mo tiem­po, la de­ci­sión de pa­gar con re­ser­vas re­suel­ve el pro­ble­ma fis­cal ya que li­be­ra los re­cur­sos pre­su­pues­ta­rios des­ti­na­dos a tal pun­to en el Pre­su­pues­to 2010. Te­nien­do en cuen­ta es­te ob­je­ti­vo, la opo­si­ción de la or­to­do­xia se en­tien­de más. No quie­ren que se uti­li­cen las re­ser­vas por­que pre­ten­den que se pa­guen los ven­ci­mien­tos con un fuer­te ajus­te fis­cal (y ya sa­be­mos qué gas­tos con­si­de­ran al em­pe­zar el re­cor­te).

Pa­ra en­ten­der qué gas­tos son los que le mo­les­tan a la or­to­do­xia, tam­bién es ne­ce­sa­rio un po­co de his­to­ria. En 2009, el gas­to edu­ca­ti­vo al­can­zó 5,5% del PBI, el gas­to en cien­cia y téc­ni­ca 0,32% del PBI y en se­gu­ri­dad so­cial 9 pun­tos del PBI, los va­lo­res más al­tos des­de que se con­so­li­da la in­for­ma­ción del Sec­tor Pú­bli­co Ar­gen­ti­no (1980).

Otro ar­gu­men­to que se uti­li­za pa­ra opo­ner­se a es­ta de­ci­sión es que per­mi­ti­ría se­guir au­men­tan­do el gas­to pú­bli­co que, su­ma­do al gas­to pri­va­do, ge­ne­ra­ría un ex­ce­so de de­man­da, y co­mo con­se­cuen­cia de ello, más in­fla­ción. Se par­te del diag­nós­ti­co de que la in­fla­ción es un pro­ble­ma de ex­ce­so de li­qui­dez y de ex­ce­so de de­man­da, y que en con­se­cuen­cia só­lo se con­tie­ne con un ajus­te fis­cal. Pa­ra re­fu­tar es­to no ha­ce fal­ta ir muy le­jos; se­gún es­tos eco­no­mis­tas en 2009 el PBI ca­yó 3%, se per­die­ron 500.000 em­pleos y la in­fla­ción fue del 17%. ¿Qué re­ce­sión se­rá ne­ce­sa­ria y cuán­tos pues­tos de tra­ba­jo se de­be­rían sa­cri­fi­car pa­ra que la in­fla­ción sea del 4%? La prin­ci­pal cau­sa de la in­fla­ción en la Re­pú­bli­ca Ar­gen­ti­na es la pu­ja dis­tri­bu­ti­va que siem­pre se da en un pro­ce­so de cre­ci­mien­to, y que en los dos años re­cien­tes se le su­mó el au­men­to de las ma­te­rias pri­mas; la agu­di­za­ción de la con­cen­tra­ción y trans­na­cio­na­li­za­ción de la eco­no­mía ar­gen­ti­na he­re­da­da de los años ’90 no ayu­da. En to­das las ca­de­nas pro­duc­ti­vas hay un es­la­bón po­de­ro­so que fi­ja pre­cios am­pli­fi­can­do el efec­to de au­men­to de cos­tos y, des­de 2007, han res­pon­di­do au­men­tán­do­los an­te ca­da in­ten­to de re­cu­pe­ra­ción sa­la­rial y co­mo pro­tes­ta an­te me­di­das que bus­ca­ron cap­tar sus ren­tas ex­traor­di­na­rias.

Un co­men­ta­rio res­pec­to de las re­ser­vas que tan­tos di­cen pro­te­ger hoy tan ce­lo­sa­men­te. Du­ran­te los ’90, la eco­no­mía ar­gen­ti­na no ge­ne­ró un so­lo dó­lar ge­nui­na­men­te; tu­vi­mos dé­fi­cit co­mer­cial prác­ti­ca­men­te en to­dos los años del pe­río­do; las re­ser­vas se ge­ne­ra­ron por en­deu­da­mien­to y ven­ta de ac­ti­vos, y se gas­ta­ron fi­nan­cian­do el sos­te­ni­mien­to de la con­ver­ti­bi­li­dad. En la pre­sen­te eta­pa, la po­lí­ti­ca ma­croe­co­nó­mi­ca ha da­do co­mo re­sul­ta­do un su­pe­rá­vit co­mer­cial acu­mu­la­do que su­pe­ra los u$s70.000 mi­llo­nes, los cua­les nu­trie­ron las re­ser­vas del BCRA. A tal pun­to que en 2006, el en­ton­ces pre­si­den­te del Di­rec­to­rio del BCRA usó más de u$s9.000 mi­llo­nes de las re­ser­vas acu­mu­la­das (eran ca­si u$s30.000 mi­llo­nes) pa­ra pa­gar la deu­da con el FMI.

La po­si­ción de la or­to­do­xia es co­he­ren­te, ha pe­di­do más ajus­te y aho­ra nue­va­men­te pi­de lo mis­mo en las dos eta­pas en que se in­ten­tó una po­lí­ti­ca eco­nó­mi­ca dis­tin­ta.

In­sis­ti­mos, al es­cu­char y leer tan­tas opi­nio­nes de eco­no­mis­tas, pe­rio­dis­tas y po­lí­ti­cos, pa­re­ce que no vi­vie­ron en la Ar­gen­ti­na en los úl­ti­mos 35 años; lo no­ta­ble es que pa­re­ce que tam­po­co vi­ven en el res­to del mun­do.

Por Gerardo De Santis, Di­rec­tor del CIEPYC (Cen­tro de In­ves­ti­ga­ción en Eco­no­mía Po­lí­ti­ca y Co­mu­ni­ca­ción, de la Uni­ver­si­dad Na­cio­nal de La Pla­ta)

Acá hay un problema de incumplimiento del orden institucional

El Vice del Central opinó sobre la resistencia de Redrado a cumplir con el DNU

LOS INTELECTUALES Y EL PODER

En la vida cada uno elige cual es la vereda en la que se ubica. Partiendo que el mostrador tiene dos lados, un intelectual, que por definición maneja ideas, debe optar donde ubicará su accionar y cuál será el destinatario principal de su obra. Rodolfo Walsh, en el texto que escribió para el número 1 del periódico de la CGT de los Argentinos el 1º de Mayo de 1968, definió con precisión meridiana el rol del intelectual. Afirmó: “El campo del intelectual es por definición la conciencia. Un intelectual que no comprende lo que pasa en su tiempo y en su país es una contradicción andante y el que comprendiendo no actúa tendrá un lugar en la antología del llanto pero no en la historia viva de su tierra.” Por Hugo Presman

la derecha encubre la pretensión de retomar a la época de ajustes

El viceministro de Economía, Roberto Feletti, en un comunicado, acusó a la "oposición de derecha" por cuestionar el uso de fondos del BCRA para pagar deudas. Pero es el titular del banco quien se resiste a ceder US$ 6.569 millones al Tesoro.

En su comunicado, Feletti, ayer insistió en que la utilización de las reservas para el pago de deuda "libera recursos para sostener los estímulos a la demanda". Y que quienes critican la medida "favorecen un contexto donde la gente compre dólares o guarde el dinero bajo el colchón" y "encubre la pretensión de retomar a la época de ajustes".

El plan espiga

http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/cash/30-4140-2010-01-03.html

PROPUESTA DE UNA AGENCIA NACIONAL DE COMERCIALIZACION DE TRIGO

Argentina no cuenta con mecanismos de regulación del comercio de granos. Se carece de una organización que actúe como compradora en el mercado y organice la diferenciación por clases de calidad.

Por Pablo Lavarello * y Evelin Goldstein **

Argentina es el único país entre los principales exportadores de cereales (los otros cinco son Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá, Rusia, Australia) que no cuenta con mecanismos integrales de regulación del comercio de granos. Estos países han mantenido distintas formas directas o indirectas de intervención, con objetivos diversos. Las formas indirectas combinan transacciones realizadas por el sector privado con subsidios e intervenciones en los precios, como ocurre en la Unión Europea y los Estados Unidos. En Canadá y en Australia funcionaron Juntas de Granos sectoriales que centralizaron la comercialización interna y externa de cereales. Este es el caso de la Canadian Wheat Board (CWB) y la Australian Wheat Board (AWB). Mientras esta última fue reestructurada, en Canadá la Junta aún juega un rol clave en la comercialización interna y externa de trigo.

Estas modalidades de intervención, por un lado, evitan la variabilidad de ingresos y el abuso del poder monopsónico de la industria. Y, por el otro, permiten instrumentar procesos de “descommoditización” a partir de la diferenciación y segregación de granos. Si bien durante los últimos años la regulación cambió, particularmente en Australia, la intervención posibilitó la organización de mercados y el desarrollo de trayectorias agroindustriales basadas en la diferenciación según calidad de las materias primas.

En Argentina, si bien nunca llegó a consolidarse un esquema regulatorio similar, el conjunto de instrumentos que podrían haberlo posibilitado fue desmantelado en la década del ‘90. Entre otros, cabe destacar las juntas nacionales de granos creadas durante los años ‘30. Estas no operaron sistemáticamente en la comercialización, pero jugaron un rol importante en la organización del mercado. Sus funciones fueron gradualmente socavadas hasta que en los años ‘90, las juntas fueran desmanteladas. A medida que el Estado se fue retirando, avanzaron las grandes comercializadoras internacionales de granos en el control de la cadena, dejando al productor en una situación fuertemente subordinada.

En los últimos años, en un contexto de alta conflictividad, se han implementado iniciativas puntuales para asegurar el abastecimiento de la demanda interna y sostener el precio al productor. Sin embargo, el carácter no sistemático y tardío de las intervenciones muchas veces ha limitado la efectividad de las políticas. La posibilidad de superar el estancamiento en la producción de trigo está asociada en parte al establecimiento de un precio sostén que asegure al productor la obtención del precio FAS (Free Alongside Ship). Adicionalmente, sería necesario introducir mecanismos que permitan reducir las diferencias de rentabilidad con otros cultivos. Debería desarrollarse una estructura organizativa estable que actúe como comprador en el mercado y organice la diferenciación por clases de calidad. Según estudios del INTA, si la Argentina clasificara sus trigos, tendría la posibilidad de competir con trigos de alta calidad en el comercio mundial como el australiano y canadiense. La Argentina tiene trigos de muy buena calidad que luego se pierde al “mezclarse” en el circuito de comercialización, debiendo ofrecer al mercado internacional trigos commodities.

El resultado que este proceso de “mezcla” tiene sobre los precios que obtienen los productores se puede cuantificar comparando con los precios del trigo ofrecido por Canadá y Australia. Estos países producen, cada uno de ellos, al menos siete clases diferentes de trigo. Luego existen potencialidades para mejorar la competitividad del trigo a partir del establecimiento de un sistema de clasificación estable, asegurando un precio sostén al productor con pagos adicionales según la clase. La oferta de trigos diferenciados tendría un efecto sobre las rentabilidades de los productores, evitando la sojización y posibilitando la diversificación de la industria compradora. Para ello, resulta necesario, por parte del sector público, no solamente establecer el marco regulatorio correspondiente, sino también crear instituciones capaces de coordinar y fiscalizar el sistema

* Investigador del CEUR-Conicet y miembro del CIEPyC-UNLP.

** Licenciada en Economía (Universidad de Buenos Aires). Miembro de AEDA.

Comunicado APYME

Celebramos toda decisión política contra la mano dura: Sin inclusión social no hay seguridad posible


Los pequeños y medianos empresarios nucleados en el Regional Buenos Aires de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME) festejamos el amplio consenso político contra la mano dura y bregamos por buscar profundas soluciones contra la inseguridad priorizando la inclusión social, la educación y los derechos humanos.
El acuerdo social y político para una Seguridad Democrática presentado hoy en el Congreso es el principio de un camino que los argentinos deberíamos haber tomado hace mucho tiempo, antes de que algunos sectores radicalizados pidieran mano dura contra los marginados de la sociedad, principalmente los niños y adolescentes, víctimas de la desigualdad social producida por la corrupción y la criminal concentración de la riqueza.
Los pequeños y medianos empresarios argentinos hemos sostenido históricamente que sin inclusión social, trabajo, educación y cobertura sanitaria no habrá seguridad posible. La cárcel no es la solución bajo ningún punto de vista porque los barrotes encierran las consecuencias de una sociedad desigual e injusta y no atacan las causas que provocan la violencia y delito. Todos debemos trabajar muy fuerte sobre las causas.
El delito en la Argentina y cualquier parte del mundo no es solamente sinónimo de pobreza, sino de exclusión radical, de falta de expectativas y posibilidades, de desesperación y de injusticia. Ya no hay lugar para respuestas facilistas frente a la violencia. Es profundamente necesario trabajar sobre cambios estructurales y para ello se torna urgente y primordial la redistribución de la riqueza.
Los niños y jóvenes deben estar en la escuela y sus padres inmersos en el mercado de trabajo. Así, todos los argentinos estarán incluidos en un sistema social sin hambre, sin marginalidad, sin desesperanza, sin violencia. Los pequeños y medianos empresarios estamos seguros de que no hay otra salida.
prensa@visionpymeweb.com.ar

Diez puntos de acuerdo por la seguridad democrática

El acuerdo considera un engaño al discurso de la mano dura, analiza la responsabilidad del Estado y la gestión democrática de las instituciones de seguridad.

Las respuestas estatales autoritarias e ineficientes frente al delito y la fuerte dosis de exclusión y violencia que domina el debate público y orienta muchas de las acciones del Estado en la materia exigen una discusión abierta y pluralista, capaz de alcanzar acuerdos básicos sobre políticas democráticas de seguridad que atiendan las legítimas demandas de la sociedad.

Esta situación exige instituciones de seguridad comprometidas con valores democráticos y el rechazo a políticas demagógicas e improvisadas, dirigidas a generar expectativas sociales en la eficacia de medidas abusivas que sólo agravan el problema y reproducen la violencia.

1 El Estado frente al problema del delito

En nuestro país, la acción del Estado frente al incremento de la violencia y el delito se ha limitado mayormente a respuestas facilistas y autoritarias que consolidaron la ineficacia policial, judicial y enitenciaria.

En los últimos años, algunos procesos de reforma de las instituciones de seguridad tuvieron resultados favorables, pero fueron interrumpidos para volver a políticas de probado fracaso.

2 El engaño de la mano dura

Las políticas de mano dura no han reducido el delito, han aumentado la violencia y, en algunos casos, hasta han amenazado la gobernabilidad democrática.

La delegación de la seguridad en las policías, el incremento de las penas, el debilitamiento de las garantías y las políticas centradas en el encarcelamiento masivo basado en la prisión preventiva son los ejes recurrentes de estas políticas de mano dura.

Los reiterados fracasos de estas políticas han sido utilizados para insistir con las mismas recetas, en una espiral irresponsable que nunca rindió cuenta de sus resultados.

Esta sucesión de intervenciones erradas ha constituido un impedimento para la profesionalización de las policías y ha potenciado la acción de redes de ilegalidad en las que intervienen funcionarios públicos.

3 Responsabilidad del Estado

El Estado tiene la responsabilidad de asegurar a la población el libre ejercicio y goce de sus derechos. La construcción de una ciudadanía respetuosa de la ley es el camino indicado, pero si la ley resulta quebrantada, el Estado debe proveer los medios necesarios para individualizar a los responsables y sancionarlos cuando corresponda.

Una adecuada política criminal y de seguridad requiere: una policía eficaz en la prevención, de alta profesionalidad y debidamente remunerada; una Justicia penal que investigue y juzgue en tiempo

oportuno a quienes infringen la ley, garantice la plena observancia de las reglas del debido proceso

y de la defensa en juicio, y un sistema penitenciario que asegure condiciones dignas de encarcelamiento y de ejecución de la pena con sentido resocializador.

4 Una concepción integral de la seguridad

La manera eficaz de avanzar sobre el problema implica operar sobre las causas del delito y las redes de criminalidad con miras a reducir la violencia en todas sus formas. Una concepción integral de la seguridad implica tanto la prevención de la violencia física como la garantía de condiciones de vida dignas para toda la población. Esto requiere estrategias de abordaje integral que articulen las políticas de seguridad con otras políticas públicas y complementen las acciones del sistema penal con intervenciones de todas las áreas del Estado. Estos recursos estatales deben estar distribuidos de manera igualitaria y generar una mayor protección para los sectores excluidos, de modo de no profundizar la desigualdad.

Para avanzar en un abordaje integral y efectivo del problema de la seguridad, el diseño e implementación de políticas democráticas debe surgir de diagnósticos basados en información veraz y accesible al público. La producción de esa información es también una responsabilidad indelegable del Estado.

5 Gestión democrática de las instituciones de seguridad

Todo gobierno tiene la responsabilidad de ejercer la conducción civil y estratégica de las policías, que supone el pleno control de la institución. La prevención y sanción del delito, de modo eficiente y legal, requiere un sistema policial estrictamente subordinado a las directivas de seguridad pública formuladas por las autoridades gubernamentales. La historia reciente demuestra que la delegación de esta responsabilidad permitió la conformación de “estados mayores policiales”, autónomos, que han organizado vastas redes de corrupción, llegando a amenazar incluso la gobernabilidad democrática.

Los lineamientos básicos para una modernización y gestión democrática de las instituciones de seguridad son: la integración de las labores policiales de seguridad preventiva e investigación del delito; la descentralización institucional de la organización policial a nivel distrital y comunal; la integración de la policía con la comunidad y los gobiernos locales en la prevención social de violencia y delito; el control interno de carácter civil y  control externo del desempeño y de la legalidad; el sistema de formación y capacitación policial no militarizado y anclado en valores democráticos; el régimen profesional basado en el escalafón único y las especialidades policiales.

6 Desactivar las redes del delito para reducir la violencia

Las medidas meramente represivas con las que se insiste ante cada crisis de inseguridad apuntan a perseguir los pequeños delitos y a los autores más jóvenes, bajo la falsa creencia de que así se limita el avance de la criminalidad.

La realidad indica que un gran porcentaje de los delitos comunes está asociado a la acción de poderosas redes delictivas y a un importante mercado ilegal de armas que aumenta los riesgos para la vida y la integridad de las personas.

Por lo tanto, reducir la violencia que alarma a nuestra sociedad exige reorientar los recursos de prevención y de investigación penal hacia la desactivación de estas redes de delito y de los mercados ilegales. El Ministerio Público Fiscal, en coordinación con las autoridades de gobierno, tiene un rol fundamental en estas tareas.

Una policía judicial, dependiente del Ministerio Público Fiscal, traerá transparencia en la investigación penal preparatoria.

7 Gestión policial no violenta en el ámbito público

La gestión democrática de la seguridad debe garantizar la regulación del accionar policial en los operativos en el espacio público, tales como espectáculos deportivos, recitales, manifestaciones de protesta social y desalojo de personas. Para ello es fundamental establecer con rango normativo estándares de actuación en el espacio público, de modo de asegurar un uso de la fuerza proporcional, racional y subsidiario y erradicar las prácticas policiales contrarias a esos criterios.

8 El papel de la Justicia

El Poder Judicial y el Ministerio Público tienen una doble responsabilidad fundamental en el impulso de políticas de seguridad democráticas, en la investigación rápida y eficaz de los delitos y el control sobre el uso de la prisión preventiva, las condiciones de detención y la violencia institucional.

9 Cumplimiento de las penas en un Estado de Derecho

En nuestro país hay cerca de sesenta mil personas privadas de libertad. Las condiciones inhumanas de detención, los índices sostenidos de sobrepoblación en cárceles, comisarías e institutos de menores, la ausencia de reinserción social, las prácticas sistemáticas de violencia, tortura y una enorme mayoría de presos sin condena son los rasgos más evidentes de los lugares de detención.

Una política democrática de seguridad tiene que ocuparse por que el cumplimiento de la prisión preventiva y de la pena se dé en condiciones dignas y aptas para la readaptación de la persona condenada y no contribuya, como hasta ahora, a la reproducción y agravamiento de los problemas críticos de violencia, injusticia y delito que se propone resolver.

10 Un nuevo acuerdo para la seguridad en democracia

Para cumplir con la obligación del Estado de dar seguridad a los ciudadanos en el marco de estos principios democráticos es imprescindible alcanzar un acuerdo político y social amplio que permita avanzar en el diseño e implementación de políticas de corto, mediano y largo plazo, orientadas a encontrar soluciones inmediatas y perdurables a las demandas sociales en materia de seguridad.