Nuestro país ha sido protagonista durante los últimos años de cambios profundos que redefinieron al Estado. Y fue desde ese Estado que se perfiló una estrategia que generó un cambio en la concepción del crecimiento económico al poner al trabajo y la protección social en el objetivo primordial de un proceso de desarrollo con inclusión social.
Así, las medidas de política económica se tomaron bajo ese marco conceptual consistente en la necesidad de generar trabajo, formal y bien remunerado, a la vez que se tendía a reparar la exclusión que dejara la política de los noventa.
De ahí la importancia de los lineamientos macro que terminaron por definir el esquema: tipo de cambio competitivo, re-industrialización, superávit fiscal, des-endeudamiento, expansión del gasto público y la inversión social.
En una primera etapa se atendió desde el Estado la emergencia social y laboral con el “plan Jefes” hasta tanto la generación de empleo iba absorbiendo sus beneficiarios, se promovieron aumentos del salario mínimo y las jubilaciones y pensiones, la negociación colectiva y la formalización laboral.
En una siguiente etapa fue necesario tener en cuenta la complejidad del nuevo escenario laboral para seguir avanzando. Se tendió entonces a profundizar las reformas para incluir a más trabajadores que se encontraban excluidos tras años de desempleo, flexibilización e informalidad en la relación de trabajo, “universalizando” los beneficios previsionales y las asignaciones familiares que sólo percibían los trabajadores formales.
Emblemático en este sendero fue la eliminación del régimen de capitalización individual desandando la privatización de uno de los institutos más preciados del Estado benefactor. La creación del SIPA, a su vez, permitió redireccionar el ahorro nacional con fines estratégicos y ayudó a financiar el incremento del gasto social.
Luego sobrevino la acción del Estado frente a la crisis internacional que puso en evidencia el cambio en la concepción económica encarada por el actual gobierno. Y esa ideología tuvo que ver con la decisión de llevar adelante medidas que tengan siempre al empleo en el centro de las políticas públicas. En efecto, el impulso fiscal inyectado en la economía doméstica durante 2009 influyó para que los efectos de la crisis se vieran atenuados.
El sostenimiento e incremento de la inversión pública en infraestructura social, grandes obras energéticas y pequeñas obras de impacto local resultó, frente a las críticas y dudas sobre su efectividad, un acierto de política contracíclica para hacer frente a la caída de la construcción y el empleo. Además, y no menos importante, fue el sostenimiento de la política de ingresos y salarios llevada adelante desde el Estado, convalidando e impulsando las subas del salario, la ley de movilidad jubilatoria, la asistencia a las empresas en crisis mediante subsidios de parte de la masa salarial o el financiamiento directo y los diferentes planes sociales.
En consecuencia, en todos estos años, el Estado recuperó funciones y prestaciones, ha crecido la asignación de recursos a las políticas sociales en general y a las universales en particular, como educación, salud y previsión social. También del gasto orientado a promover el desarrollo del aparato productivo y a contener los precios de los productos claves de la canasta de alimentos y las tarifas de los servicios públicos y el transporte.
Así, la acción directa del Estado se convirtió en uno de los pilares del proceso de desarrollo con inclusión social al recuperar la autonomía política necesaria para impulsar estas reformas.
Para seguir avanzando hoy es necesario profundizar el cambio con aquellas medidas que contribuyen a la inclusión de sectores populares que aún se encuentran postergados y tienen dificultades para el acceso a muchos de los beneficios de la política social del Estado.
Avanzar también, por ejemplo, con la reforma pendiente en materia tributaria gravando rentas exentas y desalentando la especulación financiera a la vez que se combate la evasión y la informalidad laboral, con la reforma del sistema financiero que permita direccionar el ahorro nacional al desarrollo productivo, mejorar la competitividad y generar empleo, y las reformas laborales que amplían derechos a los trabajadores como la que reglamenta la distribución de las ganancias o la exigencia del balance social de las empresas.
Sólo así, mediante la reafirmación de un Estado activo que garantice la protección social, oriente la puja distributiva y direccione el rumbo económico, se logrará la profundización del proceso de desarrollo avanzando sobre las reformas necesarias para mejorar la distribución de la riqueza y las condiciones de vida de todos los argentinos.
(Nota publicada por Tomas Lukin en Página/12 del 29-11-2010:
http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-157716-2010-11-29.html )
