Por Alfredo Zaiat
La universalización de la asignación familiar por hijo ha impulsado la segunda versión de “la plata de los jubilados”. La primera se desarrolló hace pocos meses con el manejo de las inversiones de la Anses. Ahora vuelve recargada a la cartelera mediática ante el éxito que esa consigna demagógica ofrece a políticos conservadores y progresistas, analistas preocupados en expresar que están “cerca de la gente” y especialistas en confusión ciudadana. Pocos argumentos brindan tantos pergaminos de poseer sensibilidad social que expresar preocupación por “la plata de los jubilados”. También revela, como pocos, el éxito de la concepción neoliberal acerca del funcionamiento de un sistema de seguridad social. Esa idea extendida en el sentido común de que el jubilado tiene su dinero para cobrar en una caja del Estado y que esos fondos son utilizados para otros fines es muy rústica. Pero la mayoría piensa que es así gracias al dominio de la corriente conservadora, a la que se suman con estirpe indignada grupos identificados de centroizquierda. El régimen jubilatorio, luego del fin del negocio especulativo con el aporte previsional de los trabajadores denominado AFJP, es de reparto. Junto al sistema de asignaciones familiares, constituyen dos pilares de la estructura fundamental de la seguridad social pública. Sus prestaciones, como los recursos para financiarlas, tienen más complejidad que la de presentarlas como una cuenta de los jubilados. Esto último es un resabio del análisis que dejó la reforma regresiva de la capitalización individual. Ahora se requiere un poco más de esfuerzo para no confundir flujo y stock de recursos previsionales manejados por la Anses, incorporar la noción de solidaridad intergeneracional de un régimen de reparto público y precisar la capacidad del Estado para instrumentar una política de administración de activos financieros e intervención en la economía.
La medida que extiende la asignación familiar por hijo a desocupados y empleados no registrados es una iniciativa extraordinaria de reconocimiento de derechos económicos y sociales a ese universo de la población. Hasta ahora eran trabajadores parias del mercado laboral pese a pertenecer a él. Sólo los trabajadores en relación de dependencia tenían el beneficio de cobrar asignaciones familiares. Los otros estaban excluidos del sistema de seguridad social al no ser reconocidos como sujetos de derechos sociales del mercado laboral, pese a tener más necesidad de esos aportes. La universalización de la asignación familiar por hijo es una confirmación de su calidad de trabajadores a pesar de no estar en la formalidad, además de constituir una reparación social a un sector castigado. Si esos trabajadores son incorporados a la seguridad social a través de una asignación familiar, el canal natural de pago es la Anses, así como también su principal fuente de financiamiento. Cualquier otra vía de distribución de esos fondos sería discriminatoria porque crearía dos clases de trabajadores para el sistema de seguridad social.
El régimen de asignaciones familiares se financia con el aporte patronal y otras fuentes. En la ley que lo crea se precisa en el artículo 1º que “se instituye con alcance nacional y obligatorio, y sujeto a las disposiciones de la presente ley, un Régimen de Asignaciones Familiares basado en un subsistema contributivo fundado en los principios de reparto de aplicación a los trabajadores que presten servicios remunerados en relación de dependencia...”. La reciente medida lo extiende a todos los trabajadores (en negro y desocupados), y es el mismo organismo público (Anses) el encargado de abonar esos beneficios.
De ese modo, el rol del Estado adquiere mayor centralidad en la seguridad social, al recuperar el mandato que emana del artículo 17 de la Constitución nacional. Este dispone que “el Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, que tendrá carácter de integral e irrenunciable”. De esa forma, el sector público asume la obligación de contar con recursos para cumplir con ese objetivo, dinero que puede obtenerlo de aportes previsionales o de otras fuentes, como impuestos específicos, participación en un porcentaje de los tributos existentes, de nuevos gravámenes o de rentas obtenidas por inversiones de un stock de activos previsionales (Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino). No se trata entonces de “la plata de los jubilados” reunida en una cuenta de un organismo público (Anses), sino de recursos de un Estado comprometido con una política global para mejorar las condiciones de vida de un sector vulnerable de la población. Puede parecer lo mismo, pero son concepciones diferentes de como se organiza una sociedad según el rol que se le asigna al Estado como protagonista del ordenamiento fiscal y agente redistribuidor de ingresos.
Salvo para consignas demagógicas, no existe esa concepción lineal de “la plata de los jubilados” en un sistema de reparto. El flujo mensual de recursos provenientes de los aportes de los trabajadores, cargas sociales y porciones de impuestos nacionales (IVA, Ganancias y Cheque) permite el pago de los haberes. Se trata, además, de un esquema previsional de solidaridad intergeneracional: los trabajadores activos de hoy aportan para el pago de los haberes de los pasivos, y mañana sus respectivas retribuciones serán acercadas por otros trabajadores, y así se van encadenando los eslabones en el régimen de reparto. Ahora se amplía el concepto de seguridad social, a través del sistema de asignaciones familiares a niños y niñas cuyos padres tienen trabajo en la economía informal o están desocupados. Es una forma de igualar a quienes aún no están dentro del mercado laboral formal y de garantizar el derecho a la seguridad social para todos. Y ese derecho es en parte financiado por las utilidades contabilizadas del Fondo de Garantía manejado por la Anses. Más adelante se podrá encontrar más fuentes de financiamiento, y a la vez se podrá también disponer de ajustes adicionales en los haberes mínimos (la movilidad tuvo variaciones por encima de lo calculado por sus críticos por derecha e izquierda) o acelerar la cancelación de juicios de los jubilados. Pero la presión para transitar ese necesario recorrido no habilita a confundir con la vulgaridad de “la plata de los jubilados”.
El Fondo de Garantía está integrado, además del superávit de las cuentas previsionales de los últimos años, por el stock de activos financieros y bursátiles que estaban en manos de las AFJP. Esos activos son un patrimonio que el Estado recuperó del régimen de capitalización que desfinanció la seguridad social durante casi década y media. Nuevamente, ese stock de capital recuperado no es “la plata de los jubilados”, sino que se ha integrado a un sistema general de seguridad social. Es cierto que el Gobierno no ha puesto mucho empeño en explicar el nuevo funcionamiento ni ha convocado a organizaciones sociales que impulsaron históricamente la propuesta de la universalización, lo que deja el escenario libre para que predomine el discurso neoliberal en materia previsional y seguridad social. Y si además dirigentes del denominado arco progresista adoptan esa consigna fácil y conceptualmente regresiva, se hace más difícil la batalla cultural para recuperar instituciones y nociones básicas de la seguridad social para proteger el interés de las mayorías.
