Amedida que las políticas impulsadas por el neoliberalismo pasan a formar parte del pasado y se recuperan y redefinen las funciones del Estado aparecen las contradicciones inherentes al quehacer estatal en su relación con la sociedad.
Suele suceder que sin nada que medie, se cuestione una carga tributaria muy elevada y, al mismo tiempo, se reclame una mayor participación del Estado para resolver de manera inmediata un sinnúmero de problemas que se yuxtaponen en la agenda pública, sin resaltar que llevan décadas sin solución.
En los últimos años, se produjo una disociación entre las problematizaciones incorporadas en la agenda pública y la conformación de la agenda estatal y, consecuentemente, en la orientación de la política desarrollada.
Estas diferencias se originaron en que el Gobierno empezó a implementar políticas que favorecían a quienes no tenían injerencia en la definición de la agenda pública o que perjudicaban a quienes sí la tenían y se generaron tensiones adicionales en la correlación de poder imperante.
Sólo como ejemplos de ello se pueden mencionar a la recuperación del sistema previsional estatal, la asignación universal por hijo y a los esfuerzos por mejorar las condiciones laborales con las convenciones colectivas de trabajo por rama y actividad, el avance en la formalización de los trabajadores y el aumento exponencial del salario mínimo vital y móvil.
Por el lado de los impuestos, no se produjeron cambios significativos en la política tributaria –aunque se lograron avances en materia de administración– y en consecuencia también se realizaron cuestionamientos, desde diversos sectores y con distintos enfoques. La modificación más relevante fue la reimplantación de los derechos de exportación (conocidos como retenciones) con tasas diferenciadas entre la industria y el agro que permitieron un tipo de cambio diferencial a favor de la primera para contrarrestar una de las deficiencias más notorias de la economía argentina como es la estructura productiva desequilibrada.
A pesar de los pocos cambios realizados en esta materia, el sistema impositivo actual es muy distinto del vigente en la década de los ’90: la presión tributaria ronda el 34% del PBI, más de 12 puntos porcentuales superior a la de aquellos años. El dato más destacado es que este aumento se logró mediante los impuestos a los Ingresos (básicamente Ganancias), al Comercio Exterior y a la Seguridad Social.
Los gravámenes que recaen sobre el consumo estuvieron entre los que registraron menos aumentos.
En consecuencia, las políticas públicas orientadas a favorecer a los trabajadores y excluidos se financiaron con un sistema tributario que mejoraba su incidencia distributiva. Tal vez en la recuperación del carácter redistributivo de la intervención estatal se sintetice la contradicción de la agenda pública: quienes tuvieron que pagar más impuestos conforman estratos sociales distintos de quienes son los principales receptores directos de las políticas públicas.
Es indudable que el Estado actual es muy distinto del que legaron tantos años de políticas destinadas disminuir sus atribuciones y responsabilidades y a dirimir los conflictos en desmedro de los trabajadores y desposeídos.
Tan indudable como todo lo que queda por hacer para recuperar un Estado presente e inclusivo.
Se podría decir, parafraseando a Sartre, que, en todos los tiempos, el Estado es lo que hace con lo que hicieron de él.
El desafío pasa por fortalecer al Estado para transformar esta actual limitación en una virtud para que pueda cumplir en toda su plenitud su rol de articulador de las relaciones sociales para mejorar las condiciones de todos los habitantes.
(Publicado en BAE)
