LA ACTUALIZACIÓN DE LOS HABERES Y LOS MÁXIMOS

La generalización del caso Badaro genera una gran cantidad de controversias. Las más destacadas son dos: la inconsistencia financiera del sistema y el impacto regresivo en términos distributivos.
La primera de ellas se origina en que el sistema actual tiene topes máximos, tanto para los haberes como para los aportes personales. Desde la aplicación de la Ley 24.241 rige una base imponible máxima para la determinación de los aportes personales, que fue actualizado por última vez mediante la resolución 651/10 a partir de septiembre de 2010 en $11.829,11. En consecuencia, la actualización de los haberes sin ningún tipo de tope se contradice con el límite vigente para el financiamiento. El régimen de reparto se basa en el mecanismo de que los activos de un determinado momento financian el pago de las jubilaciones a los pasivos de ese momento. Si los aportes tienen tope y los haberes no, es evidente que el sistema no podrá ser sustentable y tenderá a desfinanciarse a medida que la brecha jubilación máxima / aporte máximo se profundice. En la actualidad esta inconsistencia no rige porque la Ley 26.417 establece, en su artículo 9º, un haber máximo que con la Resolución antes citada se fijó a partir de septiembre en $7.666. La actualización siguiendo lo dispuesto en el caso Badaro vulnera este límite, incluso en el propio caso a seguir.
La segunda controversia esta relacionada a la anterior y surge al proponer un aumento proporcional a todos los haberes superiores al mínimo. Al hacerlo, se refuerza el carácter pro rico que tiene todo sistema previsional al tender a distribuir beneficios más elevados a quienes están en los estratos más altos de la población. Esto no transforma al sistema en regresivo, porque los estratos más pobres siguen recibiendo prestaciones proporcionalmente mayores en relación a sus propios ingresos. Pero el proyecto analizado en particular sí es regresivo porque si se aprobase (o, para ser más preciso, si se promulgara) conllevaría un aumento del 36% en los haberes mínimos y del 88% en los más elevados.
Por lo tanto, la propuesta en conjunto tiene un impacto regresivo que tiene como correlato una reducción de la progresividad del sistema y la profundización de su carácter pro rico.

Seguridad Social para Todos

La inestabilidad macroeconómica así como la alta incidencia del empleo informal y el desempleo durante períodos prolongados de tiempo generaron interrupciones en las historias laborales que determinan que tampoco sea posible un sistema estrictamente contributivo “bismarkiano” como perdura en el inconsciente colectivo de muchos de quienes piensan en “la plata de los jubilados”.
En ese sentido, la Argentina inició ya un camino de reformas durante el último lustro en materia de seguridad social que va a la vanguardia de lo que acontece en el mundo.
Hoy, producto de la crisis financiera internacional todos los regímenes de seguridad social del mundo desarrollado están sufriendo cambios y la tendencia en esta nueva oleada de reformas es la que también se realizó en la Argentina: una significativa vuelta a los componentes públicos de los tradicionales sistemas de apoyo a ingresos en la vejez.
En un trabajo reciente se advierte que “a medida que los países comenzaron la segunda ronda de reformas, el Banco Mundial – y otras organizaciones internacionales que promovieron las reformas de pensiones que introdujeron cuentas individuales – han reconocido que se debe poner más atención a los mecanismos para reducir la pobreza durante la vejez, para expandir la cobertura y la igualdad, y para proteger a los participantes de los riesgos del mercado. El rol fundamental de las pensiones universales y no contributivas ha sido ampliamente reconocido.”
Los segmentos de la población que no tendrán posibilidades de acceder al sistema cuando lleguen a la edad para jubilarse porque no realizan (o no les realizan) sus aportes previsionales, están contribuyendo a su financiamiento mediante el pago de impuestos. Así, una proporción muy alta de la población es contribuyente de hecho del IVA y otros impuestos regresivos que se utilizan para financiar un sistema previsional al que nunca podrán acceder si no se reformula el sistema. Y los excluidos del sistema previsional están concentrados en los estratos de menores ingresos.
Esta combinación, financiamiento con impuestos regresivos y exclusión de los más pobres, hace que el sistema jubilatorio tal como está pensado sea notoriamente pro-rico y con posibilidades de ser regresivo en términos distributivos.
Por lo tanto, resulta indispensable, siguiendo los principios de una “seguridad social para todos” planteados por la OIT , avanzar hacia un sistema que convine un componente no contributivo “universal”, con uno contributivo que lo complemente.
Para transformarlo en progresivo, el esquema debe garantizar al mismo tiempo, un beneficio jubilatorio para todos los habitantes mayores y un haber creciente de acuerdo a los años de aportes y a los ingresos obtenidos en la vida económicamente activa, pero menos que proporcional en relación a este último.
En línea con esto último es fundamental generar un debate amplio sobre la financiación del Estado en general y del Sistema Previsional en particular.
Así, teniendo en cuenta que los ingresos tributarios (o no contributivos) son indispensables para el sostenimiento del sistema, cualquier propuesta que tienda a desmantelar este financiamiento debe ser desechada o necesariamente reemplazada por otra fuente de ingresos. En estos términos, que sea un porcentaje previo a la coparticipación de los principales tributos nacionales el que este financiando el grueso de los aportes no contributivos al sistema parece el esquema más apropiado.
El reclamo de un “82 por ciento móvil”, que ha sido bandera de los sectores populares desde mediados del siglo pasado en la Argentina, debe ser revisado en función del sistema previsional (y el mercado de trabajo) que nos legó treinta años de ajuste neoliberal para convertirse en una opción seria, responsable y sustentable en el mediano y largo plazo, porque sólo de esa forma será funcional al desarrollo del país.
Pero para lograr eso es necesario un debate racional sobre un tema que muchas veces se torna emocional y lleno de preconceptos. Es necesario, por ejemplo, para por ejemplo explicar a la sociedad que el “82 por ciento móvil” no puede significar que todos los jubilados van a percibir el 82% del salario que disponían cuando se encontraban en actividad y, muy probablemente, ni siquiera uno que se siga relacionando con el lugar de trabajo que ocupó durante su vida activa.
Hoy la movilidad sigue una fórmula implementada por ley y avalada por la justicia que contiene criterios razonables para la sostenibilidad del sistema y la actualización real de los haberes, que es general para todos los jubilados y pensionados.
En cuanto a la regla de determinación del haber, el sostenimiento por ley de una pauta como la del 82 por ciento, por más que se trate de la mínima, establece una rigidez que dependiendo de cuál sea la política seguida con el SMVM puede significar una actualización diferente a la establecida por Ley para el conjunto de los haberes (y una posible contradicción con esta) o directamente estancarse si el SMVM vuelve a dejar de ser un instrumento de política económica, tal como ocurrió en los noventa, tiempos en los que se mantuvo congelado y en el olvido y los convenios colectivos no se tocaban para no perder más derechos.
Por otra parte, como la experiencia de los años setenta y ochenta demuestra, creer que si se usa una fórmula de cómputo como esa se obtendrán haberes más altos es caer en la ilusión de que los problemas del sistema son legales y no económicos, cuando como se explicara, el haber depende del número de beneficiarios y del total de recursos a distribuir.
Respecto de la tasa de imposición, restablecer el 16 por ciento de contribuciones patronales (y sin topes salariales) puede resultar una alternativa a evaluar, teniendo en cuenta la segura resistencia empresaria y su posible traslado a precios y/o pérdida de competitividad en algunos sectores expuestos a la competencia externa.
Sin duda, resulta necesario evaluar si los regímenes especiales que hoy existen (algunos de los cuales volvieron en la etapa actual como el cuerpo diplomático, el judicial y los docentes e investigadores que efectivamente perciben haberes jubilatorios bajo una regla del “82 por ciento”) constituyen verdaderos casos “especiales” o simplemente resultan “privilegiados” del sistema.
Algo similar acontece con los regímenes subsidiados como los monotributistas o el personal doméstico, con aportes inferiores al que correspondería si se tratase de un trabajador autónomo o en relación de dependencia.
El régimen de reparto no obstante es mucho más potente que el de capitalización porque permite una doble solidaridad. Por un lado, la solidaridad intergeneracional propia del régimen que funciona a partir de los aportes de los trabajadores activos que financian a los pasivos. Por el otro, la solidaridad intrageneracional que se origina en la posibilidad de determinar una mejora distributiva entre los jubilados, al permitir que se establezcan relaciones haber/salario distintas entre quienes tuvieron menores ingresos en su vida económicamente activa y quienes estuvieron en los peldaños más altos de la escala.
Combatir los altos niveles de informalidad en la relación de trabajo, aún cuando se sostenga la idea de un régimen no estrictamente contributivo es, junto a la continua generación de empleo, el principal sostén del régimen previsional y por lo tanto debe constituirse en el principal objetivo en la materia.
Profundizar los avances en la reducción del trabajo no registrado, por sobre todas las cosas, es fundamental para garantizar la justicia distributiva del sistema provisional. Mientras no pueda resolverse este problema, es indispensable garantizar un ingreso mínimo a la vejez para todos aquellos que no pudieron realizar los aportes necesarios para acogerse el régimen jubilatorio. El Plan de Inclusión Previsional cumplió un rol central en este aspecto al permitir acercarse a la universalización del sistema, después de tantos años de deterioro en la cobertura de la población en edad de jubilarse.
En definitiva, resulta necesario implementar acuerdos de largo plazo en cuanto al marco normativo y las fuentes de financiamiento para diseñar un sistema de seguridad social único y sustentable con objetivos claros para la sociedad para no caer en una nueva decepción ni una nueva frustración para con los adultos mayores.
El contexto actual, con un esquema de seguridad social más justo y solidario, mayor recaudación tributaria y previsional, mejor gestión de la ANSES, habiendo terminado con el negocio especulativo de las AFJP y recuperado el ahorro nacional que producto del sistema previsional ahora es administrado con sentido público por parte del Estado, ampliando la cobertura a 2,4 millones de personas que estaban privadas de ese derecho, brindando aumentos que multiplicaron por 7 el haber mínimo en 7 años y estableciendo por ley una actualización semestral para el conjunto de los haberes, es más que auspicioso para pensar en la continuidad de las reformas y el sentido de las mismas hacia una seguridad social para todos.

EL SISTEMA PREVISIONAL ARGENTINO

Los antecedentes del régimen jubilatorio argentino superan los 100 años , lo cual lo convierte en uno de los pioneros a nivel mundial. Ya a fines del siglo XIX surgen las primeras leyes jubilatorias, que se mantienen todavía dentro del concepto graciable o semigraciable de los beneficios y comprenden solamente a determinados grupos de funcionarios y empleados de la Nación.
Recién en las leyes de presupuesto para los años 1901 a 1904 se dispuso deducir el 5% de los sueldos de los empleados públicos y de los jubilados en concepto de aportes personales para ir generando un fondo de jubilaciones. Y eEn 1904 se dictó la ley número 4.349, "Ley de montepío civil", que estableció el primer régimen orgánico de previsión social, iniciando la etapa moderna de la evolución de los sistemas previsionales en Argentina.
Esta etapa se puede dividir en cuatro períodos:
1) La conformación del sistema: abarca desde las primeras experiencias desde fines del siglo XIX y llega hasta fines de los años ‘60s. Empieza con los regímenes “de capitalización” mediante cajas previsionales: ferroviarios, bancarios, servicios públicos, etc. A partir del primer peronismo se alcanza la expansión de los beneficios hacia la universalización del sistema bajo la lógica de reparto pero sin conformar un régimen único. Finalmente, se efectúa la unificación legislativa y reforma administrativa a fines de los años 60 cuando se conforma el “Sistema Nacional de Previsión Social” de reparto mediante los decretos leyes 18.037 y 18.038.
Es en esta etapa cuando aparece, durante el gobierno de Frondizi, el tan mentado “82 por ciento” para las jubilaciones y el 61,5 por ciento (el 75 por ciento del 82 por ciento) para las pensiones, a partir de la ley 14.499 del año 1958. Estas proporciones eran aplicables a los haberes más bajos y decrecían para los salarios más altos. Pero esta regla perduró poco más de 10 años porque durante el gobierno dictatorial de Onganía, en 1969, se modificó mediante las leyes 18.037 y 18.038 y se fijó la relación para los jubilados en el 70 por ciento del salario para quienes tuvieran 30 años de aportes, aunque se mantuvo el 82 por ciento sólo a aquellos que reúunían más de 42 años de aportes.
2) Crisis del régimen de reparto: aunque con la maduración del sistema habían empezado a aparecer las primeras dificultades financieras, es a partir del el cambio en la política económica iniciado por la última dictadura que el sistema entra en crisis. La caída del salario real y la expansión de la informalidad laboral afectaron las fuentes contributivas de financiamiento y llevaron a la emergencia previsional que detonó en toda su magnitud a mediados de los ochenta.
En esta etapa de inestabilidad institucional y macroeconómica se incumple sistemáticamente el 70 /– 82 por ciento, se eliminan las contribuciones patronales en 1980 para retomarlas en 1984 y se incorporan por primera vez los ingresos impositivos al financiamiento del sistema: una proporción del IVA durante el gobierno militar para compensar la eliminación de las contribuciones patronales, e impuestos específicos al consumo de combustibles y telefonía a fines de los ochenta para financiar el déficit estructural del régimen.
3) El régimen de capitalización individual: la crisis de financiamiento abrió el camino para reformar el sistema e incorporar la administración privada a partir de la Ley 24.241 aprobada en septiembre de 1993.
La reforma no resolvió, sin embargo, ninguno de los problemas del sistema anterior. Por el contrario, profundizó el desfinanciamiento del régimen de reparto, al desviarse los aportes personales hacia las AFJP y reducirse la cantidad de cotizantes en relación a la población activa. Al mismo tiempo, actuaron en la misma dirección el aumento de la informalidad y la política ofertista de reducción de las cargas laborales y la flexibilidad laboral. Todos estos factores exigieron que se aumenten las fuentes no contributivas para financiar al régimen de reparto que mantenía a casi todos los jubilados hasta representar más del 40% del total de recursos (ver Entrelíneas 15 y 16).
La crisis financiera internacional terminó de poner en evidencia la endeblez del sistema, al generar una veloz contracción en el valor de los fondos administrados por las AFJP.
4) Recuperación del sistema previsional: empezó con la resignificación del régimen de reparto a partir de la recuperación de los haberes mínimos, la incorporación de los excluidos por el régimen de capitalización por no realizar aportes suficientes y la ley de movilidad previsional. Cuando se alcanzaron los consensos suficientes (por la crisis internacional) se realizó la “contra-reforma” del sistema de previsión, esto es, la recuperación de la administración por parte del Estado de los aportes personales.
En esta nueva generación de reformas, se abandona la lógica de capitalización individual y se retoma íntegramente el esquema de reparto con ampliación de la cobertura y componentes solidarios no contributivos.

La sostenibilidad del régimen

Un sistema de reparto se basa implícitamente en un contrato inter-generacional entre la clase activa y la pasiva y la viabilidad en el cumplimiento de dicho pacto inter-generacional depende en gran medida de la relación entre el número de trabajadores activos aportantes y el número de pasivos beneficiarios.
Resulta por lo tanto importante verificar que en la actualidad la relación entre aportantes al régimen (los 8,5 millones de trabajadores formales que aportan a la ANSES) y beneficiarios del mismo (aproximadamente 5,6 millones de jubilados y pensionados), o coeficiente de sostenimiento del régimen de reparto, es de, apenas, 1,5 (acá también impacta el hecho de la incorporación de nuevos beneficiarios por la moratoria previsional).
En este caso no sólo el envejecimiento de la población y la baja tasa de natalidad explican el bajo coeficiente entre aportantes y beneficiarios, sino la aún muy importante ilegalidad en la que se desenvuelven aproximadamente y en promedio el 40 por ciento de las relaciones laborales.
En efecto, el total de ocupados en la Argentina es de 16,5 millones de personas, de los cuales unos 6,5 millones son asalariados que no hacen aportes al sistema por desempeñarse en la economía no registrada, con porcentajes mayores de informalidad en los sectores de servicio doméstico y el empleo rural, regímenes para los cuales también se impulsan en estos momentos en el Congreso nuevas regulaciones de trabajo que fomenten la registración y los beneficios laborales y de la seguridad social.
Pero volviendo a la cuestión del coeficiente de sostenimiento (entre aportantes y beneficiarios) del sistema previsional, si bien la alta proporción de trabajadores no registrados influye negativamente en la sustentabilidad de un sistema de reparto, los datos revelan que aún incorporando a la totalidad de los trabajadores no registrados esta relación no llega a 3 aportantes por cada beneficiario, cuando tradicionalmente se planteó que un sistema de este tipo requiere una relación de 4 activos por cada pasivo para lograr autofinanciarse (para una tasa de imposición promedio sobre el salario del orden del 25%).
En consecuencia, aún si se lograse el pleno empleo y el registro de toda la población económicamente activa, el sistema tendría dificultades para su autofinanciamiento habida cuenta que el envejecimiento de la pirámide poblacional aporta lo suyo para el futuro: basta recordar que para el año 2030 la población de más de 60 años proyectada será el 17,5% del total y para el 2050 superará el 23%.
Por lo tanto es vital para un sistema previsional, incluso uno de capitalización, el crecimiento del nivel de actividad, del empleo registrado y de los salarios reales para aumentar y estabilizar el coeficiente de sostenimiento del sistema.
Según los datos de 2009, el déficit previsional puro fue del orden de los $30.000 millones, con lo cual en un sistema sin ingresos no contributivos el haber medio debería ser inferior o los aportes y contribuciones más elevados para equilibrar el sistema.
Esto es así porque en un régimen contributivo de reparto, la relación entre el haber medio y el salario de un trabajador activo depende de la relación entre el número de aportantes activos al sistema y el número de jubilados así como de la tasa de imposición personal y patronal sobre el salario. Si la relación entre aportantes activos y beneficiarios cae, como efectivamente ocurrió en la Argentina, para mantener una cierta relación entre el haber jubilatorio y el salario (por ejemplo 70% u 82%), se debe aumentar la tasa de los aportes personales o contribuciones patronales, o bien crear nuevos impuestos y salir de la lógica de un régimen puramente contributivo.
En efecto esto es lo que ha hecho la Argentina desde mediados de los años ochenta cuando empezó a incorporar recursos tributarios para financiar el déficit previsional. En la actualidad, como ya se dijo, el sistema recibe entre un 40 y un 45 por ciento de sus ingresos de orígenes “no contributivos”, y esto se utilizó en el último quinquenio para extender la cobertura a 2,4 millones de adultos mayores y poder pagar jubilaciones y pensiones superiores a las que determinaría un esquema contributivo puro.

El balance de la Seguridad Social

A fines de 2008 se dio por terminado el camino iniciado con la privatización del régimen y se traspasaron los fondos acumulados para ser administrados por el Estado y los aportes personales que eran derivados a las AFJP pasaron a financiar las prestaciones de la ANSES.
La estructura de ingresos y gastos de la Seguridad Social no obstante excede lo previsional. En los últimos años la ANSES se ha constituido en el principal instrumento de redistribución de los ingresos, en especial a partir de la instauración de la Asignación Universal por Hijo (AUH), pero también en un instrumento de asistencia financiera a provincias y de financiamiento a proyectos productivos y empresas nacionales.
Este nuevo rol de la ANSES, se da con excedente de sus ingresos por sobre los gastos pero gracias a los componentes no contributivos que recibe por la creciente recaudación tributaria (Ver Entrelineas). De tomarse únicamente los componentes contributivos (esto es ingresos por contribuciones patronales y aportes personales menos pagos por prestaciones de la seguridad social), el resultado es deficitario.
Los recursos de la Seguridad Social alcanzaron a $ 103.000 millones en 2009 y se componen, fundamentalmente, de los aportes y contribuciones ($ 59.000 millones, un 57%) y las afectaciones de impuestos ($44.000 millones, el 43%).
Los aportes y contribuciones se calculan sobre una masa salarial de trabajadores formales de aproximadamente 8,5 millones de trabajadores que aportan a la ANSES, de los cuales unos 5,8 millones de trabajadores en relación de dependencia se desenvuelven en el sector privado y aportan el 25% de su remuneración bruta (sumando aportes y contribuciones patronales). Las asignaciones específicas de impuestos que recibe la ANSES representan algo menos del 20 por ciento de la recaudación total de la AFIP por impuestos y derechos sobre el comercio exterior (excluidos los aportes y contribuciones).
Por su parte, los gastos en jubilaciones y pensiones de la ANSES ($ 78.000 millones) explican el incremento en términos del PIB de la finalidad.

El 82 por ciento ¿de qué?

En el imaginario social está instalada la creencia de que el haber previsional debería ser el 82% del salario para todos los jubilados. Sin embargo, jamás fue así en toda la historia del sistema previsional argentino.

Para entender esto hay que remontarse al gobierno de Arturo Frondizi. En esa época se aprobó la Ley 14.499 que instituyó el haber como 82 por ciento del salario activo. Pero esta proporción correspondía a los haberes menores y establecía que esta proporción debía ser decreciente a medida que el salario fuese superior.

Relación Haber/Salario en la Ley 14.499. En m$n

Salario	Haber	Tasa
3.049	2.500	82%
6.098	5.000	82%
7.317	5.700	78%
9.756	6.900	71%
11.585	7.500	65%
14.634	8.000	55%
24.390	9.600	39%
36.585	10.160	28%

Fuente: CIEPYC

Este apropiado criterio perduró por poco más de 10 años porque durante el gobierno de Onganía se volvió a reformular el sistema mediante los decretos leyes 18.037 y 18.038. A partir de allí se eliminó el esquema decreciente de determinación del haber y se dispuso como criterio general que el haber sería el 70 por ciento del salario para los jubilados y 52,5 por ciento para las pensiones (el 75 por ciento del 70 por ciento) para quienes tuvieran 30 años de aporte. Para quienes tuvieran aportes por más tiempo se adicionaría un punto porcentual hasta llegar al 82 por ciento para quienes hubieran realizado al menos 42 años de aportes, situación por demás excepcional en un sistema que tenía sólo 25 años con cierto grado de universalización.

También se incorporó con el decreto ley 18.037 (artículo 46) un haber por edad avanzada para quienes tuvieran más de 65 años (en un sistema que requería 60 años para los hombres y 55 años para las mujeres) y hubieran realizado al menos 10 años de aportes, equivalente al 50 por ciento del haber general más una bonificación del 1 por ciento por cada año de servicios que exceda de 10.

Con la reforma del año 1994 se altera la relación haber / salario y se establece un complejo cálculo que sigue vigente hasta la actualidad. Contiene diversos componentes y entre ellos una prestación básica universal (PBU), que representa una suma fija para todos aquellos que puedan acceder a una jubilación, esto es, quienes tuvieron al menos 30 años de aportes (Artículo 19º). La PBU regía también para el régimen de capitalización y era financiada por el Estado mediante las contribuciones patronales.

La PBU no figuraba en el proyecto original del Ejecutivo y su incorporación permitió que quienes cumplan los requisitos reciban un mínimo igual para todos y en consecuencia representa una mayor proporción del haber para quienes tenían menores salarios. En este sentido, es un avance respecto a la situación anterior y se podría decir que es el componente de reparto que tenía el régimen de capitalización. Sin embargo, al exigir años de aporte, y a pesar de su nombre, no es universal.

Los proyectos actuales de la oposición no procuran modificar la determinación del haber jubilatorio. Sencillamente, disponen, como vimos, que el haber mínimo se fije en el 82 por ciento del salario mínimo, vital y móvil, pero no establecen ninguna relación para aquellos haberes que fueran superiores. En consecuencia, las propuestas no se asemejan a ninguna de las experiencias del pasado, ni a la Ley de Frondizi ni al decreto ley de Onganía.

Ante esta propuesta surge una paradoja. Durante los años ‘90s y hasta el año 2003, tanto el haber mínimo como el SMVM estuvieron congelados, en $150 el primero y $200 el segundo y en consecuencia, esta relación fue en todo ese período del 75%, superior al 60% actual. A partir de septiembre de 2010 el haber mínimo pasará a $1.046 y el SMVM a $1.740, con un aumento de casi el 600 por ciento el primero y 770 por ciento el segundo.

Sin embargo, si actualizáramos el SMVM de aquella época, por ejemplo con el tipo de cambio, arribaríamos a que, con un dólar igual a 4 pesos (para simplificar), éste debería ser en la actualidad igual a $800 (se alcanzarían resultados similares con cualquier índice de actualización que se utilice). Como dijimos, a partir de septiembre el haber mínimo será de $1.046 y en consecuencia la relación haber / salario ($1.046/$800) sería de 1,31, esto es, el haber sería un 31% superior al SMVM que rigió en aquellos años. Por lo tanto, si el SMVM sólo hubiera seguido la evolución del tipo de cambio, el haber mínimo estaría sobre cumpliendo la propuesta. Expresado de otra forma, para cumplir con el proyecto que procura su aprobación en el Congreso, bastaría que el haber mínimo fuera de $656, un -37,3 por ciento inferior al actual.

El corolario sería que si en los últimos años, al igual que en el pasado, no se hubiera empleado el SMVM como un instrumento de política económica para poner un piso a los salarios formales y una referencia a los informales, el haber mínimo actual sería superior a aquel y en consecuencia no habría problema a resolver. He aquí el origen de la propuesta.

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¿qué proponen los proyectos de la oposición?

Las principales propuestas de la oposición en discusión son dos:

1) elevar y fijar el haber mínimo en una relación de 82 por ciento (hoy representa el 60 por ciento) respecto del salario mínimo vital y móvil (SMVM), esto es elevarlo de los $1.046 que ya se anunció regirán a partir de septiembre a $1.427 (el SMVM será de $1.740 desde ese mes y de $1.840 a partir de enero de 2011), y

2) actualizar el resto de los haberes no mínimos, es decir, “desachatar” la pirámide, teniendo en cuenta las variaciones de los salarios en el período 2002-06, que resultó el período con menores aumentos para estos jubilados con apenas el 10% en 2004 y el 11% en 2006. El incremento beneficiaría a unos 800 mil jubilados y el aumento sería hasta alcanzar el aumento del 88 por ciento que estipuló la Corte Suprema de Justicia en el caso Badaro para dicho período.

De implementarse ambas medidas, el costo fiscal anual estimado asciende a más de $ 35.000 millones (2,5 por ciento del PBI) y el proyecto no contempla el origen del financiamiento. Esto resulta violatorio del artículo 38 de la Ley 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional que dice que “Toda ley que autorice gastos no previstos en el presupuesto general deber especificar las fuentes de los recursos a utilizar para su financiamiento” y el artículo 5 de la Ley 24.629 de Ejecución del Presupuesto y la Reorganización Administrativa: “Toda ley que autorice o disponga gastos deberá prever en forma expresa el financiamiento de los mismos. En caso contrario quedará suspendida su ejecución hasta tanto se incluyan las partidas correspondientes en el presupuesto nacional”.

Las alternativas para financiar un incremento de esas características bajo las circunstancias del sistema actual, serían:

1) incrementar el coeficiente de sostenibilidad (esto es crear más aportantes activos por cada pasivo) mediante la disminución de la informalidad, el desempleo y la creación de más trabajo decente, lo cual es deseable pero que los avances en la materia en estos últimos siete años demuestran lo complejo de avanzar con mayor velocidad en el logro de esos objetivos de mediano plazo mientras que el déficit del sistema se origina en el presente;

2) aumentar la tasa de imposición sobre el trabajo.  En efecto uno de los proyectos (con dictamen de minoria) estipula el retorno de las contribuciones patronales al 33% (16% para el sistema previsional, 2% para el PAMI, 7,5% para las asignaciones familiares, 1,5% para el fondo de empleo y 6% para las obras sociales) vigente antes de la reforma de 1993, aunque sería solo para las empresas grandes.

Esos aportes fueron recortados con el argumento de que achicar los costos empresarios aumentaría la competitividad y favorecería el trabajo registrado. Sobre esto último la realidad demostró que no fue cierto, sobre la competitividad el argumento sigue siendo válido en sentido inverso.

Hoy restituir los aportes patronales como una fuente legítima de financiamiento del sistema de seguridad social, sobre todo si se plantea como posible la segmentación para determinados tipos de empresas, puede resultar justo en términos de la distribución de la carga entre capital y trabajo. Sin embargo deberían analizarse con más detalle muchas de las implicancias y efectos dado que hoy también existen reducciones por localización y pagos a cuenta de impuestos nacionales que deberían ser estudiados antes de realizar las modificaciones y calcular los beneficios impositivos.

Respecto del impacto fiscal, en un proyecto presentado en el Congreso en abril de este año por el bloque Proyecto Sur se propuso esta suba de las contribuciones y se estimo el beneficio fiscal en $15.000 millones al año. En dicho proyecto se los destinaba a compensar la eliminación del 15 por ciento de la coparticipación que se destina a la ANSES por un monto semejante, de cualquier forma no resulta por si sola una medida suficiente.

3) congelar el salario mínimo vital y móvil. Ya sucedió, durante el ahogo financiero del sistema previsional en los años ochenta, o durante la crisis fiscal (provocada en parte por la reforma previsional) del régimen de convertibilidad, cuando tanto el haber jubilatorio como el salario mínimo perdieron significación en términos relativos e incluso en términos absolutos, facilitando el cumplimiento de la pauta de la relación haber / salario.

En efecto, durante todos los años noventa el haber jubilatorio fue de $150, el equivalente al 75 por ciento del SMVM que estuvo congelado durante la década en $200 perdiendo relevancia efectiva en un mercado de trabajo cada vez mas segmentado y con salarios por debajo de la línea de pobreza.

4) subir impuestos claramente es una alternativa al momento de pensar en aumentar prestaciones de la seguridad social o incrementar el gasto público social. Sin embargo no se ha presentado ninguna propuesta que contemple esto, sino más bien lo contrario (reducción de retenciones a los productos del agro, quitar el 15% de la pre coparticipación que financia la ANSES, aumento en el mínimo no imponible de ganancias, etc.).

En este sentido las alternativas llevan la discusión a la necesidad de pensar una reforma paulatina de la estructura tributaria. Aún hay camino por recorrer en cuanto a gravámenes sobre rentas que no son alcanzadas y deberían ser contempladas y/o modificaciones varias para realizar entre los impuestos vigentes para analizar de forma de alcanzar una carga tributaria más progresiva que coopere con el objetivo social de la redistribución de la riqueza.

5) reasignar partidas presupuestarias fue la repuesta más elaborada por parte de quienes defendieron los proyectos de aumento en el haber mínimo. Los subsidios a las tarifas de gas, luz y transportes fueron las más mencionadas. Al respecto no cabe más que esperar ya que en efecto corresponde al Congreso de la Nación discutir sobre la distribución del presupuesto nacional y en breve podremos analizar las propuestas de los distintos bloques sobre la formulación presupuestaria para el año próximo.

Carta a Aldo Ferrer

Por Gustavo Grobocopatel

Mempo Giardinelli inauguró la semana pasada un debate sobre la soja y el desarrollo agrario con una carta pública destinada a Gustavo Grobocopatel, uno de los más importantes productores sojeros del país. Este le contestó, lo que motivó la réplica de Mempo Giardinelli, pero también se sumaron Aldo Ferrer y Enrique Martínez. Aquí se reproduce la respuesta de Grobocopatel a Ferrer

Estimado Aldo:

Recuerdo muy bien haber escrito juntos ese artículo sobre el modelo de desarrollo de la Argentina y también las largas charlas sobre el tema. Tengo claro que no hay diferentes visiones entre nosotros sobre hacia dónde debemos ir como sociedad y economía; nuestras diferencias están en cómo llegar. No voy a opinar sólo desde las ideas, lo hago comprometido e involucrado. En Los Grobo invertimos en industrializar materias primas con molinos harineros, avicultura y alimentos congelados y actualmente estamos invirtiendo en una fábrica de pastas. En ninguno de estos casos la decisión fue tomada y estimulada porque hay retenciones.

Quisiera sólo hacer comentarios de alguien que no es economista pero que, con el respeto y consideración que sabes tengo por vos, tiene muchas dudas sobre tus argumentos que defienden la utilización de las retenciones.

En principio las retenciones son utilizadas desde hace más de 8 años en forma ininterrumpida y ocuparon mediante distintos tipos de mecanismos gran parte de los últimos 50. El balance general en estos años no fue bueno: no generó una industrialización competitiva ni sustentable, tampoco grandes cantidades de empresas argentinas de calidad global; los pobres aumentaron y la brecha con los más ricos también; el PBI de Argentina no creció como el de los países semejantes y otras medidas de bienestar más modernas arrojan resultados realmente malos. Para tomar un caso cercano: Brasil, sin retenciones y con un tipo de cambio bajo, tuvo todos los logros que no pudimos conseguir, disminuyendo la pobreza de forma sorprendente. Seguramente habrá muchas explicaciones, pero sin duda que las retenciones y tipo de cambio alto no son condiciones fundamentales para conseguir el país que ambos queremos.

Respeto tus argumentos macroeconómicos y aprendo con tus ideas, pero me gustaría contarte, desde la microeconomía, qué hubiese sucedido si no se hubieran cobrado retenciones (aquí remarco que es fundamental tener políticas de incentivos a la inversión, al combate contra la evasión y un Estado fuerte y dinámico: de calidad). Podría hablar de la historia que conozco bien, mi empresa Los Grobo. Con más ganancias hubiéramos invertido en industrializar más las materias primas. No es que no lo hayamos hecho –más por la visión que por el incentivo económico– pero, por ejemplo, tenemos un 10 por ciento de participación en una planta que faena 100.000 pollos por día y es la única inversión en una nueva empresa avícola en Argentina de los últimos 30 años. En Brasil las empresas más competitivas faenan 1.000.000 pollos por día. Es decir, que en nuestro país deberíamos haber generado una inversión mucho más agresiva en este sector y haber logrado empresas globales altamente competitivas. Chile lo está haciendo con maíz y soja argentina. En cerdos recién nos autoabastecemos, en lácteos deberíamos ser grandes proveedores globales con productos con denominación de origen, y ni hablar de otros sectores de la economías regionales. Como sabés, esto dinamiza a muchos otros sectores aparentemente desconectados de la agroindustria: la metalmecánica, la petroquímica, la industria automotriz, la electrónica, el software, etc.

En Brasil, por ejemplo, hay unas 20 o 30 empresas multinacionales de capital brasilero que el Estado ayuda para que sean número uno en el mundo. Creo que en el sistema impositivo está una de las razones más importantes por las que vamos perdiendo empresas en Argentina en manos de los extranjeros y también porque los emprendedores tienen poca capacidad de supervivencia y no pasan los primeros estadios de su evolución.

En el interior hay miles de emprendedores que, como Los Grobo, están en las gateras esperando las señales. Los pueblos de interior se llenarían de pymes y grandes empresas. El empleo aumentaría y se revertiría el proceso migratorio. El problema de fondo de las retenciones es que genera protección también a sectores que no pudieron ni pueden salir de sus problemas. Las políticas activas de Estado permiten, cuando son diseñadas tomando en cuenta los agentes que las reciben, aumentar la producción a la vez que disminuir los precios de los bienes y servicios que consume la gente, aumentando la calidad de vida de los habitantes y desarrollando la Argentina. Ese aumento en la producción permitiría además generar puestos de trabajo de calidad que incorporen la matriz de conocimiento del siglo XXI.

En lo personal tengo plena confianza en el despliegue del talento argentino en todos los ámbitos en los que somos buenos: software, agroindustria, diseño, producción de tubos sin costura, cajas de cambio, productos farmacéuticos, ciencia (eso que todos saludamos la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva), electrónica y esa otra gran industria sin chimeneas que es el turismo, que también constituye un factor de desarrollo y cohesión social en el interior del país. Necesitamos un mensaje claro del Estado, de la sociedad, y desde allí salir a conquistar el mundo con productos y servicios argentinos.

El impacto sobre los precios internos ya es un tema del que pocos dudan. En la soja el efecto es nulo y en el trigo y maíz es mínimo. En el pan o en una medialuna son mucho más importantes los costos de transporte, marketing, packaging, que el de la materia prima. En las carnes la baja de precios estará determinada por el aumento de la oferta, que es rápida en pollos, pescados y cerdos. Todos los países toman decisiones de política económica con arsenales diferentes, lo llamativo es que ninguno utilice las retenciones como eje central de su política de industrialización.

Coincido plenamente en que con la agroindustria no es suficiente, pero creo que debería ser el motor, por la demanda internacional y por las capacidades competitivas que tenemos.

Es como hicieron en Finlandia hace 20 años, que los llevó de una crisis terminal a ser el país número uno del mundo. En palabras del sociólogo Manuel Castells: “Apostaron a lo que andaba bien y lo potenciaron para darle una dimensión global; el resto de las industrias acompañaron y se desarrollaron, primero al amparo de los sectores más competitivos y luego por competencias adquiridas”. En Argentina debemos aspirar a ser uno de los mejores 30 países del mundo en los próximos 20 años.

Creo que el tema de retenciones o, mejor aún, el sistema impositivo de los próximos 20 años, es una discusión crucial para toda la sociedad. De ello dependerá hacia dónde caminaremos como sociedad y nación. El documento que escribimos juntos lo describe muy bien, en eso coincidimos. Creo que es tiempo de liberar las fuerzas productivas e impulsar un Estado de calidad. Hay que pagar muchos impuestos y el Estado debe dar cuenta a la sociedad de sus resultados. Soy partidario de reemplazar las retenciones –lo digo públicamente desde hace varios años y me gané varios enemigos–, no de eliminar el pago de impuestos.

Comprendo tus comentarios acerca de que la ciencia y la tecnología son materia de las manufacturas industriales, pero creo que nos debemos una visita al “nuevo campo” y que veas cómo la aplicación de biotecnología, nanotecnología y TICs está cambiando el sistema de producción. Con el agregado de que estas innovaciones son difundidas muy rápidamente en el sector.

Por último, con relación a tu afirmación de que las retenciones deberían ser “flexibles”, descreo, con mi corta experiencia, de que nuestro Estado tome las decisiones en tiempo y forma, ajustando los impuestos de acuerdo con las relaciones entre precios y costos. Creo que debemos definir reglas de juego claras por los próximos 20 años y cumplirlas. Creo que asignarle esta responsabilidad al Estado nos pone en riesgo de caer en burocracias y corrupciones varias que definitivamente nos condenarían a décadas de pobreza y marginación.

Sin retenciones pasaríamos de 10 a 20 millones de tn de trigo, el precio bajaría y recobraríamos nuestra participación en el mercado brasileño. En el caso del maíz es similar, pasaríamos de 25 a 50 millones de tn. De la carne ni hablar, gracias a las políticas tenemos la carne más cara del mundo. Los precios internacionales pueden subir, pero luego bajarán por el aumento de oferta; ésta es la historia que se repite desde hace décadas. Cuando los mercados funcionan bien, el mejor remedio para los altos precios son los altos precios.

Coincido contigo en que estos problemas deben ser integrados al proyecto de desarrollo nacional que pensamos juntos y sobre el cual escribimos. Espero que estas reflexiones públicas sirvan para entender los diversos puntos de vista que hay sobre por qué nuestro país es aún una promesa y, a pesar de sus múltiples condiciones, no está necesariamente predestinado al éxito económico ni social...

Diálogo de uno

Enrique Mario Martínez (Presidente del INTI) continúa el debate sobre la soja iniciado en Pagina/12.

Gustavo Grobocopatel despliega toda su filosofía liberal desarrollista respecto del modelo vigente de producción agrícola, al que considera el deseable, a partir de un planteo de Mempo Giardinelli, que le achaca a la soja buena parte de los males de su Chaco empobrecido, hambreado y sediento.

Es cierto que el agua con arsénico no es culpa de la soja. Es un problema de amplias regiones del país, que necesita definición de los actores políticos locales en cada caso, ya que hay soluciones tecnológicas de la dimensión que se quiera, tanto a escala de ciudades como de cada paraje rural. El INTI y muchos otros lo han estudiado y propuesto las soluciones. Sólo falta darle al tema la misma importancia que a una autopista o una planta de biodiésel para exportar.

Pero eso es lo único no refutable de la nota del potentado sojero.

No es cierto que la agricultura sin campesinos forme parte de un nuevo paradigma productivo. A pesar de todo el proceso de concentración, propio de la inercia capitalista, el tamaño de una unidad productiva promedio en la zona sojera norteamericana es tres veces más chica que en Argentina. Las propiedades que allá aportan el 10 por ciento de mayor facturación tienen 700 hectáreas de promedio. Los 13.000 productores que dominan el 60 por ciento de las cuatro provincias agrícolas más importantes de Argentina explotan un promedio de 2500 hectáreas cada uno.

En Estados Unidos también se da tierra en arriendo, pero sólo el 25 por ciento de la tierra arrendada en Iowa, principal centro sojero y maicero, es tomada por gente de otro estado. Aquí es exactamente al revés. Mucha gente en Argentina gana dinero produciendo soja en tierras que ni sabe dónde quedan, porque se limita a ser capitalista de una actividad que otros implementan.

No es cierto que el paquete tecnológico aplicado sea más conservacionista que el anterior. El herbicida total y la siembra directa reducen el riesgo de erosión. Pero la rotación soja sobre soja ya ha disminuido la fertilidad de algunos predios en más de un 30 por ciento y compacta los suelos, constituyéndose en una preocupación hasta para quienes promovían el esquema ciegamente hace algunos años.

No es cierto que “un emprendedor, no importa su origen, puede llegar a ser productor”. Es casi una burla. Es como decir que quien invierte en cédulas hipotecarias es un constructor. Los pooles de siembra permiten mirar el campo como un negocio financiero de alta rotación. Sin embargo, desplazan toda la ocupación física de detalle, haciendo creíble la imagen ya instalada del desierto verde.

No es cierto que sea bueno que haya menos productores y más proveedores de servicios. No sólo no es eficiente, sino que invitaría al poderoso sojero a sentarse sólo un mes arriba de un camión granelero y comparar esa condición con la del labrador de 50 hectáreas con su propio tractor, para ver cuál elige.

No es cierto que las retenciones son anti desarrollo y anti equidad. Es sorprendente esta afirmación. Son simplemente el aporte impositivo necesario para que la comunidad nacional pueda compartir los altísimos beneficios generados por una actividad vital para el país, pero con barreras de entrada enormes, ya que como se sabe, sin tierra no se puede producir, y la tierra está aquí más concentrada que en cualquier país de potencial agrícola similar en el mundo.

Se propone cambiar el modelo impositivo. En realidad hay que cambiar el modo de uso de la tierra. La fertilidad de la tierra debe ser considerada patrimonio público y no puede admitirse que un propietario la destruya productivamente para las generaciones futuras.

Por lo tanto, debería dictarse una ley de uso racional del suelo agrícola, en que zona por zona, con intervención de los mejores técnicos del país, los productores del lugar y si es necesario especialistas de primer nivel mundial, se establezcan cuáles son las rotaciones admisibles, para evitar el deterioro del patrimonio común.

A partir de allí, cada chacarero debería poder elegir libremente qué menú adopta, pero debería fiscalizarse que lo hiciera. De tal modo, la rentabilidad futura del campo sería la rentabilidad promedio, entre los granos, la ganadería, la lechería, la producción de forraje, sin posibilidad de que alguien se juegue a la ganancia de corto plazo y deje desnudos a todos los argentinos para el largo plazo.

Esta norma, acompañada de la legislación de control ambiental que está faltando y una nueva ley de arrendamientos, que busque que quien cede la tierra y quien la tome tengan mayor proximidad física, para que el desarrollo local no se evapore detrás de las ruedas gigantes de los contratistas transhumantes, configurarían un nuevo escenario virtuoso para la actividad productiva más importante de la historia argentina.

En paralelo con ese nuevo ordenamiento, crecerían las industrias de alimentos locales; podría aumentar enormemente la producción de alimentos en las zonas periféricas, para atender los consumos locales. En fin: la Argentina pasaría a ser de todos y para todos.

De otro modo, la agricultura sin chacareros, que el poderoso sojero pregona, será en algún tiempo la agricultura sin argentinos. Dice que vendió un 25 por ciento de su sociedad a brasileños, para poder crecer. Le hago un pronóstico. Por ese camino, en algunos años, los brasileños venderán a otros brasileños más grandes, que le comprarán mayor porcentaje a usted; éstos luego les venderán a prósperos chinos, en sociedad con jeques petroleros en busca de inversiones que les aseguren sus alimentos. Y usted, yo y los 40 millones de argentinos terminaremos mirando pasar sus camiones desde la banquina. El único consuelo que quedará es que los habremos embromado, porque nuestras tierras ya no tendrán la fertilidad necesaria y a lo mejor no se dan cuenta

Carta abierta a Grobocopatel

A raíz de la polémica que vienen sosteniendo a través de Página/12 el escritor Mempo Giardinelli y el empresario sojero Gustavo Grobocopatel sobre la cuestión social del agro y su responsabilidad en la protección del medio ambiente, empiezan a surgir otras voces que se suman al debate. Aquí, la del economista Aldo Ferrer.

Estimado Gustavo:

Recordarás que, hace algún tiempo, con nuestro común amigo Bernardo Kosakoff, publicamos un artículo, en co-autoría, sobre el papel de la cadena agroindustrial en la economía y la sociedad argentinas. En estos días he leído un intercambio de cartas abiertas que mantuviste, con Mempo Giardinelli, sobre las mismas cuestiones y no resisto la tentación de entrometerme para señalar algunos puntos. El intercambio es muy rico y esclarecedor sobre cuestiones fundamentales, como la protección del medio ambiente y los recursos naturales y la cuestión social en el agro. Al mismo tiempo, creo que el análisis debe ubicarse en el contexto más amplio del desarrollo de toda la economía nacional en su inmenso territorio y su posicionamiento en el orden mundial. Concentraré mi comentario en la cuestión de las retenciones, que es crucial en el tratamiento del tema.

Decís en tu carta: “Las retenciones son anti-Chaco, anti-desarrollo rural, anti-equidad”. No es así, por múltiples razones. No se puede hablar de retenciones sin referirlas al tipo de cambio. Es como tratar de contar la historia de Hamlet sin el príncipe de Dinamarca. Desvincular las retenciones del tipo de cambio no es sólo una insuficiencia de tu afirmación, sino una falta generalizada en todo el debate sobre la materia. La consecuencia es que el problema se reduce a su impacto en la distribución del ingreso. En mi intervención en las comisiones de Agricultura y Hacienda de la Cámara de Diputados de la Nación, durante el tratamiento de la resolución 125, destaqué que el debate se limita a ese aspecto distributivo cuando, en realidad, lo que está en juego es la estructura productiva y el desarrollo económico.

Las retenciones tienen un efecto fiscal y desvinculan los precios internos de los alimentos exportables de los precios externos. Pero estos objetivos podrían alcanzarse, en principio, por otros medios. Para el único fin para el cual las retenciones son insustituibles es para establecer tipos de cambio diferenciales, que es lo que realmente importa para la competitividad de toda la producción interna sujeta a la competencia internacional, en toda la amplitud del territorio nacional y sus regiones.

La necesidad de las retenciones surge del hecho de que los precios de los productos agropecuarios respecto de las manufacturas industriales son distintos de los precios relativos de los mismos bienes en el mercado mundial. Es decir, las retenciones permiten resolver el hecho de que, por ejemplo, la producción de soja es internacionalmente competitiva con un tipo de cambio, digamos, de dos pesos por dólar y, la de maquinaria agrícola, de cuatro. Los tipos de cambio “diferenciales” reflejan las condiciones de rentabilidad de la producción primaria y las manufacturas industriales. La brecha, es decir, las retenciones, no es estrictamente un impuesto sobre la producción primaria, sino un instrumento de la política económica. El mismo genera un ingreso fiscal cuya aplicación debe resolverse en el presupuesto nacional, conforme al trámite constitucional de su aprobación y ejecución.

La asimetría entre los precios relativos internos e internacionales no es un problema exclusivamente argentino. La causa radica en razones propias de cada realidad nacional. Entre ellas, los recursos naturales, nivel tecnológico, productividad y organización de los mercados. En la Argentina inciden, entre otros factores, la excepcional dotación de los recursos naturales y los factores que históricamente condicionaron el desarrollo del agro y la industria. Todos los países utilizan un arsenal de instrumentos (aranceles, subsidios, tipos de cambio diferenciales, etc.) para “administrar” el impacto de los precios internacionales sobre las realidades internas, con vistas a defender los intereses “nacionales”. En la Unión Europea, por ejemplo, sucede a la inversa que en nuestro país: las manufacturas industriales son relativamente más baratas que los productos agropecuarios. En consecuencia, se subsidia la producción agropecuaria, lo cual insume la mayor parte de los recursos comunitarios. Si no lo hiciera, desaparecería la actividad rural bajo el impacto de las importaciones, situación inadmisible por razones, entre otras, de seguridad alimentaria y equilibrio social.

¿Cuáles serían las consecuencias de unificar el tipo de cambio para eliminar las retenciones? En nuestro ejemplo, si el tipo de cambio fuera el mismo, dos o cuatro por dólar, tanto para la soja como para la maquinaria agrícola, en el primer caso (dos por dólar) desaparecerían la producción de la segunda y gran parte de la industria manufacturera, sustituida por importaciones. Las consecuencias serían un desempleo masivo, aumento de importaciones, déficit en el comercio internacional, aumento inicial de la deuda externa y, finalmente, el colapso del sistema. En el segundo caso (cuatro por dólar), se produciría una extraordinaria transferencia de ingresos a la producción primaria, el aumento de los precios internos y el desborde inflacionario. En las palabras de Marcelo Diamand, en la actualidad, dada nuestra “estructura productiva desequilibrada”, es inviable la unificación del tipo de cambio para toda la producción sujeta a la competencia internacional. Unificar el tipo de cambio traslada los precios relativos internos a los internacionales, con lo cual el campo se convierte en un apéndice del mercado mundial en vez del rol que le corresponde como sector fundamental de un sistema económico nacional, condición necesaria del desarrollo de cualquier país.

¿Por qué es preciso, simultáneamente, tener mucho campo, mucha industria y mucho desarrollo regional? ¿Por qué es necesaria la rentabilidad de toda la producción sujeta a la competencia internacional? Por la sencilla razón de que la cadena agroindustrial (incluyendo todos sus insumos de bienes y servicios provenientes del resto de la economía nacional) genera 1/3 del empleo y, por lo tanto, es inviable una economía, próspera de pleno empleo, limitada a su producción primaria, por mayor que sea la agregación de valor y tecnología al complejo agroindustrial. En otros términos, no es viable una economía nacional reducida a ser el “granero” ni, tampoco, la “góndola” del mundo. Sólo con esto nos sobra la mitad de la población. Por otra parte, la ciencia y la tecnología son el motor del desarrollo de las sociedades modernas y, para desplegarlas, es indispensable una estructura productiva diversificada y compleja que incluya, desde la producción primaria con alto valor agregado, a las manufacturas que son portadoras de los conocimientos de frontera.

Si se alcanza el convencimiento compartido sobre la estructura productiva necesaria y posible, se abandona la discusión de las retenciones como un problema reducido a la distribución del ingreso. Se plantean entonces dos cuestiones centrales. Por una parte, el tipo de cambio que maximice la competitividad de toda la producción nacional sujeta a la competencia internacional. Es decir, el tipo de cambio de equilibrio desarrollista. Por la otra, el nivel de las retenciones compatibles con la rentabilidad de la producción primaria e industrial, tomando en cuenta los cambios permanentes en las condiciones determinantes de costos y otras variables relevantes. Las retenciones deben ser “flexibles” y tomar nota de tales cambios. Al mismo tiempo, deben aplicarse de la manera más sencilla posible. Por ejemplo, la comprensible demanda del ruralismo integrado por pequeños y medianos productores de recibir un trato preferente es, probablemente, difícil de cumplir con retenciones distintas conforme al tamaño de las explotaciones o la distancia a los puertos y centros de consumo. Otros medios pueden ser utilizados con más eficacia para los mismos fines.

Es necesario referir los problemas señalados en el intercambio de cartas comentado al desarrollo nacional. Vale decir, el pleno despliegue del potencial, la gobernabilidad, la libertad de maniobra en un mundo inestable, la inclusión social, factores todos que, en definitiva, son esenciales para la prosperidad del campo, de la industria, las regiones, el capital y el trabajo, y para proteger la naturaleza y el medio ambiente. Para contribuir a tal fin es indispensable aclarar, de una vez por todas, qué son y para qué sirven las retenciones.