El 44% de los que compran autos de lujo eluden al fisco

Una investigación iniciada a principios de año por la AFIP evidenció que sobre 847 personas que compraron autos de lujo, un 44% tienen irregularidades ante el fisco. Algunos datos son graves. De los primeros análisis que realizó el organismo comandado por Ricardo Echegaray surge que un 25% no está inscripto en Bienes Personales; 14% está registrado como monotributista y 5% no figura en las bases de datos de la AFIP. Fuentes fiscales señalaron a Tiempo Argentino que el no registro en Bienes podría configurar casos donde, además de los autos, no hay registradas propiedades y otro tipo de negocios. Los contribuyentes que figuran en el informe compraron autos por un valor promedio de $ 300 mil la unidad.
En el relevamiento de la administración nacional, y en el caso de los monotributistas, se observó que, siendo en su mayoría la única actividad que desempeñan, no concuerda con los topes de ingresos establecidos por el Régimen Simplificado, y que la capacidad contributiva declarada no es acorde a estas adquisiciones. Sobre el 5% que no está registrado en la AFIP, se pudo determinar que compraron automotores por $ 180 mil. Además, el organismo relevó a 326 sociedades que adquirieron autos o camionetas de lujo por $ 112 millones a un precio promedio de $ 340 mil por unidad. En estos casos, los contribuyentes deberán acreditar ante la AFIP la disponibilidad de fondos, el destino del automotor, y la imputación de crédito fiscal y gastos acordes a las limitaciones establecidas por las leyes del Impuesto al Valor Agregado y el de Ganancias.
El análisis que vio la luz ayer se realizó sobre la información de 2008 y 2009. Los datos surgen también de un megaoperativo realizado por la AFIP en febrero de este año, donde se fiscalizaron 209 concesionarias, se relevaron 1247 automóviles usados y se labraron 319 actas por infracciones a la Ley de Procedimiento Tributario.

CAIMANES. Echegaray confirmó que además la mira del fisco se centrará en las operaciones de triangulación de mercancías que se efectuaron en 2009. “Los cereales, la minería y la pesca son los principales productos involucrados en las maniobras de triangulación nocivas”, señaló. Para graficar, el funcionario ejemplificó el caso de Suiza donde, en 2009, se facturaron U$S 4328 millones pero arribaron mercaderías por un valor de 1518 millones. Sobre ese total, el 60% corresponde a cereales; el 15% a minería y el 10% a petróleo.
Otros de los destinos citados fueron Singapur, Barbados y las Islas Caimán: en el primer caso, se facturó por U$S 1101 millones y el destino físico sólo representó 43 millones. El 74% de lo facturado corresponde a cereales y el 19% a aceites. En tanto, a Barbados se facturaron U$S 873 millones (70% minería y 30% petróleo) y apenas tres millones llegaron a destino. Finalmente, Islas Caimán recibió facturas por U$S 688 millones (79% pesca y 11% maní) de las cuales arribaron mercaderías por un valor de 41 millones.

Más evasión en la comercialización de granos

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) informó ayer que la Justicia Federal de Villa María detuvo a cuatro personas, sobre ocho órdenes de detención libradas, en una causa donde se investiga a un grupo económico por comercializar marginalmente unas 650 mil toneladas de soja y maíz, lo que representa una evasión aproximada de 430 millones de pesos.

Las detenciones se produjeron a partir de las pruebas aportadas por la AFIP Regional Río Cuarto, indicó el organismo recaudador a través de un comunicado. Además, añadió que se allanaron once domicilios, entre los cuales se encuentran tres estudios profesionales de contadores vinculados con la maniobra. En los allanamientos, ordenados por el juez Mario Garzón, “se secuestraron unas cien cajas de documentación probatoria de los hechos investigados”, se indicó.

En los operativos desplegados por la AFIP “se detectaron maniobras vinculadas con sujetos insolventes y sociedades fantasmas, cuya utilización en la cadena de comercialización genera el ocultamiento al fisco de los verdaderos operadores del mercado”, informó el organismo. Específicamente, “se estableció la presunta participación de un importante grupo de empresas y profesionales cuya base de operaciones es la zona centro y sur de Córdoba, y que se extiende a Mendoza, con motivo de las exportaciones que el mismo grupo realiza hacia Chile”.

El grupo investigado, agregó la AFIP, registró un importante crecimiento patrimonial en los últimos años, con la incorporación de dos plantas de acopio y procesamiento de soja y maíz; dos granjas para cría de aves; una flota de 70 camiones destinados a la logística de cabotaje e internacional; y autos importados (marcas Audi y BMW) en los que se movilizan los empresarios.

“Estos bienes fueron registrados a nombre de sociedades cuyos integrantes son personas insolventes que no pueden justificar la adquisición de semejante patrimonio”, señaló el organismo. Además, precisó luego que las investigaciones de los agentes de la AFIP se realizaron en las ciudades de Córdoba, Mendoza, Río Cuarto, Villa María y Río Tercero.

La Dirección Regional Río Cuarto llevó a cabo en el último año diferentes investigaciones en el sector agroindustrial a través de operativos de control de existencias de granos y subproductos en acopios, molinos e industrias y controles de transporte de granos. Se realizaron además fiscalizaciones ordinarias y allanamientos con intervención judicial. En total, las operaciones rondan los 1750 millones de pesos y se detectaron 2,5 millones de toneladas marginales. Por esas maniobras “se están practicando los ajustes impositivos y denuncias penales correspondientes”, concluyó la AFIP.

“El problema es la evasión”

El discurso de la Presidenta en la Bolsa de Comercio de Rosario subrayó las ventajas de la Pampa Húmeda y lo poco que paga el sector alimentos por Impuesto a las Ganancias.

Por Raúl Dellatorre

Los representantes del comercio de granos que acudieron ayer al festejo del cumpleaños 126 de la Bolsa de Comercio de Rosario esperaban escuchar anuncios en favor de las exportaciones agrícolas, en particular referidos a las retenciones. Sin embargo, Cristina Fernández de Kirchner no respondió a esas expectativas, sino que trazó un cuadro detallado y meticuloso de los beneficios que reciben del resto de la sociedad y del Estado los productores y exportadores de granos de la Pampa Húmeda. La presidenta de la Nación refutó, además, la propuesta de imputar al Impuesto a las Ganancias lo que se paga por retenciones. “El problema no es la estructura impositiva, el problema es la evasión”, acusó, apoyada en datos sectoriales sobre la relación entre ventas e impuestos pagados. Comparación en la que el sector agroindustrial quedó, groseramente, en off side.

Cristian Amuchástegui, presidente de la Bolsa rosarina y anfitrión, siguió el discurso de Cristina con rostro tenso, como la gran mayoría de los asistentes. Acompañó con gestos amables y comprensivos los reproches iniciales, pero su expresión y la de los suyos cambió de repente. Cristina comentó, sobre las cifras de ventas declaradas por la industria de la alimentación, “supongo que son reales, porque nadie vende en negro”. El comentario fue recibido con sonrisas de la platea. La oradora cortó en seco el gesto pretendidamente cómplice: “No deberían reírse, en Estados Unidos por una cosa así irían presos”. A partir de allí, hizo una documentada reflexión acerca del extrañamente bajo nivel de tributación de sectores clave, principalmente el de los empresarios presentes.

“El sector de la alimentación facturó 147.569 millones de pesos, aportó por derechos de exportación (retenciones) 17.500 millones de pesos, pero por Impuesto a las Ganancias tan sólo 2200 millones”, detalló. “Me llamó la atención, así que pedí la apertura entre las ventas destinadas al mercado interno y externo; por las que van al mercado externo, además de las retenciones, se pagan ganancias por 1900 millones; es decir, sobre las ventas de alimentos al mercado interno apenas se pagan 300 millones de Impuesto a las Ganancias”. “Pagan más derechos de exportación porque tienen una sola salida, la Aduana, que los controla”, remató.

No se detuvo ahí. Comparó esas cifras con las de otros sectores. El sector Combustibles e Hidrocarburos, apuntó, factura “la mitad” que Alimentación pero paga “más del doble” de Impuesto a las Ganancias, “cinco mil millones de pesos contra 2200 millones”. El sector bancario, “con un sueldo promedio que más que duplica al de la alimentación, 10.000 pesos contra 4000 mensuales”, también tributó el año pasado casi el doble que alimentación: 4000 millones de pesos. “Quiero discutir con todos los sectores, pero sin esconder nada bajo la alfombra”, disparó en medio de una andanada de cifras y comparaciones.

Los presentes ya iban comprendiendo que las medidas esperadas no serían la noticia de la noche, cuando Cristina definió que las retenciones “no son un instrumento de ingreso fiscal, sino una herramienta de la política económica en favor de agregar valor a nuestros productos”. Recordó que no sólo las exportaciones agrícolas pagan retenciones, y ni siquiera son las que más pagan. Explicó que la producción agrícola argentina es “la más competitiva del mundo”, repasó todas las políticas de Estado y subsidios con las que se beneficia al sector y reclamó comprensión para las retenciones que reducen el dólar neto que recibe el agro, en favor de otros sectores “menos competitivos” para que puedan seguir produciendo.

La caracterización de la Presidenta sobre la situación del comercio mundial tampoco fue la que hubieran trazado los empresarios presentes. Cristina señaló que la irrupción en el mercado mundial de China e India “cambió el signo de los términos de intercambio” en favor del precio de los productos primarios. “Es una oportunidad inédita, pero no para exportar más de lo mismo sino para agregar valor, agregar tecnología y trabajo a nuestros productos. No la desaprovechemos, no perdamos el tren porque puede ser la última vez que pase por la estación”, concluyó. La Bolsa celebró su cumple, pero la fiesta ya no fue la misma.

Evasión impositiva y previsional en el campo

El informe técnico al que tuvo acceso Página/12 da cuenta de una evasión cercana al 70 por ciento en el impuesto a las Ganancias para los tres cultivos principales. Y un porcentaje similar de trabajo en negro en el sector rural.

Por Raúl Dellatorre

El 85 por ciento de las explotaciones no reconoce personal a cargo. Entre los declarados, el salario es la mitad del que se paga en promedio en la economía.



Según estimaciones de un informe reservado realizado por la AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos), la evasión en el impuesto a las ganancias en el sector agropecuario correspondiente al último ejercicio fiscal, 2009, alcanza a no menos de 6500 millones de pesos. El trabajo interno del organismo fiscalizador deja en claro que el alto nivel de evasión impositiva se corresponde con una marcada irregularidad en la registración laboral (alta proporción de trabajadores en negro, del orden del 70 por ciento, y salarios promedio inferiores al resto de la economía). Todo ello sugiere que, al menos, una proporción importante de la actividad agropecuaria se maneja en un circuito “negro” y que la presión tributaria sobre el sector resulta, en consecuencia, notablemente más baja que la que soporta el resto de sectores económicos.

De acuerdo al mencionado informe, “la hipótesis de evasión se confirma por el resultado de los operativos de fiscalización” que viene realizando el organismo encabezado por Ricardo Echegaray. El comentario se refiere a los operativos en lugares de acopio de granos y los controles en ruta, que el último año y medio han permitido detectar 7 millones de toneladas de granos comercializados “en negro”, valuadas en cinco mil millones de pesos, con una evasión calculada en 600 millones de pesos. Como resultado de las denuncias de dichas operaciones, se concretaron 211 allanamientos, que derivaron en la imputación de 271 personas, que van desde detenidos a los simplemente denunciados. En su mayoría, se trata de profesionales (abogados, contadores, escribanos, martilleros, médicos, etc.) con inversiones especulativas en campos que, en la medida en que obtuvieron altas ganancias, buscaron multiplicarlas a través de anexarles actividades no declaradas. Tal como un apostador compulsivo, terminaron “cebados” por la ganancia fácil y perdieron todo cuidado por la prolijidad de sus operaciones. De los 600 millones de pesos determinados como evasión fiscal producto de estos operativos, 570 millones corresponden a comercialización de soja “en negro”.

El trabajo interno de la AFIP estima que sólo la producción de trigo, maíz y soja generó una obligación fiscal por el citado tributo en el último ejercicio superior a los 10 mil millones de pesos. En cambio, todo el sector agropecuario en su conjunto apenas declaró por el mismo tributo 3500 millones de pesos. En esta última agrupación entran desde cría e invernada de ganados, aves, animales de granja y otros destinados a la producción de pieles; producción de leche, lanas, huevos y miel, y todo tipo de cultivos de campo (cereales, oleaginosas y forrajeras, frutales, hortalizas y legumbres, flores y plantas, té, café, tabaco, yerba mate, algodón, etc.) así como las tareas y servicios de fumigación, recolección, trilla, empacado, esquila, siembra y cosecha, entre otros.

Márgenes e impuesto

El informe económico fiscal sobre el comportamiento tributario del sector se basa en un cálculo del margen neto de ganancias por hectárea para cada cultivo. Dichos márgenes, para la campaña 2008/2009, fueron calculados en los siguientes valores:

- 623,59 pesos para el trigo;

- 578,88 pesos para el maíz, y

- 740 pesos para el poroto de soja.

En base a la información sobre superficie cultivada en el ejercicio (4,7 millones para el trigo, 3,4 millones para el maíz y 17 millones de hectáreas para la soja), se estimó el impuesto que hubiera correspondido ingresar por producto en esa campaña:

- 7350 millones de pesos por el trigo;

- 109 millones de pesos por el maíz, y

- 2611 millones de pesos por la soja.

El impuesto estimado para estos tres rubros asciende, en consecuencia, a 10.070 millones de pesos. Considerando que, en su conjunto, toda la actividad agropecuaria declaró impuestos por nada más que 3500 millones de pesos, la evasión se ubicaría en el orden del 70 por ciento como mínimo. Teniendo en cuenta que, de los 25 millones de hectáreas cuyo cultivo principal es el trigo, el maíz o la soja, una parte importante es arrendada por sus propietarios a los que la explotan y la trabajan, el informe reservado agrega además una estimación del impuesto que debió haber pagado quien cobró el alquiler del campo. Para el año 2009, dicha cifra fue calculada en el trabajo en 2500 millones de pesos. Es decir que la evasión por la actividad económica de los tres cultivos principales estaría superando los 9000 millones de pesos en el último ejercicio.

Un cálculo adicional incluido en el mismo trabajo señala que la presión tributaria para el sector agropecuario es, respecto a otros, muy inferior, contrariamente a lo que suele manifestar a menudo la dirigencia rural. Frente al carácter “confiscatorio” que sus dirigentes –en particular, Hugo Biolcati, titular de la Sociedad Rural– suelen atribuir al tratamiento fiscal que recibe el sector de parte del Estado, el estudio de la AFIP revela que mientras el rubro “Agricultura, ganadería, caza y silvicultura” paga por impuesto a las ganancias menos del 5 por ciento del Producto Bruto que genera, el denominado “Explotación de minas y canteras”, que incluye hidrocarburos, paga el 16 por ciento de su PIB; “Intermediación y otros servicios financieros”, aproximadamente el 11 por ciento y “Electricidad, agua y gas”, el 8 por ciento.

Otra conclusión del informe económico fiscal interno de la AFIP es que “el sector agropecuario es uno de los que menos participa” en la recaudación del impuesto al valor agregado (IVA). Esto es así por los beneficios que registra el sector: además de una alícuota diferencial, del 10,5 por ciento, posee la facultad de una devolución automática de siete puntos del impuesto. “En definitiva, el IVA devengado es del 3,5 por ciento”, señala el estudio reservado.

Peones con tizne

En base a datos del sistema intregrado previsional más información propia del organismo, los técnicos de la AFIP concluyeron que el sector agropecuario mostró, tanto el año pasado como en el primer trimestre del corriente, un comportamiento inverso al producido en el resto de la economía en cuanto a la evolución del personal ocupado. Mientras el resto de las actividades económicas aumentó 0,5 por ciento el nivel de empleo en el año 2009, y aproximadamente 1,5 por ciento en el primer trimestre de 2010, en Agricultura, ganadería, caza y silvicultura el resultado ha sido, en la medición para ambas fechas, negativa. En 2009, el empleo registrado del sector cayó el 1,5 por ciento respecto de 2008. Pero lo más sorprendente es que en el primer trimestre de este año vuelva a caer, en el uno por ciento respecto de igual período de 2009. Para los fiscalizadores, estos resultados se vinculan más a una tendencia a la contratación irregular de personal que a una pérdida real de puestos de trabajo.

Un reflejo de esa situación, expuesto en el mismo trabajo, es el del nivel de informalidad (trabajo no registrado) por sector, tomando en cuenta tres actividades habitualmente caracterizadas por la presencia de esa irregularidad. Para el rubro Comercio, en base a datos oficiales, la informalidad laboral se ubicaría por encima del 30 por ciento, en el rubro Construcción sería cercana al 40 por ciento, mientras que en Agricultura se eleva al 70 por ciento, en base a datos del Indec, la propia AFIP y el Renatre, un organismo del que participan empleadores y sindicato.

Otro indicador elocuente de la informalidad o no registración del empleo rural surge, según el trabajo, de la verificación que, de los 70 mil productores registrados como tales ante la Oncca (oficina en la que se tramitan las compensaciones y subsidios), menos de 10 mil declaran tener empleados a cargo. Es decir, pese que se trata de explotaciones con varias decenas de hectáreas, no declaran puestos de trabajo para realizar tareas de siembra, pulverización, seguimiento de implantación o cosecha de cereales.

De ese conjunto de “productores”, el 60 por ciento (poco más de 40 mil) está inscripto como “personas físicas”, un 25 por ciento como “personas jurídicas” (sociedades, más de 17 mil) y el 15 por ciento, monotributistas. La cantidad de explotaciones que reconoce tener personal a cargo (9710) es menor que la de las que dicen estar a cargo de una “persona jurídica” o sociedad (17.110). Pero, además, entre las más de 40 mil personas físicas titulares de explotaciones hay una alta proporción que se desempeña en profesiones liberales y las que –se descuenta– no realizan las labores agropecuarias con sus propias manos. Sin embargo, sólo el 14 por ciento de las 70 mil explotaciones reconoce tener empleados.

Con todo, los empleados declarados no podrían ser calificados precisamente como privilegiados. El salario promedio en el sector agropecuario, según los registros oficiales, es de 2037 pesos, que equivale al 54 por ciento del salario promedio de toda la economía: 3763 pesos.

El estudio encargado a los técnicos de la AFIP no revela una realidad desconocida en el organismo, sino que buscó ordenar la información y corroborar el diagnóstico que iba surgiendo de datos parciales, como la detección de comercialización “en negro” en puntos de acopio y en las rutas. En sentido inverso a lo que se suponía sucedía originalmente, la mayor evasión no se da en áreas marginales sino en la llamada “zona núcleo”, las áreas de cultivo más rentables por su alto rendimiento. A partir de esta comprobación, en la AFIP aseguran que se intensificarán los procedimientos de control, pese a las dificultades de operar en un territorio demasiado extendido. “Sabemos que la evasión efectivamente está ahí, ahora vamos con todo”, aseguran.

EVASIÓN AGROPECUARIA

LA AFIP DETECTÓ MANIOBRAS POR MÁS DE 5.650 MILLONES DE PESOS


En el último año y medio el fisco descubrió la comercialización en negro de más de 7.000.000 toneladas de granos.
Las maniobras se concentran mayoritariamente en la producción y venta de soja, y en menor medida en maíz y trigo.
Según cálculos fiscales, la evasión estimada sería de $ 615 millones.
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) continúa reforzando sus acciones de fiscalización en materia agropecuaria y los controles sobre la primera línea de operadores inscriptos en el Registro Fiscal de Operadores de Granos. Desde enero de 2009 a la fecha fueron detectados más de siete millones de toneladas de granos comercializadas “en negro”, por un monto superior a los 5.650 millones de pesos, que representan una evasión estimada de 615.000.000 de pesos.
Al analizar la comercialización ilegal de granos, y puntualmente en el caso de la soja, el administrador federal de Ingresos Públicos, Ricardo Echegaray detalló que “desde enero de 2009 se detectaron 6,5 millones de toneladas en ‘negro’, por un valor de $ 5.200 millones, estimando una evasión de $ 570 millones”. En ese sentido, aseguró que los controles en ruta, las Cartas de Porte y los procedimientos en los molinos y acopios, son las principales herramientas que tiene el organismo fiscal para combatir la evasión.
Echegaray afirmó que en lo que va del año se realizaron la misma cantidad de operativos de controles en ruta que en todo 2009. Como ejemplo, graficó que “los operativos en molinos y acopios se incrementaron en más de un 300%, ya que en el año pasado se habían realizado 134 contra un total 509 en lo que va del año”.
Con relación a los allanamientos de domicilios de empresas y estudios profesionales, también se registró un incremento similar: se pasó de 54 procedimientos en 2009 a 157 en los primeros 5 meses de 2010.
En los controles se encontraron gran cantidad de productores ocultos y también su producción marginal, contra los cuales se practicaron las determinaciones de los impuestos correspondientes. Cabe destacar que el fisco denunció penalmente a 202 productores, de los cuales 49 fueron procesados, cuatro condenados y 16 detenidos. Los 450 productores ocultos de Río Cuarto -que fueron detectados por la AFIP junto con dos empresas “fantasmas”- aún se encuentran en proceso de fiscalización.
Por último, Echegaray explicó que las principales maniobras detectadas consisten en la producción y comercialización marginal utilizando a sujetos insolventes, conocidos como “prestanombres”, y sociedades “fantasmas” que, a través de facturas apócrifas, evaden el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y Ganancias. “El ilícito se completa falseando o robando identidades y claves fiscales, y la simulación del circuito financiero o medios de pago de las operaciones”, puntualizó el funcionario y concluyó asegurando que “todas las acciones y controles que viene realizando la AFIP, permitieron apuntalar e incrementar mes a mes la recaudación tributaria del Estado Nacional”.