24 de enero de 2011

En el campo...

Por Pablo Lavarello * y Evelin Goldstein ** (Pagina/12)

Las retenciones constituyen un instrumento que apunta a generar un tipo de cambio diferencial que favorezca las actividades industriales, objetivo ineludible de todo país que pretende encaminarse en un proceso de desarrollo con empleo. Las alícuotas fijas necesitaban ser readecuadas para hacer frente a las consecuencias no deseables de un aumento de los precios internacionales de productos agroalimentarios. Las retenciones móviles y el extenso conflicto que generaron habría sido innecesario si la Argentina hubiese mantenido y profundizado otros mecanismos institucionales que supo crear a lo largo de su historia.

El conjunto de instrumentos alternativos para enfrentar el problema de la variabilidad de precios internacionales –entre otros, las juntas nacionales de Granos y Carnes creadas por los gobiernos conservadores durante los años ’30– fue desmantelado en los años ’90, dejando a los mercados domésticos de alimentos a merced de la evolución de los mercados internacionales.

A medida que el Estado se retiraba, avanzaban los sectores concentrados en el control de la comercialización, de la logística, del conjunto de actividades de soporte del sector, dejando al pequeño productor en una situación fuertemente subordinada. En consecuencia, que las retenciones se hayan aplicado no fue el resultado de un capricho, sino de un conjunto de decisiones políticas y privadas tomadas en el pasado que no dejaron más alternativa que impulsarlas y profundizarlas.

Regulación
Se han reforzado las prácticas de abuso de poder dominante de los eslabones más concentrados de las cadenas alimentarias, particularmente las grandes comercializadoras de granos trasnacionales o locales trasnacionalizadas. Estas buscan mantener su margen de ganancia sobre los productores más pequeños con limitadas capacidades financieras y de almacenamiento. Situación que es particularmente grave para el trigo, en el cual los problemas de logística y almacenamiento son mayores que en la soja.
Frente a este nuevo escenario, se vuelve imprescindible regular el comercio exterior a partir de mecanismos modernos de intervención, recuperando aprendizajes previos y reconociendo sus errores y virtudes. Nuestro país es el único entre los cinco principales exportadores mundiales de cereales (los otros cuatro son Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá y Australia) que no cuenta con mecanismos de regulación del comercio de materias primas. Todos los países exportadores cuentan con formas directas o indirectas de intervención para asegurar la competitividad y la seguridad alimentaria de la población. Las formas indirectas, adoptadas en Estados Unidos y en Europa, combinan transacciones realizadas por el sector privado con significativos subsidios e intervenciones en los precios, como ocurre en la Unión Europea y los Estados Unidos con las “órdenes de comercialización”.
En Canadá y Australia, por su parte, los Marketing Boards (una suerte de agencias nacionales de comercialización de granos y otros productos agropecuarios que en el primer caso son estatales y en el segundo son privadas pero bajo control de los productores) centralizan el acopio y la exportación, permitiendo a los productores eliminar la discriminación de precios en períodos de cosecha por parte de las grandes trasnacionales del comercio de granos. En Nueva Zelanda existe un esquema similar para la leche, bajo gestión privada de una megacooperativa que hoy avanza en un proceso de internacionalización a la par de las grandes multinacionales lácteas. Estas instituciones permitieron resolver el conflicto entre consumo interno y exportación a partir de una reinversión de la renta agraria en la diversificación de actividades y “descommoditización”.

Canadá
Veamos con más detalle el caso de la regulación del comercio de trigo en Canadá y Australia. En Canadá la exportación y la comercialización interna se encuentran coordinadas por el Canadian Wheat Board. Es una empresa mixta, en cuyo directorio la participación del sector público es minoritaria, buscando eludir las presiones crecientes a la OMC. Anteriormente su consejo de administración estaba compuesto por 5 representantes del gobierno y 10 de los agricultores. Actualmente, los representantes gubernamentales se redujeron a 3.
Los tres pilares del CWB son:
1. El monopolio de las exportaciones (single-desk selling), que les otorga a los productores mayor poder de negociación en los mercados internacionales.
2. Pooling no obligatorio; los productores pueden optar por un esquema de pooling en el que los ingresos por ventas son depositados en una misma cuenta, de forma tal que todos los productores reciban el mismo precio para cada clase y grado específico, independientemente del momento de venta. Este mecanismo, además de reducir el riesgo asociado a la variabilidad de los precios, permitía importantes economías de escala en la comercialización. Este mecanismo fue flexibilizado desde el año 2000, y los productores pueden optar por precios diferentes, dentro o fuera del pooling, perdiendo en el primer caso los beneficios del primer mecanismo.
3. Precio de garantía, según el cual cada productor recibe un pago parcial o inicial del 75 por ciento garantizado y luego se le otorgan pagos compensatorios según los precios efectivamente obtenidos por el CWB. El precio de garantía incluye diferenciales por clase, por grados y por proteína.
Cabe destacar que el CWB se complementa con el CIGI (Canadian Internacional Grain Institute) encargado de la promoción a la innovación y el aprendizaje tecnológico, siendo una pieza clave en una estrategia agresiva de exportación de trigo que ofrece variados requisitos de calidad a partir de la vinculación con las necesidades de los usuarios. Por ejemplo, este organismo invita a compradores institucionales extranjeros a eventos en los cuales se promocionan los productos, incluyendo laboratorios panaderos para mostrar su calidad en los productos finales.

Australia
Australia organiza su sistema de comercialización y de calidad de trigo a partir del Australian Wheat Board limited, que a diferencia del CWB ha sido reestructurado y hoy funciona como una sociedad anónima. Cerca del 90 por ciento del grano manejado por el AWB es trigo y este cereal contribuye significativamente a la economía australiana. Representa el 3 por ciento del valor total de las exportaciones y alrededor del 12 por ciento del total de las ventas agropecuarias al exterior. El trigo para el consumo interno puede ser adquirido directamente a los productores o a empresas de comercialización, o bien al AWB, constituyendo un dual-marketing system. Si bien el comercio de trigo para el consumo interno se ha desregulado, el AWB sigue monopolizando el comercio exterior que representa el 70-80 por ciento del total de trigo producido. Además, el AWB también interviene en el manejo y comercialización de otros granos, incluyendo cebada, sorgo, semillas oleaginosas y legumbres.
La comercialización se organiza en un pooling no obligatorio según el cual todas las ventas del AWB son depositadas en la misma cuenta, de modo tal que todos los productores reciban el mismo precio independientemente del momento de venta, asegurando una estabilidad de precios y ganancias para los productores derivadas del poder de negociación de altos volúmenes en la comercialización externa. Sin embargo, las ganancias por variaciones en los precios y por mayores escalas de venta no se retribuyen a través de “compensaciones”, sino mediante dividendos a los productores en tanto accionistas, en función de la propiedad de acciones en la AWB. Asimismo el AWB provee a los productores de recursos financieros asegurados a través de la entrega del trigo que el productor concreta en el pool.

Argentina
La Argentina contó alguna vez con mecanismos regulatorios similares que, sin embargo, frente a la presión de las grandes empresas comercializadoras de granos, funcionaron esporádicamente, en forma incompleta y finalmente fueron desmantelados mediante el decreto de desregulación económica de noviembre de 1991. La Junta Reguladora de Granos (luego denominada Junta Nacional de Granos) fue establecida durante los años ’30 en forma contemporánea a los Boards de Canadá y Australia en el contexto de la fuerte caída de los precios internaciones. La Junta tenía funciones similares a las de estos países: intervenir en el mercado de granos para sostener el precio interno al productor, abastecer a la industria y el consumo local a precios accesibles, organizar acuerdos de comercio entre Estados, registrar las exportaciones, establecer estándares de calidad y clases de trigo, certificar estándares, asesorar a los semilleros, administrar la red de silos estatales. Las Juntas rara vez cumplieron las funciones reguladoras de precios que protegieran al pequeño agricultor, dado el fuerte poder de veto que establecieron las entidades de los sectores más concentrados del campo y fundamentalmente las empresas del comercio de granos. La intervención en los precios sólo fue efectiva en un breve período: durante los años ’30, cuando fueron creadas por los conservadores; en los ’40, al ser reforzadas durante el gobierno de Perón, y en el breve lapso del gobierno de Cámpora. El resto de las funciones fueron sin embargo cruciales para la organización del sector y generaron importantes capacidades del Estado. Capacidades que fueron perdidas en la década pasada, trasladándose sus funciones a un mercado dominado por un reducido número de grandes empresas extranjeras y grupos locales del comercio de granos.

Propuestas
Recrear mecanismos de regulación del mercado de granos es una tarea de aprendizaje institucional en la cual las entidades del campo debieran formar parte junto al gobierno, y defenderlos como propios. Es interesante tener en cuenta el involucramiento de los productores australianos, neocelandeses y canadienses, frente a la oleada de liberalización de los años ’90, que buscó desmontar estos mecanismos. Estos no cedieron ante la ofensiva de las grandes trasnacionales de granos, en donde verdaderamente se encuentra el “poder”. La centralización de las compras de materias primas no fue entregada a esas empresas, sino que optaron en algunos casos por el reemplazo de los boards por mega cooperativas de exportación (como Fonterra, la cooperativa de productores lácteos neocelandeses, o el board privado en el caso del trigo de Australia). De esta manera, lograron mantener un instrumento que les permite garantizar la oferta de alimentos a la población y fortalecer la competitividad del sector.
En este sentido, las retenciones fueron un paso necesario hacia la configuración de un nuevo régimen que concilie los objetivos de exportar con los de alimentar a la población, sin lesionar las ganancias normales de la actividad. Sin embargo, se evidencia una ausencia de propuestas y acompañamiento de una representación de los productores que, presa de una lectura errónea de las relaciones de poder al interior de las cadenas, terminan favoreciendo los intereses de los sectores concentrados. Tarde o temprano, las nuevas necesidades de regulación van a imponerse indefectiblemente. Los pequeños agricultores, y los no tan pequeños, reconocerán su necesidad. El camino no estará exento de conflictos, dado que implicará recuperar la renta hoy apropiada por las grandes exportadoras y productores concentrados con importante poder de fuego mediático, que son los que verdaderamente se benefician con la intransigencia de las entidades patronales del campo.
En fin, para que estas medidas puedan ser implementadas, es necesaria una participación activa de los pequeños y medianos productores, invitándolos a abandonar sus malas compañías del pasado. Sólo de esta forma podrá sumárselos a un modelo de acumulación con inclusión social junto a la mayoría de los trabajadores y los empresarios nacionales.

* Investigador del Ceur-Conicet y del Ciepyc-UNLP.
** Economista de la Asociación de Economía para el Desarrollo de la Argentina (AEDA).

14 de enero de 2011

Entre el presente del Estado y el Estado presente

El análisis de Alfredo Iñíguez*

Amedida que las políticas impulsadas por el neoliberalismo pasan a formar parte del pasado y se recuperan y redefinen las funciones del Estado aparecen las contradicciones inherentes al quehacer estatal en su relación con la sociedad.
Suele suceder que sin nada que medie, se cuestione una carga tributaria muy elevada y, al mismo tiempo, se reclame una mayor participación del Estado para resolver de manera inmediata un sinnúmero de problemas que se yuxtaponen en la agenda pública, sin resaltar que llevan décadas sin solución.
En los últimos años, se produjo una disociación entre las problematizaciones incorporadas en la agenda pública y la conformación de la agenda estatal y, consecuentemente, en la orientación de la política desarrollada.
Estas diferencias se originaron en que el Gobierno empezó a implementar políticas que favorecían a quienes no tenían injerencia en la definición de la agenda pública o que perjudicaban a quienes sí la tenían y se generaron tensiones adicionales en la correlación de poder imperante.
Sólo como ejemplos de ello se pueden mencionar a la recuperación del sistema previsional estatal, la asignación universal por hijo y a los esfuerzos por mejorar las condiciones laborales con las convenciones colectivas de trabajo por rama y actividad, el avance en la formalización de los trabajadores y el aumento exponencial del salario mínimo vital y móvil.
Por el lado de los impuestos, no se produjeron cambios significativos en la política tributaria –aunque se lograron avances en materia de administración– y en consecuencia también se realizaron cuestionamientos, desde diversos sectores y con distintos enfoques. La modificación más relevante fue la reimplantación de los derechos de exportación (conocidos como retenciones) con tasas diferenciadas entre la industria y el agro que permitieron un tipo de cambio diferencial a favor de la primera para contrarrestar una de las deficiencias más notorias de la economía argentina como es la estructura productiva desequilibrada.
A pesar de los pocos cambios realizados en esta materia, el sistema impositivo actual es muy distinto del vigente en la década de los ’90: la presión tributaria ronda el 34% del PBI, más de 12 puntos porcentuales superior a la de aquellos años. El dato más destacado es que este aumento se logró mediante los impuestos a los Ingresos (básicamente Ganancias), al Comercio Exterior y a la Seguridad Social.
Los gravámenes que recaen sobre el consumo estuvieron entre los que registraron menos aumentos.
En consecuencia, las políticas públicas orientadas a favorecer a los trabajadores y excluidos se financiaron con un sistema tributario que mejoraba su incidencia distributiva. Tal vez en la recuperación del carácter redistributivo de la intervención estatal se sintetice la contradicción de la agenda pública: quienes tuvieron que pagar más impuestos conforman estratos sociales distintos de quienes son los principales receptores directos de las políticas públicas.
Es indudable que el Estado actual es muy distinto del que legaron tantos años de políticas destinadas disminuir sus atribuciones y responsabilidades y a dirimir los conflictos en desmedro de los trabajadores y desposeídos.
Tan indudable como todo lo que queda por hacer para recuperar un Estado presente e inclusivo.
Se podría decir, parafraseando a Sartre, que, en todos los tiempos, el Estado es lo que hace con lo que hicieron de él.
El desafío pasa por fortalecer al Estado para transformar esta actual limitación en una virtud para que pueda cumplir en toda su plenitud su rol de articulador de las relaciones sociales para mejorar las condiciones de todos los habitantes.

* Investigador del Ciepyc y economista de AEDA
(Publicado en BAE)

23 de diciembre de 2010

JUICIO Y CASTIGO: "PEPETUA Y CARCEL COMUN"

LOS GENOCIDAS VUELVEN A LA CARCEL
JUSTICIA Y VERDAD
FELIZ AÑO NUEVO PARA TODOS!
(MENOS PARA "LOS DEL PAÍS QUE QUIERE A VIDELA")

30 de noviembre de 2010

Construir en el país como mil escuelas

Poco más de 1800 millones de pesos se invirtieron desde 2003 para construir 1000 escuelas, en un plan de 1700 hasta fines de 2012. El presupuesto educativo alcanza el 6 por ciento del PBI. Hoy se inaugurarán otras tres escuelas.

Por Roberto Navarro

La presidenta Cristina Fernández de Kirchner inaugurará hoy en San Juan la escuela número 1000 construida por la administración kirchnerista en siete años. Así, el período 2003-2010 se convierte en el segundo de mayor construcción de escuelas en la historia nacional, después del plan quinquenal de Juan Perón entre 1947 y 1951. En los últimos 34 años sólo se habían inaugurado 427 escuelas. El gobierno de Carlos Menem apenas construyó siete; el de Fernando de la Rúa, ninguna. La Secretaría de Obras Públicas, dependiente del Ministerio de Planificación, invirtió 1826 millones de pesos en los mil establecimientos, que brindan educación a más de 500 mil alumnos.

En la misma jornada, pocas horas después, la ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner, inaugurará la escuela 1001 en Córdoba; el ministro de Educación, Alberto Sileoni, cortará la cinta de la escuela número 1002 en Santiago del Estero y el jefe de la cartera económica, Amado Boudou, inaugurará la 1003, en la provincia de Buenos Aires. La escuela número mil se llamará Presidente Néstor Carlos Kirchner.

La escuela que inaugurará hoy la Presidenta se sitúa en la localidad de Campo Afuera, partido del Albardón, en la provincia de San Juan. Es un establecimiento de nivel secundario que el año próximo recibirá a 341 alumnos. El edificio es de 1362 metros cuadrados y cuenta con un laboratorio de informática de 170 metros cuadrados y otro de ciencias y taller de tecnología, de 71 metros cuadrados. La licitación se realizó el 1º de noviembre de 2008, con lo que, con trámites administrativos incluidos, la construcción tardó dos años. El costo de la escuela fue de 3.440.000 pesos.

En 2003 el gasto en educación, consolidado entre la Nación y las provincias, representaba el 3,64 por ciento del PBI; en 2010, representa el 6,02 por ciento. Hace siete años el gasto educativo fue de 14.501 millones de pesos; este año será de 89.924 millones de pesos, un 520 por ciento más. Este presupuesto incluye el dinero administrado por Obras Públicas para la construcción de escuelas. También la compra de las netbooks, realizada por la Anses, para los alumnos secundarios.

Las 1000 escuelas construidas en los últimos siete años se extienden en todo el territorio nacional. En la Secretaría de Obras Públicas informan que la prioridad fue construir más escuelas en los distritos que más las necesitaban. Pero la culminación de las obras tuvo que ver con la voluntad de los gobernadores de cada provincia, ya que las obras se realizan de manera federal, es decir, están en manos de los gobiernos provinciales. De las 1000, 166 se inauguraron en la provincia de Buenos Aires; 123 en Tucumán; 65 en Córdoba y otra cantidad similar en Jujuy. En la ciudad de Buenos Aires sólo se construyeron 4.

En el Ejecutivo afirman que a fines de 2012 habrá 1700 escuelas entre las terminadas y las que estarán en ejecución. Además de los 1800 millones que se destinaron a la construcción de las 1000 escuelas, bajo el marco de la Ley de Educación Técnica Superior, este año se comenzó a ejecutar un presupuesto adicional de 800 millones de pesos para la construcción de escuelas técnicas. Durante los noventa, en el marco de la política de desindustrialización llevada a cabo por el gobierno de Carlos Menem, cerraron 182 escuelas técnicas. El resto no recibió el presupuesto necesario para la adquisición de máquinas nuevas que se adaptaran a las nuevas tecnologías imperantes. Un ejemplo, a treinta años de la creación de los tornos computadorizados para producción de piezas, en la mayoría de las escuelas técnicas se utilizan los antiguos tornos manuales.

En el país funcionan 42.087 escuelas entre establecimientos de enseñanza primaria y secundaria. 31.787 son estatales y 10.300 son privados. A los colegios del Estado asisten 7.523.700 alumnos; a los privados, 2.948.900 alumnos. Según fuentes del Ministerio de Educación, la cantidad de escuelas cubre la demanda escolar. Pero muchas de las escuelas están en pésimas condiciones. Por esa razón, la Secretaría de Obras Públicas también se ocupa de reparaciones en más de 1000 establecimientos.

Si bien la cantidad total de escuelas es suficiente para los actuales jóvenes en edad escolar, la distribución provincial es dispar. Por caso, la provincia de Buenos Aires tiene un 300 por ciento más de jóvenes en edad escolar que la ciudad y cuenta con mil por ciento más de escuelas. Son 16 mil en la provincia y sólo 1580 en la ciudad. La provincia de Tucumán, hundida en la pobreza en los noventa, construyó 123 escuelas nuevas en los últimos siete años y ahora cuenta con 1142 establecimientos, una cantidad, que, según fuentes de Educación, es suficiente para sus 110 mil alumnos.

La construcción de las 1000 escuelas está directamente relacionada con el fuerte incremento del presupuesto de Educación. En 2003, ese monto representaba el 3,64 por ciento del Producto Bruto Interno; en 2006 ya alcanzaba el 4,75 por ciento, y en 2010 es el 6,02 por ciento del PBI. Pero en ese tiempo el Producto creció más de un 70 por ciento. Así el presupuesto educacional, que era de 14.501 millones de pesos en 2003, subió a 31.100 en 2006 y en 2010 es de 89.924 millones.

El ministro de Educación, Alberto Sileoni, afirma que “las nuevas escuelas, la reparación de otras, los fuertes aumentos salariales que recibieron los maestros en todo el país y otras medidas tomadas en los últimos años mejoraron el nivel educacional del país. Pero los beneficios de esta política se verán a largo plazo, porque los resultados de un cambio como el que se está ejecutando se ven reflejados en su totalidad una década después”. Y agregó: “El Gobierno hizo una apuesta a largo plazo por la educación”.

La inauguración de la escuela número 1000 a cargo de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y otras tres por importantes ministros del Ejecutivo será aprovechada hoy para mostrar una arista poco visible de la administración kirchnerista: la política educacional. En su discurso, la Presidenta recordará la situación de los maestros en 2003 y la comparará con la actual. También volverá sobre el tema de la entrega de tres millones de computadoras tipo netbook para alumnos de escuelas estatales. También contará que ya se entregaron más de treinta millones de libros de texto y literarios a alumnos de escuelas primarias y secundarias del Estado.

29 de noviembre de 2010

Estado para la Reforma

Por Rafael A. Selva (Economista del CIEPYC)

Nuestro país ha sido protagonista durante los últimos años de cambios profundos que redefinieron al Estado. Y fue desde ese Estado que se perfiló una estrategia que generó un cambio en la concepción del crecimiento económico al poner al trabajo y la protección social en el objetivo primordial de un proceso de desarrollo con inclusión social.

Así, las medidas de política económica se tomaron bajo ese marco conceptual consistente en la necesidad de generar trabajo, formal y bien remunerado, a la vez que se tendía a reparar la exclusión que dejara la política de los noventa.

De ahí la importancia de los lineamientos macro que terminaron por definir el esquema: tipo de cambio competitivo, re-industrialización, superávit fiscal, des-endeudamiento, expansión del gasto público y la inversión social.

En una primera etapa se atendió desde el Estado la emergencia social y laboral con el “plan Jefes” hasta tanto la generación de empleo iba absorbiendo sus beneficiarios, se promovieron aumentos del salario mínimo y las jubilaciones y pensiones, la negociación colectiva y la formalización laboral.

En una siguiente etapa fue necesario tener en cuenta la complejidad del nuevo escenario laboral para seguir avanzando. Se tendió entonces a profundizar las reformas para incluir a más trabajadores que se encontraban excluidos tras años de desempleo, flexibilización e informalidad en la relación de trabajo, “universalizando” los beneficios previsionales y las asignaciones familiares que sólo percibían los trabajadores formales.

Emblemático en este sendero fue la eliminación del régimen de capitalización individual desandando la privatización de uno de los institutos más preciados del Estado benefactor. La creación del SIPA, a su vez, permitió redireccionar el ahorro nacional con fines estratégicos y ayudó a financiar el incremento del gasto social.

Luego sobrevino la acción del Estado frente a la crisis internacional que puso en evidencia el cambio en la concepción económica encarada por el actual gobierno. Y esa ideología tuvo que ver con la decisión de llevar adelante medidas que tengan siempre al empleo en el centro de las políticas públicas. En efecto, el impulso fiscal inyectado en la economía doméstica durante 2009 influyó para que los efectos de la crisis se vieran atenuados.

El sostenimiento e incremento de la inversión pública en infraestructura social, grandes obras energéticas y pequeñas obras de impacto local resultó, frente a las críticas y dudas sobre su efectividad, un acierto de política contracíclica para hacer frente a la caída de la construcción y el empleo. Además, y no menos importante, fue el sostenimiento de la política de ingresos y salarios llevada adelante desde el Estado, convalidando e impulsando las subas del salario, la ley de movilidad jubilatoria, la asistencia a las empresas en crisis mediante subsidios de parte de la masa salarial o el financiamiento directo y los diferentes planes sociales.

En consecuencia, en todos estos años, el Estado recuperó funciones y prestaciones, ha crecido la asignación de recursos a las políticas sociales en general y a las universales en particular, como educación, salud y previsión social. También del gasto orientado a promover el desarrollo del aparato productivo y a contener los precios de los productos claves de la canasta de alimentos y las tarifas de los servicios públicos y el transporte.

Así, la acción directa del Estado se convirtió en uno de los pilares del proceso de desarrollo con inclusión social al recuperar la autonomía política necesaria para impulsar estas reformas.

Para seguir avanzando hoy es necesario profundizar el cambio con aquellas medidas que contribuyen a la inclusión de sectores populares que aún se encuentran postergados y tienen dificultades para el acceso a muchos de los beneficios de la política social del Estado.

Avanzar también, por ejemplo, con la reforma pendiente en materia tributaria gravando rentas exentas y desalentando la especulación financiera a la vez que se combate la evasión y la informalidad laboral, con la reforma del sistema financiero que permita direccionar el ahorro nacional al desarrollo productivo, mejorar la competitividad y generar empleo, y las reformas laborales que amplían derechos a los trabajadores como la que reglamenta la distribución de las ganancias o la exigencia del balance social de las empresas.

Sólo así, mediante la reafirmación de un Estado activo que garantice la protección social, oriente la puja distributiva y direccione el rumbo económico, se logrará la profundización del proceso de desarrollo avanzando sobre las reformas necesarias para mejorar la distribución de la riqueza y las condiciones de vida de todos los argentinos.

(Nota publicada por Tomas Lukin en Página/12 del 29-11-2010:
http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-157716-2010-11-29.html )

16 de noviembre de 2010

Discurso de CFK en el Luna Park

Este fin de Asamblea y comienzo del Primer Congreso Latinoamericano de Microcrédito, es una cosa muy importante y todos la estamos festejando y celebrando ... lo que estamos celebrando hoy aquí, es la organización social que ha sido siempre o debió haber sido siempre uno de los objetivos de la política ... organizar socialmente a los movimientos, a los cooperativistas, a los monotributistas, a todos aquellos que no estando en lo que se denomina formalmente el mercado, forman parte de la economía real y concreta de un país ... algo que es básico para que una sociedad pueda sobrevivir y superarse, que son los vínculos de solidaridad y cooperación, dos elementos que precisamente parecían haber desaparecido del mundo contemporáneo y tal vez esté en esas cosas también que tengamos que encontrar las razones profundas de una crisis global que algunos creyeron que era financiera ... pero que en realidad es una crisis estructural de funcionamiento de modelo, de haber sacado el capital de la escala productiva, de la escala humana para llevarlo únicamente a la escala de las finanzas. Esto ha sido en realidad la verdadera raíz. ... lo que parecía solamente finanzas era apenas la punta del iceberg, era por donde explotó esa lógica inhumana, esa lógica absurda de creer que el dinero se reproduce a sí mismo sin pasar por el trabajo de las manos del hombre o por el trabajo de las neuronas, del conocimiento, las manos y el conocimiento. Estoy convencida que el trabajo de las manos y el trabajo de las cabezas, de las neuronas, el conocimiento va a signar todo el siglo XXI.

Por eso y volviendo al principio, a los objetivos de la política, siempre obviamente hemos militado en un espacio político identificado con una historia, con líderes pero nuestra incorporación a la política, la de él, la mía, la de otros miles y miles, cientos de miles de jóvenes era fundamentalmente organizar a la sociedad .... Y el objetivo era la organización de la sociedad para un mundo mejor, para un mundo diferente, donde hubiera igualdad, donde hubiera también mucha libertad. Pero libertad e igualdad, las dos cosas, porque si no hay igualdad tampoco hay libertad. Si yo no puedo decidir qué vida voy a tener, si voy a ser condenada solo por ser pobre, si no voy a tener educación porque mis padres no pueden pagarla, si no voy a tener salud porque no puedo pagar un médico, no hay libertad, aunque se vote cada dos años. Libertad hay cuando cada uno puede elegir su vida, la que quiere tener y eso es lo que siempre quisimos, tener mucha libertad y mucha igualdad ... Y aunque todavía nos falta mucho para la gran equidad y la gran igualdad, creo que hemos avanzado y mucho, y seguimos avanzando. Claro, cuanto más se avanza en la equidad y en la igualdad, es cuando muchas veces más se ataca, porque hay que distribuir las cosas un poco mejor y entonces algunos pueden sentirse afectados. Yo pienso que tendrían que reflexionar, sé que van a reflexionar en algún momento, porque hay un mundo que está cambiando y está demostrado que cuando hay cosas que unos pocos tienen tanto y cuando la mayoría no tiene nada, no duran mucho tiempo, porque hay momentos en que las sociedades se terminan revelando contra esas cosas.

Siempre cuando veo estas cosas en otros sectores que tienen gran poder de decisión económica, siempre les pido no que sean buenos, sino que sean inteligentes, que es más difícil todavía. Alguien puede creer que es bueno, porque participa de una obra de caridad, o porque tiene una fundación, o porque una o dos veces por semana va a ayudar, que está muy bien que así sea porque siempre es bueno que ayuden aunque sea una hora, siempre es bueno un minuto de ayuda, no estoy criticando, estoy simplemente diciendo que creo que tenemos que ser más inteligentes como sociedad, creo que este es el gran desafío que tenemos todos los argentinos, desde quién les habla hasta el último de los argentinos en el último de los lugares de la patria, en el último trabajo que pueda tener. Todos tenemos la obligación de ser más inteligentes, sobre todo en un mundo que cada vez está más complicado ... Vamos a tener que tener una gran inteligencia para poder aprovechar este potencial y este presente impresionante que hoy tiene la Argentina para potenciarlo aún más.

Por eso cuando leía el folleto que seguramente habrán repartido entre todos ustedes, acerca de todas las realizaciones, apuntaladas en dos ejes que a mí me parecen centrales y hoy, les puedo asegurar que me parecen más centrales que nunca: la familia y el trabajo ... porque cuando uno enuncia medidas como la Asignación Universal, como la cantidad de jubilaciones, como la cantidad que se atiende por el PAMI, por la cantidad de millones de trabajadores que se han incorporado, por los convenios colectivos, por los más de seiscientos y pico de centros de integración social que hemos hecho en todo el país, todas parecieran medidas buenas pero aisladas, y cuando las comienza a agrupar en esos dos grandes ejes, organizadores de la vida de una sociedad, de una ciudad, de un pueblo, de un país, que son el trabajo y la familia. Porque si uno tiene trabajo y tiene familia y puede darle cosas a su familia, yo creo que estamos dando los dos cimientos básicos para que una nación, una sociedad, puedan desarrollarse.

... creo que hay que comenzar desde nosotros mismos, prestarnos más atención a nosotros mismos y fundamentalmente tener mucha fuerza y aunar mucho los esfuerzos de todos los argentinos, aquí y de todos los países que conforman nuestra América del Sur, porque además hemos dado muestras que en momentos límites que nos han tocado atravesar como país y como región, las soluciones las hemos encontrado aquí en casa. Nada vino de afuera, todo fue construido por nosotros, todo fue pensado y ejecutado por nosotros, y no porque todos pensáramos igual.

... Quiero decirles finalmente que siempre van a poder contar conmigo, siempre, como Presidenta, como compañera, fundamentalmente como eso último que es lo que voy a ser toda la vida, compañera de ustedes, de los jóvenes, de las madres, de las abuelas, de los trabajadores, de los cooperativistas, de los agricultores, de los que quieren una Argentina y un mundo mejor como quería él y como querían tantos que dieron su vida como también la dio él.


4 de noviembre de 2010

SOLUCIONES A DEUDAS HISTÓRICAS


Resulta muy difícil sintetizar en unos pocos párrafos un balance de lo que  inició en 2003 (y sigue vigente) como Presidente de la Argentina, Néstor Kirchner. La expectativa de lo que nos había dejado la década anterior en particular y el proceso iniciado en 1976 en general, era tan baja que hacía pensar que era imposible salir de una situación “a la defensiva”: impedir el retroceso del Estado; detener la destrucción de puestos de trabajo; frenar la pobreza estructural; revertir el desmantelamiento del sistema de seguridad social; contrarrestar la destrucción de la industria nacional; etc.
Ver una foto de hoy y compararla con lo que fue, no estaba en la imaginación ni del más optimista.
La primera cuestión a revalorizar más allá de los aspectos económicos, es la recuperación de la política como instrumento de transformación de la realidad. Hasta entonces, la política estaba subsumida a la economía, donde supuestamente el único margen de maniobra era estimular los reflejos pavlovianos del mercado. Hoy, gracias a la impronta de ese proceso iniciado en 2003, las prioridades volvieron a su lugar. Argentina volvió a tener política económica propia sin que esté condicionada, influida o decidida por los factores  de poder internacional a través del Fondo Monetario Internacional (FMI), organismo responsable en buena parte de los resultados adversos de América Latina producto de la aplicación de las políticas del Consenso de Washington.
Cuando asume Néstor Kirchner el 25 de mayo de 2003, Argentina venía de atravesar la peor crisis de su historia y las medidas económicas más trascendentes que tomó el gobierno a partir de ese momento, estuvieron dirigidas a generar un cambio radical en cuanto a la inserción internacional de nuestro país y a impulsar el fortalecimiento del mercado interno.
En el plano internacional tenemos que recordar que Argentina en la década de los ´90 había relegado su integración regional en el MERCOSUR, estrechando sus vínculos con EE.UU., las tan mentadas relaciones carnales, y se apostaba a la integración de toda América en el ALCA (Área de Libre Comercio de las Américas)
Nuestro país, en base a un acuerdo estratégico con Brasil, se opuso decididamente a ese proyecto de EE.UU. y de su presidente George Bush; posición que se adopta y comunica en la cumbre de Mar del Plata en el año 2005. Y fue justamente Néstor Kirchner, quien tuvo la responsabilidad de trasmitirle a toda América que la política sería fortalecer la integración regional a partir del MERCOSUR y no a través del ALCA.
La renegociación de la deuda fue otro hito. Recordemos que Argentina durante  25 años había incrementando su deuda alcanzando un nivel monumental que posteriormente fue declarada en cesación de pago en 2002. El gobierno de Kirchner tuvo la responsabilidad de negociar con los acreedores y lograr una quita histórica que permitió regularizar una deuda de 80 mil millones de dólares con una quita del 65 por ciento y una extensión de los plazos del orden de los 30 años. Esto fue clave para despejar el horizonte de la economía nacional. Argentina pasó de tener una deuda en 2002 del 166% del PBI y en su mayoría en moneda extranjera (79%), a tener a fin de su mandato una del 74% en su mayoría en moneda local.
Se apostó a un tipo de cambio múltiple (utilizando como instrumento las retenciones), más alto para la industria, para revertir lo ocurrido durante el período 1976-2002 y reconstruir el desvastado entramado industrial. Cualquier país que pretenda ser desarrollado, claramente tiene que tener una industria fuerte. En este sentido hubo una política explicita del gobierno de NK: tipo de cambio alto para proteger a la industria y un tipo de cambio normal para el agro, diferencia que se obtiene vía retenciones.
En materia laboral los resultados son notables. Se volvieron a discutir los salarios entre trabajadores y empresarios del sector privado, en paritarias y convenciones colectivas de trabajo, en donde se fomentó y alentó la recomposición salarial y con la misma política se gestionó para las relaciones laborales del sector público. Estas medidas lograron mejorar la demanda y el mercado interno.
Otro síntoma gráfico de la recuperación de la política como medio de modificar la realidad, fue la recuperación del presupuesto como plan de gobierno que priorice el gasto público; en ese sentido la obra pública jugó un rol central (planes de vivienda, construcción de escuelas, infraestructura social básica, obras viales, entre otras).
También la política de previsión social comenzó a reparar las injusticias de décadas de políticas liberales mediante el programa de inclusión previsional, impulsado en el gobierno de NK, y que culminara incorporando más de 2 millones de pasivos  excluidos del sistema previsional.

Evidentemente el pilar de la recuperación económica de la Argentina desde el 2003 en adelante es el fortalecimiento del mercado interno. La generación de empleo entre 2003 y 2007 fue de más de 3 millones de puestos de trabajo, la mayoría formal, algo bastante extraño para la economía argentina de los anteriores 30 años. La propia generación de empleo formal se convirtió en un círculo virtuoso porque seguía profundizando la consolidación del mercado interno.
Desde la perspectiva de la inversión productiva, observando el año 2007 nuestro país logró niveles de inversión de aproximadamente 24 puntos del PBI, pero además la educación representó 5 puntos del PBI cuando históricamente había sido del 3. Asimismo, se logró un presupuesto de ciencia y tecnología más alto en términos del PBI, lo cual dio como resultado que la acumulación productiva de la Argentina fuese de un alto nivel.
Otra cuestión muy importante que vale la pena subrayar es que todo este proceso de expansión económica se financió con recursos propios y genuinos. La Argentina no dependió del capital extranjero. Las inversiones extranjeras directas fueron complementarias, no tuvieron un rol principal y tampoco nuestro país se endeudó en este período. Básicamente la expansión se hizo con recursos propios lo cual le dio una solidez a la macroeconomía que se puso a prueba justamente con la crisis internacional.
Esta crisis internacional, iniciada en el 2007, es la crisis más importante del capitalismo desde 1930, sin embargo su impacto en la Argentina fue muy menor: casi nada por el lado financiero; un poco por el lado real, en cuanto a las exportaciones; y mucho por el lado mediático, o sea nos enteramos mucho de la crisis por los medios de comunicación más que por lo que impacto en la economía cotidiana.
En resumen, el legado es muy grande. El proceso continuó en el gobierno de CFK donde se profundizaron medidas y donde se pusieron sobre la mesa pujas por el ingreso más agudas y donde NK también jugó un rol importante.
Su impronta quedó grabada en nuestra memoria aquel 24 de marzo de 2004, aunque esto no guarde relación con la economía, cuando como Presidente de la Nación hizo retirar los cuadros de los comandantes de la dictadura, una deuda que nuestra generación soñaba saldar desde la recuperación de la democracia en 1983.

1 de noviembre de 2010

El legado económico de Kirchner

Por Tomas Lukin
Los especialistas destacan que el ex presidente no sólo propuso una agenda transformadora que recuperaba el ideario de la justicia social y la democratización, sino que, además, lo empezó a concretar, ampliando derechos políticos, económicos y sociales.

Demostró que era posible
Por Matías Kulfas *

Podría exponerse un largo inventario de medidas, obras y logros de Néstor Kirchner en su gestión presidencial, pero no creo que pase por allí su principal legado. Kirchner planteó y ganó una batalla mucho más importante que cualquier acción de gobierno: demostró que es posible recuperar la senda de la transformación, enfrentando poderes establecidos, desmembrando tabúes y desarticulando mitos. Todo ello a partir de planteos ideológicos formulados con sencillez, con una sólida voluntad política y con una notable capacidad de construcción política. Su legado no es una obra en particular, es haber demostrado que es posible avanzar en una nueva etapa de ampliación de los derechos políticos, económicos y sociales.

Hay cosas que no resultan sencillas de comprender hoy sin una mirada retrospectiva. El neoliberalismo había logrado no sólo imponer su agenda de políticas públicas, sino también su batalla cultural. Las políticas basadas en la solidaridad, la inclusión social, el pleno empleo y el desarrollo productivo habían cedido lugar a la centralidad del mercado, la “eficiencia”, el individualismo y la mirada hacia un primer mundo que era presentado como cercano. Un montón de cosas quedaban afuera de la agenda y de la práctica política. No sólo la gran cantidad de masas de trabajadores que perdían su empleo y pasaban a formar parte de un ejército de excluidos. También se consolidaba un discurso de la imposibilidad.

Cuando a finales de esa década oscurantista la crisis golpeaba con toda su contundencia, ese discurso se afianzaba aún más. No se podía discutir las elevadas tarifas de los servicios públicos porque se vería afectada la seguridad jurídica. Menos aún las rentas monopólicas que detentaban dichos servicios, los grandes ganadores de la década del ’90. Tampoco se podía cuestionar la convertibilidad, a pesar de que era una fábrica incesante de desocupados y cierres de pymes. Ni hablar de temas tan sensibles como los derechos humanos: era imposible reabrir los juicios a los responsables del terrorismo de Estado.

No se podía discutir el modelo económico, ni las privatizaciones, ni las rentas monopólicas, ni la penosa situación de sobreendeudamiento explosivo que amenazaba mes a mes a la economía argentina.

Ni hablar de la Suprema Corte de Justicia, la de la mayoría automática, la cual convalidaba una a una las arbitrarias medidas del Poder Ejecutivo, como el rebalanceo de las tarifas telefónicas que significó una nueva y brutal transferencia de ingresos hacia los oligopolios telefónicos.

Luego sobrevino la más grave crisis económica y social de la Argentina contemporánea. Se habló de banca off shore como mecanismo para recrear el sistema financiero, es decir, de renuncia a tener bancos que puedan operar dentro del territorio nacional. Se hablaba de provincias inviables, y de la necesidad de regionalizar la Argentina. De privatizar los bancos públicos. Predominaban decenas de cuasimonedas en casi todas las provincias. Y hasta en algún afiebrado laboratorio de una universidad estadounidense se escribió un documento que sostenía que el país no tenía futuro si no se creaba un comité de gobierno integrado por notables del exterior.

La Argentina estaba para cualquier cosa. Por eso no dejó de sorprender que Kirchner planteara no sólo una agenda transformadora que recuperaba lo más profundo del ideario de la justicia social y la democratización, sino que, además, lo empezara a concretar.

La mitad de las personas en edad de jubilarse estaban afuera de la seguridad social. Rápidamente se incluyó prácticamente al ciento por ciento. Los países nunca renegociaban sus deudas con sustantivas quitas, la norma era estirar los plazos ofreciendo más altas tasas de interés a los mercados. Kirchner planteó un canje de deuda con una quita del 75 por ciento. Y lo hizo. Tampoco era posible escapar de las auditorías del FMI, las cuales venían religiosamente al menos dos veces al año a monitorear la marcha de la economía y a exigir sus medidas de política económica. Kirchner les pagó con reservas, genuinamente generadas por la recuperación económica y del superávit comercial externo, y les dijo “hasta nunca”.

Parte de las rentas extraordinarias generadas por la devaluación comenzaron a ser redistribuidas mediante las retenciones a las exportaciones. Se implementó un sistema de tipos de cambio múltiple que permitió que no sólo el campo disfrutara de la bonanza: también crecieron la construcción, el comercio, los servicios y, fundamentalmente, la industria, la cual comenzó a generar nuevos empleos de manera sistemática por primera vez en treinta años. Más aún, cuando la afluencia de divisas por el salto exportador y el ingreso de capitales tendía a apreciar la moneda, Kirchner introdujo una nueva herejía: un encaje del 30 por ciento para los ingresos de capitales especulativos.

Los ejemplos abundan. La solidez del proyecto se confirma con dos avances estructurales de magnitud, ya en tiempos de Cristina Fernández de Kirchner en la presidencia: la estatización del sistema previsional y la implementación de la Asignación Universal por Hijo. Néstor Kirchner dejó mucho más que una obra de gobierno. Hoy, todos los sectores comprometidos con una sociedad más justa, incluso aquellos que no forman parte del kirchnerismo, saben que es posible seguir profundizando los derechos económicos, políticos y sociales en nuestro país.

* Presidente de AEDA-Director del Banco Nación.


El trabajo y el empleo
Por Enrique Deibe * y Marta Novick **

La Plaza del triste 27 de octubre y de los días subsiguientes tuvo una enorme concurrencia de jóvenes, trabajadores con sus cascos que alguno luego colocó sobre el féretro, cartelitos de gente humilde llenos de cariño y de agradecimiento como el escrito a mano por una viuda de un estibador portuario, Hugo Moyano diciendo que para los trabajadores después de Perón y Evita, venía Néstor Kirchner, y Hugo Yasky hablando de una marca en la historia argentina dejada por la presidencia de Kirchner. ¿Qué tienen en común estas situaciones aparentemente diferentes?

Quizá puedan explicarse por lo que Cristina Fernández de Kirchner dijo a poco de asumir como Presidenta: lo que define a este proyecto político es el “trabajo”. Y cuando se habla de trabajo, lo es como factor de inclusión social, como dador de ciudadanía, como fuente de derechos, como principal articulador entre la esfera económica y la social, como el nexo entre la macroeconomía y el bienestar de los hogares. Ha sido esta gestión la que volvió a plantear la importancia del empleo, la dignidad del trabajo, de la protección social, de relaciones laborales maduras y de una mejora en la distribución del ingreso.

Las políticas laborales y de empleo han sido un eje central de las políticas públicas desde el 2003, las que permitieron disminuir abruptamente el desempleo, lograr una baja importante en el empleo no registrado, una recuperación del salario real, una reducción de la pobreza y un significativo crecimiento de la cobertura de la protección social. Y esto comenzó desde el primer momento del gobierno de Kirchner. Y esto es lo que los trabajadores, los humildes, los mayores que no tenían acceso a la jubilación, porque habían perdido sus oportunidades laborales y toda esperanza, los jóvenes que recuperaron el futuro, reconocen y agradecen a Néstor y Cristina.

Estos días se recordó mucho que fue el ex presidente quien enfrentó a Bush y le puso un freno al ALCA en la Cumbre de las Américas en Mar del Plata en diciembre del 2005. Lo que no recibió el mismo énfasis fue el lema propuesto por Argentina en lugar del libre comercio: “Crear empleo para erradicar la pobreza y garantizar la gobernabilidad democrática”. En esa línea, ya en el 2004 se había derogado la legislación flexibilizadora de los ’90, con un nuevo instituto que instalaba por primera vez en la normativa laboral de América latina la promoción del trabajo decente como objetivo de gobierno, y había comenzado una dinámica inédita y fructífera en materia de negociación colectiva.

En el 2002, el 21,5 por ciento de la población activa se encontraba desocupada, un valor nunca antes registrado en nuestro país. Esta situación cambió radicalmente a partir de 2003, momento a partir del cual se observó una reducción constante y significativa, que da como resultado que desde el cuarto trimestre de 2006 la tasa de desempleo tenga un valor inferior a los dos dígitos, luego de permanecer durante 13 años por arriba de ese valor. En el segundo trimestre de 2010, la tasa de desempleo alcanzó al 7,9. La negociación colectiva acompañó este crecimiento y aumentó su cobertura en un 43 por ciento, al incorporar a más de dos millones de trabajadores a las paritarias, mejorando sus ingresos, protegiendo sus derechos y garantizando seguridad social para ellos y sus familias. El incremento del empleo registrado y de la negociación colectiva permitieron la incorporación de dos millones de niños y adolescentes a las asignaciones familiares correspondientes a los hijos de trabajadores registrados. A ello debe agregarse que desde el 2009, la Asignación Universal por Hijo cubre a otros 3,6 millones de menores de 18 años.

Se recuperó la inspección del trabajo y la lucha contra el trabajo no registrado, y se reinstaló el salario mínimo –a partir de la convocatoria, en 2004 después de 13 años de inactividad, del Consejo del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo–, tanto en su rol institucional de promoción del consumo como en el de elevar los salarios más bajos de la escala. El salario mínimo se incrementó 820 por ciento respecto del valor que, sin modificaciones, había tenido durante todos los años ’90.

Estos números no sólo son resultado de políticas activas de empleo y trabajo, son el producto de un conjunto coherente de políticas públicas entre las que deben señalarse las monetarias y macroeconómicas, de inversión pública, de educación, de ciencia y tecnología. Estas son las líneas que sigue profundizando el gobierno de Cristina Kirchner.

Probablemente, los números se desconozcan (los medios monopólicos los ignoran o los tergiversan), pocos saben de las políticas específicas, sea para la defensa del empleo, para la recuperación del salario, para la extensión de la protección social (es mejor informar sobre noticias marginales o aplicar censura a las acciones de gobierno), pero sí lo saben los miles y miles que hoy tienen empleo, que tienen más dignidad, los mayores y los jóvenes que están más protegidos que pueden acceder a más bienes, y que, a pesar de la enorme tristeza, saben que hay un horizonte a defender. Esto es lo que todos pudimos ver y sentir con la gente presente en la Plaza, en la casa de Gobierno, en las calles, rindiendo homenaje a Néstor Kirchner. Y no se equivocan.

* Secretario de Empleo del Ministerio de Trabajo.
* * Subsecretaria de Programación Técnica y Estudios Laborales del Ministerio de Trabajo.

NESTOR KIRCHNER "Quisiera que me recuerden" del compañero detenido-desap...