La vuelta al sistema estatal de reparto de todas las jubilaciones es la primera reforma estructural del kirchnerismo, desde que gobierna el país. Pero no es sólo eso: se constituye también en la herramienta por la cual el gobierno parece recuperar la iniciativa, tras la crisis política desatada a raíz del conflicto por los derechos de exportación móviles y en medio de una crisis financiera internacional fenomenal.
La decisión sorprendió porque el gobierno venía de unos meses erráticos, envuelto en una agenda que no le era propia. Daba la sensación de que el conflicto con el campo había culminado en un golpe sin golpe. Muchos de quienes todavía creemos que el proceso iniciado el 25 de mayo de 2003 era un auspicioso punto de partida para instaurar un esquema de desarrollo auto-centrado evaluamos que el proceso destituyente lo había condicionado severamente.
Y lo que se podía ver era que el gobierno reflejaba la nueva correlación de fuerzas post-crisis del campo con un conjunto de medidas que respondían a los intereses de los sectores financieros : declaración de cancelación al contado de la deuda con el Club de París, reuniones patéticas con banqueros, que no tenían manera de saber -en el preciso momento en que se produjo la reunión en Buenos Aires para renegociar la deuda de los holdouts - si sus bancos de inversión seguían existiendo, si ya habían pasado a manos de otro banco, o del Estado, y si seguían manteniendo sus empleo. La ridiculez de esas reuniones fue el reflejo del desacierto de intentar volver a ser un “país emergente” en el medio del colapso de las formas de financiamiento del sistema financiero internacional.
Si embargo, el gobierno se desenvolvió de esa agenda, a partir de las evidencias que generaba la mayor crisis financiera de la historia del capitalismo - y reencausó el problema estructural de la seguridad social en la Argentina. Sin embargo, el colapso de las formas privadas de financiamiento en los países del Norte no se tradujo mecánicamente en el reemplazo del marco conceptual, y la emergencia de una nueva convención de política económica. El discurso keynesiano y la rehabilitación de la centralidad del Estado en la coordinación de la economía tarda de trasladarse de las necesidades de política pública al campo de las ideas, aún dominado por la convención del mercado auto-regulador.
A la lentitud del avance en el campo de las ideas, se suma en la Argentina la histórica permeabilidad de los sectores medios al discurso simple y efectivo de los grandes medios de comunicación y de la oposición. Esto explica, hoy en día, la dificultad de argumentar a favor de una propuesta como la eliminación de las AFJP, aún en ámbitos donde los intereses objetivos se corresponden con un régimen basado en la solidaridad intergeneracional. Los planteos de que “responde a una necesidad de caja”, que estamos frente a un “saqueo”, de que “se hace para robar”, de que “es improvisado”, entre otros, se deshacen al realizar un análisis serio sobre el tema, incluso si se considerara a todos los funcionarios del gobierno como ladrones.
No es posible lógicamente plantear la tesis del “Estado depredador” con independencia del modo de acumulación. El régimen de valorización financiera va más allá de las prebendas que el capital utiliza para instrumentar la transversión de los dirigentes políticos (simbolizados superficialmente por las coimas del menemismo o los tapados de piel de María Julia, pero que se generalizó en forma mucho más sutil a los cuadros intelectuales y técnicos, incluyendo importantes pagos por consultorías de organismos internacionales durante la pasada década). Aún considerando la importancia de estas “compensaciones”, el objetivo de las políticas de los noventa no era financiar el consumo suntuario de los dirigentes y generar una frondosa casta de intelectuales orgánicos y periodistas del establishment. La transversión de los dirigentes e intelectuales era simplemente un medio. El fin era convertir a la Argentina -como al resto de los países periféricos - en un país emergente, que pospusiera eternamente un régimen basado en el endeudamiento mediante la generación de nuevos negocios para el capital financiero.
Sería imposible para el entendimiento suponer que fue casual la proliferación de gobiernos y funcionarios corruptos - todos a la vez- en la gran mayoría de los países periféricos del mundo. Cuestión que nuestra mediatizada clase media parece no poder dimensionar.
Intentando ir más allá de la superficie, la vuelta al sistema estatal de reparto apunta a la resolución de cuestiones fundamentales para una sociedad, independientemente de que algunos funcionarios puedan hacer una utilización personal de una parte de los fondos que vuelven al Estado. Lo que quedará es la resolución de un problema estructural básico de la sociedad, evitando la evaporación de los ahorros de los jubilados hoy colocada en activos financieros y la instauración de un régimen que se sustente en la mejora de los niveles y remuneraciones de empleo a partir de su reinyección como fuente de demanda efectiva.
Precisamente por la trascendencia del tema en cuestión, la primera de las notas de la presente edición de Entrelíneas realiza un análisis pormenorizado de las consecuencias que dejaron los catorce años de AFJP y los efectos para la sociedad de volver al esquema estatal de reparto de forma plena.
La segunda nota analiza cómo las autoridades están respondiendo a los efectos de este cambio estructural y a la crisis internacional en el plano monetario y financiero. Respuesta que combina medidas heterodoxas de control selectivo a la fuga de capitales con medidas ortodoxas basadas en subas desproporcionadas de tasas de interés.
Se sostiene que estas medidas obedecen a una cuestión transitoria más que permanente. De hecho, los bancos privados en los días de mayor demanda de dólares pagaban más tasa por los plazos fijos cortos que por los largos, lo cual induce a suponer que ven como una cuestión temporal la caída de depósitos. Si pensaran en un escenario de licuación de deudas, por devaluación por ejemplo, propiciarían los depósitos a largo plazo. Estos últimos fueron los únicos que cayeron, entre los plazos fijos, durante el mes de octubre.
A su vez se plantea que la autoridad monetaria en la Argentina tiene a su disposición todas las herramientas de política monetaria, lo cual es quizá el principal beneficio de no estar directamente afectados por la crisis financiera internacional.
La política monetaria en los países centrales ha demostrado ser poco efectiva frente a la entrada en recesión de Estados Unidos, Europa y Japón. Tardíamente las autoridades de estos países comienzan a plantear alternativas incipientes y muy acotadas de paliar la caída en la demanda efectiva que produce la actual crisis. En este sentido, la principal apuesta parece ser una política fiscal expansiva.
La Argentina se encuentra en buenas condiciones para avanzar en esta dirección. Aunque no parece reflejarse en las acciones de gobierno y en las actitudes de una oposición autista frente al nuevo escenario.
Esa es la próxima gran batalla, que dependerá de la velocidad con que el gobierno entienda que es necesario impulsar el gasto público, manteniendo el superávit externo mediante un mayor grado de protección de la economía. También es imprescindible que las dirigencias empresariales comprendan que durante los próximos años no habrá otro espacio de valorización de sus capitales que el nacional y regional. Cuestiones que por el momento el gobierno solo ataca discursivamente, mientras la oposición sigue enfrascada en el carácter depredador del Estado.
Si bien es prematuro evaluar los posibles efectos del reciente paquete de medidas lanzado por el Gobierno, resulta claro que avanza en la dirección de promover mayor actividad económica y garantizar un piso para el desempleo. Estamos bastante curados de espanto con las inauguraciones de maquetas y mega anuncios de inversiones que nunca se convierten en infraestructura pública concreta De la capacidad del gobierno de convertir sus anuncios en obras, en tiempo y forma depende en parte la capacidad de respuesta del modelo instaurado en el 2003 al nuevo escenario. En este momento del ciclo, resulta imprescindible que esos 71 mil millones de pesos que se volcarían a la obra pública sean una realidad. La complementación de estas medidas con tipos de cambios diferenciales y política industrial orientada a seleccionar sectores generadores y difusores de progreso técnico es clave para mantener los niveles de actividad y realizar el necesario cambio estructural. Frente a la crisis financiera internacional, los términos de intercambio están lejos de favorecer a una especialización basada productos agroindustriales (si es que alguna vez la favorecieron).
Por último, seguimos analizando los efectos de la crisis financiera internacional. En esta oportunidad se intenta observar los posibles canales de transmisión de la crisis por el lado real, analizando las relaciones comerciales de Estados Unidos con el mundo. La tercera nota de esta revista avanza sobre este aspecto.
Por CIEPYC
