“Este brutal asesinato no debe quedar impune”

¿82 por ciento?

 POR ALFREDO IÑIGUEZ Y RAFAEL A. SELVA (ECONOMISTAS DEL CIEPYC)

La reforma del sistema de seguridad social debe continuar. Avanzar con la mejora del sistema previsional en general y de los haberes en particular para seguir con el resarcimiento a los jubilados de tantos años de pauperización y olvido debe ser un objetivo a alcanzar. Para encarar la decisión política correcta se requiere generar un debate amplio que permita dar respuesta a los interrogantes básicos: qué sistema de seguridad social, para quiénes y con qué recursos.

La relevancia del sistema de jubilaciones y pensiones dentro del conjunto de las erogaciones fiscales implica que cualquier decisión sobre la materia conlleve un fuerte impacto dentro del presupuesto. A su vez, por las particularidades del sistema, las decisiones actuales tienen fuertes implicancias en el futuro y en consecuencia debe analizarse con cuidado su sostenibilidad y sustentabilidad en el tiempo.

En este punto, además, resulta necesario contemplar variables demográficas (tasa de natalidad, expectativa de vida, envejecimiento de la población) y económicas (nivel de informalidad de la economía, tasa de actividad, cumplimiento tributario) que también van a determinar las necesidades de financiamiento del sistema para lo cual se requieren estudios actuariales que parecerían olvidados.

En Entrelíneas de la Política Económica (www.ciepyc.unlp.edu.ar) abordamos algunos de los puntos a tener en cuenta en la discusión que aquí resumimos.

COBERTURA

Hasta la privatización del régimen, Argentina mantenía tasas de cobertura cercanas al 80 por ciento. Sin embargo, en menos de diez años, entre 1995 y 2004, pasó del 77 por ciento a menos de 69 por ciento y con proyecciones que continuaban la tendencia a la baja.

Como consecuencia del Plan de Inclusión Previsional, instrumentado a partir de 2005, se elevó la cobertura aproximándola al 90 por ciento de la población en edad de jubilarse, convirtiéndose así en el país de Latinoamérica con el sistema previsional de mayor cobertura. Los jubilados incorporados se sumaron a aquellos que cobraban la mínima aunque en los primeros años se les deducen los aportes no realizados.

SOSTENIBILIDAD FINANCIERA

Las prestaciones de ANSES no se limitan al pago de jubilaciones, también es responsable de otros instrumentos que hacen a la seguridad social, en especial las asignaciones familiares. Para financiar todas estas prestaciones, tiene actualmente dos fuentes de recursos: las contributivas (los aportes y contribuciones a la seguridad social) y no contributivas (asignaciones específicas de impuestos nacionales). Si se consideran todas las prestaciones y todas las fuentes de recursos, ANSES tiene superavit (los ingresos exceden sus gastos) pero si sólo se consideraran los componentes contributivos, el resultado sería deficitario.

Por esta razón, el sistema de seguridad social requiere de financiamiento extra para garantizar sus prestaciones: en la actualidad, estos ingresos representan entre 40 y 45% del total de recursos del sistema.

SUSTENTABILIDAD DEL RÉGIMEN

Un sistema de reparto se basa implícitamente en un contrato inter-generacional entre la clase activa y la pasiva, y la viabilidad en el cumplimiento de dicho pacto depende en gran medida de la relación entre el número de trabajadores activos aportantes y el número de pasivos beneficiarios. Por lo tanto es vital para un sistema previsional, incluso uno de capitalización, el crecimiento del nivel de actividad, del empleo registrado y de los salarios reales para aumentar y estabilizar el coeficiente de sostenimiento del sistema.

Si la relación entre aportantes activos y beneficiarios cae, como efectivamente ocurrió en la Argentina, para mantener una cierta relación entre el haber jubilatorio y el salario se debe aumentar la tasa de los aportes personales o contribuciones patronales, o bien crear nuevos impuestos y salir de la lógica de un régimen puramente contributivo. En efecto esto es lo que ha hecho la Argentina desde mediados de los años ochenta (y en especial a partir de principios de los noventa, previo a la creación de las AFJP) cuando empezó a incorporar recursos tributarios para financiar el déficit previsional.

EL 82 POR CIENTO ¿DE QUÉ?

En el imaginario social está instalada la creencia de que el haber previsional debería ser el 82% del salario para todos los jubilados. Sin embargo, jamás fue así en toda la historia del sistema previsional argentino. La Ley de Frondizi preveía proporciones decrecientes a medida que aumenta el monto de los haberes y el Decreto-ley de Onganía disponía el 70% como criterio general y sólo se alcanzaba el 82% si se realizaban aportes durante 42 años, requisito prácticamente imposible de cumplir para un régimen que sólo tenía 25 años con cierto grado de universalización.

Con la reforma del año 1994 se altera la relación haber / salario y se establece un complejo cálculo que sigue vigente hasta la actualidad. Contiene diversos componentes y entre ellos una prestación básica universal (PBU), que representa una suma fija para todos aquellos que puedan acceder a una jubilación, esto es, quienes tuvieron al menos 30 años de aportes.

El proyecto actual con media sanción de la Cámara de Diputados no procura modificar la determinación del haber jubilatorio. Sencillamente, dispone, que el haber mínimo se fije en el 82 por ciento del salario mínimo, vital y móvil.

CONTROVERSIAS DEL CASO BADARO

La generalización del caso Badaro produce una gran cantidad de controversias. Las más destacadas son dos: la inconsistencia financiera del sistema y el impacto regresivo en términos distributivos.

La primera de ellas se origina en que el sistema actual tiene topes máximos, tanto para los haberes como para los aportes personales. En consecuencia, la actualización de los haberes sin ningún tipo de tope se contradice con el límite vigente para el financiamiento. Si los aportes tienen tope y los haberes no, es evidente que el sistema no podrá ser sustentable.

La segunda controversia surge al proponer un aumento proporcional a todos los haberes superiores al mínimo. Al hacerlo, se refuerza el carácter pro rico que tiene todo sistema previsional al tender a distribuir beneficios más elevados a quienes están en los estratos más altos de la población. El proyecto es regresivo porque si fuera promulgado conllevaría un aumento en mayor proporción para quienes perciben haberes más elevados.

EL CAMINO HACIA UNA SEGURIDAD SOCIAL PARA TODOS

Repensar la seguridad social implica enfrentar dos grandes desafíos. El principal es cómo hacer para que garantice protección social a todos los integrantes de la sociedad, es decir, cómo transformar al sistema en auténticamente universal. El más complejo en su consecución pasa por intentar conformar un sistema integrado y coherente entre sus componentes.

Para enfrentar esta situación es necesario revisar las instituciones para pasar del sistema actual basado en esquemas contributivos que garantizan la cobertura a quienes tienen capacidad de pago a otros que prioricen la solidaridad y la igualdad.

En ese sentido, la Argentina inició ya un camino de reformas durante el último lustro que va a la vanguardia de lo que acontece en el mundo.

Como vimos los segmentos de la población que no tendrán posibilidades de acceder al sistema cuando lleguen a la edad para jubilarse porque no realizan (o no les realizan) sus aportes previsionales, están contribuyendo a su financiamiento mediante el pago de impuestos. Y los excluidos del sistema previsional están concentrados en los estratos de menores ingresos. Esta combinación, financiamiento con impuestos regresivos y exclusión de los más pobres, hace que el sistema jubilatorio tal como está pensado sea notoriamente pro rico y con posibilidades de ser regresivo en términos distributivos.

Por lo tanto, resulta indispensable, siguiendo los principios de una “seguridad social para todos” planteados por la OIT , avanzar hacia un sistema que combine un componente no contributivo “universal”, con uno contributivo que lo complemente.

Para transformarlo en progresivo, el esquema debe garantizar al mismo tiempo, un beneficio jubilatorio para todos los habitantes mayores y un haber creciente de acuerdo a los años de aportes y a los ingresos obtenidos en la vida económicamente activa, pero menos que proporcional en relación a este último.

En línea con esto, es fundamental generar un debate amplio sobre la financiación del Estado en general y del Sistema Previsional en particular.

Así, teniendo en cuenta que los ingresos tributarios son indispensables para el sostenimiento del sistema, cualquier propuesta que tienda a desmantelar este financiamiento debe ser desechada o necesariamente reemplazada por otra fuente de ingresos.

El reclamo de un “82 por ciento móvil”, que ha sido bandera de los sectores populares desde mediados del siglo pasado en la Argentina, debe ser revisado en función del sistema previsional (y el mercado de trabajo) que nos legó treinta años de ajuste neoliberal para convertirse en una opción seria, responsable y sustentable en el mediano y largo plazo, porque sólo de esa forma será funcional al desarrollo del país.

Un texto con trampas y sin números

Por Demian Panigo*

El proyecto de ley está bien pensado desde un punto de vista maquiavélico. Si el artículo 1º, donde se plantea el aumento de la jubilación mínima al 82% del salario mínimo vital y móvil, propusiera una genuina fuente de financiamiento, sería un artículo con el que un peronista no podría estar en contra. Y eso sería independientemente de que haya plata o no para pagarlo.

Pero el proyecto no se queda ahí. Los artículos 5º, 6º y 7º son los tres artículos de la discordia y, entonces, el artículo 1º se convierte en un caballo de Troya.

Si el proyecto de ley que se debatirá el miércoles terminara en el artículo 1º, muchos de nosotros estaríamos de acuerdo. Pero no termina ahí e incluye otros tres artículos que implican darle plata de los pobres (porque no prevé nuevos recursos) a los ricos y esto no tiene sentido en materia de justicia social.

Por lo tanto, hay dos formas de leer el proyecto de ley: una está basada en la buena voluntad de los legisladores que la impulsan, aunque a un proyecto que aumenta un 15% la desigualdad, es difícil encontrarle buena voluntad.

Leyendo de buena fe la iniciativa diría que el sentido que podría tener es que podría reducir la litigiosidad al incluir los fallos de la Corte Suprema de Justicia en materia previsional (“Caso Eliff” en el artículo 5º, “Caso Sánchez” en el artículo 6º y “Caso Badaro” en el artículo 7º). Podría servir sí, para reducir la litigiosidad y dejar que la Justicia se ocupe de otras cuestiones.

Pero en verdad, es inaplicable porque genera un gasto extra de 60.000 millones de pesos, que amenaza con retrotraer todos los logros hechos en materia previsional a foja cero. Además, lo que haría esta ley sería plasmar muchos de los fallos de la Corte pero lo que vemos en el Conicet es que a veces la Corte se equivoca. Creo que en algún momento se dará cuenta de que lo que está haciendo es perjudicar a la justicia social aunque, por algunas razones, pueda ajustarse a derecho.

La otra lectura, que es más política, es que simplemente se busca, con este proyecto, que por primera vez la presidenta Cristina Fernández tenga que vetar una ley que tiene un artículo que beneficia a los trabajadores. Y si no la veta, sabe que se desfinanciará completamente el sistema y se generará una crisis fiscal como la que tuvimos a mediados de los ’80 o a finales de los ’90.

Si uno piensa que es la primera opción, le decimos a los senadores (y a la Corte Suprema también) que estamos dispuestos a mostrarles los números y las explicaciones de estos temores que nosotros tenemos en el Conicet. Pero como quieren sacar la ley entre gallos y medianoche se corren estos riesgos. El error central no es solamente desfinanciar al sector público sino aumentar significativamente desigualdad.

*Economista investigador del CONICET

Url: http://www.elargentino.com/Content.aspx?Id=109938

Somos Nosotros

CENSO 2010

El censo es una herramienta imprescindible para la toma de decisiones, tan importante que la Constitución nacional lo nombra (art 45 y 47), y por eso es una cuestión de Estado, no del gobierno de turno.

El censo aporta datos con utilidad por diez años (o sea, para este gobierno y dos mas!) y permite ajustar la cantidad de representantes que elegimos por provincia, de concejales en tu municipio y de la coparticipación que recibe tu ciudad!

El censo le da información a tu empresa, a los investigadores, a todos los que la necesitan. La información es pública y anónima, no tenes que mostrar tu DNI ni nada, solo contestar con la verdad.

Los censistas ese día TRABAJAN, vos no, hacele la tarea sencilla, vos solo podés ayudarlos esperándolos y respondiendo sus preguntas. No te van a mentir, son los maestros de tus hijos!

Es la única oportunidad que tenemos todos los habitantes de decir como estamos ... ¿te la vas a perder?

Entrá al sitio http://www.censo2010.indec.gov.ar/index.asp y enterate de todo!

__,_._,___

"Fue la industria y no el campo la que traccionó el crecimiento de la Argentina"

A pocos días de haber presentado el libro La economía argentina de la posconvertibilidad en tiempos de crisis mundial, que escribió junto a Mariana González, Nuria Mendizábal y Eduardo M. Basualdo, el economista Nicolás Arceo recibió a Buenos Aires Económico y explicó cuáles fueron los cambios estructurales que registró la economía local en el último decenio.

El agro pampeano, las medidas económicas que se podrían tomar en los próximos meses, la asignación universal por hijo (AUH), las AFJP y el proyecto de llevar las jubilaciones al 82% del salario son algunos de los temas que toca el libro y sobre los que Arceo responde.

–¿Que cambios analiza el libro puntualmente?
–La obra se propone analizar los cambios que implicó la devaluación de la moneda y la adopción del nuevo patrón de crecimiento a partir del 2002, enfocando, fundamentalmente, en la evolución que presentó el mercado de trabajo. A grandes rasgos, lo que uno puede afirmar es que a partir del 2002 se consolida un nuevo patrón de crecimiento que tiene efectos diferenciales sobre la evolución del mercado de trabajo con respecto a lo que había pasado durante las tres décadas previas. En particular, que el crecimiento haya sido liderado por sectores productores de bienes, a partir del 2002 y hasta el 2007, condujo a un aumento muy significativo en la cantidad de puestos de trabajo y a una elasticidad empleo-producto mucho mayor que la verificada a lo largo del régimen de convertibilidad. Este extraordinario crecimiento de los sectores productores de bienes y del empleo se sustentó en un aumento en la rentabilidad de dichos sectores.

–¿En qué se apoyó ese incremento en la rentabilidad?
–En dos factores: la modificación de la estructura de precios relativos, que favoreció a los transables con respecto a los no transables, y a la extraordinaria transferencia de ingresos que se produjo desde el trabajo hacia el capital como consecuencia de la devaluación de la moneda, es decir, la aguda contracción que registraron los salarios reales en el 2002, y que sólo a comienzo del 2007 retornaron a los niveles prevalecientes a fines del régimen de convertibilidad, mientras que la economía creció casi al 8,5 % anual acumulativo.

–Dedican un capítulo del libro a las transformaciones estructurales en el agro pampeano. ¿A qué conclusiones llegaron?
–Se observa que si bien el sector agropecuario pampeano mantiene elevadas tasas de crecimiento, ya vigentes desde mediados la década del ’90, no fue un sector que haya traccionado el crecimiento de la economía argentina. Por el contrario, si bien creció a una tasa del 5% anual acumulativo hasta el 2007, es una cifra notoriamente inferior a la verificada por el complejo manufacturero, que creció casi al 10% anual acumulativo.

–¿Qué medidas económicas debe tomar el Gobierno en los próximos meses para seguir creciendo sin ser afectado, de modo dramático, por la crisis europea?
–Me parece central, en un contexto de inflación como el actual, mantener e incrementar los salarios reales. Es central para conservar el nivel de actividad interna que los aumentos nominales vayan por encima de la tasa de inflación, de manera que los trabajadores participen un poco más de la riqueza generada en la economía argentina de los últimos diez años. Digo, si bien este nuevo patrón de crecimiento permitió un incremento muy sensible del nivel de empleo y del valor agregado generado en la economía argentina, los trabajadores sólo participaron de esa riqueza extraordinaria a través de la expansión del empleo, pero no por medio de un aumento significativo y sistemático en las remuneraciones reales.

–¿Qué papel juega la AUH en la posibilidad de que los trabajadores participen de la riqueza generada en la economía argentina?
–Es una medida de estricta equidad distributiva. En primer lugar, porque está dirigida a los sectores más vulnerables de la población, con menores ingresos y, por otro lado, porque el sistema de seguridad social en nuestro país no sólo está financiado por los trabajadores activos sino también por el conjunto de la sociedad argentina. Cerca del 40% de los recursos de la seguridad social hoy provienen de rentas generales, es decir, de impuestos (IVA, Ganancias, etcétera). En ese contexto, me parece que es estrictamente equitativo que parte de esos recursos se destinen a financiar la niñez en los hogares más desprotegidos. Todas las estimaciones indican que la AUH puede llegar a permitir que la indigencia baje casi a la mitad. Si bien no tiene efectos sensibles en los niveles de pobreza, más allá de una baja de 3-4 puntos porcentuales, la AUH sí permite una notoria disminución de los niveles de indigencia. Además, en línea con sostener la demanda agregada interna, es un elemento más que contribuye al aumento del consumo de los sectores populares.

–El tercer capítulo de libro analiza la reestatización del sistema previsional argentino. ¿Qué opina de la reestatización de las AFJP?
–Si uno evalúa casi quince años de sistema previsional privado, sus resultados fueron claramente desalentadores. En primer lugar, una porción significativa de los aportes de los trabajadores fueron apropiados, en términos de comisiones, por parte de las AFJP. Pero más allá de eso, el sistema privado de jubilación y pensión no logró cumplir con las promesas con las que fue generado. Es decir, no se consiguió una mayor cobertura del sistema jubilatorio en la Argentina. Por el contrario, la cobertura se mantuvo estancada y, en términos relativos, decreciente a partir de 1994. Por otro lado, no permitió ni favoreció la disminución del empleo no registrado, que aumentó sistemáticamente desde mediados de la década del ’90 dejando a porciones significativas de la población por fuera del sistema jubilatorio. Además, la moratoria previsional y el régimen de jubilación anticipada van a permitir que se jubilen 2 millones de personas que en términos del régimen privado no podrían haberse jubilado nunca, porque no tenían los aportes ni las contribuciones requeridas. Por otro lado, tampoco el sistema de las AFJP logró dinamizar un mercado de capitales privado en la Argentina.

–¿Cuál fue, para usted, el negocio de las AFJP?
–Las AFJP obtenían los recursos de sus asociados, cobraban una comisión muy significativa sobre esos aportes, y esos recursos se los prestaban al Estado a una tasa muy elevada. Si uno analiza lo que ocurrió con el Fondo de Garantía de la Sustentabilidad, que son los fondos que apropió la ANSES a partir de la reestatización del sistema, se observa que más del 60% de esos fondos están constituidos en títulos públicos. Es decir, el Estado había cedido recaudación a las AFJP para que después éstas se la prestaran nuevamente al Estado, pero a una tasa muy onerosa. La privatización del sistema de jubilaciones y pensiones del ’94 fue uno de los elementos centrales y constitutivos del déficit fiscal que asoló a la economía argentina a lo largo de la década del ’90, y que determinó un incremento extraordinario del endeudamiento externo. En este sentido, me parece progresiva la reestatización del sistema porque restituye para el Estado los fondos que había cedido Domingo Cavallo en el ’94.

–¿Qué le pareció la idea de llevar las jubilaciones mínimas al 82% del salario?
–Es un reclamo justo, pero con la estructura actual, y con los recursos actuales de la seguridad social no es financiable. Lo que hay que destacar, no obstante, es que si bien se revirtió la privatización del sistema previsional, no se modificó otro rasgo de la reforma provisional del ’94: la rebaja en las contribuciones patronales. Es decir, hoy éstas se encuentran 9 puntos porcentuales por debajo de las existentes en el ’93. Sin la restitución de las contribuciones patronales, garantizar el 82% móvil para el conjunto de la población pasiva es hoy financieramente inviable, porque si bien se puede usar el Fondo de Garantía de la Sustentabilidad para abonar el déficit durante algunos años, esto sería de corto aliento.

Informe indicativo de salarios docentes ¿dónde está la CABA?

En el último Informe Indicativo de Salarios Docentes elaborado por el Ministerio de Educación se puede apreciar un gráfico que puede resultar interesante sobre los aumentos salariales a los docentes en las distintas jurisdicciones del país. Dice el documento: "A nivel provincial, la remuneración bruta del cargo testigo - entre diciembre de 2009 y junio de 2010- mostró incrementos que oscilaron entre un mínimo del 8% en la provincia de Salta y un máximo del 29% en Chaco.

Como puede observarse en el siguiente gráfico de dispersión, aquellas jurisdicciones que exhibieron una remuneración bruta más elevada, experimentaron incrementos que se ubicaron -con la excepción de Chaco y San Luis- por debajo del promedio ponderado (15%) de las 24 jurisdicciones del país, posicionándose de este modo en el cuadrante inferior derecho de dicho gráfico. (...) en aquellas provincias que mostraron niveles salariales más reducidos, pudiéndose verificar aumentos del orden del 17%, como por ejemplo en Formosa y Corrientes (ambas en el cuadrante superior izquierdo), coexistiendo con otros menos significativos - próximos al 10%-, como los observados en los casos de las provincias de Salta y Río Negro (cuadrante inferior izquierdo)."

Lo que no relata el informe pero bien puede deducirse del gráfico es que la CABA otorgó aumentos salariales bastante inferiores al promedio (menos del 10%). Esto llevó además a que dejara de ser una de las jurisdicciones con salarios relativamente elevados para pasar a conformar el pelotón de provincias de salarios medios-bajos. En efecto, en el ranking que compara los salarios de bolsillo n maestro de grado de jornada simple de todas las provincias, la CABA que ocupaba los lugares centrales (entre el puesto 10 y 12 según el año) ocupa ahora, merced a dos años consecutivos de aumentos inferiores al promedio del sistema, el puesto 17 sobre un total de 24 jurisdicciones.

En definitiva, solo un aporte más en un día de reclamo salarial docente en la Ciudad de Buenos Aires ...

“Había que poner a la ciencia y la tecnología dentro del desarrollo social y económico”

Por Natalia Vaccarezza

El ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva Lino Barañao analizó los avances de los años de gestión en la cartera, que en cuatro años quintuplicó el presupuesto hasta llegar a los $1.000 millones para el 2011. En diálogo con Buenos Aires Económico, Barañao destacó el nuevo rol de la ciencia y la economía, y la figura del consocio público-privado. Además, afirmó que “hay que apostar a la industria del software”.

–Que el ministerio incluya el nombre de innovación productiva es algo más que novedoso…
–Es el principal cambio cualitativo que se ha producido a partir de la creación del ministerio. El objetivo era poner a la ciencia y tecnología dentro del desarrollo social y económico. Este acoplamiento de la generación de conocimiento y de riqueza requiere una acción del Estado. Para hacer ciencia tradicional basta con proveer fondos, pagar investigadores, tener una mínima infraestructura, y los investigadores logran avances significativos. Pero esto no garantiza que esta inversión redunde en un beneficio concreto en la sociedad. Que el ministerio se llame innovación productiva es una señal de que pretendemos hacer algo distinto en la Argentina, y ha habido un esfuerzo para dar este salto, que fue evidente a partir del 2003, con el incremento presupuestario a la entonces secretaría.

–¿Con qué presupuesto contarán en el 2011? ¿Cómo mejoró respecto desde el cambio a ministerio?
–Los fondos para proyectos de investigación eran de $30 millones, y el presupuesto total de la secretaría era de $130 millones. El Conicet estaba entre $500 millones y $600 millones. El presupuesto para el 2011 es de $1.000 millones, mientras que en el 2006 fue de $234 millones. Fue un crecimiento muy marcado que permite en el 2007 que se pueda dar el salto a la creación del ministerio. Desde el 2004 financiamos proyectos que para crear nuevas empresas (los llamados startup), otorgamos fondos para investigadores, y apoyamos la propiedad intelectual que no existía en el país. Para patentar en el exterior instauramos un instrumento: los aportes no reembolsables.

–¿Cómo logra una empresa el patentamiento a nivel mundial?
–El grupo de investigación, institución o pymes presentan a la Agencia su proyecto, se comprueba que no está patentado, se realiza una estimación del mercado potencial y luego otorgamos el subsidio que tiene un límite hasta 75.000 dólares. También impulsamos una política para generar gerentes tecnológicos. El problema es que cuando el hallazgo es aplicable y novedoso, alguien tiene que encargarse de comercializarlo. La universidad tiene como objeto recibir fondos y producir información, luego la empresa toma la información y la convierte en un producto que vuelca al mercado y recibe dividendos. A través de una reglamentación de la ley de innovación, las instituciones pueden participar en una empresa y garantizar que el Estado reciba los beneficios y pueda comprobar que produce empleo de calidad. Apuntamos a generar puestos de trabajo de calidad y fomentar la inclusión social.

–¿Allí se unen la ciencia y la economía?
–Este es el nuevo rol que la ciencia ha adquirido en todos los países, como un motor de la economía, y la Argentina no estaba incorporado en el imaginario colectivo en ese papel. Las instituciones tienen que tener gente capacitada para intervenir en procesos de transferencia y comercialización, y el sector productivo tiene que tener conciencia de que hay soluciones para sus problemas que pueden venir del ámbito público y pueden relacionarse. Para ello tiene que haber un gerente tecnológico que no había en el país. Otro instrumento es la figura del consorcio público-privado para llevar adelante proyectos. Estamos elevando el nivel de financiamiento, pero requiriendo una relación entre el sector público y el privado. Que el sector público demuestra que tiene capacidad de desarrollo y el sector privado que puede llevarlo adelante y llegar a un producto en un plazo razonable.

–¿Cómo será la financiación?
–Los fondos sectores son de u$s7 millones a u$s10 millones por proyecto. Nos centralizamos en algunas áreas estratégicas. Hemos comenzado con concursos de fondos de biotecnología aplicada a salud. Hay varios consorcios seleccionados para la producción de anticuerpos monoclonales, que es algo que no se hace en el país y es extremadamente caro. La producción nacional no sólo va a permitir abaratar el acceso a ese medicamento sino también se introduce un nuevo rubro de exportación. Esta modalidad se está aplicando en las plataformas tecnológicas de biotecnología, la nanotecnología y tecnología de la información y comunicación, aplicadas a cinco áreas problemas que serían salud, agroindustria, energía renovable, desarrollo social y ambiente.

–¿Cómo se encuentra la industria del software en la Argentina?
–La industria del software produce conocimiento de estado puro. El 60% de los ingresos van para el personal, y una empresa no puede darle el lujo de perder a su empleado más capaz. Es una actividad deseable desde el punto de vista productivo, no sólo porque permite diversificar las exportaciones sino porque es un trabajo de mejor calidad. Allí es donde se debe apostar.

–¿En qué nivel está nuestro país en innovación tecnológica?
–Tenemos un buen un nivel formativo. Hay áreas donde nuestros profesionales tienen un nivel de competencia internacional, como en ciencia biomédica, industria del software, y los concursos de programación.

–El ministerio está impulsando la creación de un canal de TV, ¿en qué instancia se encuentra el proyecto?
–La idea surge porque necesitamos un medio para publicitar este cambio cultural, la importancia de la ciencia y la tecnología para las pymes y atraer jóvenes a esta actividad. Estamos lanzando el trailer en noviembre y saldrá al aire entre abril y mayo del 2011. Se trata de un canal paralelo a Encuentro y Paka Paka. Tenemos un presupuesto de $30 millones y ahora están depositando la primera cuota. El canal va a funcionar en el Museo de la Memoria, junto con el resto de los canales.

–¿Perspectivas para el 2011?
–En primer lugar, nos mudamos al nuevo edificio, el polo científico-tecnológico. Es un edificio muy particular por el concepto de arquitectura sostenible. Después estamos lanzando la línea de financiamiento para fondos sectoriales y lanzando el canal y ver el efecto. Nuestro objetivo en este cuarto año de gestión es poder consolidar lo que estamos haciendo como política de Estado y que se mantenga en el tiempo. Somos optimistas porque vemos que, tanto del Gobierno como la oposición, el apoyo a la ciencia es algo que no se discute.

Panel Regulación del Sistema Financiero

IV Jornadas del Observatorio de Políticas Públicas del cuerpo de Adminnistradores Gubernamentales.

El jueves 30 de septiembre de 14:30 a 17 hs. se desarrollará el panel Sistema Financiero, en el cuarto piso del edificio de la Avenida Roque Sánez Peña 511.

Bajar Programa

Seminario en el CEFID-AR

SEMINARIO

En el Bicentenario de la Revolución de Mayo

“MIRADAS SOBRE LA ECONOMIA Y LAS FINANZAS”

29 de septiembre de 2010

Salón de actos del Banco de la Nación Argentina (Rivadavia 325, 1° piso)

PROGRAMA

15:00 Inscripción y Acreditaciones

15:15 Presentación y Apertura del Seminario:

          Guillermo Wierzba, Director del CEFID-AR

15:30 El pensamiento económico y acerca de las finanzas en tres épocas:                                                                                                          1810, 1910, 2010.

          Expositores:

          Aldo Ferrer  Integrante del Plan Fenix       

          Noberto Galasso  Director del Centro Cultural Enrique Santos Discepolo

          Mario Rapoport  Director del Instituto de Investigaciones de Historia Económica y Social de la Facultad de Ciencias Económicas-UBA

           Moderador: Rodrigo López (CEFID-AR)

16:45  La banca pública y cooperativa en una mirada estratégica. Tradiciones y Desafíos.

Expositores:

Juan Carlos Fábrega  Presidente del Banco de la Nación Argentina

Carlos Heller  Presidente del Banco Credicoop

Coordinadora: Romina Kupelian (CEFID-AR)

18:00 El discurso de la Economía en el pasado, el presente y el  futuro.

 Expositores:

 Horacio González  Director de la Biblioteca Nacional

          Alfredo Zaiat  Jefe de la sección Economía de Página 12 y del Suplemento Cash

           Moderador: Jorge Gaggero (CEFID-AR)