Acá hay un problema de incumplimiento del orden institucional

El Vice del Central opinó sobre la resistencia de Redrado a cumplir con el DNU

LOS INTELECTUALES Y EL PODER

En la vida cada uno elige cual es la vereda en la que se ubica. Partiendo que el mostrador tiene dos lados, un intelectual, que por definición maneja ideas, debe optar donde ubicará su accionar y cuál será el destinatario principal de su obra. Rodolfo Walsh, en el texto que escribió para el número 1 del periódico de la CGT de los Argentinos el 1º de Mayo de 1968, definió con precisión meridiana el rol del intelectual. Afirmó: “El campo del intelectual es por definición la conciencia. Un intelectual que no comprende lo que pasa en su tiempo y en su país es una contradicción andante y el que comprendiendo no actúa tendrá un lugar en la antología del llanto pero no en la historia viva de su tierra.” Por Hugo Presman

la derecha encubre la pretensión de retomar a la época de ajustes

El viceministro de Economía, Roberto Feletti, en un comunicado, acusó a la "oposición de derecha" por cuestionar el uso de fondos del BCRA para pagar deudas. Pero es el titular del banco quien se resiste a ceder US$ 6.569 millones al Tesoro.

En su comunicado, Feletti, ayer insistió en que la utilización de las reservas para el pago de deuda "libera recursos para sostener los estímulos a la demanda". Y que quienes critican la medida "favorecen un contexto donde la gente compre dólares o guarde el dinero bajo el colchón" y "encubre la pretensión de retomar a la época de ajustes".

El plan espiga

http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/cash/30-4140-2010-01-03.html

PROPUESTA DE UNA AGENCIA NACIONAL DE COMERCIALIZACION DE TRIGO

Argentina no cuenta con mecanismos de regulación del comercio de granos. Se carece de una organización que actúe como compradora en el mercado y organice la diferenciación por clases de calidad.

Por Pablo Lavarello * y Evelin Goldstein **

Argentina es el único país entre los principales exportadores de cereales (los otros cinco son Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá, Rusia, Australia) que no cuenta con mecanismos integrales de regulación del comercio de granos. Estos países han mantenido distintas formas directas o indirectas de intervención, con objetivos diversos. Las formas indirectas combinan transacciones realizadas por el sector privado con subsidios e intervenciones en los precios, como ocurre en la Unión Europea y los Estados Unidos. En Canadá y en Australia funcionaron Juntas de Granos sectoriales que centralizaron la comercialización interna y externa de cereales. Este es el caso de la Canadian Wheat Board (CWB) y la Australian Wheat Board (AWB). Mientras esta última fue reestructurada, en Canadá la Junta aún juega un rol clave en la comercialización interna y externa de trigo.

Estas modalidades de intervención, por un lado, evitan la variabilidad de ingresos y el abuso del poder monopsónico de la industria. Y, por el otro, permiten instrumentar procesos de “descommoditización” a partir de la diferenciación y segregación de granos. Si bien durante los últimos años la regulación cambió, particularmente en Australia, la intervención posibilitó la organización de mercados y el desarrollo de trayectorias agroindustriales basadas en la diferenciación según calidad de las materias primas.

En Argentina, si bien nunca llegó a consolidarse un esquema regulatorio similar, el conjunto de instrumentos que podrían haberlo posibilitado fue desmantelado en la década del ‘90. Entre otros, cabe destacar las juntas nacionales de granos creadas durante los años ‘30. Estas no operaron sistemáticamente en la comercialización, pero jugaron un rol importante en la organización del mercado. Sus funciones fueron gradualmente socavadas hasta que en los años ‘90, las juntas fueran desmanteladas. A medida que el Estado se fue retirando, avanzaron las grandes comercializadoras internacionales de granos en el control de la cadena, dejando al productor en una situación fuertemente subordinada.

En los últimos años, en un contexto de alta conflictividad, se han implementado iniciativas puntuales para asegurar el abastecimiento de la demanda interna y sostener el precio al productor. Sin embargo, el carácter no sistemático y tardío de las intervenciones muchas veces ha limitado la efectividad de las políticas. La posibilidad de superar el estancamiento en la producción de trigo está asociada en parte al establecimiento de un precio sostén que asegure al productor la obtención del precio FAS (Free Alongside Ship). Adicionalmente, sería necesario introducir mecanismos que permitan reducir las diferencias de rentabilidad con otros cultivos. Debería desarrollarse una estructura organizativa estable que actúe como comprador en el mercado y organice la diferenciación por clases de calidad. Según estudios del INTA, si la Argentina clasificara sus trigos, tendría la posibilidad de competir con trigos de alta calidad en el comercio mundial como el australiano y canadiense. La Argentina tiene trigos de muy buena calidad que luego se pierde al “mezclarse” en el circuito de comercialización, debiendo ofrecer al mercado internacional trigos commodities.

El resultado que este proceso de “mezcla” tiene sobre los precios que obtienen los productores se puede cuantificar comparando con los precios del trigo ofrecido por Canadá y Australia. Estos países producen, cada uno de ellos, al menos siete clases diferentes de trigo. Luego existen potencialidades para mejorar la competitividad del trigo a partir del establecimiento de un sistema de clasificación estable, asegurando un precio sostén al productor con pagos adicionales según la clase. La oferta de trigos diferenciados tendría un efecto sobre las rentabilidades de los productores, evitando la sojización y posibilitando la diversificación de la industria compradora. Para ello, resulta necesario, por parte del sector público, no solamente establecer el marco regulatorio correspondiente, sino también crear instituciones capaces de coordinar y fiscalizar el sistema

* Investigador del CEUR-Conicet y miembro del CIEPyC-UNLP.

** Licenciada en Economía (Universidad de Buenos Aires). Miembro de AEDA.

Comunicado APYME

Celebramos toda decisión política contra la mano dura: Sin inclusión social no hay seguridad posible


Los pequeños y medianos empresarios nucleados en el Regional Buenos Aires de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME) festejamos el amplio consenso político contra la mano dura y bregamos por buscar profundas soluciones contra la inseguridad priorizando la inclusión social, la educación y los derechos humanos.
El acuerdo social y político para una Seguridad Democrática presentado hoy en el Congreso es el principio de un camino que los argentinos deberíamos haber tomado hace mucho tiempo, antes de que algunos sectores radicalizados pidieran mano dura contra los marginados de la sociedad, principalmente los niños y adolescentes, víctimas de la desigualdad social producida por la corrupción y la criminal concentración de la riqueza.
Los pequeños y medianos empresarios argentinos hemos sostenido históricamente que sin inclusión social, trabajo, educación y cobertura sanitaria no habrá seguridad posible. La cárcel no es la solución bajo ningún punto de vista porque los barrotes encierran las consecuencias de una sociedad desigual e injusta y no atacan las causas que provocan la violencia y delito. Todos debemos trabajar muy fuerte sobre las causas.
El delito en la Argentina y cualquier parte del mundo no es solamente sinónimo de pobreza, sino de exclusión radical, de falta de expectativas y posibilidades, de desesperación y de injusticia. Ya no hay lugar para respuestas facilistas frente a la violencia. Es profundamente necesario trabajar sobre cambios estructurales y para ello se torna urgente y primordial la redistribución de la riqueza.
Los niños y jóvenes deben estar en la escuela y sus padres inmersos en el mercado de trabajo. Así, todos los argentinos estarán incluidos en un sistema social sin hambre, sin marginalidad, sin desesperanza, sin violencia. Los pequeños y medianos empresarios estamos seguros de que no hay otra salida.
prensa@visionpymeweb.com.ar

Diez puntos de acuerdo por la seguridad democrática

El acuerdo considera un engaño al discurso de la mano dura, analiza la responsabilidad del Estado y la gestión democrática de las instituciones de seguridad.

Las respuestas estatales autoritarias e ineficientes frente al delito y la fuerte dosis de exclusión y violencia que domina el debate público y orienta muchas de las acciones del Estado en la materia exigen una discusión abierta y pluralista, capaz de alcanzar acuerdos básicos sobre políticas democráticas de seguridad que atiendan las legítimas demandas de la sociedad.

Esta situación exige instituciones de seguridad comprometidas con valores democráticos y el rechazo a políticas demagógicas e improvisadas, dirigidas a generar expectativas sociales en la eficacia de medidas abusivas que sólo agravan el problema y reproducen la violencia.

1 El Estado frente al problema del delito

En nuestro país, la acción del Estado frente al incremento de la violencia y el delito se ha limitado mayormente a respuestas facilistas y autoritarias que consolidaron la ineficacia policial, judicial y enitenciaria.

En los últimos años, algunos procesos de reforma de las instituciones de seguridad tuvieron resultados favorables, pero fueron interrumpidos para volver a políticas de probado fracaso.

2 El engaño de la mano dura

Las políticas de mano dura no han reducido el delito, han aumentado la violencia y, en algunos casos, hasta han amenazado la gobernabilidad democrática.

La delegación de la seguridad en las policías, el incremento de las penas, el debilitamiento de las garantías y las políticas centradas en el encarcelamiento masivo basado en la prisión preventiva son los ejes recurrentes de estas políticas de mano dura.

Los reiterados fracasos de estas políticas han sido utilizados para insistir con las mismas recetas, en una espiral irresponsable que nunca rindió cuenta de sus resultados.

Esta sucesión de intervenciones erradas ha constituido un impedimento para la profesionalización de las policías y ha potenciado la acción de redes de ilegalidad en las que intervienen funcionarios públicos.

3 Responsabilidad del Estado

El Estado tiene la responsabilidad de asegurar a la población el libre ejercicio y goce de sus derechos. La construcción de una ciudadanía respetuosa de la ley es el camino indicado, pero si la ley resulta quebrantada, el Estado debe proveer los medios necesarios para individualizar a los responsables y sancionarlos cuando corresponda.

Una adecuada política criminal y de seguridad requiere: una policía eficaz en la prevención, de alta profesionalidad y debidamente remunerada; una Justicia penal que investigue y juzgue en tiempo

oportuno a quienes infringen la ley, garantice la plena observancia de las reglas del debido proceso

y de la defensa en juicio, y un sistema penitenciario que asegure condiciones dignas de encarcelamiento y de ejecución de la pena con sentido resocializador.

4 Una concepción integral de la seguridad

La manera eficaz de avanzar sobre el problema implica operar sobre las causas del delito y las redes de criminalidad con miras a reducir la violencia en todas sus formas. Una concepción integral de la seguridad implica tanto la prevención de la violencia física como la garantía de condiciones de vida dignas para toda la población. Esto requiere estrategias de abordaje integral que articulen las políticas de seguridad con otras políticas públicas y complementen las acciones del sistema penal con intervenciones de todas las áreas del Estado. Estos recursos estatales deben estar distribuidos de manera igualitaria y generar una mayor protección para los sectores excluidos, de modo de no profundizar la desigualdad.

Para avanzar en un abordaje integral y efectivo del problema de la seguridad, el diseño e implementación de políticas democráticas debe surgir de diagnósticos basados en información veraz y accesible al público. La producción de esa información es también una responsabilidad indelegable del Estado.

5 Gestión democrática de las instituciones de seguridad

Todo gobierno tiene la responsabilidad de ejercer la conducción civil y estratégica de las policías, que supone el pleno control de la institución. La prevención y sanción del delito, de modo eficiente y legal, requiere un sistema policial estrictamente subordinado a las directivas de seguridad pública formuladas por las autoridades gubernamentales. La historia reciente demuestra que la delegación de esta responsabilidad permitió la conformación de “estados mayores policiales”, autónomos, que han organizado vastas redes de corrupción, llegando a amenazar incluso la gobernabilidad democrática.

Los lineamientos básicos para una modernización y gestión democrática de las instituciones de seguridad son: la integración de las labores policiales de seguridad preventiva e investigación del delito; la descentralización institucional de la organización policial a nivel distrital y comunal; la integración de la policía con la comunidad y los gobiernos locales en la prevención social de violencia y delito; el control interno de carácter civil y  control externo del desempeño y de la legalidad; el sistema de formación y capacitación policial no militarizado y anclado en valores democráticos; el régimen profesional basado en el escalafón único y las especialidades policiales.

6 Desactivar las redes del delito para reducir la violencia

Las medidas meramente represivas con las que se insiste ante cada crisis de inseguridad apuntan a perseguir los pequeños delitos y a los autores más jóvenes, bajo la falsa creencia de que así se limita el avance de la criminalidad.

La realidad indica que un gran porcentaje de los delitos comunes está asociado a la acción de poderosas redes delictivas y a un importante mercado ilegal de armas que aumenta los riesgos para la vida y la integridad de las personas.

Por lo tanto, reducir la violencia que alarma a nuestra sociedad exige reorientar los recursos de prevención y de investigación penal hacia la desactivación de estas redes de delito y de los mercados ilegales. El Ministerio Público Fiscal, en coordinación con las autoridades de gobierno, tiene un rol fundamental en estas tareas.

Una policía judicial, dependiente del Ministerio Público Fiscal, traerá transparencia en la investigación penal preparatoria.

7 Gestión policial no violenta en el ámbito público

La gestión democrática de la seguridad debe garantizar la regulación del accionar policial en los operativos en el espacio público, tales como espectáculos deportivos, recitales, manifestaciones de protesta social y desalojo de personas. Para ello es fundamental establecer con rango normativo estándares de actuación en el espacio público, de modo de asegurar un uso de la fuerza proporcional, racional y subsidiario y erradicar las prácticas policiales contrarias a esos criterios.

8 El papel de la Justicia

El Poder Judicial y el Ministerio Público tienen una doble responsabilidad fundamental en el impulso de políticas de seguridad democráticas, en la investigación rápida y eficaz de los delitos y el control sobre el uso de la prisión preventiva, las condiciones de detención y la violencia institucional.

9 Cumplimiento de las penas en un Estado de Derecho

En nuestro país hay cerca de sesenta mil personas privadas de libertad. Las condiciones inhumanas de detención, los índices sostenidos de sobrepoblación en cárceles, comisarías e institutos de menores, la ausencia de reinserción social, las prácticas sistemáticas de violencia, tortura y una enorme mayoría de presos sin condena son los rasgos más evidentes de los lugares de detención.

Una política democrática de seguridad tiene que ocuparse por que el cumplimiento de la prisión preventiva y de la pena se dé en condiciones dignas y aptas para la readaptación de la persona condenada y no contribuya, como hasta ahora, a la reproducción y agravamiento de los problemas críticos de violencia, injusticia y delito que se propone resolver.

10 Un nuevo acuerdo para la seguridad en democracia

Para cumplir con la obligación del Estado de dar seguridad a los ciudadanos en el marco de estos principios democráticos es imprescindible alcanzar un acuerdo político y social amplio que permita avanzar en el diseño e implementación de políticas de corto, mediano y largo plazo, orientadas a encontrar soluciones inmediatas y perdurables a las demandas sociales en materia de seguridad.

En el FMI dicen que "es un equipo de lujo"

Beneplácito: los técnicos que controlan las cuentas de la Argentina califican de positiva la integración del gabinete de De la Rúa.

Viernes 26 de noviembre de 1999
Publicado en edición impresa Diario La Nación

La integración del gabinete nacional que anteayer anunció Fernando de la Rúa fue aplaudida por funcionarios del Fondo Monetario Internacional (FMI) que controlan la evolución de la economía argentina, dijo a La Nación una alta fuente de ese organismo.

"Es un equipo de gobierno de lujo" opinó desde Washington un funcionario del FMI con contactos fluidos con nuestro país.

En el organismo "todos están seguros de que podrán trabajar muy bien con el nuevo equipo y seguir manteniendo la excelente relación que la Argentina tiene con el organismo", sostuvo la fuente.

La presencia de José Luis Machinea (Economía), Adalberto Rodríguez Giavarini (Cancillería), Ricardo López Murphy (Defensa) y Juan José Llach (Educación) tuvo un muy buen recibimiento por parte de los funcionarios del organismo.

"Es un equipo de gente experimentada y desde ese punto de vista es algo muy positivo para la Argentina", repitieron. Los cuatro economistas tienen una relación muy fluida con el FMI y en sus últimas asambleas anuales fueron invitados por el organismo a participar.

La decisión de cuándo se hará la misión técnica del FMIse debe tomar en Buenos Aires, no en Washington, respondió la fuente, consultada por el próximo viaje de técnicos del organismo para iniciar las negociaciones para el futuro acuerdo.

Esta misión estará encabezada por Teresa Ter-Minassian y Tomás Raichman.

¿Tropezar otra vez con la misma piedra?

http://www.elargentino.com/nota-70568-Tropezar-otra-vez-con-la-misma-piedra.html

La experiencia histórica demuestra que ningún país desarrollado se consolidó adoptando una especialización en recursos naturales sino que todos atravesaron la industrialización.

Todas las experiencias de desarrollo se hicieron sobre la base de un proceso autocentrado de acumulación. Las políticas implementadas de estas experiencias resultaron de un pensamiento atento a la historia y a la estructura socioproductiva propia y con una clara visión respecto de hacia dónde iba el mundo. Las ideas sobre las cuales se asientan las políticas necesarias para transitar el camino del desarrollo no se pueden importar.

Definir un modelo de desarrollo implica resolver la siguiente disyuntiva: o se insiste con la inserción en el mundo a través de un producto insignia cuyo progreso técnico es mayoritariamente exógeno, y sus encadenamientos en la estructura productiva nacional limitados, y que no resuelve la inclusión social de 40 millones de personas, o, como segunda alternativa, se apuesta al aprovechamiento de las ventajas comparativas en productos agrícolas redireccionando el excedente hacia actividades industriales, la investigación científica, el cambio tecnológico y la educación para insertarse en el mundo con productos que utilicen tecnología propia y que aseguren la inclusión de toda la población.

SOJA. ¿Desde cuándo y por qué producimos soja? Desde mediados de la década de 1970 y como respuesta a que la Unión Europea decidió fijar el arancel a la importación de soja en 0 por ciento. Dicho de otra manera, desde que Europa decidió utilizar su tierra para producir otros bienes. El apoyo subsecuente del sector público a la instalación de plantas “llave en mano” para la trituración, sumado a décadas de esfuerzo del INTA para la difusión de procesos agrícolas y variedades locales, sentaron las bases para la rápida adopción de biotecnologías importadas. Luego se agregaron China e India, que también demandan esta oleaginosa, que transforman en sus propias plantas de trituración en alimento balanceado para producir proteína animal (pollos, cerdos). La Argentina ve así erosionarse las ventajas competitivas de un moderno complejo agroindustrial, del cual no controla la tecnología y que por lo tanto no puede reproducir en forma ampliada. La Argentina debe su modalidad de inserción en la división internacional del trabajo a procesos que le son ajenos y difícilmente reproducibles.

En otros términos, la asignación de prácticamente la mitad del área cultivable de nuestro país a producir soja no fue una decisión propia y su dinamismo se limita a un shock transitorio que la Argentina ni siquiera controla. Nuevamente, ¿nuestro “producto insignia” será uno que vale u$s380 la tonelada o, en cambio, por citar un contraejemplo posible, vacunas a un valor de u$s100.000 por tonelada? Cuesta creer, pero parece que la Argentina se parece al hombre, y puede tropezar con la misma piedra otra vez.

Durante la etapa del modelo agroexportador (1860-1930), la Argentina estuvo inserta en la división internacional del trabajo. El mundo (Inglaterra) demandaba algo que nosotros podíamos producir (carne y cereales). El excedente de esa etapa se utilizó mayoritariamente en acumulación improductiva (consumo suntuario de los grandes propietarios de tierras) y poco en financiar el proyecto ideado por Sarmiento y Alberdi. La prosperidad se confundía con una modernidad de escaparate. El broche de oro demostrativo de la concepción dominante se produjo a raíz de la crisis internacional de 1929 cuando la situación cambió y la Argentina se embarcó en un tratado con Inglaterra (tratado Roca-Runciman) en el cual resignaba un sinnúmero de cuestiones internas al capital inglés con tal de que este país siguiera comprando carne (el tratado sólo contemplaba los intereses de una fracción de la clase dominante).

En estos últimos años, la industria (favorecida por una protección generalizada vía un tipo de cambio competitivo) fue el sector más dinámico, el mercado interno funcionó como motor del crecimiento y el gasto educativo se incrementó, pasando de 4% a 5% del PBI. El año pasado la revista científica británica Nature señaló al año 2008 como el mejor de la Argentina de los últimos 40 en materia de inversión en ciencia (más presupuesto, más becarios, repatriación de investigadores y la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación Productiva). Los científicos argentinos dejan de lavar platos. ¿Alcanza? No, falta mucho.

debe. Entre otras cuestiones pendientes, ahora que la economía se recupera, se hace imprescindible avanzar en una reforma tributaria que le dé más progresividad al sistema y le permita recaudar lo suficiente para financiar una estrategia de desarrollo industrial, posibilitando una inclusión sustentable de la población en el aparato productivo.

También resulta imperioso avanzar sobre la creación de una Agencia Nacional de Comercio de Granos que medie sobre el comercio exterior, una reforma de la Ley de Entidades Financieras, que incluya la generación de una Banca de Desarrollo sobre las instituciones vigentes (Banco Nación, BICE, etc.), una reforma educativa integral, que contemple la doble escolaridad en los niveles iniciales y una orientación productiva en los niveles superiores.

Algunas medidas en este sentido, pero de menor envergadura, han generado una fuerte resistencia, como es el caso de las retenciones móviles. Todo camino hacia un modelo de desarrollo, de país autocentrado, requerirá de la responsabilidad de la dirigencia, dejando a un lado todo tipo de mezquindades y posicionamientos oportunistas.

Gerardo De Santis, Director del Centro de Investigación en Economía Política y Comunicación (CIEPYC - UNLP). Extracto de la editorial de “Entrelíneas de la Política Económica” Nº 23

Récord de científicos en el Conicet

Luego de varios años de exportar hombres de ciencia, en el organismo trabajan 16 mil personas. De ellos, el 33% de los investigadores trabajan en las áreas de biología. El 28% lo hacen en ciencias exactas y naturales y el 20% en ciencias sociales y humanidades. En 2010, el plantel aumentará más

El principal organismo de ciencia de la Argentina, el Conicet, batió un récord histórico en 2009 en la incorporación de científicos, becarios, personal de apoyo y administrativos que trabajan para producir nuevos conocimientos y transferirlos a la sociedad.

Según el informe presentado por Marta Rovira, presidente del organismo este año, el número de investigadores llegó a los 5.800 y los becarios ya son 7200 que con los administrativos y el personal de apoyo, la cantidad de recursos humanos llegó a 15.981 según informa el diario Clarín.

De ellos, el 33% de los investigadores trabajan en las áreas de biología. El 28% lo hacen en ciencias exactas y naturales y el 20% en ciencias sociales y humanidades. El resto trabaja en ciencias agrarias e ingenierías y tecnología y para 2010, el plantel del Conicet aumentará aún más.

La plata de los jubilados II

Por Alfredo Zaiat

La universalización de la asignación familiar por hijo ha impulsado la segunda versión de “la plata de los jubilados”. La primera se desarrolló hace pocos meses con el manejo de las inversiones de la Anses. Ahora vuelve recargada a la cartelera mediática ante el éxito que esa consigna demagógica ofrece a políticos conservadores y progresistas, analistas preocupados en expresar que están “cerca de la gente” y especialistas en confusión ciudadana. Pocos argumentos brindan tantos pergaminos de poseer sensibilidad social que expresar preocupación por “la plata de los jubilados”. También revela, como pocos, el éxito de la concepción neoliberal acerca del funcionamiento de un sistema de seguridad social. Esa idea extendida en el sentido común de que el jubilado tiene su dinero para cobrar en una caja del Estado y que esos fondos son utilizados para otros fines es muy rústica. Pero la mayoría piensa que es así gracias al dominio de la corriente conservadora, a la que se suman con estirpe indignada grupos identificados de centroizquierda. El régimen jubilatorio, luego del fin del negocio especulativo con el aporte previsional de los trabajadores denominado AFJP, es de reparto. Junto al sistema de asignaciones familiares, constituyen dos pilares de la estructura fundamental de la seguridad social pública. Sus prestaciones, como los recursos para financiarlas, tienen más complejidad que la de presentarlas como una cuenta de los jubilados. Esto último es un resabio del análisis que dejó la reforma regresiva de la capitalización individual. Ahora se requiere un poco más de esfuerzo para no confundir flujo y stock de recursos previsionales manejados por la Anses, incorporar la noción de solidaridad intergeneracional de un régimen de reparto público y precisar la capacidad del Estado para instrumentar una política de administración de activos financieros e intervención en la economía.

La medida que extiende la asignación familiar por hijo a desocupados y empleados no registrados es una iniciativa extraordinaria de reconocimiento de derechos económicos y sociales a ese universo de la población. Hasta ahora eran trabajadores parias del mercado laboral pese a pertenecer a él. Sólo los trabajadores en relación de dependencia tenían el beneficio de cobrar asignaciones familiares. Los otros estaban excluidos del sistema de seguridad social al no ser reconocidos como sujetos de derechos sociales del mercado laboral, pese a tener más necesidad de esos aportes. La universalización de la asignación familiar por hijo es una confirmación de su calidad de trabajadores a pesar de no estar en la formalidad, además de constituir una reparación social a un sector castigado. Si esos trabajadores son incorporados a la seguridad social a través de una asignación familiar, el canal natural de pago es la Anses, así como también su principal fuente de financiamiento. Cualquier otra vía de distribución de esos fondos sería discriminatoria porque crearía dos clases de trabajadores para el sistema de seguridad social.

El régimen de asignaciones familiares se financia con el aporte patronal y otras fuentes. En la ley que lo crea se precisa en el artículo 1º que “se instituye con alcance nacional y obligatorio, y sujeto a las disposiciones de la presente ley, un Régimen de Asignaciones Familiares basado en un subsistema contributivo fundado en los principios de reparto de aplicación a los trabajadores que presten servicios remunerados en relación de dependencia...”. La reciente medida lo extiende a todos los trabajadores (en negro y desocupados), y es el mismo organismo público (Anses) el encargado de abonar esos beneficios.

De ese modo, el rol del Estado adquiere mayor centralidad en la seguridad social, al recuperar el mandato que emana del artículo 17 de la Constitución nacional. Este dispone que “el Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, que tendrá carácter de integral e irrenunciable”. De esa forma, el sector público asume la obligación de contar con recursos para cumplir con ese objetivo, dinero que puede obtenerlo de aportes previsionales o de otras fuentes, como impuestos específicos, participación en un porcentaje de los tributos existentes, de nuevos gravámenes o de rentas obtenidas por inversiones de un stock de activos previsionales (Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino). No se trata entonces de “la plata de los jubilados” reunida en una cuenta de un organismo público (Anses), sino de recursos de un Estado comprometido con una política global para mejorar las condiciones de vida de un sector vulnerable de la población. Puede parecer lo mismo, pero son concepciones diferentes de como se organiza una sociedad según el rol que se le asigna al Estado como protagonista del ordenamiento fiscal y agente redistribuidor de ingresos.

Salvo para consignas demagógicas, no existe esa concepción lineal de “la plata de los jubilados” en un sistema de reparto. El flujo mensual de recursos provenientes de los aportes de los trabajadores, cargas sociales y porciones de impuestos nacionales (IVA, Ganancias y Cheque) permite el pago de los haberes. Se trata, además, de un esquema previsional de solidaridad intergeneracional: los trabajadores activos de hoy aportan para el pago de los haberes de los pasivos, y mañana sus respectivas retribuciones serán acercadas por otros trabajadores, y así se van encadenando los eslabones en el régimen de reparto. Ahora se amplía el concepto de seguridad social, a través del sistema de asignaciones familiares a niños y niñas cuyos padres tienen trabajo en la economía informal o están desocupados. Es una forma de igualar a quienes aún no están dentro del mercado laboral formal y de garantizar el derecho a la seguridad social para todos. Y ese derecho es en parte financiado por las utilidades contabilizadas del Fondo de Garantía manejado por la Anses. Más adelante se podrá encontrar más fuentes de financiamiento, y a la vez se podrá también disponer de ajustes adicionales en los haberes mínimos (la movilidad tuvo variaciones por encima de lo calculado por sus críticos por derecha e izquierda) o acelerar la cancelación de juicios de los jubilados. Pero la presión para transitar ese necesario recorrido no habilita a confundir con la vulgaridad de “la plata de los jubilados”.

El Fondo de Garantía está integrado, además del superávit de las cuentas previsionales de los últimos años, por el stock de activos financieros y bursátiles que estaban en manos de las AFJP. Esos activos son un patrimonio que el Estado recuperó del régimen de capitalización que desfinanció la seguridad social durante casi década y media. Nuevamente, ese stock de capital recuperado no es “la plata de los jubilados”, sino que se ha integrado a un sistema general de seguridad social. Es cierto que el Gobierno no ha puesto mucho empeño en explicar el nuevo funcionamiento ni ha convocado a organizaciones sociales que impulsaron históricamente la propuesta de la universalización, lo que deja el escenario libre para que predomine el discurso neoliberal en materia previsional y seguridad social. Y si además dirigentes del denominado arco progresista adoptan esa consigna fácil y conceptualmente regresiva, se hace más difícil la batalla cultural para recuperar instituciones y nociones básicas de la seguridad social para proteger el interés de las mayorías.