Punto de inflexión

Por Horacio Verbitsky

La lectura oficial es que CFK se recibió de presidente. Mantuvo la autonomía institucional pero fue flexible para corregir errores tácticos que le impusieron un desgaste innecesario. Las retenciones son redistributivas y limitan la peligrosa expansión sojera. Esto permite encarar otras producciones de mayor utilidad social, como la leche, que genera empleo y también puede ser un gran negocio: una tonelada de soja se paga 500 dólares, una de leche en polvo, 5.000
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-102377-2008-04-13.html

La ortodoxia se viste de Keynes

Por Alfredo Zaiat

El aumento de precios de los alimentos, en particular, y del índice de inflación, en general, es el principal problema económico que enfrenta el Gobierno. Por ahora no es una cuestión dramática pero sí preocupante. El principal motivo que alienta esa inquietud se encuentra en la autodestructiva estrategia de manipular el Indice de precios al consumidor del Indec. Esa política de pintar el paisaje según el propio deseo sin incluir las diferentes ondulaciones que ofrecen las colinas, peñascos y cumbres abre la ventana al ingreso del virus del ajuste. La incomprensible, por lo burda, ruptura del indicador de referencia sobre los precios logró que resucitaran los profetas del fracaso, que las consultoras de la city recuperaran protagonismo con un nuevo nicho de negocio en la elaboración de mediocres índices de precios y, fundamentalmente, que regresaran diagnósticos tradicionales y otros confundidos sobre los motores que impulsan el actual proceso inflacionario.

Varios son los argumentos que van moldeando lenta pero persistentemente el sentido común del discurso económico sobre los motivos del alza de precios. La expansión monetaria, el aumento del gasto público por encima de la recaudación, las bajas tasas de interés en términos reales, el tipo de cambio relativamente alto que importa inflación, las presiones salariales y el alza de los costos son los postulados repetidos que se pueden encontrar en la mayoría de los análisis sobre las razones de la inflación. La receta propuesta frente a esos supuestos desequilibrios es el enfriamiento de la economía. Si alguna virtud =uede encontrarse en el actual modelo económico es su apuesta contracorriente a un crecimiento acelerado y vigoroso, como han registrado en su momento países que emergieron de guerras y depresiones que habían arrasado su estructura productiva y social. El reclamo de frenar la economía para abordar el presente problema de la inflación, además de mostrar pereza intelectual para estudiar lo que hoy es un fenómeno complejo a nivel mundial y de ignorar o dinimizar la puja distributiva local y la estructura oligopólica de mercados sensibles, refleja que la ortodoxia sigue gozando de un consenso que no se merece por los resultados desastrosos que ha ofrecido durante varias décadas.

Esos postulados de enfriamiento de la economía implican por el lado del gasto aumentar poco o directamente no subir las jubilaciones como si se trataran de haberes dignos, o disminuir la obra pública en un país cuya infraestructura es todavía deficiente, o bajar los subsidios y, por lo tanto, subir las tarifas. También significa por el lado monetario elevar la tasa de interés aún más de las de usura que hoy cobran los bancos para los préstamos al consumo, y para las hipotecarias o para la industria, haciendo más difícil el ya complicado acceso a esas líneas. Por el frente cambiario, dejar que baje el dólar lo que alentaría las importaciones y dificultarían las exportaciones, con la vulnerabilidad que generaría en las cuentas externas esa dinámica. Otra medida por el costado de los ingresos sería detener la morosa recuperación del salario real de los trabajadores.

Economistas del establishment no tienen pudor de insistir con esas recomendaciones, otros no tan ortodoxos son un poco más prudente, pero ahora han aparecido los denominados keynesianos que aconsejan lo mismo: enfriar la economía, que la presentan con el eufemismo de desacelerar el ritmo de crecimiento. Frente a las controversias, nada mejor que recurrir a la fuente de inspiración de los keynesianos. Axel Kicillof es un joven economista, estudioso de la obra de Keynes, que acaba de publicar el fabuloso libro Fundamentos de la Teoría general. Las consecuencias teóricas de Lord Keynes (editorial Eudeba), donde explica que muchas de las confusiones sobre las ideas del economista británico se debe a que “la absorción de los aportes de Keynes estuvo principalmente en manos de sus adversarios, es decir, de los economistas pertenecientes a la escuela teórica que él criticaba y pretendía desplazar”. Así el concepto de divulgación más común respecto de la propuesta keynesiana consiste en creer que el papel de la política económica es amortiguar o suavizar el ciclo económico, fomentando el nivel de =ctividad cuando hay recesión y, a la inversa, enfriando la economía a través de políticas recesivas cuando, a su juicio, se encuentra recalentada.

Ante una consulta de este cronista, Kicillof señala que “de esta estirpe son las recomendaciones que ofrecen los presuntos keynesianos cuando, ante el aumento de los precios, diagnostican un exceso de crecimiento del Producto y proponen reducir el consumo, la inversión y (si se los dejara hablar lo suficiente) seguramente también el salario. En general, la medida adecuada según esta óptica es la de restringir el crédito o, lo que es lo mismo, incrementar la tasa de interés. De esta manera pretenden combatir la inflación, pero lo hacen apelando a la medida ortodoxa por excelencia, puramente monetaria, aunque disimulada como si fuera un sabio “manejo” de la demanda keynesiana”.

A Kicillof se le solicitó encontrar en la obra fundamental de Keynes (La teoría General) la refutación a esa vulgar interpretación en espejo de la receta tan habitual entre keynesianos que propone aplicar políticas monetarias expansivas y, sobre todo, fiscales para salir de la recesión, que deduce entonces que es conveniente aplicar las medidas contrarias en el auge. Y Kicillof respondió, con generosidad, que Keynes dedicó varios párrafos en las páginas del capítulo 22 de La teoría, referido al ciclo económico, a una polémica que hoy es tan actual para Argentina. Keynes escribió: “Puede parecer que el análisis precedente está de acuerdo con el punto de vista de quienes sostienen que la sobreinversión es la característica del auge, que el único remedio posible para la siguiente depresión es evadir esta sobreinversión y que, si bien, por las razones dadas antes, ésta no puede impedirse por medio de una baja tasa de interés, sin embargo, el auge puede evitarse por una tasa alta de interés [...].” “Pero inferir estas conclusiones de lo anterior llevaría a una mala interpretación de mi análisis; y a mi modo de ver, supondría un serio error” (página 268).

Kicillof aclara que Keynes habla de sobreinversión pero podría estar hablando igualmente de sobreconsumo porque en la teoría general se supone que hay siempre una relación estable entre inversión y consumo dada por la propensión marginal a consumir y porque la tasa de interés afecta a la inversión y no al consumo.

Sigue Keynes: “Así ¡el remedio para el auge no es una tasa más alta de interés, sino una más baja!, porque ésta puede hacer que perdure el llamado auge. El remedio correcto para el ciclo económico no puede encontrarse en evitar los auges y conservarnos así en semidepresiones permanentes, sino en evitar las depresiones y conservarnos de este modo en un cuasi-auge continuo” (página =69).

Keynes concluye: “Así, un aumento de la tasa de interés como alivio para el estado de cosas derivado de un prolongado período de inversiones anormalmente fuertes, pertenece a esa clase de remedios que curan la enfermedad matando al paciente” (página 270).

El gobierno tiene que arreglar el desastre que hizo en el Indec. A los economistas keynesianos les toca la responsabilidad de eludir los lugares comunes para evitar errores de diagnósticos y, en consecuencia, de recetas para abordar la cuestión de la inflación.

Monsanto

Una historia oscura

Monsanto es la empresa de agronegocios más grande del mundo, con ventas en 2006 por 4476 millones de dólares, controla el 20 por ciento del mercado de semillas. La empresa, que rechazó hablar con este diario, publicitaba que el Roundup era “biodegradable” y resaltaba el carácter "ambientalmente positivo” del químico. La Fiscalía General de Nueva York reclamó durante cinco años por publicidad engañosa. Recién en 1997, Monsanto eliminó esas palabras en sus envases. Tuvo que pagar 50 mil dólares de multa. “Es la última de una serie de grandes multas y decisiones judiciales contra Monsanto, incluyendo los 108 millones de dólares por responsabilidad en la muerte por leucemia de un empleado texano en 1986; una indemnización de 648 mil dólares por no comunicar a la EPA datos sanitarios requeridos en 1990; una multa de un millón impuesta por el fiscal general del estado de Massachusetts en 1991 por el vertido de 750 mil litros de agua residual ácida; y otra indemnización de 39 millones en Houston (Texas), por depositar productos peligrosos en pozos sin aislamiento”, acusa el investigador. En Argentina, Monsanto cuenta desde 1956 con una fábrica en Zárate (Buenos Aires), donde radica su planta de producción de glifosato, la más importante de América latina. Publicidad corporativa asegura que controla el 95 por ciento del mercado de la soja sembrada en el país y, sobre el Roundup, festeja: “Es líder mundial en su especialidad y ha creado una verdadera revolución en la actividad agropecuaria de cientos de países”.

Sobre las consecuencias en la población del herbicida del monocultivo

¿Soja para hoy, enfermedad para mañana?

El modelo sojero funciona sobre la base de un agrotóxico, el glifosato, denunciado por causar malformaciones a recién nacidos, abortos espontáneos, cáncer y muerte. Varios estudios confirman el daño que produce en humanos. Por Darío Aranda
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/subnotas/102045-32167-2008-04-08.html

¿A favor o en contra del lockout?

Por Eduardo Aliverti

El hecho concreto que sacude al país no deja espacio para medias tintas. Se está con o se está contra el lockout del “campo”. Y esto está dicho esencialmente, aunque no sólo, desde dentro del ejercicio periodístico y respecto de la cobertura de lo que sucede. Se escuchan posicionamientos ambiguos, siendo suaves, que terminan armando una ensalada indigerible entre que “lo importante es sentarse a dialogar”, que “las dos partes tienen su cuota de razón”, que “hay que bajar los decibeles”, que “la dirigencia agropecuaria fue desbordada por las bases”, que “es una locura la soberbia gubernamental y las acciones patoteriles de D’Elía y los camioneros”. Esos ensaladeros son básicamente los pusilánimes, los mediocres, los que carecen de formación intelectual o ideológica sólida, los que no saben qué opinar y menos que menos, ni aun por intuición, de qué lado ponerse. Pero no son subjetivamente tramposos. No les da la cabeza, simplemente, o, en el “mejor” de los casos, carecen de poder mediático para decir lo que en verdad piensan o sienten. Hay, en cambio, una fauna periodística con dos nutrientes: una está presa de que su negocio es el denuncismo antikirchnerista a rabiar, porque su target son los sectores culturalmente molestos de las clases medias urbanas; la otra, derecho viejo, está ligada a los intereses ideológicos y comerciales de sus multimedios, que le hacen el coro al “campo” con la amplificación desnuda, vacía, espectacularista, del tilingaje cacerolero y de las lágrimas de cocodrilo de gente que se cree la dueña del país. Una parte entre significativa y sustancial de la facturación de los grandes medios proviene de los emporios agropecuarios, de modo que a otro perro con el hueso de la independencia periodística en el tratamiento del lockout del “campo”. No mientan más. Basta de disfrazarse. El hecho concreto es que este paro salvaje generó un desabastecimiento cuyas víctimas, por vía inflacionaria, son los sectores más desprotegidos de la población. El hecho concreto es que los mismísimos protagonistas del paro reconocen que lo que está en juego no es perder plata, sino dejar de ganar alguna. El hecho concreto es que salieron a disputar el espacio público en defensa de sus intereses, a costa de joderle la vida a la mayoría de la sociedad porque esto no es un corte de calles en el centro porteño que perjudica la llegada puntual al trabajo. ¿Están a favor o en contra del hecho concreto? Díganlo de frente. Todo lo demás es anecdótico mientras no haya esa toma de posición definida frente a un episodio de esta magnitud.

El segundo aspecto, paradójicamente, es que todo eso que se transforma en anécdota por obra de idiotas útiles y cómplices viene a ser nada menos que el núcleo de lo que debería discutirse. En el turno gubernamental, la situación deja claro que (como en la gran mayoría de las áreas estratégicas) en el desarrollo agrícola-ganadero se carece de un proyecto de mediano y largo plazo que no sea explotar de soja, continuar aprovechando la demanda internacional de materias primas, recaudar con las retenciones y sentarse a tomar mate viendo cómo crecen las reservas del Banco Central. Por fuera de eso –y no solo como responsabilidad del Gobierno, que la tiene en primer grado, sino del conjunto de los actores sociales– no hay debate ni señalamientos alternativos que le importen mayormente a nadie. Quiénes son los principales beneficiarios de esta danza de agronegocios; qué será de la tierra con este esquema de virtual monocultivo, con crecientes riesgos de contaminación de todo tipo; cómo es posible que el 85 por ciento de la producción, en un territorio de cadena agraria, sea llevado por el más caro de todos los medios de transporte, que es el camión, mientras la recomposición de la red ferroviaria destaca como su estrella el montaje de un tren bala; cómo se explica que en este granero del mundo que puede darle de comer a 300 millones de personas haya un tercio de la población pobre e indigente; con qué se traga que más del 90 por ciento de los agentes del campo sean productores pequeños y medianos, y trabajadores rurales, pero casi la totalidad de la superficie en cultivo esté en manos de un puñado de terratenientes... El Gobierno viene eludiendo ese debate, al igual que los grandes medios de comunicación aliados a los fiesteros agroexportadores. Y un buen día, oh sorpresa, resulta que los fiesteros quieren más todavía y paran el país –no hacia dentro de sus cotos, donde siguen cosechando– ayudados por la bronca de los más débiles de la cadena, que les sirven de mano de obra piquetera. El contexto de muñeca política, nula o escasa, que tuvo el oficialismo para manejar el escenario es de segundo, tercer o último orden. El tono soberbio de Cristina, D’Elía corriendo de la plaza a los que de todas maneras se iban a ir apenas llovieran dos gotas, el uso de las huestes de Moyano como fuerza de choque, estructuralmente son pelotudeces. El partido no se juega ahí más que como sección secundaria. Se juega en cómo se reparte la torta y para qué.

Sin embargo, que el Gobierno se apropie de una parte de las rentas descomunales del “campo” no puede ser puesto en duda como derecho del Estado, en tanto lo estatal es concebido como regulador de los desequilibrios sociales. Es atrozmente cínico sostener que uno se deja meter la mano en el bolsillo por el fisco sólo si ve que eso es devuelto en el mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad. ¿Desde cuándo les importa a estos tipos que las rentas del Estado vuelvan al pueblo en salud, educación, vivienda, servicios públicos? La discusión primaria no puede basarse en si es justificable la atribución del Estado para tomar porciones de lo que produce la economía. Para qué se usa esa retención es un debate que viene después, y que los fiesteros pretenden poner antes. Propiciadores, mandantes y socios de cada dictadura que asoló al país, la única novedad de esta oligarquía, a la que hoy quedaron pegados sectores dirigentes del agro con propuestas históricamente progresistas, es que el gran capitalista agrario tradicional cedió terreno frente a un conjunto limitadísimo de transnacionales y grupos locales, introductores de la valorización financiera de la tierra a través de sus fondos de inversión. Concentración extranjerizada, pero en el fondo semántico, como categoría política, los mismos intereses de la derecha oligárquica de toda la vida.

¿A favor o en contra de su lockout? Para empezar a entenderse desde un lugar tan concreto como la medida que lanzaron. El resto lo discutimos después.

Retenciones a los granos: cuando la historia cuenta

Las retenciones son el único instrumento con que cuenta el Estado para hacer frente a las consecuencias no deseables de un aumento de precios internacionales de productos agroalimentarios, con el actual marco regulatorio e institucional del país. Además, concilian un dólar alto que beneficia a la industria y genera empleo con precios de los alimentos acordes a los salarios argentinos. El conjunto de instrumentos alternativos – entre otros, las juntas nacionales de granos y carnes - fue desmantelado durante los años ’90, dejando los mercados domésticos de alimentos a merced de la evolución de los precios internacionales. En consecuencia, que las retenciones se apliquen ahora no es el resultado de un capricho del gobierno actual sino de un conjunto de decisiones tomadas en el pasado.

Seguramente este instrumento sería innecesario si la Argentina hubiera mantenido otros mecanismos institucionales que supo crear a lo largo de su historia, y que en otros países permitieron un desarrollo de las cadenas agroindustriales diversificadas. Este aspecto es aún más preocupante si se considera que nuestro país es el único entre los cinco principales exportadores mundiales de cereales (acompañado por Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá y Australia) que no cuenta con mecanismos de regulación del comercio de materias primas. Todos los países exportadores cuentan con formas directas o indirectas de intervención para asegurar la competitividad y la seguridad alimentaria de la población. Las formas indirectas, adoptadas en Estados Unidos y en Europa, combinan transacciones realizadas por el sector privado con significativos subsidios e intervenciones en los precios, como ocurre en la Unión Europea y los Estados Unidos con las “ordenes de comercialización”. En Canadá y Australia, por su parte, los Marketing Boards (una suerte de Juntas nacionales de granos y otros productos agropecuarios que en el primer caso son estatales y en el segundo son privadas pero bajo control de los productores) centralizan el acopio y la exportación, permitiendo a los productores eliminar la discriminación de precios en períodos de cosecha por parte de las grandes trasnacionales del comercio de granos. En Nueva Zelanda existe un esquema similar para le leche, bajo gestión privada, con una mega-cooperativa de productores lácteos que hoy avanza en un proceso de internacionalización a la par de las grandes multinacionales lácteas. Estas instituciones permitieron resolver el conflicto entre consumo interno y exportación a partir de una reinversión de la renta agraria en la diversificación de actividades y “descommoditización”.

La Argentina contó alguna vez con mecanismos regulatorios similares, que sin embargo funcionaron esporádicamente, y finalmente fueron desmantelados durante los años ‘90. La Junta Reguladora de Granos (luego denominada Junta Nacional de Granos) fue establecida durante los años ’30 en forma contemporánea a los Boards Canadá y Australia en el contexto de la fuerte caída de los precios internaciones. La Junta tenía funciones similares a las de estos países: intervenir en el mercado de granos para sostener el precio interno al productor, abastecer a la industria y el consumo local a precios accesibles, organizar acuerdos de comercio entre Estados, registrar las exportaciones, cobrar impuestos a las exportaciones, establecer estándares de calidad y clases de trigo, certificar estándares, asesorar a los semilleros, administrar la red de silos estatales. Las Juntas rara vez cumplieron las funciones reguladoras de precios, dado el fuerte poder de veto que establecieron las entidades del campo y, fundamentalmente, las empresas del comercio de granos. La intervención en los precios solo fue efectiva en un breve período: durante los años ’30 cuando fueron creadas por los conservadores, reforzadas luego en el primer peronismo al crearse el IAPI y en el breve lapso del gobierno de Campora. El resto de las funciones, mantenidas hasta los años ’90, fueron sin embargo cruciales para la organización del sector, y generaron importantes capacidades del Estado en el comercio exterior y en la tipificación de granos. Capacidades que utiliza hoy la Canadian Wheat Board para diferenciar trigos según distintas calidades y obtener así mejores precios frente a la industria. Estas capacidades se perdieron en la Argentina cuando el gobierno de Carlos Menem desarmó las Juntas, trasladando sus funciones a un mercado dominado por un reducido número de grandes empresas extranjeras y grupos locales del comercio de granos que son los que ahora captan las diferencias por calidades, elusión fiscal y por manejo de precios en distintas épocas del año.

No obstante, cuando se eliminaron las Juntas, las entidades del campo no adoptaron medidas con la magnitud y la agresividad vistas en estos días. Frente a la desregulación, o bien se apoyó activamente (Sociedad Rural, Confederaciones Rurales Argentinas), o no se opuso una resistencia similar a la actual (Federación Agraria Argentina, que agrupa a los pequeños productores, principales perjudicados por el desmantelamiento de las Juntas). Por esto llama la atención la saña del lock out de los sectores agrícolas frente al reciente establecimiento de las retenciones móviles.

Es interesante comparar esta actitud con la de los productores australianos, neozelandeses y canadienses, frente a la oleada de liberalización de los años ’90, quienes no cedieron ante la ofensiva de las grandes trasnacionales de granos. La centralización de las compras de materias primas no fue entregada a estas empresas, sino que optaron por el reemplazo de los Boards por mega cooperativas de exportación (como Fonterra, la Cooperativa de productores lácteos neocelandeses, o el Board privado en el caso del trigo de Australia). De esta manera, lograron mantener un instrumento que les permite garantizar la oferta de alimentos a la población y fortalecer la competitividad del sector.

Si se tiene en cuenta estos elementos, puede comprenderse por qué las retenciones son en este momento la respuesta que encuentra un gobierno frente a una historia de abandono del control democrático sobre el acceso a la alimentación y a la divisas. Abandono del cual la totalidad de la dirigencia política y de las entidades del campo son responsables. En este contexto las retenciones han sido un paso necesario en la medida que permiten cumplir una serie de objetivos indelegables del Estado: desacoplar los precios internos de los alimentos de los precios internacionales e incidir en las rentabilidades relativas de los distintos cultivos a fin de limitar el avance de la sojización.

La implementación de retenciones móviles implica un avance frente al esquema previo de retenciones, porque otorga a los sectores primarios y de transformación un horizonte de estabilidad de precios y abre la puerta a una eventual disminución de la imposición, frente a una posible reducción de los precios internacionales tras la desaceleración de la economía mundial. A una semana de implementada la medida ya se ha visto como ante la caída del precio internacional de la soja, las retenciones móviles generaron una disminución en el monto del impuesto.

Por su parte, el mayor peso de las retenciones a la soja es razonable, considerando los efectos que su alta rentabilidad relativa genera sobre la oferta de otros alimentos, que son desplazados por este cultivo. Pero que, dado los altos costos de reconversión para los productores pequeños, requiere la profundización de medidas que apunten a financiar las inversiones que garanticen el reemplazo de la soja por otras producciones.

En este sentido, y en la medida que sean asegurados los costos de reconversión, las retenciones son un paso necesario hacia la configuración de un nuevo régimen que concilie los objetivos de exportar con los de alimentar a la población, sin lesionar las ganancias normales de la actividad. El sector debiera comprender que las retenciones perderían su razón de ser si se implementaran los mecanismos institucionales que permitan reorientar la renta agraria hacia el desarrollo agroindustrial y la descommoditización. Sin embargo, es notoria la ausencia de propuestas y acompañamiento de los representantes del campo en este camino. Así lo demuestra la aún escasa participación del sector en la utilización de los esquemas de subsidios al trigo, explicado por el alto grado de evasión impositiva que existe en esta actividad. El camino no estará exento de conflictos, dado que implicará recuperar la renta hoy apropiada por las grandes exportadoras y productores concentrados.

Este camino requeriría por un lado, que el gobierno implemente mecanismos de regulación contra el abuso de poder monopsónico de la comercialización concentrada, y lleve adelante políticas selectivas para los productores pequeños de las zonas marginales, Entre las medidas que consideramos importante discutir, se destaca:

1. Complementar las retenciones con transferencias directas a los productores con pequeñas extensiones - calculadas en función de hectáreas en actividad- planteando la diversificación de los cultivos más allá de la soja. Para ello es necesario un empadronamiento de los productores, para identificar si pertenecen a grupos financieros u otras formas de sociedad que puedan desvirtuar el objetivo redistributivo del impuesto.

2. Regenerar las herramientas de regulación del mercado agropecuario, a fin de evitar la punción que practican los grandes exportadores sobre la rentabilidad de los pequeños productores. Para lo cual es necesario recrear las Juntas Nacionales de Granos y de Carnes, que a partir de su rol de compradores sostengan el precio de los granos al productor. Institución que debe encarar una activa política estratégica de diferenciación de granos.

3. Crear una infraestructura portuaria y de almacenamiento, propiedad de las Juntas, que permita organizar el sistema de logística más allá de los grupos concentrados.

4. Aumentar la progresividad del impuesto inmobiliario rural, realizar una revaluación de los campos acorde al actual valor de mercado y mejorar la eficacia recaudatoria de los impuestos nacionales, como ganancias y bienes personales.

Para que estas medidas puedan ser implementadas es indispensable el apoyo de los pequeños y medianos productores. El 50% de la tierra está en manos de 5000 productores, sólo mil poseen el 33% de las hectáreas cultivables. El otro 50% está atomizado y enfrenta el desprecio de los productores concentrados a la hora de venderle sus productos. La táctica debiera ser ayudar a estos últimos y conseguir su apoyo.

Por CIEPYC

Cacerolas

Para el diario La Nacion en el dia de las cacerolas …


La gente del campo cuanto hace que no pasa por el conurbano?

Las retenciones cumplen el rol de redistribuir para el conjunto de la sociedad, que los incluye, parte de las rentas extraordinarias debidas a la suba de los precios internacionales de las commoditties como la soja. Como herramienta redistributiva ha mejorado la composición de los ingresos tributarios y desconecta el precio interno de esos bienes y sus derivados del precio internacional, lo cual es preferible para el conjunto de la sociedad. Se detuvieron a pensar que pasaria si todo quedara librado al mercado como estan planteando?

Cuanto más sube el precio de la soja, mayor es el incentivo a producir sólo soja, en vez de los alimentos que se consumen en el país, cuyos precios también subirían. Ustedes que son gente culta, que seguramente tuvieron la suerte de poder estudiar y formarse, verían desaparecer el beneficio de todo eso, ya que sólo convendrá cultivar soja, para lo cual es necesario poseer o rentar tierra apropiada que ya esta distribuida desde hace mucho tiempo y su valor solo seguiria aumentando elevando aun mas los costos de producciones alternativas y necesarias.

En definitiva, el reclamo del campo es el reclamo por una renta extraordinaria y por una vision de país excluyente.

No cometan el error de creer que se trata de una oportunidad para pegarle al gobierno por todo por lo que no les guste. En este caso es una de las medidas de politica economica acertada para pensar un pais diferente para los proximos decenios.

Especialmente hoy recuerden la experiencia de otros levantamientos apoyados por las centrales patronales en contra de un gobierno y las consecuencias deseadas o no por ellos que resultaron de eso. Recuerden tambien hoy que el salon de la Rural se sigue llamando Martinez de Hoz.

Rafael A. Selva

El desafío

LA RURAL SE VA A LA GUERRA EN 4X4


En un momento de extraordinaria rentabilidad la Rural se rebela contra una de las medidas más racionales que el gobierno adoptó en defensa del conjunto de la sociedad y de los propios productores agropecuarios. Junto con la inflación es parte de la puja distributiva. Desde el lockout de la APEGE que desembocó en el golpe del que mañana se cumplirán 32 años, el poder económico no planteaba un desafío semejante al sistema político. Cómo contestarán Moyano, D’Elía y el PJ.

Por Horacio Verbitsky
 

La medida de fuerza de la Sociedad Rural con el apenas disimulado propósito de desabastecer de alimentos a las grandes ciudades, y el persistente aumento de precios son dos caras complementarias de la puja distributiva y plantean el mayor desafío del poder económico al sistema político y a las clases subordinadas, desde el paro de la Asamblea Permanente de Entidades Gremiales Empresarias de febrero de 1976, que desembocó en el golpe del que mañana se cumplen 32 años. La prohibición de exportaciones en caso de que las entidades patronales resuelvan continuar con el lo-ckout pondría a prueba quién resiste más. Es improbable que los potentados del campo consigan que otros sectores los compadezcan por el límite que el gobierno impone a su rentabilidad sin precedentes. Pero en caso de desabastecimiento, el malestar puede alcanzar también al gobierno. Luis D’Elía citó una frase histórica: “A la fuerza brutal de la antipatria, opondremos la fuerza del pueblo organizado”. Justo y bello, pero ¿existe tal organización popular?

Piquetes paquetes

La APEGE de 1976 reunía a las principales cámaras patronales de todos los sectores y exigía “la rectificación total de la filosofía política, económica y social”. El movimiento actual es conducido por las entidades del sector agropecuario y sólo reclaman que se anule el mecanismo de retenciones móviles y progresivas a las exportaciones de granos. Pero si se escuchan los discursos en los cortes de rutas y se atiende a los foros de lectores de la prensa militante que los acompaña, hablan de pintarse la cara para la guerra, de hartazgo con el gobierno, e incluso del “principio del fin del kirchnerismo”. Para contextualizar de qué se trata: las páginas de La Nación sobre el lockout lucen un aviso de automóviles suecos Volvo, en oferta desde 36.900 dólares. El desborde emocional tiene para algunos sectores más peso que sus propios intereses. En febrero de 1976 se plegó al cese de actividades la CGE, que después del golpe de marzo fue perseguida y cuyos dirigentes históricos, José Gelbard y Julio Broner, debieron exiliarse, mientras un representante típico de la oligarquía diversificada, José Alfredo Martínez de Hoz, asumía el ministerio de Economía para producir la más profunda remodelación social. Sus beneficiarios defienden en las rutas el país dual que se afirmó entonces. Ahora participa en forma activa la Federación Agraria, cuyo líder, Eduardo Buzzi, es uno de los partidarios más extremos de prolongar y de radicalizar la medida porque “ya no tenemos nada que perder” (sic). Como la Unión Cívica Radical entonces, la Coalición Cívica Libertadora se subordina ahora a los intereses económicos más concentrados y sus dirigentes buscan calor popular en los piquetes paquetes, con consignas como la de Elisa Carrió, para quien el gobierno “le roba al campo”. Los chacareros no exportan ni pagan retenciones. Pero su entidad actúa como ariete de quienes les trasladan ese costo adicional y enfrentan una de las medidas más racionales adoptadas por el gobierno en defensa del conjunto de la sociedad. El contexto es tan poco comparable como el declinante gobierno de Isabel Perón con el flamante de CFK. El actual tiene los recursos para responder al reto, siempre y cuando identifique con precisión la índole del problema.

El espejo brasileño

Las retenciones captan para la sociedad parte de las rentas extraordinarias debidas a la coyuntura internacional. Esos instrumentos redistributivos han mejorado la composición de los ingresos tributarios por el incremento de los impuestos directos que, lejos de trasladarse a los consumidores, contienen los precios cuando se trata de productos que también se consumen en el país, como los hidrocarburos, los lácteos, la carne y el trigo. En el mismo mercado mundial y con una producción agropecuaria similar, Brasil ha tenido un crecimiento económico casi tres veces inferior al argentino. Eso obedece a decisiones políticas, que se reflejan en el valor de las respectivas monedas, casi de 2 a 1. Sumando a la ecuación los subsidios al transporte y al combustible, aun con las nuevas retenciones los productores argentinos tienen mayor rentabilidad que los del Brasil. Por supuesto hay diferencias según la escala y la ubicación de cada unidad productiva y el Estado debería proveer nuevos alivios a los pequeños agricultores. Luego de una década de hipotecas y remates a precio vil, la refinanciación de sus deudas por el Banco Nación, a largo plazo y baja tasa, les abre un panorama más alentador. El precio de la tierra agrícola ha crecido en forma espectacular y tienen el recurso de alquilar sus campos, mientras estudian asociaciones que mejoren su escala. Alguien que, como Buzzi, integró el Frente Nacional contra la Pobreza no tiene justificación ética ni política para alinearse con quienes no imaginan otra respuesta pública a la pobreza que la represión de sus víctimas. No conduce, lo arrastran por un camino del que es difícil salir.

En busca del equilibrio

Como la soja no integra la dieta local y su alto precio externo no afecta el salario, los voceros de la Sociedad Rural afirman que el único objetivo del gobierno es aumentar los ingresos fiscales. Esta objeción, irónica en defensores tradicionales del rigor fiscal, ignora que el incremento del precio de la soja y, en consecuencia, de la tierra, se combinan en un círculo virtuoso para los grandes propietarios pero vicioso para la sociedad. El alza de las retenciones provoca el efecto inverso. En este momento los campos pampeanos superan en dólares el precio de las mejores tierras productivas de Estados Unidos. Cuanto más crezca su precio, mayores estímulos habrá para producir sólo soja, en vez de los alimentos que se consumen en el país, cuyos precios también aumentarán. Quienes objetan el carácter móvil y progresivo de las retenciones señalan que los ingresos de los productores serán erosionados por la inflación. Esto pone en un pie de igualdad con el resto de la población a los grandes productores, cuya participación en el aumento de precios internos no es irrelevante.

Mitos y realidad

Un trabajo de Eduardo Basualdo y Nicolás Arceo publicado en el número 177 de la respetada revista académica Desarrollo Económico refuta el mito de que los grandes terratenientes habrían dejado de ser el agente económico central, en beneficio de “un nuevo estrato de propietarios medianos grandes innovadores y asentados en la producción agrícola, es decir una suerte de farmers locales”, en tierras arrendadas. Tampoco avala la supuesta extranjerización de la tierra agrícola.

Algunos de los fondos de inversión agrícola y de los pools de siembra, que alquilan la tierra e incorporan a la producción agropecuaria capitales extrasectoriales, alcanzan un tamaño medio equivalente al de los grandes terratenientes bonaerenses. Pero la superficie agropecuaria total que concentran es poco significativa: según datos de 1996 apenas el 8 por ciento de la superficie se trabajaba mediante formas de tenencia ajenas a la propiedad. Y a diferencia de lo que ocurre en las finanzas, la industria, los servicios públicos privatizados y otras actividades primarias que generan renta (petróleo, gas y minería) la presencia del capital extranjero era irrelevante, no más del 4 por ciento sobre el total de la compraventa de tierras. Cualquier afirmación sobre lo sucedido desde entonces es impresionista, porque no hay estudios. Recién cuando termine la odisea del Indec, los datos del último censo agropecuario actualizarán esa fotografía.

Los propietarios rurales bonaerenses con 2500 o más hectáreas, que en casi todo el siglo pasado se concentraban en la ganadería y les arrendaban grandes extensiones a los pequeños y medianos productores para la producción agrícola, ahora desarrollan ambas actividades por su cuenta y riesgo, lo cual les permite ejercer una incidencia decisiva en diferentes entidades y no sólo en la Sociedad Rural. Son ganaderos desde el punto de vista del uso de la tierra, pero agrícolas en términos del valor de producción. Esta asimetría se debe a los precios relativos vigentes en el agro, que el incremento de las retenciones intenta corregir.

Basualdo y Arceo destacan que las transformaciones productivas y tecnológicas son adoptadas por los grandes terratenientes tradicionales. Esos grandes propietarios no son precapitalistas, como creía el libresco Partido Comunista, sino por el contrario la vanguardia de todas las innovaciones, tanto tecnológicas como en las formas de propiedad, y poseen capacidad financiera para aplicarlas. La clase social decisiva en la historia argentina no se desvaneció en el aire sin que nadie lo advirtiera, pero parte de su know-how es hacerlo creer. Sigue siendo el sector hegemónico de la burguesía realmente existente, aquella capaz de alinear a las demás fracciones del capital en torno de sus intereses.

Las causas del fenómeno

El otro campo de batalla escogido por el capital más concentrado es el de la inflación. Dentro del gobierno hay lecturas distintas sobre las causas del fenómeno, que todos niegan en público. Para un sector, que ha ganado la atención del ex presidente Kirchner, se aquietará cuando culmine el reacomodamiento de precios relativos luego de la devaluación. Para otro, al que se afilia el jefe de gabinete Alberto Fernández, hay un exceso de demanda, que requiere un cierto grado de enfriamiento de la economía. Esto es difícil de sostener, cuando se constata por mediciones privadas en una de las principales cadenas de supermercados que los mayores aumentos se produjeron en alimentos como la polenta (159 por ciento en los últimos ocho meses) y las legumbres secas (112 por ciento), de consumo por los sectores más pobres, sin capacidad de demanda que pueda convalidar semejantes incrementos. Un trabajo del Centro de Estudios para el Desarrollo Argentino, CENDA, propone una tercera alternativa, que es la marcada estructura oligopólica de la economía. Según sus investigadores, en el caso de los bienes tran-sables las retenciones sobre todas las exportaciones son una opción más efectiva y menos vulnerable que los denominados acuerdos de precios. En el de los no transables no hay otra posibilidad que el control de precios. “De otro modo”, escribieron hace un año y medio, la ortodoxia amenaza con la “inflación reprimida”. Pero no sería una inflación monetaria, salarial, de demanda o cambiaria, sino “como expresión de una inflación de ganancias extraordinarias”. Es lo que sucedió.

Tierra arrasada

La política de tierra arrasada en el Indec se explicó por las conveniencias de un año electoral. Pero hoy no cumple ninguna función útil y roe la credibilidad del gobierno no sólo respecto del IPC. La presidente tiene a consideración dos proyectos:

1. El secretario de Comercio Guillermo Moreno propone substituir en el cálculo los bienes y servicios que más aumentan. La consecuente resignación de niveles populares de consumo permitiría estabilizar la inflación en los satisfactorios indicadores del Paraguay de Stroessner o el Haití de Duvalier. También contempla medir sólo los consumos de la franja más austera de la sociedad, que no conoce educación privada ni medicina prepaga. Tiene un atractivo inmediato pero es muy peligrosa a largo plazo, porque aumenta la ponderación de los alimentos, que están aumentando más que el promedio, y no sólo en la Argentina.

2. El ministro de Economía Martín Lousteau y el jefe de gabinete Fernández mantienen el índice de precios al consumidor de nivel general, y sólo suprimen algunos consumos típicos de la convertibilidad, como las flores de Colombia o el turismo en Cancún. Además se confeccionarían índices específicos de otros sectores sociales. Ninguna de estas alternativas da cuenta del problema de fondo: la inflación expresa la decisión del capital más concentrado de limitar la recuperación del salario que comenzó en 2003. Una vez que su nivel se acercó al de 2001, las mayores firmas no permitieron nuevos avances. La única manera de impedir que sigan erosionando los ingresos populares es atacar la estructura oligopólica en la producción y comercialización de los bienes esenciales, y operar sobre las cadenas de valor. Pero en vez de adoptarse medidas en defensa de la competencia se autorizan fusiones que refuerzan la indefensión ante los aumentos de precios. El Estado tiene los mejores expertos en cadenas de valor, pero nadie los ha consultado.

As de cartón

La ineficacia del pintoresco secretario Moreno desacredita la legítima e imprescindible intervención estatal. Luego de una visita a Puerto Madero, el secretario de la CGT, Hugo Moyano, dijo que Moreno defendía las intereses de los trabajadores. Pero en realidad Moreno convalida la estructura oligopólica con el asombroso argumento de que si son pocos es más fácil controlarlos, y sólo acuerda medidas distractivas de desinformación. Los supermercados avisan en grandes títulos precios reducidos de diversos productos. Luego de esas ofertas sigue un asterisco. Una minúscula nota al pie informa que se trata de pocas unidades. Por encima de esa cantidad, el precio puede triplicar el anunciado. De hecho, según la medición citada, la canasta básica de alimentos aumentó un 25 por ciento entre julio pasado y marzo de este año. De ese orden es el nivel de aumentos obtenido por los gremios más fuertes, como el de Moyano. Pero los más débiles no tienen esa posibilidad. Esto está reforzando la desigualdad incluso dentro del sector de trabajadores privados formales, donde es de 7 a 1 entre extremos. El salario promedio privado creció más del 21 por ciento entre diciembres de 2006 y 2007, lo que implica una mejora de unos 4 puntos de poder adquisitivo sobre el costo real de vida. Pero esa masa salarial se distribuye en forma desigual: el 20 por ciento de los trabajadores formales privados se apropia de la mitad, mientras el 30 por ciento del extremo inferior no llega a percibir ni el 10 por ciento. Los primeros reciben sueldos promedio que pasan de los 5.000 pesos mensuales; los segundos, de 700 pesos, equivalente al del 40 por ciento de los trabajadores informales. Blancos y negros ya no constituyen la división principal.

Los errores del pasado

El diputado nacional Carlos Kunkel homenajeó a los trabajadores víctimas de la dictadura junto con Moyano y abominó de la “dramática lucha interna” de los años 70, que “abrió el camino a la dictadura”. Es inteligente no repetir los errores del pasado, pero peligroso no advertir los del presente. En el mismo acto, Kunkel dijo que sólo la CGT constituía el “movimiento obrero organizado” y “columna vertebral” del peronismo. Esta frase ratifica el desdén con que la presidente trató a la mesa directiva de la CTA durante la audiencia de febrero, cuando descolocó a su secretario general, Hugo Yasky, ante los opositores internos que quisieran adoptar la retórica de Buzzi y Carrió. Fue la presidente quien le pidió a Kirchner que se hiciera cargo del Partido Justicialista, para no dejarlo en manos de quienes ni siquiera ocultaban su intención de organizar un marzo caliente. Pero de allí a las sobreactuaciones, como el discurso pronunciado por CFK delante de un enorme cartel que decía simplemente “Moyano conducción”, hay un largo trecho. Sustentar las alianzas políticas en el 20 por ciento mejor pago de los trabajadores privados formales, que no luchan por la subsistencia sino por elevar el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias, y en una dirigencia partidaria que sólo sobrevivió gracias a la heterodoxia y el hiperactivismo kirchnerista, no son opciones sin consecuencias, a la hora del desafío de las 4x4.

Irreflexible

Por H. V.

La Cámara de Fabricantes de Maquinaria Agrícola (CAFMA) fustigó el aumento de las retenciones con el precioso neologismo “irreflexible” (La Nación de ayer). Según las publicaciones de CAFMA con el actual modelo las ventas de maquinaria agrícola de producción nacional en el mercado interno pasaron de 340 a 980 millones de dólares y las exportaciones a veinte países distintos, de 10 a 140 millones de dólares. Ese despegue se produjo a partir de 2003/2004, “cuando desde el Gobierno Nacional se cambiaron las reglas de juego” y con “visión estratégica y acciones concretas” se “facilitó la apertura de mercados”. La Argentina es el segundo país en el mundo en adopción de la tecnología de agricultura de precisión, después de Estados Unidos. Sus equipos son competitivos por costo y satisfacen los requerimientos tecnológicos de los mercados más exigentes. El 73 por ciento de los cultivos se realizan por siembra directa, es decir sin roturar la tierra ni remover los residuos, lo cual disminuye los costos operativos al economizar 25 por ciento de agua y 50 por ciento de combustible. El 98 por ciento de la siembra de soja y el 90 por ciento de la aplicación de agroquímicos y fertilizantes se realiza con máquinas argentinas. La industria nacional abastece el 100 por ciento del mercado de almacenamiento de granos y se convirtió en líder mundial en almacenamiento de granos en bolsas plásticas. Un cuarto del área de soja se siembra en doble cultivo (Trigo/Soja), lo cual aumenta la productividad por hectárea. La Argentina es el país del mundo de mayor rendimiento promedio de soja de primera y el de menor costo de producción. Si ellos lo dicen.

Política y retenciones

Las retenciones son un instrumento que puede ser aplicado para alcanzar en forma no excluyente los siguientes tres objetivos. En la medida en que reducen el precio neto que se recibe por exportar, achican el valor mínimo al que el empresario está dispuesto a vender internamente productos que podría colocar afuera de manera casi ilimitada, como sucede con las materias primas y los commodities que exporta la Argentina (soja, aceites, trigo, maíz, petróleo, nafta). En segundo lugar, y como cualquier otro impuesto, las retenciones pueden tener un fin recaudatorio. Y, por último, dado que modifican los precios relativos, sirven como señal e incentivo a favor para la toma de decisiones.

A diferencia de los anteriores, el aumento en las retenciones anunciado el martes no tiene un objetivo antiinflacionario predominante. Las retenciones que subieron fueron a los productos oleaginosos que, salvo en el caso del aceite de girasol, tienen escasa presencia en la canasta de consumo local y son en su casi totalidad destinados al mercado externo. También fueron modificados los impuestos a la exportación de trigo y maíz (que sí tienen una presencia considerable en la matriz alimentaria interna), pero en lugar de subir, bajaron en grado insignificante.

Queda muy claro que la medida busca capturar fiscalmente toda la renta extraordinaria derivada del aumento reciente en la soja, en el girasol y en sus derivados, dejando al sector en la situación que tenían a fines del año pasado, que según Martín Lousteau ya era un escenario de “hiperrentabilidad”, y que según los propios representantes del campo no llegaba a tanto, aunque reconocen que disfrutaban de una muy buena situación.

No es de extrañar que muchos críticos del anuncio, y por supuesto los directamente afectados, esgriman el objetivo fiscalista del Gobierno como argumento para desmerecer la medida. Lo que subyace es: “si fuera para frenar los precios, vaya y pase; pero no me banco que me metan la mano en el bolsillo sólo para recaudar más”.

Pero es interesante notar que desde el Gobierno se intentó disimular el costado recaudatorio. Si bien en Economía reconocen lo obvio y estiman que los cambios aportarán ingresos adicionales por alrededor de 1500 millones de dólares, en la carpeta distribuida a la prensa se omite por completo el tema y en ninguno de los varios reportajes que ofrecieron los funcionarios para defender la medida se hizo mención al tema. Optaron por resaltar todas las “ventajas” técnicas que tiene el nuevo esquema de retenciones móviles (las alícuotas cambian automáticamente en función directa del precio internacional), pero se cuidaron de no cargar las tintas en la captura de una renta extraordinaria con su evidente consecuencia redistributiva: por menos eficiente y equitativo que sea el uso de esos fondos adicionales, su gasto tiene indefectiblemente efectos redistributivos.

Por algún motivo de lógica política, el Gobierno prefiere minimizar el condimento político de las retenciones.

La combinación de alícuotas más altas y precios internacionales estratosféricos daría como resultado, según la estimación de la consultora M&S, que este año las retenciones van a duplicar lo recaudado por ese concepto el año pasado, llegando a un total impresionante de 42.000 millones de pesos, de los cuales el complejo oleaginoso representaría tres cuartas partes. Es decir que en el bienio 2007-2008 el ingreso fiscal por retenciones ascendería a unos 20.000 millones de dólares.

La creciente importancia de las retenciones como fuente de ingresos fiscales, que en gran medida es consecuencia de la creciente importancia del complejo sojero en la estructura exportadora, obliga a activar de manera previsora alertas respecto de una excesiva dependencia. Es lo que atinadamente hicieron Pablo Lavarello y Rafael Selva en un artículo titulado “Mercados internacionales de granos y precios frente a la desaceleración de la economía mundial”, que publicó la revista Entrelíneas del Centro de Investigación en Economía Política y Comunicación de la Universidad Nacional de La Plata. Si bien sostienen que “es poco probable que en el corto plazo haya una caída abrupta en el precio de la soja” en tanto China e India sigan creciendo a ritmo vertiginoso, por las dudas recomiendan “diversificar la estructura productiva”.

Por Marcelo Zlotogwiazda
http://www.pagina12.com.ar/diario/especiales/18-104878-2008-05-26.html