“No alcanza con decir que la plata está”

Siguiendo con el debate por las jubilaciones,

Por David Cufré

Sergio Bobrovsky tiene una larga historia como defensor de las causas de los jubilados. Como abogado previsionalista, uno de los más prestigiosos, en 1995 consiguió llevar la problemática de los adultos mayores hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El organismo de la OEA aceptó una denuncia suya y de Horacio González –abogado de la CTA– por violación a los derechos humanos de ese sector durante el menemismo. Recién en 2003 el gobierno de Néstor Kirchner aceptó la responsabilidad del Estado por el trato a los jubilados y accedió a negociar un acuerdo para una solución amistosa. El proceso concluyó el 4 de noviembre pasado con la firma del convenio, en el cual el Poder Ejecutivo asume una serie de compromisos para reparar los daños de tantos años. Con esa trayectoria sobre sus espaldas, Bobrovsky se permite ser categórico al opinar sobre el tema previsional más importante del momento: el proyecto de ley del 82 por ciento móvil. “Es un mamarracho”, lo califica, en entrevista con Página/12, y revisa pasado y presente del mundo de los jubilados.

–¿Por qué no le gusta el proyecto del 82 por ciento?

–Yo también quiero el 82 por ciento móvil, y no sólo para la jubilación mínima, para todas. Lo que hay que debatir es cómo llegar a eso. El proyecto que se votó en Diputados no me parece una solución. Por muchas razones. La primera es que no tiene ninguna sustentabilidad económica. No alcanza con decir que la Anses tiene plata o que el Estado tiene plata, porque hay un incremento fenomenal de las erogaciones sin fuentes de financiamiento estables. Es un mamarracho.

–El Grupo A dice que la Anses tiene un fuerte superávit para pagar.

–La plata que tiene la Anses es el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), pero eso es un stock. No se puede afrontar un flujo permanente y creciente de gastos con un stock, porque al cabo de un tiempo, que pueden ser dos o tres años, el stock se acaba y el gasto queda.

–El proyecto también modifica la fórmula de movilidad de las jubilaciones. ¿Cuál es su opinión?

–Todavía no se demostró que el mecanismo que propone la oposición, que es el Indice General de Remuneraciones (IGR), sea mejor que la fórmula vigente. Hay que esperar dos o tres años y ver qué pasa.

–La fórmula actual viene dando mayores aumentos que los que hubiera arrojado el IGR.

–La fórmula no es condenable. Algunos podrán decir que el Gobierno dio la movilidad por la presión de la Corte Suprema. Todo lo que quieran, pero otros también estuvieron presionados y no hicieron nada. Lo voy a comparar con uno de los grandes totems de la democracia argentina como lo fue Raúl Alfonsín. En 1986, cuando la Corte Suprema dictó el fallo Rolón Zappa que les reconocía derechos a los jubilados, el gobierno de Alfonsín rápidamente dictó el decreto 2196 que declaró la emergencia previsional y suspendió la liquidación de sentencias por cinco años.

–¿Qué decía el fallo?

–Decía que le tenían que pagar de acuerdo con la movilidad establecida por ley, y que si bien el régimen de movilidad podía cambiar, no lo podía hacer en una medida tal que fuera confiscatoria. Pero la historia no termina ahí. Como la Corte Suprema declaró inconstitucional el decreto 2196, Alfonsín sacó otro decreto, el 648, que decía más o menos lo mismo pero acortaba los plazos. Y después, cuando la Corte estaba por declarar inconstitucional este segundo decreto, el gobierno hizo aprobar la ley 23.568 que estableció el pago de sentencias judiciales dentro de los tres años, el 50 por ciento en los primeros 18 meses y el otro 50 por ciento en los segundos 18 meses.

–Con Menem a los jubilados les fue todavía peor.

–Lo primero que hizo el gobierno de Menem fue un convenio para pagar las sentencias en 15 cuotas, pero con quita. Después asumió Cavallo, anuló el acuerdo y sacó el tema de los bonos que fue un escándalo mayúsculo. En lugar de reconocer las deudas en efectivo dispuso que los jubilados cobraran con bonos a diez años, que empezaban a cortar cupón recién al principio del séptimo año. Los jubilados no tenían más remedio que vender, y en ese momento les daban el 30 por ciento como mucho. El sector financiero que compró los títulos a 30 terminó cobrando la totalidad de los cupones y se llevó más del ciento por ciento en dólares. Fue un gigantesco negocio financiero a costa de los jubilados. Todo eso ocurrió durante el menemismo, cuando Duhalde era vicepresidente y aliado, y ahora se rasga las vestiduras por el 82 por ciento.

–Usted denunció esa situación ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

–Fue una denuncia por violación a los derechos humanos de los jubilados y pensionados que hicimos con Horacio González. Desde 1995 hasta 2003, todos los gobiernos negaron que se estuvieran vulnerando derechos de los jubilados. El primero que dio un paso para tratar de buscar una solución fue Néstor Kirchner. El 17 de octubre de 2003 el Gobierno se presentó ante la comisión y aceptó en nombre del Estado que había una situación muy complicada. Entonces se inició un proceso de solución amistosa que se terminó de firmar ahora, el 4 de noviembre del año pasado.

–¿En qué consiste el acuerdo?

–El Estado asume una serie de compromisos. Un punto fundamental es que la Anses se obliga a pagar las sentencias judiciales dentro de los 120 días hábiles de recibido el expediente de la Justicia.

–¿Se está cumpliendo?

–En algunos casos sí, en muchos otros no. Se avanzó bastante en lo que es modificación normativa a favor de los jubilados, pero otra cosa es la conducta administrativa de la Anses. Las sentencias se están pagando mal. Se están liquidando 1200 por mes, cuando lo habitual hace un año eran 2500 y en la época de Massa se llegaron a pagar 3000. Es un tema a mejorar, sin duda. Pero volviendo al tema del 82 por ciento, a mí me aterran los jubilados nuevos, porque los viejos la vivieron, la sufrieron de una manera terrible con Alfonsín, Menem, la Alianza y Duhalde. Los jubilados de los últimos siete años sólo han conocido cómo les fue en el baile con los Kirchner. Entonces, no les va tan bien, es cierto. No les dan todo lo que se merecen, es cierto. Yo tengo muchas cuentas pendientes con la Anses. Pero en comparación con los que estuvieron antes es como el famoso aforismo de Perón: “Nosotros fuimos malos, los que vinieron después –en este caso antes– fueron peores, lo que nos convierte en óptimos”.

Fuga de capitales II

Por José Sbattella *

Argentina tiene una larga historia, sobre todo a partir de la valorización financiera como modelo de acumulación, en materia de fuga de divisas y de apropiación suntuaria del excedente económico. Basta un ejemplo para entender la dinámica de la fuga. En los últimos dos años entre 2008 y 2009, en la cuenta corriente de la balanza de pagos se generó un ingreso de divisas de 18 mil millones de dólares. En dicho período se acumularon 1355 millones de dólares en divisas externas en el Banco Central y el sector público utilizó 1200 millones para cancelar pasivos externos. Así, de lo ingresado en la cuenta corriente, hay 15 mil millones de dólares que no quedaron en la economía formando activos externos o se guardaron en el “colchón” por parte del sector privado.

Estos datos son consistentes con los que figuran en la contabilidad externa. Entre 2008 y 2009, la formación de activos externos por parte del sector privado (financiero y no financiero) alcanzó los 14.800 millones de dólares. Lo más llamativo es que tan sólo 2 mil millones de dólares fueron a parar a inversión directa o productiva y el resto terminó en inversiones especulativas o directamente en el “colchón”. Se estima que hoy el stock de dinero en moneda extranjera en el “colchón”, o en orígenes desconocidos (depósitos u otras inversiones especulativas), alcanza los 134 mil millones de dólares, mientras que las inversiones productivas en empresas o emprendimientos inmobiliarios es tan sólo de 30 mil millones de dólares.

Eso explica dos cuestiones clave de los últimos tiempos: 1) la baja utilización del mercado financiero como alternativa de financiamiento (hay fondeo propio) y, 2) el incremento de la acumulación suntuaria del excedente que va creciendo en porcentaje del PIB. Si bien nadie puede establecer a ciencia cierta cuánto es la influencia de las actividades ilícitas en la economía cuyo producido luego es “blanqueado” al circuito legal a través de diversos mecanismos, hay consenso entre los especialistas que a nivel mundial representa el 5 por ciento del PIB.

Una cuenta sencilla nos marca que, para un PIB de aproximadamente 330 mil millones de dólares como el actual, el monto que es generado por actividades ilícitas medido en pesos alcanzaría los 66 mil millones anuales, monto altamente significativo. Comparando con la fuga de divisas, estamos diciendo que el lavado de dinero duplica anualmente al monto fugado en forma anual, al menos en estos dos últimos años.

Al estar blanqueado, el dinero se encuentra dentro de la estadística formal de la economía: circula, se deposita, se pagan impuestos por ellos, etcétera. Del mismo modo, una vez “adentro” del circuito formal, una porción se fuga a otras latitudes y/o se acumula en activos externos que no son productivos. La evasión impositiva constituye un delito por excelencia en la Argentina. Según datos de la Cepal, la recaudación potencial del impuesto a las Ganancias es de 130 mil millones de pesos mientras que la recaudación efectiva para 2009 fue de 55 mil millones de pesos. Si sumamos la evasión del IVA que calcula la AFIP, la evasión en los dos principales impuestos de la Argentina supera los 90 mil millones de pesos.

En la Argentina, si bien la evasión está penada por la Ley Penal Tributaria, no está penado el lavado de dinero producto de dicho delito. El delito de lavado de dinero surge como delito en sí mismo, ya que muchas veces es muy difícil detectar el delito que lo precedió, es decir la actividad ilícita por la cual se obtuvo el dinero “sucio”. Incluso muchas veces es más fácil detectar el dinero antes que el delito.

El Poder Ejecutivo envió al Parlamento un proyecto para incluir dentro del marco de la ley de lavado de dinero algunas cuestiones esenciales que tienden a favorecer la lucha contra esas actividades. Como considerar el lavado de dinero como delito autónomo, permite no sólo castigar al encubridor sino al que encubre su propio delito. En segundo lugar, ya que el lavado es un delito escalonado con el precedente, buscar este último mediante la querella, mejora la investigación del lavado y su tipología. Y en tercer lugar, incluir entre otros delitos, al de evasión como un delito precedente cuyo lavado debe ser castigado. No se trata de perseguir la “simple evasión” como han salido a cuestionar desde algunos sectores, al menos que piensen que 90 mil millones pesos de evasión al año se trate de un delito menor. En este sentido, el dinero “sucio” producto de las actividades ilícitas se mezcla y comparte la misma ruta del dinero de las actividades “limpias”, pero que generan un gran perjuicio a la sociedad.

Desde el punto de vista económico es capital con costo de oportunidad cero o negativo, puesto que se “paga” para blanquearlo y desplaza al que viene financiado, cuyo costo es la tasa de interés más el riesgo de cada región.

* Presidente de la Unidad de Información Financiera.

Fuga de Capitales I

Por Esteban Kiper *

La fuga de capitales volvió a cobrar relevancia desde mediados de 2007. Entre enero de 2003 y junio de 2007 promedió apenas los 160 millones de dólares por mes. En los últimos tres años creció significativamente. Entre julio de 2007 y julio de 2009 el promedio mensual fue de 1700 millones de dólares y desde agosto hasta ahora 730 millones de dólares. ¿Por qué se fugan dólares de la economía? Los determinantes de la salida de capitales son múltiples, y por consiguiente la identificación resulta muy compleja. Las causas de la fuga en las economías emergentes se puede clasificar en estructurales, macroeconómicas y coyunturales.

La fuga de capitales de carácter estructural se explica por varios factores. En primer lugar la estructura rentística de la economía, dada por el peso del sector agropecuario, alimenta la salida por la limitada posibilidad de incrementar la inversión que involucra el uso de un factor fijo como la tierra. Otro determinante es la vasta presencia en el mundo emergente de actividades que operan en la informalidad (evadiendo impuestos y aportes a la seguridad social) y eluden el uso del sistema financiero para evitar el blanqueo de sus ingresos. Un tercer aspecto es la dolarización de las carteras de activos en los países emergentes. Como la volatilidad macroeconómica no permite el desarrollo de instrumentos de ahorro de largo plazo en moneda doméstica, los agentes por lo general optan por el ahorro en moneda extranjera. Un cuarto determinante es la permeabilidad de la regulación financiera heredada de procesos de apertura financiera abrupta característicos de los ’90.

Las causas macroeconómicas operan cuando aumentan las expectativas de devaluación o crisis financieras; cuando aumenta la tasa de interés de los países centrales; o cuando aumenta la percepción del riesgo sobre las economías en desarrollo.

Finalmente, las causas coyunturales abarcan aspectos cualitativos de difícil medición, tales como la intensificación de la conflictividad política, o las medidas de política económica percibidas negativamente por algún sector empresario (que pueden fugar dólares por temor, o como instrumento extorsivo si el sector es lo suficientemente grande).

En Argentina entre 2003 y 2007 pareciera haber operado sólo la formación de activos externos estructural. Por el contrario, en los últimos tres años han contribuido al aumento en la formación de activos externos todos los factores señalados. Muchas veces varios determinantes conviven, y no es posible determinar en qué magnitud influyó cada uno. Durante el conflicto desatado por las retenciones móviles aumentó considerablemente la fuga. Pero esa situación coincidió con los albores de la crisis financiera internacional y con un fuerte incremento del excedente del sector, derivado de los precios y cosecha record. En circunstancias de política interna más normales difícilmente ese excedente hubiera sido volcado en su totalidad a la inversión, el consumo o el ahorro en moneda doméstica; más aún cuando se tiene en cuenta que la renta se llevó buena parte de ese excedente, y que el sector presenta altos índices de informalidad.

Parece claro hasta aquí que la fuga siempre expresa un problema (dolarización de la economía, insostenibilidad cambiaria, incertidumbre, shocks externos); pero se debe aclarar que no siempre es un problema en sí misma. Si la fuga tiene lugar en un contexto macroeconómico caracterizado por el exceso de oferta de dólares, tasas de inversión elevadas, y depósitos estables o crecientes, no constituye un problema para el funcionamiento de la economía. Si, en cambio, la fuga dificulta la acumulación de reservas y el manejo cambiario, o elimina el exceso de oferta de divisas, puede afectar la tasa de crecimiento potencial de la economía o generar disrupciones cambiarias, financieras y reales.

¿Cómo administrar este fenómeno? En términos macroeconómicos la política adoptada desde 2003 es la adecuada, ya que la preservación de equilibrios fiscales y externos, la acumulación de reservas y el desendeudamiento refuerzan la estabilidad cambiaria y aseguran a la economía ante crisis externas, desestimulando la salida de capitales. En términos estructurales el blanqueo de la economía es clave, así como un mayor desarrollo del mercado de deuda en moneda doméstica y la participación del sector público en la apropiación de rentas. Los conflictos políticos, que son señalados usualmente en la prensa como únicos detonantes de la fuga, difícilmente puedan evitarse en un proceso de desarrollo económico. Finalmente, la adopción de controles a la entrada y salida de capitales de corto plazo ha dado muestras en otros países, y también en Argentina, de contribuir a suavizar la fuga. Al desestimular la entrada de capitales especulativos, se minimiza el potencial riesgo macroeconómico de su salida.

* Economista. AEDA-Profope.

LA MONETARISTA ES UNA VISIÓN FRACASADA

Por Tomás Lukin

El diseño institucional de las bancas centrales y las reglas de política monetaria más difundidas en el mundo comprometen a sus autoridades perseguir exclusivamente la estabilidad del nivel de precios de la economía. Para poder cumplir con las metas de inflación preestablecidas, el manual de buenas prácticas neoliberales establece que se debe utilizar como instrumento la tasa de interés de corto plazo. El economista estadounidense Gerald Epstein rechaza a lo largo de sus investigaciones esa visión de la economía y propone que las bancas centrales funcionen como un agente del desarrollo. En diálogo telefónico con Cash, desde Massachusetts, donde es profesor en la Universidad de Amherst, el especialista advierte que la política monetaria debe y puede estar abocada a conseguir objetivos múltiples, desde la estabilidad financiera hasta la creación de empleo sin descuidar la evolución de precios. El primer obstáculo institucional con el que se encuentran sus proposiciones es la sobreactuada “independencia” de esas entidades ya que el especialista entiende que la autoridad monetaria debe cooperar y coordinar con otros organismos del Estado para poder promover el desarrollo. “Las herramientas neoliberales fracasaron y deben ser abandonadas, necesitamos producir alternativas para hacer política monetaria”, sentencia el investigador. A su vez, Epstein enfatiza que las herramientas necesarias para cada país son diferentes y no pueden responder a un único consenso.

¿Cuáles son las características salientes de una política monetaria heterodoxa?
–Desde mi visión las políticas de las bancas centrales deben tener varios objetivos: la estabilidad económica y financiera; impulsar el crecimiento económico; la creación de puestos de trabajo; la expansión del crédito productivo. El Banco Central debe ser un agente del desarrollo. Este punto ha sido completamente ignorado por la visión dominante. Esta parte de una definición de estabilidad muy acotada, ya que solo contempla la estabilidad de precios, ignorando la estabilidad financiera. Se trata de una visión profundamente errada.
Esa propuesta entra en conflicto con una de las características fundamentales del diseño institucional neoliberal, la llamada independencia de las bancas centrales.
–Más allá de la multiplicidad de objetivos, en los casos más exitosos de promoción del desarrollo las bancas centrales no actuaron solas y en forma independiente. Cooperaron con otros brazos del Estado como los bancos nacionales de desarrollo o las autoridades fiscales. Promover el desarrollo no es algo que un banquero central pueda hacer solo. Debe formar parte de un plan de desarrollo integral. Pensar al Banco Central como agente para el desarrollo se opone a las teorías que promovieron bancas centrales altamente independientes de los gobiernos y que están enfocados solamente a mantener baja la inflación. No niego que, en algunos casos, las bancas centrales requieren de algún grado de autonomía operacional. Pero en términos generales su misión global tiene que formar parte de la política de desarrollo que diseñe el Gobierno. Es importante que las bancas centrales mantengan razonablemente estable la inflación, aunque el nivel de precios adecuado dependerá de cada situación particular y también que preserven la estabilidad financiera.
¿Qué quiere decir cuando postula la necesidad de políticas para el desarrollo económico?
–No se puede generalizar, ya que el curso del desarrollo económico dependerá de cada país. Para algunos, como Sudáfrica, donde el desempleo asciende hasta el 45 por ciento, la creación de puestos de trabajo debe ser la prioridad principal. Otras regiones requieren procesos sostenidos de inversión de largo plazo en infraestructura o mejorar el estándar de vida de los sectores populares. Esto planteos se enfrentan muchas veces a una fuerte oposición política y económica. Por eso puede ser útil la creación de organismos de monitoreo estrictos o el establecimiento de requerimientos de desempeño. Históricamente estos últimos fueron requerimientos de exportaciones.
¿Cómo puede hacer, por ejemplo, el Banco Central de Sudáfrica para incrementar los niveles de ocupación?
–La autoridad monetaria tiene que utilizar distintas herramientas monetarias y financieras. Para la ortodoxia neoliberal el banquero central cuenta con una sola herramienta de política monetaria para afectar la economía que es la tasa de interés. Pero históricamente las bancas centrales han contado con más herramientas. Algunas de ellas son, por ejemplo, la reorientación y el subsidio del crédito hacia actividades de alto valor agregado, requerimientos de encajes diferenciales que suben o bajan según la actividad que se busca promover. En algunas regiones, como India, Pakistán o Bangladesh, se pueden impulsar directamente los microcréditos. Después existen cuestiones que pueden ser encaradas mejor por los bancos de desarrollo, como las garantías para los préstamos. En Vietnam la autoridad monetaria tiene como objetivo incrementar el ingreso de la población, promover las exportaciones y controlar la inflación. En Turquía, además de la generación de empleo y la estabilidad de precios, figuran los objetivos de solvencia de la deuda pública y la consolidación y expansión de la infraestructura social.
¿Una banca central como agente del desarrollo es compatible con la preservación de un tipo de cambio real competitivo y estable?
–Sí, absolutamente. Es muy importante. La estrategia de tipo de cambio estable y competitivo es una política de desarrollo muy apropiada para países como Argentina. También son necesarias herramientas para controlar los flujos de capitales. Pero con el tipo de cambio no es suficiente. Se requieren más políticas para impulsar el desarrollo. Estos instrumentos no son perfectos y claramente crean tensiones con las que no puede lidiar en solitario el Banco Central.
¿Qué tipo de controles de capitales son necesarios en países periféricos?
–Los controles de capitales son necesarios para evitar o amortiguar los shocks externos a los que se enfrenta cada país. Por eso su diseño también dependerá de cada caso. Algunas economías buscan evitar la sobreapreciación de su tipo de cambio imponiendo impuestos a la entrada de capitales, o requerimientos adicionales de reserva para esos flujos. En un país donde se busca crear empleo subsidiando los niveles de tasa de interés, o donde se busca bajar la tasa de interés, se deben diseñar técnicas de manejo para la salida de capitales. Si se sufre inestabilidad financiera seguramente se buscará controlar el tipo de capitales que ingresen para evitar que eso conduzca más rápidamente a situaciones financieras críticas. Para eso se puede limitar y monitorear el destino de esos fondos. Existen distintas técnicas que son necesarias para apoyar el proceso de desarrollo en materia monetaria.
¿Cree que la política monetaria neoliberal perdió legitimidad durante la crisis financiera internacional?
–No considero que se haya erosionado mucho. Creo que en algunos casos la meta de estabilidad financiera será añadida a los objetivos del Banco Central. Pero esas entidades seguirán siendo impulsadas a aplicar regímenes de metas de inflación, aunque no sólo deberán mirar los precios de los bienes, sino también de los activos financieros evitando que se formen burbujas. De esta forma la política monetaria puede volverse contractiva todavía más rápido. El resultado es una política monetaria más restrictiva, mayor desempleo y menor inversión en un período más corto. Las políticas neoliberales deben ser abandonadas. A nivel global ya fallaron gravemente en dos oportunidades: en los últimos años y durante la crisis de 1930. Es necesario encontrar una nueva forma de hacer política monetaria.
En Argentina existe preocupación entre distintos consultores privados por el incremento en la cantidad de dinero circulando en la economía. Sostienen que al no limitar su evolución el Banco Central estaría generando un desborde monetario y mayor inflación. ¿Existe sustento teórico y empírico que convaliden esas advertencias?
–La visión monetarista, en la que se sustenta ese tipo de afirmaciones, es una visión fracasada. Hoy en día, muy poca gente cree en la inflación monetaria. Esas posiciones están totalmente desacreditadas. La cantidad de dinero es endógena: sigue al nivel de actividad económica. Lamento que tengan tantos monetaristas en Argentina. Su lógica se parece mucho a la de los republicanos en Estados Unidos. Insisto, la política monetaria no puede estar limitada a un solo objetivo, pero eso no quiere decir que no haya que preocuparse por la inflación. Niveles muy elevados de inflación son altamente dañinos. No existe ningún número de referencia para la alta inflación, ya que eso dependerá de la experiencia histórica de cada país, de su estructura productiva, pero ninguna banca central puede ignorarlo

Una política monetaria heterodoxa

El autor de Beyond Inflation Targeting: Monetary Policy For Employment Generation and Poverty Reduction y artículos como Central Banks as Agents of Economic Development, Gerald Epstein, profesor en la Universidad de Amherst, es hoy uno de los principales referentes de la corriente heterodoxa en materia de política monetaria. 

En diálogo con Cash, sostiene que las políticas de las bancas centrales deben tener varios objetivos. Menciona la estabilidad económica y financiera, impulsar el crecimiento económico, la creación de puestos de trabajo y la expansión del crédito productivo. Destaca que es importante mantener razonablemente estable la inflación, aunque el nivel de precios adecuado dependerá de cada país y situación particular. Y asegura que hoy muy poca gente cree en la inflación monetaria.

Esta semana, durante las Jornadas Monetarias y Bancarias del BCRA "Política Monetaria, Regulación Financieray Macroeconomía en la Globalización:Lecciones y Desafíos de la CrisisInternacional" se podrá escuchar a varios de los economistas heterodoxos.

Si la economía crece, déjenla volar

Enfrentando las críticas de quienes equiparan más emisión con inflación, el Banco Central decidió ajustar las pautas monetarias a un crecimiento económico que se aceleró más de lo estimado. “No haremos política contractiva”, dijo su presidenta. Por Tomás Lukin

Marcó del Pont sentenció que el nuevo programa “no convalida una mayor inflación”.

El Banco Central ajustó las metas del Programa Monetario a la realidad macroeconómica. Las modificaciones dispuestas ayer por el directorio de la entidad se realizaron sobre el rango dentro del que tiene que evolucionar la cantidad de dinero en manos del público, los depósitos en cuenta corriente y cajas de ahorro. La presidenta de la autoridad monetaria, Mercedes Marcó del Pont, explicó que fue necesario efectuar cambios, ya que las estimaciones del PIB utilizadas para la definición de esos objetivos quedaron desactualizadas. En noviembre de 2009 se proyectaba un crecimiento económico de 2,5 por ciento anual, mientras que hoy la entidad espera un incremento en el nivel de actividad de entre 8,9 y 9,5 por ciento. La titular del BCRA negó la existencia de un desborde monetario y argumentó que, si no se actualizaban las pautas y la entidad operaba para asegurar el cumplimiento de las metas anteriores, la política del Central hubiese tenido efectos contractivos sobre la economía.

“Si no ajustábamos el Programa Monetario, estaríamos planteando una política que inhibe el crecimiento económico. Aferrarse a las pautas viejas implicaba que el Banco Central tenía que dejar de comprar dólares, resultando en una caída de la cotización del dólar. Además se hubiese tenido que restringir el crédito al consumo y la producción mediante la imposición de encajes muy altos. Todas estas políticas restrictivas significarían una contracción sobre los niveles de actividad y empleo”, detalló Marcó del Pont.

Las metas anuales para los agregados monetarios pasaron de 19,1 a 29,9 por ciento, 21 mil millones de pesos más para el límite superior. En el directorio del Central explicaron que los desvíos que comenzaron a observarse a mitad del año en la evolución de la demanda de pesos responden a diversos factores: el elevado nivel de crecimiento económico, la expansión del crédito al sector privado, la compra de dólares provenientes de la liquidación record de divisas por parte del sector agroexportador, la disminución de la fuga de capitales y, en menor medida, la transferencia de utilidades del BCRA al Tesoro nacional. “No sólo subió la demanda de dinero, sino que también se evidencia una vuelta al peso después del proceso de dolarización y fuga de capitales de los últimos dos años”, agregó la titular de la autoridad monetaria.

La estimación anterior del 2,5 por ciento de crecimiento del PIB fue sustituida por el 9,1 por ciento, dato aportado por el área de investigaciones económicas del banco. “La política monetaria no genera inflación ni un recalentamiento de la economía. La cantidad de dinero se adapta a la evolución del producto y nosotros incorporamos este hecho”, afirmó la presidenta del BCRA. A comienzos de su mandato, Marcó del Pont había descartado la necesidad de modificar los parámetros del Programa. Ahora, el vicepresidente de la entidad, Miguel Pesce, precisó que “en ese momento, con un crecimiento del PIB del 3 al 4 por ciento, todavía no era necesario cambiar nada. Pero con un alza del 9, la regla anterior se vuelve insostenible”.

A lo largo de la conversación que mantuvo con periodistas, Marcó del Pont reiteró varias veces que la decisión no implica convalidar un incremento de precios. Para la determinación del Programa Monetario se utilizan proyecciones para un amplio conjunto de variables, como las tasas de interés, el tipo de cambio y el índice de precios implícitos, entre otros. “Se utilizó el mismo modelo que el año pasado, mantuvimos las proyecciones de todas las variables, a excepción del PIB, que fue adecuado a la coyuntura. Eso es lo único que modificamos para obtener los nuevos parámetros. No actualizamos la variable precios, no se convalida un mayor nivel de inflación”, sostuvo Marcó del Pont.

Hacia el final del encuentro, la funcionaria expresó –elípticamente– su voluntad de continuar al frente del Banco Central. “Los cambios los hicimos para cumplirlos nosotros. Para todos los directores a los que se les vence el mandato, lo más fácil era maquillarlo, buscar artilugios contables para mostrar que se cumplió la meta en septiembre y que después se arreglen los otros a fin de año”, apuntó Marcó del Pont. Su mandato finaliza, junto con otros cinco miembros del directorio, el 23 de septiembre próximo. En ese escenario, aunque la presidenta del Central rechaza la posibilidad de que la emisión genere inflación, su gestión reafirma el seguimiento de esas políticas ortodoxas, adecuando los objetivos cuantitativos, y evita posibles cuestionamientos desde el sector privado.

Todo el directorio del banco estuvo presente durante la reunión. Ocho de sus miembros votaron a favor de la adecuación de las metas y los dos miembros vinculados con el ex presidente de la entidad, Carlos Pérez y Zenón Biagosch, se abstuvieron. Los funcionarios no fundamentaron su decisión, pero la titular del Central deslizó que detrás de esos votos “subyacen posturas vinculadas con políticas monetarias más restrictivas”. La decisión ya está vigente y el Banco elevará la misma a los presidentes de las Cámaras de Diputados y Senadores, así como al Ministerio de Economía.

SEGURIDAD SOCIAL PARA TODOS

Por Alfredo Iñiguez y Rafael A. Selva

Continuar con la mejora del sistema previsional en general y de los haberes en particular para resarcir a los jubilados de tantos años de pauperización y olvido debe ser un objetivo a alcanzar. Para encarar la decisión política correcta se requiere generar un debate amplio sobre la financiación del Estado en general y del Sistema Previsional en particular. Es necesario apoyarse en estudios integrales sobre la problemática que permitan dar respuesta a los interrogantes básicos: qué sistema de seguridad social, para quiénes y con qué recursos, para así continuar con las modificaciones iniciadas en esta década. Desde este punto de vista, tanto las reformas ya encaradas por el Poder Ejecutivo como la proliferación de proyectos opositores sobre el asunto en el Congreso de la Nación, resultan provechosos para la profundización de un debate del que parece estar ajeno el proyecto que tuvo media sanción en Diputados.

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MÉTODOS DE MEDICIÓN DE LA POBREZA

Por Equipo de trabajo de la Encuesta de Hogares y Empleo. Dirección Provincial de Estadística de la provincia de Buenos Aires

El concepto de pobreza es multidimensional y no existe un enfoque autosuficiente para poder dimensionarlo. En la presente nota se repasan los diferentes abordajes que existen para interpretar y medir la pobreza y se repasan los diferentes métodos que se utilizan en los principales países de la región.

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LA INVERSIÓN EDUCATIVA EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

Por Alejandro Morduchowicz y Luisa Duro

Las experiencias de las últimas décadas demuestran que las políticas educativas implementadas en América Latina han sido más eficaces para escolarizar a la población que para mejorar la calidad de los aprendizajes. La expansión de la cobertura educativa no fue acompañada por un crecimiento proporcional de la inversión pública en educación. Para comparar las diferencias en el esfuerzo financiero realizado entre los países de la región, en este documento se construye un indicador que combina la medición más tradicional centrada en el gasto, con variables que refieren a los logros alcanzados por cada uno de ellos en materia de cobertura, y las necesidades derivadas de sus respectivas estructuras demográficas.

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Paradojicamente

Vivimos en un país en el que se discute cómo aumentarles a los jubilados en un año en el que ya se les aumentó un 26%. Hemos vivido en otro país en el que a los jubilados se les recortaba el 13% para bajar el “riesgo país” y pagar deuda externa. Paradójicamente, varios diputados que firmaron y votaron el proyecto del 82% del salario mínimo vital y móvil, administraban el Estado cuando se realizó ese recorte. Tal como está planteada la cuestión, nos enfrentamos a dos alternativas: una sería regresar a “aquel“ país, y congelar el SMVyM en los $1.500 que regían hasta agosto. Con la jubilación mínima de $1046 dispuesta a partir de septiembre se alcanzaría el 70% y con aumentar en marzo un 17% más, alcanzaría para llegar al trillado 82% de ese SMVyM. La otra alternativa sería construir un país que crezca y se desarrolle, que genere empleo genuino y más aportes, que continúe aumentando la recaudación tributaria y que lo haga más progresivamente y que, dado lo delicado de este tema, evite hacer campaña electoral con los jubilados y estudie y analice seriamente el sistema previsional.  (ver Entrelíneas de la Política Económica)

Revista Entrelíneas de la Política Económica N°26 de Agosto

RENTABILIDAD DE LAS ALIMENTARIAS

La AFIP inició una serie de informes sobre sectores empresarios. Las alimentarias registran ganancias por arriba de la media

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Por David Cufré

El aumento de precios de los alimentos a partir de 2007 le permitió a ese sector empresario más que duplicar sus márgenes de rentabilidad, hasta ubicarse en la actualidad muy por arriba del promedio de la economía. Las firmas de ese rubro obtuvieron en promedio ganancias en el año fiscal 2009 equivalentes al 9,1 por ciento sobre activos, contra el 6,2 por ciento del conjunto de la economía. Así lo precisa un informe publicado ayer por la AFIP, organismo que inauguró con ese documento una serie de investigaciones sobre distintos sectores de la economía. El valor añadido del trabajo es que está elaborado en base a datos oficiales, que surgen de las declaraciones de impuestos de las empresas ante el organismo.

La rentabilidad de las empresas alimentarias llegó a niveles extraordinarios en 2008, cuando se dispararon los precios internacionales de los granos. El Gobierno intentó entonces morigerar el impacto de esa escalada a través de la Resolución 125 de retenciones móviles, pero –como se sabe– la medida fue desactivada por el Congreso. En consecuencia, la rentabilidad del rubro trepó hasta 12,9 por ciento sobre activos, cuando la media de la economía fue de 7,0 por ciento. La suba de retenciones hubiera ayudado a desacoplar –aún más– los precios internos de los valores internacionales. Esta cuestión no parece contemplada en los proyectos de la oposición de rebaja de derechos de exportación a partir del vencimiento de las facultades delegadas.

En el año fiscal 2007, en el inicio del proceso de suba internacional de los alimentos, las ganancias del sector en la Argentina ya habían alcanzado un nivel elevado: 9,7 por ciento, contra 7,1 del global de la economía. Ese año fue cuando la inflación empezó a crecer en el país y el rubro alimentos estuvo entre los más activos.

Muy distinta era la situación antes de que China e India aparecieran como grandes demandantes de alimentos, cada vez con más peso, sacudiendo el mercado y el nivel de precios global. En 2006, las empresas locales de alimentación ganaron en promedio 4,5 por ciento, cuando el promedio de la economía fue mayor, 6,8 por ciento. Y en 2005 se dio la misma relación: 4,4 para las alimentarias contra 6,4 de la economía.

El sector registró ventas por 147.579 millones de pesos durante el año fiscal 2009, las cuales representaron el 10,1 por ciento del total de la economía. Los impuestos determinados llegaron a 2220 millones de pesos. El universo de empresas declaradas de la alimentación es de 4365, de las cuales 2211 son microempresas (el 50,7 por ciento del total), 1158 son pequeñas (26,5 por ciento), 722 medianas (16,5) y 274 grandes (6,3). Estas últimas, sin embargo, son responsables del 86,1 por ciento de la facturación del sector, contra un lejano 10,8 por ciento de las medianas, un 2,7 de las pequeñas y un 0,5 de las microempresas.

El plantel de trabajadores del sector se ubicaba a mediados de este año en 294.570 declarados, sobre los 290.587 de 2009 y los 283.578 de 2008. En 2005 eran 239.255. La remuneración promedio del sector se encuentra en 4103 pesos. Los trabajadores de la alimentación consiguieron este año un ajuste salarial del 35 por ciento, que se explica al compararlo con los niveles de rentabilidad del rubro. Aun así, el costo salarial total –sumando remuneraciones brutas y contribuciones a la seguridad social– representa sólo el 10,7 por ciento sobre ventas.

Respuesta a Grobo II

Mempo Giardinelli fue el promotor del debate sobre el modelo agrario basado en la soja con una carta abierta al empresario Gustavo Grobocopatel, uno de los principales productores de soja del país. A partir de esa misiva hubo una serie de intercambios con la participación de otros protagonistas. Aldo Ferrer intervino, con la inmediata réplica de Grobocopatel, a quien le respondió nuevamente el prestigioso economista.

Por Aldo Ferrer

Estimado Gustavo:

Tu respuesta a mi carta anterior plantea cuestiones importantes que merecen ser analizadas. Son las siguientes:

Tipo de cambio y retenciones. Apelando a la experiencia brasileña, sugerís que la mejor política es un tipo de cambio bajo sin retenciones. Nuestra experiencia no ratifica la propuesta ni, tampoco, la brasileña. Aquí tuvimos esa política bajo el régimen de “la tablita” a fines de la década del ’70 y, en el de la del ’90, con el de la convertibilidad. En aquel entonces, la producción del agro no creció y, en la última, aumentó a una tasa anual del 2,0 por ciento. Pero después del 2002, con retenciones, el agro creció el doble. ¿Por qué sucede esto? Por múltiples razones. Entre otras, que un régimen de tipo de cambio bajo sin retenciones provoca fuertes desequilibrios en la macroeconomía, déficit en los pagos internacionales, insolvencia fiscal, aumento de la deuda y, consecuentemente, vulnerabilidad, incumplimiento de los contratos e inseguridad jurídica. Ese fue el epílogo de la tablita y la convertibilidad. El campo sufre, como el resto del sistema, las consecuencias de una mala política macroeconómica. En la actualidad, con una economía sustentada en sus propios medios, con superávit en sus pagos internacionales, solvencia fiscal y reservas en el Banco Central, el agro crece con un tipo de cambio competitivo y retenciones que son compatibles con su rentabilidad y desarrollo.

El mejor espejo donde mirarnos en esta materia no es Brasil sino los “tigres asiáticos”, como Corea, Taiwán y China. Todos ellos han sustentado su transformación productiva en políticas activas de industrialización, educación, impulso a la ciencia y la tecnología e industrias de frontera y tipos de cambio competitivos. Como lo revela la experiencia de los países emergentes exitosos, la paridad adecuada de la moneda nacional no es una condición suficiente del desarrollo pero sí una condición absolutamente necesaria.

En Brasil, la apreciación del tipo de cambio que evita las retenciones, el resultado macroeconómico es mediocre. Desde el 2002 a la fecha, a juzgar por el desempeño de las dos economías, salvo en materia de inflación, la política argentina es mejor que la brasileña. En el período, el PBI argentino aumentó el 60 por ciento y el brasileño, el 30 por ciento. Respecto de la inversión, en Brasil es del orden del 18 por ciento del PBI, y en Argentina está cerca de sus máximos históricos del 24 por ciento. Frente a la crisis mundial, nuestro país respondió con tanta o mayor fortaleza que Brasil. En este escenario, el gobierno del presidente Lula consolidó los ejes del poder nacional de su país y desplegó, sobre la base de una presión tributaria mayor que en la Argentina, importantes y exitosos programas de inclusión social. De todos modos, existe en Brasil una fuerte polémica sobre las bondades de la política de un real sobrevaluado y altas tasas de interés. Pero la comparación de Argentina con Brasil no se agota en el contrapunto de las dos realidades en la actualidad. Ambas se basan en una trayectoria y esto me lleva al segundo comentario sobre tu carta.

Brasil. En el período de predominio de la estrategia neoliberal en la Argentina (desde el golpe de Estado de 1976 hasta la crisis terminal del 2001/02), el PBI total aumentó en 27 por ciento y el per cápita cayó en 10 por ciento. En el mismo período, el PBI del Brasil aumentó 120 por ciento y el per cápita en 30 por ciento. En 1975, el PBI argentino representaba casi el 50 por ciento del brasileño, en 2002 apenas superaba el 25 por ciento.

Entre tanto, el Estado brasileño consolidaba el desarrollo de Petrobras, promovía la conversión de Embraer en la tercera productora de aeronaves del mundo, impulsaba el desarrollo de las empresas “campeonas” nacionales en la infraestructura y en industrias de base y sustentaba el financiamiento en poderosos bancos públicos, en primer lugar, el Banco Nacional de Desarrollo, que en la actualidad aporta el 20 por ciento del total del crédito en la economía, enfocando sus préstamos a los sectores estratégicos. En la Argentina, en el mismo período, además de la tragedia de la violencia y el terrorismo de Estado, sufrimos la guerra y la derrota en Malvinas y una política sistemática, durante la dictadura y en la década del ’90, de desmantelamiento del poder nacional. Se vendieron y extranjerizaron YPF, la fábrica de aviones de Córdoba, las empresas públicas y las mayores privadas nacionales, se disolvió el Banco Nacional de Desarrollo (creado en 1970 durante mi desempeño en el Ministerio de Economía) y se endeudó el país hasta el límite de la insolvencia. Esta serie de calamidades demolió buena parte de la capacidad industrial del país, como lo demuestra el hecho asombroso de que, entre 1975 y 2002, el producto industrial per cápita cayó en 40 por ciento. Las consecuencias sociales fueron abrumadoras. Es en ese escenario, tan diferente entre los dos países, donde tuvo lugar, en Brasil, el desarrollo de la producción de pollos y otros rubros de la industria mencionados en tu carta. Nuestro atraso relativo respecto de Brasil viene de antes. Esta década, la tendencia comenzó a revertirse y podremos seguirlo haciendo si se consolida una visión y una política nacional del pleno despliegue del potencial argentino.

El Estado. Celebro que desde el sector privado surja una voz como la tuya, destacando el papel fundamental de las políticas públicas y proponiendo una reforma fiscal que genere recursos y los canalice al desarrollo económico y social. Es, en efecto, preciso una reforma tributaria que le dé equidad al sistema y recursos para proveer de los bienes públicos indispensables para el desarrollo y la inclusión social. No comparto tus dudas sobre la capacidad del Estado de administrar un régimen de retenciones flexibles, atendiendo a las variaciones en los mercados. Si el Estado es el que justificadamente reclamas, administrar ese instrumento es una tarea menor y, desde ya, cuenta con esa habilidad para ponerla en práctica.

En resumen, el futuro del campo y de toda la cadena agroindustrial depende del pleno desarrollo de la economía argentina, la consolidación de la soberanía y de la capacidad de decidir nuestro propio destino en el mundo global, la inclusión social y la consolidación de la democracia y, en su seno, la resolución de los conflictos de una sociedad pluralista como la nuestra. Comparto tu confianza en el potencial del país, en sus trabajadores y empresarios creadores de riqueza y en la inteligencia argentina. Hemos demostrado nuestra capacidad de emprender las actividades más complejas, como lo hacen, por ejemplo, el Invap fabricando reactores nucleares o, en el agro, los Grobo. Tenemos también los recursos financieros necesarios con una tasa de ahorro que alcanza a casi el 30 por ciento del PBI, equivalente a más de 100 mil millones de dólares anuales. No tenemos que andar buscando plata afuera, sino convencernos de que el lugar más rentable y seguro para invertir el ahorro interno es la Argentina.

Si la opinión predominante en el campo termina de convencerse de que el sector no es un apéndice del mercado mundial, sino un sector fundamental de una economía nacional, plenamente desarrollada, desde el campo hasta la industria, desde la Pampa hasta las regiones más remotas del inmenso territorio nacional, será un gran aporte para poner al país que realmente tenemos ahora a la altura del país posible, cuya construcción comenzó en mayo de 1810 y aún está inconclusa.

Vuelve a bajar la desocupación

Resultados del segundo trimestre 2010

Tasa de desocupación 7,9%: calculada como porcentaje entre la población desocupada y la población económicamente activa

Población desocupada 898.000 personas: se refiere a personas que, no teniendo ocupación, están buscando activamente trabajo en el área de referencia lacanzada por la EPH que es aproximadamente el 60% del total de la población (24,8 millones de personas).

Corresponde a desocupación abierta. Este concepto no incluye otras formas de precariedad laboral tales como personas que realizan trabajos transitorios mientras buscan activamente una ocupación, aquellas que trabajan jornadas involuntariamente por debajo de lo normal, los desocupados que han suspendido la búsqueda por falta de oportunidades visibles de empleo, los ocupados en puestos por debajo de la remuneración mínima o en puestos por debajo de su calificación, etc. Estas modalidades son también relevadas por la EPH, como indicadores separados.

Población económicamente activa 11,4 millones de personas: la integran las personas que tienen una ocupación o que sin tenerla la están buscando activamente. Está compuesta por la población ocupada más la población desocupada.

dos modelos

La riqueza del debate publicado en Página/12 residió en que quedó claro que lo que realmente estaba en discusión al hablar de retenciones no era una simple cuestión tributaria, sino el modelo de desarrollo.

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Por Claudio Scaletta

Gustavo Grobocopatel es el productor sojero por antonomasia de la Argentina. Como tal, es ensalzado por la derecha política y mediática y también por la vasta academia de negocios, local e internacional, que lo centra como el paradigma del emprendedor y la conjunción de virtudes logradas y potenciales de los agronegocios. Como todo empresario exitoso y que, a diferencia de la media de los grandes empresarios argentinos, tiene a la vez una formación académica que lo respalda, Grobocopatel está muy seguro de sí mismo. Tiene con qué: no le faltan resultados ni halagos. Pero a diferencia de sus pares, a Grobo le gusta salir del gallinero. Su seguridad, el convencimiento en lo que hace y, quizá, su impronta ancestral, lo llevan a encontrar placer en el debate. Un dato adicional. Para la mayoría de los periodistas consultar a cualquier empresario top es más arduo que hacerlo con un ministro de la Nación. Normalmente supone atravesar una maraña de presuntos expertos en comunicación. Grobocopatel, en cambio, suele atender personalmente su celular. El dato marca su estilo. Debe saludarse y celebrarse, entonces, esta práctica de ruptura con la endogamia habitual de la vasta casta empresaria local, de norma antiintelectual y sólo propensa a aparecer, tras pactar contenidos, en los medios del palo.

Gracias a esta actitud de Grobocopatel, en los últimos días los lectores de Página/12 tuvieron el placer de asistir en primera fila a un rico debate de ideas, un intercambio con picos de calidad, no exento de algunos lugares comunes, como los prejuicios antitecnológicos que a nivel global difunde la multinacional Greenpeace, funcional a los intereses de los subsidiados productores agrarios europeos, o los de la mitología procampo sobre las infinitas posibilidades que presentan los agronegocios a los realmente emprendedores, sin dejar de lado, por supuesto, el clásico del efecto multiplicador del agro sobre el conjunto de la economía.
Si bien las retenciones fueron el inevitable telón de fondo, la riqueza del debate residió en que quedó claro que lo que realmente estaba en discusión al hablar de retenciones no era una simple cuestión tributaria sino el modelo de desarrollo. Por más que cotidianamente el bloque agromediático insista en que las retenciones son una cuestión impositiva que agobia a un sujeto agrario inexistente, como lo es el “pequeño productor sojero”, lo que se discute es otra cosa. La economía local enfrenta en el presente el mismo desafío que en el siglo XIX: frente al ciclo alcista de los precios internacionales de los commodities, vuelve a presentarse la opción de ser un proveedor mundial de materias primas. En el siglo XIX el ciclo alcista fue determinado por la revolución industrial inglesa. En el presente, por las revoluciones industriales asiáticas.
Frente a esto Grobocopatel es explícito: el “granero” del mundo debe ascender ahora a “góndola” planetaria. Este es el modelo. No es exégesis. Es lo que taxativamente se afirma.
Y ya que se habla de dilemas decimonónicos, en el siglo XIX la teoría económica, más precisamente David Ricardo, no sólo ofreció respuestas tan luminosas como la renta diferencial de la tierra, sino que también aportó las bases que justificaron la división internacional del trabajo y, al hacerlo, identificó el instrumento de ajuste de las distintas productividades sectoriales: el tipo de cambio. Las retenciones, precisamente, se basan en ello: en el establecimiento de tipos de cambio diferenciales para, otra vez Ricardo, romper las “ventajas comparativas” estáticas.
Sin retenciones, el tipo de cambio real sería determinado por el sector con mayor productividad de la economía, con lo que se apreciaría notablemente y licuaría la ganancia adicional obtenida por los exportadores agrarios que fueron liberados de las retenciones. Ingeniero agrónomo con un posgrado en suelos, probablemente Grobocopatel no sepa sobre estas minucias de economistas. O quizá sí lo sepa, pero no le importe. Finalmente, desde tiempos inmemoriales lo único que le interesa al sector agropecuario es el precio pleno en dólares. Claro que si tal apreciación cambiaria se produjese, se dejaría en el camino la diversificación productiva. Como el agro, en la más optimista de las proyecciones, sólo genera un tercio del empleo directo e indirecto, dos tercios del país mirarían su magnificencia por la ventana. En ese caso, esta vez con causa, la “seguridad” se convertiría en el centro excluyente de la agenda mediática.

Educación para Todos

Por Gerardo De Santis (Director del CIEPYC)

La importancia del conocimiento ya fue reconocida socialmente en la Roma del siglo V a.C., cuando los gobernantes permitían radicarse en esa ciudad a personas provenientes de distintas regiones (perseguidos, excluidos), de cuya mano se introdujeron los saberes de cada pueblo. Roma se convirtió así en la ciudad más “cosmopolita” en materia de conocimientos de la época, lo que le permitió sobreponerse a los otros poblados de la región, dominar la zona central del actual territorio de Italia en el siglo III a.C. y transformarse después en el imperio más importante de la época.

En los últimos 200 años el capitalismo muestra una aceleración en su expansión. En cada etapa de desarrollo, una nación “juega el papel de líder”, Gran Bretaña en el período 1800-1914 y Estados Unidos desde 1945. En cada período, un reducido grupo de países se acerca al país líder: Alemania, Estados Unidos, Suecia, Dinamarca y Japón en la etapa 1800-1914 y Corea, Taiwán, Hong Kong, Singapur y China desde 1945 al presente. También se podría agregar en esta segunda etapa a Canadá, Australia, Tailandia, Indonesia y Malasia. Los rasgos comunes para todos los países que lograron acercarse al país líder de cada etapa, o superarlo, fueron la generación de ventajas competitivas dinámicas sustentadas en la educación y el cambio tecnológico. Dicho cambio fue un proceso endógeno y no una “importación” de otra nación, se basó en copiar, adoptar, innovar y difundir a toda la sociedad esos conocimientos.
La experiencia de los países desarrollados es que logran modificar el destino del excedente, reduciendo la parte destinada a alimentar la estratificación social y mantener o aumentar la orientada a la acumulación en el sistema productivo. En los países subdesarrollados se conformó una estructura económica dual. Una coexistencia de sectores: uno de alta productividad, capital intensivo, que se encuentra a la altura de los países desarrollados, y otro de “subsistencia”, en el que actúa una gran cantidad de población que es subempleada, que participa en actividades en las que no hay acumulación productiva y por consiguiente tampoco aumenta la productividad ni los niveles de ingreso. Esta estructura dual se reproduce y amplía, ya que el excedente es acumulado productivamente en el sector avanzado o destinado a financiar la estratificación social y la acumulación improductiva.
En una sociedad dual la mayor fracción del excedente es apropiada por el sector moderno y es destinada a financiar consumo suntuario, a mejorar la formación de sus miembros o a ampliar la capacidad productiva del sector dinámico, mientras que el resto de la sociedad alcanza niveles de consumo mínimos, no logra mejorar la preparación de sus miembros ni puede invertir para ampliar la capacidad de producción en la actividades en que participa.
Para la visión estructuralista original, las economías latinoamericanas presentan como una de sus características una marcada heterogeneidad tecnológica o existencia de sectores de alta productividad con sectores con abundante ocupación de mano de obra a niveles próximos a la subsistencia. Para Raúl Prebisch, las principales tendencias perversas en los países periféricos eran el desequilibrio estructural de la balanza de pagos y también una tendencia estructural a la inflación. Mientras que Celso Furtado consideraba a ambas, pero hacía hincapié en la tendencia a la preservación de una economía dual y su consiguiente impacto sobre la desigual distribución del ingreso. Probablemente esta diferencia radique en que Prebisch era argentino y Furtado brasileño, cuando Argentina era un país bastante integrado socialmente y con baja desigualdad en la distribución del ingreso, y Brasil era uno de los países más desiguales de Latinoamérica.
Durante la etapa de sustitución de importaciones, que llevó a la economía argentina al pleno empleo, se hizo efectiva la generalización de los derechos de los trabajadores, su incorporación al sector formal de la economía y la recomposición de los salarios reales. Además, se fortaleció un sistema educativo ampliamente difundido y orientado (escuelas técnicas), lo que dio como resultado una sociedad integrada, con alta movilidad social y con diferencias de distribución del ingreso similares a los mejores países, en este aspecto, de Europa. ¿En qué se parece la Argentina de 1963 o de 1974 a esta descripción-diagnóstico de la visión estructuralista de economías duales, estratificación social y desigualdad en la distribución del ingreso? En poco.
En los 25 años que van desde 1976 a 2001, en los que predominó la aplicación de políticas neoliberales, la Argentina dejó de ser aquella sociedad integrada. Se hicieron “todos los esfuerzos” para que nuestro país se acercara al resto de Latinoamérica y exhibiera también dentro del propio país dos sociedades. Dos sectores productivos: uno pujante, inserto en el comercio mundial, con aumento de productividad y de salarios, con preeminencia de trabajadores calificados; y otro con baja productividad, sin inversión, con baja productividad, bajos salarios y abundancia de trabajadores informales, una economía de subsistencia.
A esta economía dual se orientó también nuestra educación: un sistema educativo dual. Uno administrado privadamente, de mejor nivel y con llegada a la educación superior (arancelada y también restrictiva), y otro público, cuyo objetivo más importante fue la contención de los jóvenes y que relegó la capacitación y el aprendizaje. Sólo se instruía en conocimientos básicos y generales. La contención no era sólo de alumnos, la actividad docente fue degradada, desprestigiada, mal remunerada y terminó actuando como un “seguro de desempleo encubierto” o como única salida laboral.
El nuevo modelo instrumentado paulatinamente desde 2003 ha cambiado sustancialmente las cosas. El crecimiento económico sostenido ha provocado la generación de una notable cantidad de puestos de trabajo, seguramente su mejor virtud. Pero además se debe resaltar que la mayor parte del empleo generado es empleo pleno, formal y con una alta participación de trabajo calificado. Debe señalarse que en 2009 la inversión en educación ha superado el 6 por ciento del PBI, repunte que arrancó en 2004, cuando era de 4,1. Consolidar la situación presupuestaria, continuar con la recuperación salarial, corregir heterogeneidades jurisdiccionales, avanzar en la capacitación docente, continuar con la ampliación en infraestructura y equipamiento y generalizar la doble escolaridad en el nivel primario son los desafíos hacia el futuro. Por último, una tarea de todos: reinstalar el valor de la educación en la sociedad.

Publicado en el suplemento Cash del diario Página/12
http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/cash/33-4572-2010-08-23.html

La agonía

Por Alfredo Zaiat

“Designado profesor en una escuela de Baeza, Machado llegó a la ciudad hispánica y se presentó en el colegio en busca del rector; la escuela estaba cerrada y a su llegada apareció el portero, quien le dijo:
“–El señor rector está en este momento en la agonía”.
Al oírlo, Machado se acongojó y preguntó:
“–¿Tan grave es el mal?”
“–Nada de eso –le contestó el portero. El señor rector está en su tertulia, en el Círculo de Labradores. Y aquí, lo llamamos a ese círculo ‘La Agonía’, porque los labradores siempre se están quejando”.

Este párrafo extraído del libro De Memoria. Pantalones cortos, de Arturo Jauretche, publicado en diciembre de 1972 por la Editorial Peña Lillo, es una necesaria introducción para el debate inaugurado por Mempo Giardinelli con el empresario del agro Gustavo Grobocopatel en las páginas de este diario. Esa polémica ya ha tenido un par de intercambios, con una intervención ilustrada de Aldo Ferrer. El autor del clásico La economía argentina ha brindado una lección de política económica en su misiva a uno de los más grandes productores de soja del país. Es una carta que aporta claridad a una puja política mediática alimentada de confusión por los principales actores de la actividad agropecuaria acompañados en ordenada fila por representantes de fuerzas políticas de origen diverso. Ferrer le explicó a Grobocopatel, con serenidad de profesor, que desvincular las retenciones del análisis del tipo de cambio es una falta generalizada, lo que reduce equivocadamente la cuestión a su impacto en la distribución del ingreso. Con los derechos de exportación a la producción primaria lo que está en juego es la estructura productiva y el desarrollo económico, remarcó Ferrer. Es muy sencillo de entender con poco esfuerzo sin necesidad de mencionar en forma parcial experiencias en Finlandia, Brasil o Chile, incluidas en la réplica de Grobocopatel.

Para avanzar en el desafío que propone Ferrer, se rescata uno de los documentos más relevantes de Marcelo Diamand, también empresario y lúcido pensador de la realidad económica. Es el ensayo publicado en 1972 en la revista Desarrollo Económico, bajo el título “La estructura productiva desequilibrada. Argentina y el tipo de cambio”, Diamand sostenía que el desequilibrio de la estructura productiva argentina se debe a la existencia de dos sectores con realidades muy diferentes: el agropecuario, que goza de ventajas naturales y una productividad particularmente alta, y un sector industrial, con una productividad mucho menor. En base a esa premisa, afirmaba la necesidad de adoptar tipos de cambios diferenciales, con un dólar más alto para la industria, que la proteja razonablemente e incentive su desarrollo exportador. Ese tipo de cambio industrialista se obtiene hoy mediante retenciones al sector agropecuario, siendo una de las herramientas propuestas por Diamand. También mencionaba la opción del desdoblamiento cambiario o la de reintegros a la exportación industrial. Destacaba que el hecho de que el tipo de cambio se determine en base al sector más productivo se convierte en el determinante central de la falta de exportaciones industriales, lo que inicia la cadena de acontecimientos que culmina con las crisis y con el estancamiento argentino. Diamand señala que este factor central del cual derivan las múltiples deformaciones de la economía argentina no refleja ninguna ley de naturaleza, sino que se arrastra por tradición desde las estructuras productivas desequilibradas. Aconsejaba que “cualquiera que sea el esquema cambiario tiene que cumplir una condición: tiene que existir un consenso a nivel de los sectores dirigentes de que se está tomando una medida en la estructura real de productividades y no de un estímulo temporario otorgado de lástima a una industria ineficiente. Unicamente en este caso se podrá hacer una promoción realmente enérgica y además darle el carácter verdaderamente estructural y permanente a la medida”.

Ferrer continúa con ese legado reflexivo de Diamand al escribir en la carta abierta a Grobocopatel que “para el único fin para el cual las retenciones son insustituibles es para establecer tipos de cambio diferenciales, que es lo que realmente importa para la competitividad de toda la producción interna sujeta a la competencia internacional”. Esta problemática no es exclusiva de la economía argentina. Todos los países utilizan variadas herramientas de política económica (aranceles, subsidios, tipo de cambios diferenciales) para administrar el impacto de los precios internacionales sobre las realidades internas, con el objetivo de defender los intereses “nacionales”, señala Ferrer. Para adelantar que “el pleno desarrollo del país irá eliminando los actuales desequilibrios y transformando la formación de los precios relativos, lo cual permitiría unificar el tipo de cambio, eliminar las retenciones y emplear otros instrumentos para ‘administrar’ las señales que transmite el mercado internacional”.

En la carta de respuesta, Grobocopatel afirma que es partidario de reemplazar las retenciones, no de eliminar el pago de impuestos. Se refiere a la propuesta del pago a cuenta del Impuesto a las Ganancias o de aplicar un tributo a la tierra. Uno de los productores referentes del país e integrante como vocal de la Asociación Empresaria Argentina (AEA) por Los Grobo Agropecuaria minimiza así el grave problema de evasión del sector. Respecto al grado de cumplimiento con el fisco, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner reveló unos datos sorprendentes la semana pasada. En un extenso discurso de casi una hora, interrumpido por tibios aplausos en cinco oportunidades y un sexto de despedida, en el 126º aniversario de la Bolsa de Comercio de Rosario, cuya actividad principal es la compraventa de granos, la primera mandataria detalló que el año pasado el sector alimentos facturó, según declaraciones juradas presentadas a la AFIP, 147.569 millones de pesos.

Con un conflicto sectorial que se arrastra desde hace poco más de dos años, las cifras expuestas en la casa bursátil de los hombres de negocios del agro adquieren una relevancia ocultada por gran parte de la prensa. Resultan muy ilustrativos los siguientes números expuestos en ese amigable auditorio:

- En los 147.569 millones de pesos facturados en el rubro alimentos están excluidos los despachos de bebidas, vino, exportación primaria de granos.

Son ventas realizadas por el complejo oleaginoso, carnes, hortalizas, frutas, lácteos, molinos harineros.

- ¿Cuánto se recaudó por el Impuesto a las Ganancias de esa actividad?: apenas 2120 millones de pesos.

- Por derechos de exportaciones en esos rubros ingresaron al fisco 17.500 millones de pesos.

Las ventas al mercado externo sumaron 77.000 millones, que tributaron 1900 millones de Ganancias y el monto mencionado por retenciones.

- En cambio, las ventas por 67.000 millones de pesos al mercado interno sólo derivaron en un pago de Ganancias por apenas 220 millones de pesos.

Son cifras notables de la elevada evasión de la actividad agropecuaria. Una condición indispensable para profundizar un debate necesario sobre las retenciones, la soja, el medio ambiente, los precios internos y la estructura productiva y el desarrollo nacional es cumplir con la responsabilidad fiscal básica de pagar impuestos.

El juego del ochenta y dos

Por Mario Wainfeld

La táctica opositora, en pos del veto. Argumentos sin fondos sustentables. El dilema de Proyecto Sur. Las contribuciones patronales, una propuesta válida y desechada. Y apuntes sobre reformas necesarias en un contexto propicio.

En la década del ’60, en un programa cómico de la tele, el actor Rafael Carret componía a un simpático viejito “tano”, “jubiliado” él. Amén de ser tomado de punto por un alemán que interpretaba Vicente Rubino, el personaje del Pato Carret rezongaba todas las semanas porque no se le pagaba “el ochenta y dos por asiento” y porque no se le reconocían aportes por varios años de trabajo, conduciendo un tranvía.

Algo más cerca en el tiempo, pero también en el siglo pasado, en 1995, el sociólogo francés Pierre Rosenvallon escribió el libro La nueva cuestión social. Proponía “repensar el Estado providencial”, que ya entraba en su ocaso. Señalaba, entre otras cuestiones, “el progresivo financiamiento fiscal de los gastos sociales” que mutaba el paradigma de los sistemas contributivos. En Francia, se subraya, cuyo Estado benefactor tiene raíces añejas y profundas.

En nuestros días, en toda Europa se aumenta la edad de retiro y se restringen las prestaciones. El problema no es nativo ni comenzó en esta semana. Abordarlo seriamente es un severo desafío, que la contingente mayoría opositora en Diputados sustituyó por un simulacro.

Se votó una ley declamativa, concisa como un boceto, escrita entre gallos y medianoche, sin hacerse cargo de los dilemas que plantea su sustentabilidad en un plazo que trascienda el año que viene. Peor todavía: sin mencionar siquiera la fuente de financiamiento de la mayor inversión resultante.

El oficialismo despotrica al respecto, con razón. Pero tampoco recoge el guante de asumir la precariedad en el mediano plazo del valioso esquema de salida de emergencia construido como las viejas casas chorizo: agregando habitaciones año tras año. Aducir o prometer que la Argentina seguirá aumentando año a año la masa de jubilados y sus haberes, sin cambios sustanciales en el sistema impositivo, es una utopía irrealizable.

Repartir las cargas

Modificar el sistema impositivo, (re)incorporando tributos progresivos, le agrega calidad al debate. El centroizquierda mantuvo ese discurso y esa moción, que tiene congruencia conceptual e ideológica. Lo hicieron tanto Proyecto Sur y sus aliados cuanto los partidos más afines o transigentes con el oficialismo. Pero les faltó la fuerza, la maña o la posibilidad (habría que ver) para hacer valer su potencial conjunto.

Los diputados liderados por Fernando Solanas toparon con un dilema tradicional: acompañar al Grupo A en una ley chirle, inconsistente y derechosa por su afán de preservar al capital o empacarse en sus trece, restando quórum si no se aprobaba el financiamiento. En el primer caso, eran funcionales al aglomerado de centroderecha pero quedaban a cubierto de la sospecha de serlo al kirchnerismo. Fue su opción, ante una disyuntiva inconfortable. Dejaron a salvo en el recinto una diferencia que no incidió en el resultado, antes bien lo garantizó.

El razonamiento de Proyecto Sur es que, sin tener los votos, se instaló la bandera del 82 por ciento. Podrá ser. El episodio también revela algo que esa fracción del centroizquierda no termina de reconocer. El Grupo A, que en este caso contaba con muchos más diputados de los imprescindibles, está herméticamente cerrado a medidas progresivas o a rozar la delicada epidermis de la colita de los poderosos.

En el cuadro de situación vigente, cualquier norma exige para su aprobación la amalgama de fuerzas diferentes. Cuestionar a Proyecto Sur por bascular entre unas y otras es excesivo. Pero esa fuerza yerra al no percatarse que tributos como las cargas patronales sólo llegarán a ser realidad efectiva si el Frente para la Victoria se vuelca para ese lado, tal como hizo con la reestatización del sistema jubilatorio, con la Ley de Medios Audiovisuales o con el matrimonio igualitario. Inclinarse hacia la otra facción no gana terreno.

Cierto es que, respecto de las cargas patronales, el oficialismo no las tiene todas consigo. La Casa Rosada y Economía no acompañan la iniciativa, porque suponen que no es el momento. Su discurrir se parece demasiado al discurso noventista que refutan a diario. Y la deuda en materia de progresividad fiscal ya acumula años, en un marco de crecimiento sostenido

jornadas monetarias y bancarias 2010

Jornadas Monetarias y Bancarias 2010

Programa preliminar

Soja, retenciones y la “góndola del mundo”

Por Aldo Ferrer

La producción de soja es actualmente el componente más dinámico del sector agropecuario argentino. Contribuye al aumento de las exportaciones y la demanda interna y al crecimiento de la economía nacional. En la actividad tienen lugar algunas de las principales transformaciones del agro, como la siembra directa, el empleo de agroquímicos y los llamados “paquetes tecnológicos”. La llamada “agricultura de precisión”, que opera en la frontera tecnológica del agro mundial, se refiere principalmente a la soja. Su expansión ha transformado el uso del suelo, las cadenas de valor y la organización de los factores de la producción. La ampliación de la frontera de la soja transfigura la estratificación social del campo y crea nuevos grupos de gran poder económico en que convergen el liderazgo empresario, las tecnologías de punta, la reorganización de los mercados y el financiamiento de todo el ciclo productivo.

Es comprensible que un proceso de semejante magnitud provoque conflictos de intereses y visiones encontradas sobre sus consecuencias sobre el desarrollo, la protección de la naturaleza y el medio ambiente, el bienestar social y la ubicación del país en la globalización. Sobre esto último cabe destacar el impacto de los cambios en el orden mundial sobre la realidad argentina. En efecto, la actual revolución industrial de China e India implica la incorporación de centenares de millones de personas a las cadenas de valor y los mercados transnacionales. Una de sus consecuencias es el aumento de la demanda de alimentos y materias primas y la elevación de sus precios. Precisamente, uno de los ejemplos notables es la soja y sus derivados.

No es la primera vez que se registra un hecho semejante. A mediados del siglo XIX, la primera Revolución Industrial, bajo el liderazgo de Gran Bretaña, también provocó el aumento de la demanda internacional de productos primarios y la valorización de los recursos naturales. La Argentina se incorporó al nuevo orden mundial como un proveedor de alimentos y materias primas e importador de manufacturas y capitales. Fue el estilo de desarrollo que mucho después, en la década de 1940, Raúl Prebisch denominó “centro periferia”. A medida que el país fue creciendo, el modelo le fue quedando chico. Además, era incompatible con el despliegue del potencial argentino y la incorporación del conocimiento que requería, simultáneamente, integrar las cadenas de valor del agro y de­sarrollar las ramas industriales portadoras de la ciencia y la tecnología, incluida la producción de maquinarias y equipos. Es decir, conformar una estructura industrial integrada y abierta, con una ancha base de producción primaria.

La crisis mundial de 1930 puso fin, definitivamente, al modelo agroexportador, y desde entonces hasta la actualidad no hemos logrado generar el necesario consenso mayoritario acerca de la estructura productiva necesaria y posible. Antes bien, los cambios actuales en el orden mundial y el dinamismo de la soja y otros productos del agro han reavivado la ilusión de un nuevo próspero futuro como “granero del mundo”, que, con la agregación de valor para producir alimentos, podría ser la “góndola del mundo”. La góndola es un avance importante sobre el granero, pero tampoco alcanza. Toda la cadena agroalimentaria emplea como máximo 1/3 de la fuerza de trabajo y es, por sí sola, incapaz de incorporar la ciencia y la tecnología en todo el tejido productivo y social del país, que es la base fundamental del desarrollo en la Argentina y el resto del mundo.

El actual debate sobre la soja, en todas sus dimensiones económicas, sociales y ambientales, requiere ser colocado en el contexto del desarrollo del país y su inserción internacional. Porque el campo no es un apéndice del mercado mundial sino un sector fundamental de la economía nacional. Sin embargo, algunas opiniones, surgidas del ruralismo, levantan su voz por la injerencia del Estado en la transferencia de los precios internacionales a los precios internos argentinos.

De allí, por ejemplo, que las retenciones se interpreten como la confiscación de un ingreso perteneciente al productor. Se escucha, a veces, la protesta que dice que, de tres camiones cargados con soja, uno lo confisca el Estado. O, desde una postura más benévola, destacar el esfuerzo especial que está haciendo el campo para financiar al Estado y sus programas sociales. Ni una cosa ni la otra son ciertas si no se las refiere al tipo de cambio al cual se aplican las retenciones. Porque en la década del ’90 y en otros momentos, no había retenciones sobre tipos de cambio sobrevaluados que sacrificaron, simultáneamente, al campo y la producción de manufacturas industriales, endeudaron y empobrecieron al país hasta llevarlo a la crisis terminal del 2001/02.

No hay evidencias de que las retenciones hayan frenado el crecimiento del campo en el transcurso de esta década. No es concebible ese crecimiento, entre los más altos del agro mundial, sin condiciones positivas de rentabilidad ni que la eliminación de las retenciones (inconcebible sin una fuerte apreciación del tipo de cambio), aumentaría la inversión en vez de desviar fondos excedentes a otros fines.

En realidad, las retenciones no son un impuesto especial aplicado a la soja y a otros productos primarios. Son la diferencia entre los tipos de cambio necesarios para otorgarle competitividad a toda la producción de bienes sujetos a la concurrencia internacional. Porque en la Argentina, como en el resto del mundo, los precios relativos internos son distintos de los internacionales, y es por eso que todos los países con políticas funcionales al interés nacional se administra, con una multiplicidad de instrumentos, el impacto de los precios internacionales sobre los internos. Las retenciones son apenas uno de esos instrumentos y no pueden tratarse desvinculadas del tipo de cambio de referencia.

Las retenciones, aparte de su función esencial de expresar la brecha entre los tipos de cambio necesarios para la competitividad de los diversos sectores de la producción interna sujeta a la concurrencia internacional, cumplen otras dos funciones. Por un lado, sin ser estrictamente un impuesto, generan un ingreso fiscal que debe asignarse conforme las reglas constitucionales.

Segundo, atendiendo a que la producción exportable incluye bienes que forman parte de la demanda y cadenas de valor internas, desacoplar los precios internos de los internacionales. Son dos objetivos importantes a los cuales se reduce la justificación oficial de las retenciones y, también, la crítica ruralista que considera injusto poner sobre los hombros del campo semejante carga. Al no incluir la explicación de las retenciones como un instrumento esencial para la transformación y el desarrollo de la economía argentina, el debate sigue encerrado en los contenidos distributivos de la cuestión.

Sea como fuere, la soja es protagonista principal en el actual debate sobre la situación del país y su futuro. Ese debate no debe perder de vista el lugar de la soja y del campo desde la perspectiva del desarrollo de toda la economía argentina y sus regiones. Estos temas fundamentales seguramente serán objeto de debate y, esperemos, de acuerdo, en el programa puesto en marcha por el ministerio del ramo para trazar un plan agroalimentario de vasto alcance, con la cooperación de universidades y los sectores sociales vinculados al agro.

“El problema es la evasión”

El discurso de la Presidenta en la Bolsa de Comercio de Rosario subrayó las ventajas de la Pampa Húmeda y lo poco que paga el sector alimentos por Impuesto a las Ganancias.

Por Raúl Dellatorre

Los representantes del comercio de granos que acudieron ayer al festejo del cumpleaños 126 de la Bolsa de Comercio de Rosario esperaban escuchar anuncios en favor de las exportaciones agrícolas, en particular referidos a las retenciones. Sin embargo, Cristina Fernández de Kirchner no respondió a esas expectativas, sino que trazó un cuadro detallado y meticuloso de los beneficios que reciben del resto de la sociedad y del Estado los productores y exportadores de granos de la Pampa Húmeda. La presidenta de la Nación refutó, además, la propuesta de imputar al Impuesto a las Ganancias lo que se paga por retenciones. “El problema no es la estructura impositiva, el problema es la evasión”, acusó, apoyada en datos sectoriales sobre la relación entre ventas e impuestos pagados. Comparación en la que el sector agroindustrial quedó, groseramente, en off side.

Cristian Amuchástegui, presidente de la Bolsa rosarina y anfitrión, siguió el discurso de Cristina con rostro tenso, como la gran mayoría de los asistentes. Acompañó con gestos amables y comprensivos los reproches iniciales, pero su expresión y la de los suyos cambió de repente. Cristina comentó, sobre las cifras de ventas declaradas por la industria de la alimentación, “supongo que son reales, porque nadie vende en negro”. El comentario fue recibido con sonrisas de la platea. La oradora cortó en seco el gesto pretendidamente cómplice: “No deberían reírse, en Estados Unidos por una cosa así irían presos”. A partir de allí, hizo una documentada reflexión acerca del extrañamente bajo nivel de tributación de sectores clave, principalmente el de los empresarios presentes.

“El sector de la alimentación facturó 147.569 millones de pesos, aportó por derechos de exportación (retenciones) 17.500 millones de pesos, pero por Impuesto a las Ganancias tan sólo 2200 millones”, detalló. “Me llamó la atención, así que pedí la apertura entre las ventas destinadas al mercado interno y externo; por las que van al mercado externo, además de las retenciones, se pagan ganancias por 1900 millones; es decir, sobre las ventas de alimentos al mercado interno apenas se pagan 300 millones de Impuesto a las Ganancias”. “Pagan más derechos de exportación porque tienen una sola salida, la Aduana, que los controla”, remató.

No se detuvo ahí. Comparó esas cifras con las de otros sectores. El sector Combustibles e Hidrocarburos, apuntó, factura “la mitad” que Alimentación pero paga “más del doble” de Impuesto a las Ganancias, “cinco mil millones de pesos contra 2200 millones”. El sector bancario, “con un sueldo promedio que más que duplica al de la alimentación, 10.000 pesos contra 4000 mensuales”, también tributó el año pasado casi el doble que alimentación: 4000 millones de pesos. “Quiero discutir con todos los sectores, pero sin esconder nada bajo la alfombra”, disparó en medio de una andanada de cifras y comparaciones.

Los presentes ya iban comprendiendo que las medidas esperadas no serían la noticia de la noche, cuando Cristina definió que las retenciones “no son un instrumento de ingreso fiscal, sino una herramienta de la política económica en favor de agregar valor a nuestros productos”. Recordó que no sólo las exportaciones agrícolas pagan retenciones, y ni siquiera son las que más pagan. Explicó que la producción agrícola argentina es “la más competitiva del mundo”, repasó todas las políticas de Estado y subsidios con las que se beneficia al sector y reclamó comprensión para las retenciones que reducen el dólar neto que recibe el agro, en favor de otros sectores “menos competitivos” para que puedan seguir produciendo.

La caracterización de la Presidenta sobre la situación del comercio mundial tampoco fue la que hubieran trazado los empresarios presentes. Cristina señaló que la irrupción en el mercado mundial de China e India “cambió el signo de los términos de intercambio” en favor del precio de los productos primarios. “Es una oportunidad inédita, pero no para exportar más de lo mismo sino para agregar valor, agregar tecnología y trabajo a nuestros productos. No la desaprovechemos, no perdamos el tren porque puede ser la última vez que pase por la estación”, concluyó. La Bolsa celebró su cumple, pero la fiesta ya no fue la misma.