31 de mayo de 2010

El Estado, actor decisivo para una agenda de desarrollo con igualdad

¿Cómo se crece y se genera desarrollo al tiempo que se reducen  la pobreza y las desigualdades? 
La CEPAL considera que éste es el principal desafío que enfrenta hoy América Latina y el Caribe por lo que ofrece una nueva hoja de ruta para la región en el documento La hora de la igualdad. Brechas por cerrar, caminos por abrir, presentado hoy en Brasilia, Brasil.
El documento, lanzado durante el Trigésimo tercer período de sesiones de la CEPAL, coloca a la igualdad en el centro de todos los esfuerzos por alcanzar un mayor bienestar de los pueblos latinoamericanos y caribeños.
No se trata solamente de la igualdad como acceso a las oportunidades, sino como titularidad de derechos. "El solo hecho de nacer en algún país de la región debería ya significar que esa persona tiene derechos: a  educación de calidad, a salud en todo el ciclo de vida, a una pensión digna y a un empleo decente", señaló Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, durante la presentación del informe.
Pese a los avances alcanzados en materia económica y social en los últimos años, América Latina continúa presentando la peor distribución del ingreso del mundo y tiene todavía niveles importantes de pobreza y una fuerte heterogeneidad productiva, que a su vez deriva en un deterioro del mundo del trabajo y la segmentación de la protección social.
Y persisten otros desafíos de largo plazo como la discriminación étnica y de género, la vulnerabilidad frente al cambio climático y la transición demográfica.
Frente a esta realidad, la CEPAL señala que igualdad social y dinamismo económico no están reñidos entre sí e invita a los gobiernos a encontrar las sinergias entre ambos y repensar el desarrollo.  El organismo propone crecer para igualar e igualar para crecer. En el largo plazo, igualdad, crecimiento económico y sostenibilidad ambiental tienen que ir de la mano, afirma.
Para lograr este objetivo es necesario, según la CEPAL, potenciar las capacidades humanas y revertir las disparidades, universalizando derechos y logrando convergencias entre sectores y territorios. Esta visión estratégica requiere también políticas públicas de Estado que trasciendan la frontera de una simple administración y la construcción de grandes acuerdos sociales y políticos de largo aliento. En suma, se trata de alcanzar una nueva ecuación Estado-mercado-sociedad.
Tras realizar un diagnóstico pormenorizado de la situación actual y de un conjunto de evidencias históricas recientes sobre los problemas del desarrollo en la región, el documento de la CEPAL plantea un amplio abanico de políticas de Estado que concurren en dinamizar el crecimiento, promover la productividad, fomentar mayor articulación territorial, generar mejores condiciones de empleo e institucionalidad laboral y proveer bienes públicos y protección social con clara vocación universalista y redistributiva.
Este nuevo enfoque está basado en seis grandes pilares:
1) Una política macroeconómica para un desarrollo inclusivo: La región puede crecer más y mejor. No sólo es necesario lograr un mayor dinamismo económico, sino también mayores niveles de inclusión e igualdad social, menor exposición a los impactos de la volatilidad externa, más inversión productiva y más generación de empleos de calidad. El rol de las políticas macroeconómicas es esencial.
2) Convergencia productiva con igualdad: Las economías latinoamericanas y caribeñas se caracterizan por una notoria heterogeneidad estructural que explica en gran medida la aguda desigualdad social de la región. Esta heterogeneidad está dada por las brechas internas y externas de productividad. Para ayudar a cerrar estas brechas, la CEPAL propone transformar la estructura productiva a partir de tres ejes de políticas: el industrial, con énfasis en la innovación; el tecnológico, centrado en la creación y difusión de conocimiento; y el apoyo a las pequeñas y medianas empresas (pyme).
3) Convergencia territorial: El territorio sí importa. Las brechas sociales y de productividad también tienen su expresión espacial. De allí la urgencia de crear políticas que aborden la heterogeneidad territorial al interior de los países. En la corrección de disparidades territoriales las transferencias intergubernamentales son decisivas, así como los fondos de cohesión territorial.
4) Más y mejor empleo: El empleo es la llave maestra para resolver la desigualdad. Para superar las brechas que se producen en los ingresos, el acceso a la seguridad social y la estabilidad laboral -además de la discriminación que sufren las mujeres, minorías étnicas y jóvenes-, la CEPAL propone una hoja de ruta centrada, entre otros temas, en el impulso de un pacto laboral que genere dinamismo económico y proteja al trabajador.
5) El cierre de las brechas sociales: El Estado tiene un rol decisivo en revertir la desigualdad, lo que implica un aumento sostenido del gasto social, avanzar en la institucionalidad social y hacia sistemas de transferencias de ingresos para mejorar la distribución hacia los sectores más vulnerables.
6) El pacto fiscal como clave en el vínculo entre el Estado y la igualdad: Es necesario dotar al Estado de mayor capacidad para redistribuir recursos y promover la igualdad. Se trata de un Estado de bienestar y no de un Estado subsidiario, que avance hacia una estructura tributaria y un sistema de transferencias que privilegie la solidaridad social. Con una nueva ecuación Estado-mercado-sociedad se podrá alcanzar un desarrollo con empleos de calidad, cohesión social y sostenibilidad ambiental.

Con la ayuda del Central

Las entidades financieras dispondrán para este plan de recursos del Banco Central a través de redescuentos. El monto disponible podría llegar a 10.000 millones de pesos.

Cristina Fernández de Kirchner anunciará una nueva línea de créditos para inversiones productivas. La novedad es que las entidades financieras públicas y privadas dispondrán para este plan de recursos del Banco Central a través de la modalidad de redescuentos. El monto disponible podría oscilar entre 8000 y 10.000 millones de pesos y la tasa de interés rondará el 10 por ciento anual. Las empresas interesadas deberán presentar un proyecto que será evaluado por un comité de especialistas de los ministerios de Economía e Industria. El objetivo oficial es apuntalar el desarrollo industrial para ampliar la oferta de bienes y disminuir así las presiones inflacionarias.
Dentro del Gobierno hace tiempo que se vienen analizando alternativas para ampliar el crédito a la producción. En varias ocasiones, incluso, se especuló con la creación de un banco de desarrollo similar al BNDS brasileño, pero finalmente parece que se va a utilizar el sistema bancario existente inyectándole mayor liquidez. La banca pública será la columna vertebral de esta iniciativa, pero el objetivo es que también participen entidades privadas.
Durante el fin de semana del Bicentenario de la Revolución de Mayo, la ministra de Industria, Débora Giorgi, y su par de Economía, Amado Boudou, se reunieron al menos dos veces para terminar de darle forma al proyecto. También participaron la titular del Banco Central, Mercedes Marcó del Pont; el presidente del Banco Nación, Juan Carlos Fábrera, y el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno.
El monto de recursos disponibles y la tasa de interés se definieron con la Presidenta en las últimas horas y se mantuvo en reserva, tal como acostumbra el Gobierno en estos casos. No obstante, fuentes oficiales adelantaron que el objetivo es poner a disposición de la industria una cifra contundente que podría estar entre 8000 y 10.000 millones de pesos. Igual los recursos que se anuncien no se desembolsarán de manera inmediata. Dependerán de los proyectos de inversión que se presenten y de cuántos finalmente califiquen, para lo cual no sólo tienen que ser técnicamente sólidos, sino también estar en sintonía con las prioridades que fije el Gobierno. Esos son procesos burocráticos lentos que van más allá de la voluntad de los funcionarios.
Hasta el momento, el Estado nacional vino financiando al sector privado a través del Banco Nación, el BICE y la Anses y en todos los casos la exposición de estas entidades creció fuerte en los últimos años. Desde 2007, el Nación entregó créditos por más 5000 millones de pesos a tasas por debajo de las que ofrecen las entidades privadas. El BICE incrementó su stock a una tasa del 25 por ciento anual desde 2005 y ya llega a 1500 millones de pesos, mientras que las inversiones productivas de la Anses llegan a 11.814 millones de pesos, 442 por ciento más que en diciembre de 2008. No obstante, si se confirma la participación del Banco Central con el aporte de fondos a través de una línea de redescuentos se le daría un impulso mucho mayor al crédito, justo en un momento en que el crecimiento de la demanda se viene traduciendo en aumentos de precios, entre otras causas, por la imposibilidad de financiar un crecimiento de la oferta acorde con esa suba. El porcentaje de utilización de la capacidad instalada pasó del 73,1 al 79,5 por ciento en los últimos doce meses, con picos del 89,8 en industrias metálicas básicas, 88,5 por ciento en textiles.
Además de los fondos, lo que será importante es la tasa de interés. Hasta ahora, los industriales deben pagar tasas cercanas al 15 por ciento y el objetivo es bajarla a 10 por ciento, aunque habrá que esperar hasta la hora del anuncio para saber cuál fue el número final que se consensuó.
En el contexto actual, el financiamiento público resulta fundamental para las empresas, porque los bancos privados se concentran casi exclusivamente en operaciones transaccionales, lo que les permitió cerrar 2009 con un volumen de ganancias de 8048 millones de pesos, 70 por ciento más que las contabilizadas el año anterior. Los directivos de los principales holdings financieros –diez bancos controlan tres cuartas partes del mercado– insisten en que el cortoplacismo de los depósitos privados impide una política más agresiva de la intermediación financiera. Por ese motivo, la banca pública se ha venido transformando en la principal alternativa. Lo que se intentará ahora es romper está lógica fondeando a los bancos públicos y privados con recursos del Central para que el stock de créditos pueda pegar un salto y las empresas no tengan que postergar inversiones o recurrir a fondos propios limitando sus posibilidades de expansión. Además, el anuncio llega en un momento clave porque el Gobierno busca consolidar la mejora de su imagen con acciones concretas que tengan impacto en la vida cotidiana de la gente, tal como se hizo con la Asignación Universal por Hijo.

Menos pobres e indigentes entre los menores de 18


Primer informe oficial sobre el impacto de la Asignación Universal por Hijo. Un informe de la Secretaría de Niñez revela que el pago de la Asignación Universal hizo que en el grupo que va de los recién nacidos a los que tienen 17 la pobreza descendiera del 64 por ciento en 2003 a un 14,6 por ciento ahora. 
Por Martín Granovsky


En la población que comprende desde los recién nacidos hasta quienes no cumplieron los 18, el 14,6 por ciento está bajo la línea de pobreza y el 2 por ciento bajo la línea de indigencia. En 2003, esos números eran del 64,1 por ciento y del 30,3 por ciento, respectivamente. Las cifras forman parte del informe que la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia llevará al Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, que sesionará el jueves y el viernes en Ginebra.
Antes del efecto de la Asignación Universal por Hijo, el índice de pobreza había bajado al 21 por ciento (en lugar del 14,6 post-Asignación) y el de indigencia al 5,1 por ciento (tres puntos más que el 2 por ciento alcanzado).
De acuerdo con la propia definición oficial, los hogares que están por debajo de la línea de pobreza no pueden satisfacer necesidades alimentarias y no alimentarias esenciales, como la vestimenta, la educación y la salud, incluidas en la llamada Canasta Básica Total.
Los hogares por debajo de la línea de indigencia no cuentan con ingresos suficientes como para cubrir una canasta de alimentos capaz de satisfacer un umbral mínimo de necesidades energéticas y proteicas.
Los números sobre pobreza e indigencia desde 2003 hasta 2009 y el cambio posterior que se operó surgen de un documento que calculó entre otras variables qué impacto tuvo la Asignación Universal por Hijo de manera específica en la población de 0 a 17 años.
Las cifras fueron elaboradas por la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Social, a cargo de Paola Vessvessian, que encabeza la delegación argentina a Ginebra.
La Asignación es otorgada por el Estado desde 2009 a 3.518.000 niños de todo el país. Pueden cobrarla los menores de 18 años o discapacitados si sus padres están desempleados, trabajan en el mercado informal o perciben un salario menor al mínimo cuando trabajan en el servicio doméstico. La suma mensual por hijo es de 180 pesos y requiere una sola condición: el padre o la madre cobran primero el 80 por ciento. El Estado paga el 20 por ciento restante cuando recibe una constancia por parte de los mayores que verifique que el niño cumple con sus obligaciones escolares y los planes de vacunación y prevención sanitaria.
Sólo en la provincia de Buenos Aires, con eje de destinatarios en el Gran Buenos Aires, los beneficiarios directos superan el millón de personas.
La Asignación repercute sobre el poder adquisitivo de la familia cuyo hijo recibe la asistencia del Estado. Pero hasta ahora nadie había introducido en las estadísticas generales la proporción de población de entre 0 y 17 años para comenzar la estimación de hasta qué punto la ayuda mejora la situación de vida de la franja más joven de la Argentina.
El informe señala que la elaboración se realizó sobre la base de la Encuesta Permanente de Hogares del Indec. El propio documento reporta que la encuesta “es un programa nacional de producción permanente de indicadores sociales, cuyo objetivo es conocer las características socioeconómicas de la población”. Añade que lo realizan de “forma conjunta el Indec y las direcciones provinciales de estadística”, que se efectúa “en 32 conglomerados urbanos” y que “representa aproximadamente a un 75 por ciento de la población urbana”.
“Desde 2003 hasta la fecha se ha logrado sacar de la pobreza a más de tres millones de niñas y niños, y de la indigencia a más de 1.700.000 personas”, dice el informe del Ministerio de Desarrollo Social.
Vessvessian dijo a este diario que la secretaría “lleva a Ginebra el resultado de varias políticas públicas que se vienen aplicando simultáneamente”, pero aclaró que de ninguna manera la delegación describirá un trabajo terminado.
“Como dice el informe que escribimos, el Estado alcanzó logros importantes; pero aún queda mucho por hacer porque, pese a la caída en las tasas de pobreza e indigencia, persisten niveles de pobreza intolerables y diferencias geográficas en los presentes indicadores que resultan preocupantes”, dijo la secretaria.
Tanto el progreso histórico como las diferencias geográficas son palpables a través de las estadísticas que muestra el propio informe.
Para la población de entre 0 y 17 años, los índices de pobreza medidos sin la Asignación muestran estas características:
- En el Gran Buenos Aires, la cifra pasó de 64 por ciento en 2003 a un 9,7 en 2006, hasta llegar al 8,8 de 2009.
- En la región del Noroeste argentino, los números de pobreza pasaron de 73,3 por ciento a 52,6 por ciento, y de ahí al 28,5 en 2009.
- En el Nordeste, las cifras habían llegado al punto más alto del país, con 74,8 por ciento en 2003. En 2006 eran de 60,4 por ciento y en 2009 de 37,8.
- En Cuyo, la evolución muestra un 64,7, un 39 y un 19,2 por ciento en 2009.
- En la Región Pampeana, 59,1 por ciento, 36,3 y 19 por ciento.
- En la Patagonia, 43,8, 21,9 y 5,9 por ciento.
La progresión total marca el paso de un 64,1 por ciento en 2003 a un 40,9 en 2006, hasta el mencionado 21 por ciento en 2009 antes de ponderar las estadísticas, introduciendo los cambios generados por la Asignación Universal por Hijo.
Los números de indigencia, en tanto, revelan este panorama histórico para la población de 0 a 17.
- En el Gran Buenos Aires, las cifras fueron de un 28,3 inicial a un 13,3 por ciento en 2006 hasta llegar al 5,4 en 2009.
- En el NOA, 36,2 por ciento, 19 y 7,6 en 2009.
- En el NEA, 44,1, 23,6 y 11,8 por ciento.
- En Cuyo, 27,6 por ciento, 12,3 y 4,4.
- En la Región Pampeana, 30,4, 13,3 y 5,2 por ciento en 2009.
- En la Patagonia, 18,3, 8,1 y 4,7 por ciento.
- Y el total antes de la Asignación muestra un 30,3 en 2003, un 14,3 de niños indigentes en 2006 y un 5,1 por ciento en 2009.
El informe destaca que con los más de 300 millones ejecutados en materia de Asignación Universal en noviembre y diciembre aumentó el Gasto Público Social Nacional dirigido a la niñez en un 0,2 por ciento para 2009. La ejecución prevista para 2010 lo haría aumentar alrededor de un 6,5 por ciento.
“La incorporación de la Asignación Universal por Hijo al cálculo del Gasto Público Social Nacional dirigido a la Niñez incrementaría por sí solo este indicador en un 14 por ciento para el ejercicio 2010”, señala el texto que la delegación lleva a Ginebra.

29 de mayo de 2010

La presentación que no vio La Nación

La marcha de la economía / Debate en la UCA
Dijo La Nación: "Advierten sobre el peligro de la inflación y el atraso cambiario: Ferrer, Machinea y González Fraga afirmaron que la suba de precios ronda el 20% anual"
Pero ¿qué dijeron los otros economistas invitados?
Aca el link a la presentación de Panigo:Estructura y conyuntura del nuevo modelo de desarrollo

28 de mayo de 2010

Desendeudamiento provincial: el refuerzo

Por Alfredo Iñiguez en El Cronista
El Programa federal de desendeudamiento de las provincias, instituido mediante el Decreto 660/10, brinda a las administraciones provinciales el alivio necesario hasta tanto se logren los consensos para una nueva coparticipación federal de impuestos, al tiempo que procura protegerlas de un nuevo coletazo de la crisis internacional.
La crisis de la convertibilidad legó a las provincias el déficit financiero récord de los últimos 50 años, con 2,4% del PBI en 2001, y una expansión del stock de deuda sin precedentes que alcanzó al 22% del PBI a fines de 2002. De esa situación límite se pasó a un período de cuentas públicas robustas con equilibrios presupuestarios y reducción de deuda. El resultado fiscal reflejó tres años consecutivos de superávits financieros entre 2003 y 2005 y dos años, 2006 y 2007, de cuentas equilibradas. Así, la deuda de las provincias se contrajo en todo el período, hasta representar el 9% del PBI desde fines de 2008, menos de la mitad de hace seis años atrás.
El desempeño alcanzado en este período fue un excepción en los últimos cincuenta años de historia de las administraciones provinciales, en los que en la mayoría de los años, con expansión o retracción de la economía, sus cuentas fueron deficitarias: entre 1961 y 2002 las provincias registraron treinta y cuatro años con déficit financiero (once de ellos superior a 1% del PBI), tres con equilibrio y cinco con un leve superávit de 0,2% del PBI como máximo.
La mayor crisis internacional en 70 años y una de las peores sequías de los últimos 30 años actuaron como factores exógenos a las políticas públicas provinciales que afectaron las cuentas públicas al resentir los ingresos y demandar mayores gastos para implementar una política fiscal expansiva que morigere los efectos negativos sobre sus economías.
En consecuencia, el conjunto de provincias tuvo déficit financiero de 0,5% y 1,1% del PBI en 2008 y 2009. En el primero de estos años hay que relativizar el resultado que arroja el agregado de provincias porque casi el 70% del rojo se originó en la provincia de Buenos Aires y el deterioro de las cuentas no fue generalizado: sólo la mitad de ellas cerró 2008 con déficit primario. Fue recién en 2009 cuando las dificultades financieras se extendieron.
Todo indica que una vez subsanadas las causas principales del deterioro de las cuentas provinciales, la situación volverá a parecerse a como estaba en el período anterior. La evolución reciente de la actividad económica permite suponer que ese sería el escenario más probable, al observarse muestras evidentes de que se lograron sobrellevar los efectos de la crisis internacional, con claras señales de recuperación de la demanda agregada, principalmente desde el último trimestre de 2009, al mismo tiempo que se está confirmando un nuevo récord en la cosecha gruesa de la campaña 2009-2010.
Sería apresurado asegurar que este año las administraciones provinciales se repondrán totalmente de la crítica situación atravesada, pero los primeros datos de la recaudación, tanto nacional como provincial, junto a las mejores perspectivas para el acceso al crédito a partir del nuevo canje, permiten ser optimistas en la viabilidad de resolución de la reciente crisis. El programa de desendeudamiento provincial refuerza este panorama.

27 de mayo de 2010

Ajuste en Europa

El Gobierno del primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, aprobó ayer un programa de ajuste fiscal por 24.000 millones de euros con el objetivo de mantener estables las cuentas públicas y alejar los temores a que se desate una crisis como la griega. Así, Italia se suma a la lista de países europeos que ya se abocaron a este tipo de medidas para evitar desequilibrios fiscales que podrían poner en riesgo al euro. En conjunto, el ajuste europeo ya supera los 106.000 millones de euros. (Ver cuadro.)
Italia tiene un déficit fiscal del 5,3% del PBI que el Gobierno quiere bajar hasta el tope del 3% adoptado por el Pacto de Estabilidad de Europa. El recorte fiscal por 24.000 millones propuesto por el Gobierno equivale al 1,6% del PBI. Distinto es el caso de la deuda pública, que en Italia equivale al 115% del PBI y supera el 60% contemplado en el Pacto.
La reunión del Consejo de Ministros de ayer fue precedida por un encuentro extenso entre Berlusconi, el ministro de Economía, Giulio Tremonti, y el subsecretario de la Presidencia del Consejo, Gianni Letta.
El ajuste fiscal lanzado prevé el congelamiento de los salarios de los empleados estatales hasta 2013 y una reducción del 10% de los sueldos de los integrantes del Gobierno. Asimismo, habrá un ajuste fiscal lineal del 10% para todos los ministerios, y recortes de 7.000 millones de euros a los fondos para las regiones, provincias y municipalidades. Se prevé también una profundización de la lucha contra la evasión fiscal, con medidas a nivel nacional y municipal.
Entre las medidas que trascendieron, se encuentra una intervención para retrasar el acceso a la jubilación y, además, se elevará progresivamente la edad de jubilación de las mujeres hasta llegar a los 65 años en 2016, frente a los 60 de ahora. Se endurecerán también los requisitos para recibir pensiones de invalidez y se aumentarán los controles para los solicitantes. Habría también una amnistía para las viviendas ilegales, con lo que se podría recaudar cerca de 6.000 millones de euros. 
En el ámbito empresarial, el plan prevé el aumento de los impuestos sobre las llamadas «stock-options», los derechos de compra sobre las acciones que tienen los directivos de las compañías, al tiempo que se prevé un recorte de entre un 5% y un 10% de los sueldos superiores a 90.000 y 130.000 euros.

Declaración del Bicentenario

Declaración de Carta Abierta

Conmemoramos el Bicentenario de la Argentina sin evocar un pasado mítico pero sabiendo que en los pliegues de su historia persisten memorias de un país para todos, muchas veces extraviado en su propio laberinto y otras arrojado a los poderes de la injusticia. De un país que supo de apasionadas escrituras libertarias y que guarda en sus fibras los nombres propios de los hombres y las mujeres que buscaron construir, individual y colectivamente, los trazos de otra patria. La que buscamos en los signos de esta época que ofrece la posibilidad cierta y urgente de encontrarnos con lo mejor de las tradiciones ancladas en los ideales de igualdad, libertad, justicia y soberanía. Ése es el mayo que nos urge desde hace 200 años.

"Hay que seguir avanzando hacia una estructura industrial más diversificada"

En línea con post anteriores y lo que venimos planteando desde el CIEPYC, el ministro de Economía sostiene en esta nota la necesidad de mantener un tipo de cambio administrado para que "siga manteniendo la competitividad" y pondera la política de acumulación reservas, que "desalienta movimientos especulativos contra el peso". Define el rol que es "estratégico" y contracíclico de la política fiscal.

–¿Cuál debería ser el valor del tipo de cambio? ¿Por qué?
–El nivel nominal del tipo de cambio respetará los lineamientos planteados en el Presupuesto Nacional 2010, administrándolo para que siga manteniendo la competitividad de la economía argentina. Al nivel actual, los estudios técnicos indican que el tipo de cambio real en la Argentina sigue siendo competitivo, tanto en términos multilaterales como en relación con el dólar. Esta decisión no es arbitraria: tiene efectos positivos sobre las exportaciones y, además, junto con otros instrumentos de política, permite una diversificación de la canasta exportadora, estimulando aquellas industriales y de mayor valor agregado. Al mismo tiempo tiene efectos sobre el empleo y sobre la configuración de la estructura productiva.

Por su parte, la política de acumulación de reservas desalienta movimientos especulativos contra el peso y evita desequilibrios futuros que históricamente terminaban en el país, en devaluaciones descontroladas, con efectos perniciosos sobre el nivel de actividad y los salarios.

Además, el fuerte desendeudamiento que viene llevando adelante el Gobierno desde el año 2003 ha quitado el principal elemento de tensión sobre el mercado de cambios de corto y largo plazo como cuando la carga de la deuda superaba el tamaño del PBI (y en el 2003 llegó a ser cerca del 170% la relación deuda /PBI). Haber finalizado con más de tres décadas de políticas de endeudamiento estructural han quitado tensiones sobre la situación fiscal y también sobre el tipo de cambio, además de permitir reorientar las erogaciones del presupuesto público hacia el sistema jubilatorio, la inversión en infraestructura y las cuestiones sociales.

–¿Que política fiscal necesita el país en el rumbo económico que usted concibe?
–La política fiscal tiene un rol estratégico, además del contracíclico, a la hora de enfrentar una contracción del nivel de actividad como la experimentada durante 2009.

En cuanto a su rol estratégico, la política fiscal tiene dos grandes objetivos. Por un lado, mediante el impulso del gasto social como herramienta central para redistribuir ingresos y bajar la pobreza y fortalecer el mercado interno. En este marco se ubica en forma destacada la asignación universal por hijo. Por el otro, a través del crecimiento de la inversión pública a los fines de mejorar la eficiencia global del sistema económico y aumentar la productividad de la economía. Pese al enorme esfuerzo fiscal realizado en medio de la crisis –del orden del 4,7% del PBI– y que en buena medida es responsable de la fuerte recuperación que atraviesa hoy la economía argentina, la expansión resultante está conduciendo a una rápida recuperación de la recaudación, dejando una situación fiscal global sólida y enteramente manejable. Este esquema de política económica permite así recuperar el espacio nacional como un espacio de realización cada vez más autónomo de los avatares del mercado mundial.

La combinación virtuosa de una sólida política fiscal, junto a una estrategia de desendeudamiento no apoyada en el ajuste y el sostenimiento de la competitividad externa, han permitido preservar el empleo sin deteriorar los salarios, conformando una matriz central de la estrategia económica.

Además, el cambio conceptual de políticas fiscales procíclicas hacia un esquema contracíclico como el implementado por la Presidenta en el 2009 ha mostrado su efectividad. Es por esto que nos preocupan tanto las medidas que se están implementando en las crisis como la griega; sin duda, el resultado va a ser un empeoramiento de la situación, ya que no se acometen tareas estructurales sino, simplemente, un salvamento de los acreedores que reduce la capacidad de generación de riqueza (y por ende de capacidad de pago) y empeora la situación de los ciudadanos griegos.

–¿El Estado debería intervenir en los mercados? ¿Por qué? ¿De qué manera? –A partir de las crisis –argentina de 2001 e internacional de 2009–, sabemos que la “mano invisible” del mercado no conduce a un equilibrio económico que conlleve bajo desempleo y una distribución progresiva del ingreso. Existen demasiadas externalidades y fallas de mercado en un sentido técnico para tener una visión ingenua en este sentido. Concentración económica y poder de mercado, asimetrías de información, distribución del ingreso inadecuada, acceso diferencial a servicios públicos, acceso al crédito, son, entre otros problemas, para la asignación eficiente de recursos a través del mercado sin guías. Por ende, como ocurre hoy en todas partes del mundo, el Estado debe intervenir regulando la evolución global del sistema económico, mediante múltiples canales, como el crédito, el gasto en infraestructura social, el nivel de inversión, la regulación de los principales precios de la economía, la redistribución de rentas, etcétera, a los fines de modelar una estructura productiva inclusiva y favorable al desarrollo económico. En suma, la intervención pública se manifiesta fundamentalmente en la regulación de los mercados, las políticas de redistribución del ingreso y el sostenimiento de un tipo de cambio competitivo.

Esto se ha hecho particularmente evidente en el sistema financiero, donde todos los países miembros del G20 (del cual nuestra Presidenta es una de las líderes más destacadas en cuanto a la visión y propuestas) han definido la necesidad de una mayor regulación sobre los productos financieros, las remuneraciones gerenciales de los bancos y el tratamiento de los paraísos fiscales. Esperamos que este año en las reuniones de Corea y Canadá esta decisión se convierta en hechos concretos porque es parte de los cambios estructurales imprescindibles para una verdadera recuperación de la economía mundial.

–¿De qué modo prevé incrementar las inversiones productivas?
–El factor principal que estimula a la inversión privada reproductiva es el crecimiento del tamaño del mercado. Una demanda agregada creciente y estable es el principal factor de optimismo en la formación de las expectativas empresarias, como lo demuestra el comportamiento de la inversión en la Argentina entre 2003 y 2008. En este sentido, seguir afianzando el mercado interno y mejorando la distribución del ingreso son parte de la agenda central de la política económica. Además, este estímulo a la inversión privada debe asociarse y complementarse con el aumento de la inversión pública en infraestructura, como vino ocurriendo desde 2003, justamente en aquellos sectores que por razones particularmente de escala, resultan más difíciles de acceder para el capital privado.

Para acompañar este proceso, el Gobierno nacional decidió, a partir de mediados del año pasado, dar por terminado el episodio traumático del default del año 2001, permitiendo, mediante la operación de canje en marcha, que la Argentina acceda nuevamente a los mercados internacionales para mejorar de esta forma las expectativas y las condiciones de financiamiento a la inversión, particularmente del sector privado local. Por último, se hace necesario profundizar, desde el Estado y desde la banca privada, el apalancamiento de la inversión a largo plazo a través de un sistema financiero que estreche su vínculo con la actividad productiva y la potencie.

La necesidad de impulsar un proceso de inversión privada es central, ya que esto significa parte de la demanda agregada en el momento que se realiza, reforzando la potencialidad del mercado interno, y aumento de capacidad productiva y productividad a mediano plazo.

–¿Cree que es necesario redefinir a la estructura productiva que hoy tiene como eje al sector primario? ¿Por qué?
–En principio, la economía argentina actual no está basada exclusivamente en el sector primario. En efecto, la actividad agropecuaria, por ejemplo, ocupa el octavo lugar entre los sectores que integran la economía argentina en términos de su participación en el PBI. No obstante, la necesaria diversificación de la estructura productiva comienza por transformar la estructura de nuestras exportaciones, hacia un contenido con mayor presencia de bienes industriales y de mayor valor agregado. La industria debe contribuir a producir las divisas que genera su expansión y la del mercado interno. Esto es imposible sin políticas macroeconómicas y de desarrollo adecuadas, como ser el tipo de cambio competitivo, un sistema financiero saneado, desendeudamiento del sector público, superávit fiscal y de balanza comercial y políticas sectoriales de integración de la cadena de valor y una política de sustitución inteligente de insumos y productos importados.

La industria no puede exportar ni se pueden diversificar las ventas externas en medio de procesos persistentes de retraso cambiario, como sucedió en otras épocas en nuestro país. Tampoco si los vaivenes del mercado mundial son los que terminan modelando la estructura interna. Por eso, no hay muchas opciones: se deben “administrar” las señales de precios del mercado internacional, para “traducirlas” en función de una estructura productiva interna que haga factible el desarrollo económico y social. Si los precios relativos internacionales se traducen al mercado interno sin interferencia (como las retenciones u otras intervenciones posibles del Estado), el sector primario (agropecuario) pasaría a ser un mero apéndice del mercado mundial, como en los viejos tiempos del modelo agroexportador, y el país se desindustrializaría nuevamente. Esto también puede ocurrir si no se implementan políticas adecuadas en los sectores industriales, donde las decisiones globales de las empresas multinacionales pueden determinar la viabilidad y sustentabilidad de procesos productivos locales en ausencia de una estrategia nacional.

Pese a lo que se repite sin fundamento respecto de la incidencia del sector agropecuario, el conjunto del agro y del sistema agroalimentario generan menos del 20% del empleo. Por eso hay que seguir avanzando hacia una estructura más diversificada y compleja.

–¿Cree necesario modificar al actual esquema de distribución del ingreso? ¿A favor de quién? ¿De qué modo?
–El salario de los trabajadores sufrió un continuo proceso de deterioro desde 1976. Fue la variable de ajuste sistemática y permanente de un modelo de exclusión, con bajo crecimiento del producto y alto desempleo. Por eso hay un amplio consenso social y político acerca de que debe mejorarse la distribución a favor del salario de los trabajadores activos y del sector de la tercera edad. Se debe seguir en el camino de mejoras de la distribución funcional del ingreso a favor de los trabajadores a través de los instrumentos que el gobierno ha desarrollado desde 2003. Si bien la distribución funcional del ingreso ha mejorado significativamente durante este gobierno y el anterior, generando un cambio de casi 10 puntos porcentuales a favor de los asalariados, la participación de los asalariados en el ingreso para 2008 alcanzó al 43,7% del PBI, poniendo en evidencia que aún hay un camino por recorrer. Existen distintos canales para hacerlo.

El principal se relaciona con el aumento del empleo decente y los altos salarios. En este sentido, la discusión de salarios en paritarias es una herramienta institucional de alta calidad y eficiencia que está funcionando adecuadamente. Una estructura productiva más diversificada, con su reflejo en una canasta de exportaciones de mejor contenido tecnológico, permite aumentar el tamaño del excedente económico, mejorando el ingreso de los trabajadores en el largo plazo. No obstante, el gasto público social es una forma de redistribución de ingresos y conforma una suerte de “salario social indirecto”. En este sentido, además de las políticas específicas implementadas por el Ministerio de Trabajo, la puesta en marcha de la inversión pública masiva del Ministerio de Infraestructura ha sido central para generar empleo de calidad. Asimismo, la política tributaria tiene un rol central. Por ejemplo, la implementación de retenciones determina un menor nivel de precios internos y por ende un salario real mayor, generando una distribución más progresiva del ingreso, que si se las eliminara o bajara.

Es importante bajar la discusión de todos estos temas a ideas y realizaciones concretas, para que todos estos temas de vital importancia para la población no queden en discusiones teóricas de “se podría” o “se debería” sin decir de dónde salen los recursos o cómo se implementan las acciones de gobierno. Las políticas previsionales y sociales de los últimos siete años han sido determinantes en la mejora de la distribución del ingreso, y sin duda la universalización de la asignación por hijo ha tenido un impacto formidable en este sentido. La Argentina ha consolidado durante el gobierno de la Presidenta, además del salario mínimo más alto de toda Latinoamérica, un piso de protección social mínimo para toda la población mediante la inclusión jubilatoria y el ingreso de los niños.

26 de mayo de 2010

Patriotas Latinoamericanos del Bicentenario


La presidenta Cristina Fernández inauguró el Salón de los Patriotas Latinoamericanos del Bicentenario, donde se pueden observar 24 cuadros de héroes del continente, que aportaron los gobiernos de la región.

18 de mayo de 2010

Logros y deudas en educación

El Bicentenario es una ocasión propicia para el análisis de los logros obtenidos por nuestro país y también para dar cuenta de las asignaturas pendientes. Quiero destacar uno de los principales logros de la Argentina que, inexplicablemente, después de haber sido un objetivo demandado e incumplido durante décadas, hoy pasa desapercibido para los medios de comunicación que constantemente lo reclamaban. Por primera vez en la historia de la Argentina moderna se alcanza una inversión en educación, ciencia y tecnología del 6 por ciento del PBI. De esta manera, nuestro país pasa a ser uno de los tres de América latina y uno de los pocos en el mundo que cumple con la meta planteada como ideal por la Unesco. En un país donde la posibilidad de construir políticas de Estado y de cumplir con las leyes vigentes no ha sido frecuente, es necesario valorar este hecho como un logro del conjunto de la sociedad y de la casi totalidad de las provincias.

El cumplimiento de la Ley de Financiamiento Educativo no sólo permitió elevar la inversión en el sector, que en 2003 era del 3,7 por ciento de un PBI pequeño, que había sufrido una enorme caída por la crisis, al 6 por ciento de un PBI mucho mayor en 2010. También posibilitó ampliar la participación del Estado nacional en el financiamiento de la educación apoyando sustantivamente a las provincias, principalmente a las más postergadas. Ello permite avanzar en una mejor distribución regional de los recursos para la educación, luego de que en la década del ’90 les transfirieran a las jurisdicciones una gran cantidad de servicios educativos sin distribuir al mismo tiempo el presupuesto necesario para mantenerlos.

Entre los avances logrados a partir del aumento de la inversión, cabe destacar la recuperación del salario docente (más del 60 por ciento a valores constantes) y la creación del Fondo Salarial Nacional que permite colaborar desde la Nación con las provincias más carenciadas para que el piso salarial sea digno en todo el país y disminuyan las desigualdades entre provincias ricas y pobres. En 2003, la diferencia entre el salario inicial de las provincias que más sueldo pagaban y las que menos era de 1 a 3,5 veces. Gracias a la paritaria nacional y al piso salarial, hoy esa desigualdad es de 1 a 1,7. También ha sido posible recuperar las escuelas técnicas, prácticamente de-saparecidas hasta la aprobación de la Ley de Educación Técnica en 2005.
Otros de los logros obtenidos a partir del aumento de la inversión han sido la duplicación del presupuesto universitario y la jerarquización del salario de sus docentes; el otorgamiento de más de 500 mil becas para estudiantes secundarios y universitarios; la construcción de más de 800 escuelas que crean cerca de medio millón de nuevas vacantes en el sistema educativo; la creación del Instituto Nacional de Formación Docente para mejorar la calidad de maestros y del Canal Encuentro para desarrollar una TV educativa y cultural de excelente nivel. Muchos de estos logros permiten hoy enfrentar con éxito el desafío de incluir a los cientos de miles de jóvenes que hoy se acercan a la escuela por estar beneficiados por la Asignación Universal por Hijo.
En Ciencia y Tecnología, el cumplimiento de la Ley de Financiamiento permitió incorporar a 500 investigadores y cerca de 1500 becarios al Conicet por año desde 2004. Casi duplicar la capacidad del país en materia de investigación científica y tecnológica y multiplicar por cinco la inversión en esta área.
Todavía hay muchas asignaturas pendientes, principalmente en lo que respecta a la elevación de la calidad educativa, objetivo que en todos los países del mundo que se alcanzó exigió de largos plazos. Pero también hay déficit respecto de la ampliación de la matrícula para los niños de edades tempranas y en las escuelas de doble jornada; en el trabajo para evitar la deserción escolar en la escuela media y en la inclusión del aprendizaje de una segunda lengua en todas las escuelas del país. En lo que se refiere a la introducción de nuevas tecnologías de la información y la comunicación se ha comenzado a avanzar fuertemente a partir del programa de distribución de millones de laptops.
Es posible proponer que, en algunas de estas necesidades educativas, aún no se ha logrado invertir lo necesario debido al gran retraso que existía al momento de la aprobación de la ley en torno de un salario docente digno, obligó a que la mayor parte de los nuevos recursos (75 por ciento) se afectaran a ese objetivo, y que una vez alcanzado, se podrán privilegiar otras metas.
A pesar del enorme esfuerzo realizado, desde algunos sectores se enfatizan únicamente las deficiencias que subsisten en el sistema educativo. Plantean: “¿Para qué invertir tanto, si las mejoras no se ven?”. Frente a estos argumentos hay que afirmar con más fuerza que nunca que en la educación las mejoras sólo pueden verificarse en el mediano y largo plazo, que no existe ninguna política mágica que permita elevar la calidad de la educación de un día para el otro. Por ejemplo, los primeros egresados de las escuelas técnicas que se reabrieron en 2006 recién saldrán al mundo del trabajo en 2013 y, si continúan la carrera de ingeniería como necesita el país, se integrarán a la producción en 2019. Pero si no sostenemos hoy la inversión necesaria nunca tendremos los profesionales que necesitamos para lograr un desarrollo industrial pujante y autónomo.
Los docentes que mayoritariamente enseñan hoy en nuestras escuelas son quienes eligieron la carrera y se tuvieron que formar esforzadamente cuando el salario del maestro era de 260 pesos, todavía no han egresado quienes se beneficiaron con las mejoras y la prolongación de los planes de estudio en los últimos años.
Es necesario entender que muchos de los actuales déficit de la educación argentina están vinculados con las épocas (en muchos casos dictatoriales) en las que se postergó la inversión educativa. Las consecuencias de las políticas oscurantistas o de mercado también se manifiestan con toda su intensidad en el mediano y largo plazo e impactan aún hoy en nuestra educación. Por ello es necesario que se celebre con grandeza y sin ningún tipo de mezquindad que en el Bicentenario se considere a la educación como política de Estado y se mantenga el compromiso de sostener firmemente el nivel de inversión alcanzado. En este sentido, el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Educativo no debe entenderse sólo como una meta cumplida, sino como un punto de partida que, si se sostiene en el largo plazo y al margen de las coyunturas políticas y económicas, permitirá cumplir con el objetivo de lograr una educación de calidad para todos, único pilar de una sociedad con mayor progreso, desarrollo y justicia social.
Por Daniel Filmus nador nacional (FpV), ex ministro de Educación.

11 de mayo de 2010

Proceso de Incorporación a Planta Permanente de los trabajadores transitorios del Estado Nacional

La presidenta Cristina Fernández anunció hoy el inicio del Proceso de Incorporación a Planta Permanente de los trabajadores transitorios del Estado Nacional, una verdadera reparación histórica para 170 mil trabajadores y trabajadoras públicos que podrán disfrutar de convenios laborales similares a los del sector privado.

En el acto, la Jefa de Estado destacó que esta medida se toma en el país "justo cuando se han derrumbado totas la teorías en nombre de las cuales no vienen criticando desde afuera y desde adentro en los último a años". "Como una contrafigura a esas críticas, estamos asegurando el derecho a la estabilidad de los trabajadores argentinos", expresó la Jefa de Estado.

Además, explicó que "estamos dando cumplimiento a un compromiso: no puede haber trabajadores de primera y trabajadores de segunda, ni en el Estado ni en ninguna parte". Y aseveró que la incorporación a la planta permanente del Estado se hará "con la seriedad con la que tenemos que hacerla", en referencia a la decisión a favor de que la Universidad de Buenos Aires actúe de contralor de los concursos por los cuales los trabajadores transitorios pasarán a revestir en el nuevo escalafón.

"Hoy estamos dando algo más que estabilidad y dignidad a los trabajadores estatales, estamos reafirmando la necesidad de la presencia del Estado como un instrumento insustituible en los países y las economías", señaló la Mandataria. Y agregó: "Durante mucho tiempo nos habían convencido que el Estado era casi un estorbo para la actividad económica, que el mercado todo lo podía y que era el correcto asignador de recursos". En cambio, resaltó que "en todos los frentes, ha sido el Estado el que ha podido construir desde 2003 un proyecto de país absolutamente diferente, no confrontando con el mercado, sino poniéndolo en el lugar que tiene que tener".

"Este es un Estado que ha ayudado mucho al mercado, y que no hizo lo que hicieron con él; al contrario, el año pasado, cuando el mundo de caía, allí estuvo presente el Estado en todos los frentes". En ese sentido, recordó la puesta en marcha de los planes REPRO, las tasas subsidiadas, los préstamos de ANSES, etc.

"Fuimos, después de China, según ONU, el país que más esfuerzo fiscal puso para hacer frente a la crisis, y esto permitió que no se vieran los desastres que se están viendo en otras partes", explicó la Jefa de Estado.

Para la Presidenta, "está claro que no se debe a políticas que gestionamos el año pasado, la solidez del modelo", sino que son atribuibles a un proceso que apostó a la construcción de un sólido mercado interno, al mejoramiento del poder adquisitivo de los trabajadores, al crecimiento del piso de protección de social, a los avances en la educación, al achicamiento de la brecha digital, a los avances en materia de infraestructura, a la política diferenciada de tarifas, y al tipo de cambio sostenido con un fuerte crecimiento del comercio exterior.

"Tenemos que ser muy claros y reafirmar que este proyecto no es de un partido político o de un sector, sino que representa a los intereses de todos los argentinos", afirmó Cristina Fernández. Además aclaró que a diferencia de la propuesta del neoliberalismo, este modelo es inclusión y no de exclusión.

Para la Jefa de Estado, "es muy importante la compresión de cómo ha funcionado este modelo que nos ha permitido sobrellevar la crisis más importante desde el año 1929, crisis que parece no haber terminado". Por eso, lamentó que "se insista en modelos que han fracasado estrepitosamente", en referencia a las exigencias impuestas a economías europeas para recibir paquetes de ayuda financiera por parte de los organismos multilaterales de crédito internacionales.

"Nunca pudieron convencerme de que la mejora para los trabajadores vendría por el lado de que se despida gente, nunca me cerró la flexibilización laboral", dijo la Mandataria.

Por eso, convocó "a todos los trabajadores estatales a redoblar esfuerzos en sus puestos de trabajo, redoblar su compromiso, no es defensa de un gobierno, sino en defensa del Estado" y de "una sociedad más justa, más equitativa, con mejor distribución del ingreso, una sociedad en la que todos tengamos igualdad de oportunidades".

"No duden ni un solo instante en que vamos a profundizar la transformación y el cambio y que no vamos a dar un solo paso atrás en lo que han sido las conquistas más importantes de los trabajadores en las últimas décadas", concluyó la Mandataria.

Por su parte, el secretario general de la Unión del Personal Civil de la Nación, Andrés Rodríguez, señaló que con la medida anunciada hoy "hemos dado el puntapié inicial, gobierno y gremio, para recorrer juntos la recta final que nos lleve a terminar definitivamente con la existencia de trabajadores estatales de primera y trabajadores estatales de segunda". "Hay una sola clase de trabajadores, los trabajadores con derechos y permanencia en sus puestos", aseveró el dirigente. Y agregó que este nuevo beneficio para los trabajadores estatales "se debe a la firme decisión política de un gobierno comprometido decididamente con la cultura del trabajo".

También agradeció la decisión tomada en su momento de suprimir las cifras no remunerativas, como así el pago en tickets de almuerzo, en los sueldos de los empleados estatales.

"Estamos coronando un largo pero firme camino que jerarquiza la paritaria de los estatales", expresó Rodríguez.

Dedicado a Maria Eugenia



"la gente debe entender que no es que la presidenta sea Papá Noel o Mamá Noel y regala plata alegremente. Lo que pasa es que le estamos soplando la nuca" Senadora María Eugenia Estensoro.

8 de mayo de 2010

La actualizacion de la AUH

El director de la Anses, Diego Bossio, precisó que en la reglamentación del decreto que creó el beneficio se dispuso que la AUH aumentará en el mismo porcentaje que las asignaciones familiares para hijos de empleados formales (como ya dijimos). De este modo, se garantiza a desocupados, trabajadores en negro, empleadas domésticas y monotributistas sociales que no serán relegados cuando haya subas de ese ítem de la seguridad social.
Así, se puede esperar un aumento para este año (en linea con el de años anteriores) en torno al 35%. Recordemos que en 2003 la asignación por hijo era de $40, aumento en 2004 a $60, luego en 2007 a $100, en 2008 a $135 (35%) y finalmente en 2009 a $180 (33,3%).

La Asignación por Hijo logró una fuerte caída de la indigencia y de la desigualdad de ingresos

Línea de partida para combatir la pobreza

El Conicet y otros institutos presentaron los resultados de la primera investigación exhaustiva sobre el impacto de la AUH entre los sectores vulnerables. La indigencia bajó hasta 70 por ciento, la pobreza hasta 30 y mejoraron los índices de equidad. Los desafíos.

Por David Cufré

“Ahora tienen una cena más, así son cuatro en la semana”, dijo una de las beneficiarias de la Asignación Universal por Hijo.Ayer se presentó la primera investigación a fondo sobre los efectos de la Asignación Universal por Hijo entre los sectores más vulnerables. Es un estudio encarado por especialistas del Conicet y otros institutos para verificar el impacto de esa iniciativa. Allí se llega a conclusiones contundentes, que de algún modo confirman las hipótesis que distintos analistas habían adelantado cuando el Gobierno anunció la ampliación de este derecho a desocupados, trabajadores informales y empleadas domésticas: la indigencia bajó de manera rotunda, entre 68 y 54 por ciento –según se utilicen el IPC del Indec o el de siete provincias, respectivamente– desde la creación del programa, y la pobreza disminuyó entre 32 y 13 por ciento. Pero lo más llamativo es otro dato inesperado: los niveles de desigualdad entre quienes más ganan y los de menores ingresos cayeron a su nivel más bajo desde 1986 y la Argentina vuelve a aparecer como “el país más igualitario de América latina”, lugar que había cedido en los ’90 como consecuencia de la aplicación de políticas de exclusión. “La Asignación Universal por Hijo se encamina a ser la medida de política social más exitosa de los últimos 50 años, especialmente por su impacto sobre la indigencia y la desigualdad extrema entre ricos y pobres”, destaca el documento.

“El mate cocido ahora se los corto con leche.” “Este año le compré zapatillas para empezar las clases”. “Los fines de semana toman leche con galletitas dulces.” “Ahora tienen una cena más, así son cuatro en la semana.” “Les compré por primera vez botas de goma para que no se mojen tanto los pies.” “Ya no hago más la calle.” Estas frases, extraídas de testimonios de beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), aparecen en el estudio para ilustrar algunas de las modificaciones profundas en la vida cotidiana de esas personas.

El titular de la Anses, Diego Bossio, reveló ayer las últimas cifras sobre el alcance del programa: en mayo cobrarán la AUH 3.677.409 chicos, que forman parte de 1.920.072 familias. La cobertura viene creciendo de manera sostenida desde la implementación del plan, en noviembre pasado. En aquel momento fueron 3.303.914 menores de 18 años de 1.732.530 familias. El funcionario explicó que el aumento obedece a la acción de la Anses para incorporar beneficiarios, ya que el organismo capacitó a un equipo de cien pasantes que recorren barrios del conurbano bonaerense para resolver situaciones puntuales (ver aparte), y el Ministerio del Interior puso en marcha un plan para acelerar la entrega de DNI en todo el país. “Son medidas inclusivas, que demuestran la capacidad del Estado para intervenir de manera eficiente”, valoró Bossio.

El estudio presentado ayer, en un seminario del nuevo Observatorio de la Seguridad Social, fue elaborado por tres investigadores: Emmanuel Agis, del Centro de Estudios para el Desarrollo Argentino (Cenda), Carlos Cañete, del Programa de Formación Popular en Economía (Profope), y Demián Panigo, del Conicet (Ceil Piette). Su investigación se propuso evaluar el impacto de la AUH sobre cuatro indicadores centrales del bienestar social: pobreza, indigencia, desigualdad y vulnerabilidad relativa. Se basó en la Encuesta Permanente de Hogares del Indec del primer semestre de 2009 –para evaluar los ingresos de la población– y en dos índices de precios: el del Indec para el GBA y el de un conjunto de siete provincias, la mayoría opositoras al gobierno nacional. Esto último fue para despejar la polémica sobre la credibilidad del Indec en la medición de la inflación. Con esos insumos, los investigadores llegaron a las siguientes conclusiones:
- La asignación por hijo sacó de la pobreza a entre 1,4 y 1,8 millón de personas. De ellas, entre 700 mil y 1,1 millón tienen 18 años o menos.
- La pobreza bajó entre 32,6 y 13,1 por ciento, según se tomen el IPC del Indec o el IPC de las siete provincias. En números absolutos, la tasa de pobreza cayó de 14,1 por ciento en el segundo semestre de 2009 a 9,5 por ciento tras la implementación de la AUH en el primer caso. Si la pobreza se calcula con una canasta básica total que surge del IPC de siete provincias, el descenso en números absolutos es de 26,0 a 22,6 por ciento.
- Entre 1 millón y 1,5 millón de personas abandonaron la condición de indigentes. De ellos, entre 680 mil y 1,03 millón tienen 18 años o menos. La indigencia retrocedió entre 68,4 y 54,7 por ciento, con los dos IPC. El nivel de indigencia bajó de 3,2 a 1,2 por ciento de las personas con el IPC Indec, y de 7,5 a 3,4 por ciento con el IPC siete provincias.
- En la región Noreste, sobre cada diez indigentes, ocho dejaron de serlo a partir de la asignación por hijo.

Los datos son contundentes en cuanto a la incidencia de la AUH en la reducción de la pobreza y –sobre todo– de la indigencia. Ese impacto se puede ver reducido por el aumento de precios de los primeros cuatro meses de este año. La canasta básica total y la canasta alimentaria, que se utilizan para definir las líneas de pobreza e indigencia, subieron entre 15 y 17 por ciento para el Indec desde el segundo semestre de 2009 a la fecha. Sin embargo, todavía no se conoce qué pasó con los ingresos de la población en ese período –lo mide la Encuesta Permanente de Hogares, cuyos resultados aún se están procesando– y eso impide llegar a un resultado exacto.

De todos modos, en la Anses aportaron un dato que matiza aquel deterioro por la inflación: los beneficiarios de la AUH están cobrando entre fines de abril y lo harán hasta junio la diferencia del 20 por ciento de la AUH que el Estado les retiene hasta comprobar que cumplieron con el requisito de escolaridad y vacunación. Son 36 pesos por mes por hijo, lo que en la práctica implica un refuerzo monetario que ayuda a compensar el alza de precios (180 pesos por hijo para quienes están anotados en la AUH desde noviembre). Además, Bossio reveló que la asignación por hijo aumentará el mismo porcentaje que las asignaciones familiares (ver aparte).

La otra faceta de la investigación sobre la AUH tiene que ver con la desigualdad. Aquí aparecen los datos más novedosos, ya que este programa logró reposicionar a la Argentina como el país más igualitario de América latina, tal como lo era hasta 1994. A partir del efecto Tequila, el país retrocedió tres escalones en uno de los indicadores clave en ese sentido: la brecha de ingresos entre el primer decil –los más ricos– y el último –los más pobres–, siendo superado por Uruguay, Venezuela y República Dominicana. En 2002, cuando se vieron las consecuencias más dramáticas de la implosión de la convertibilidad, la brecha creció a 39,4 veces. De 2003 hasta el primer semestre de 2009, esa diferencia se achicó a 24,8 veces. A partir de la creación de la AUH, la brecha cayó a 14 veces, el nivel más bajo de la región, equivalente al nivel que existía en la Argentina en 1986. La misma tendencia se evidencia al analizar otros indicadores de desigualdad social, como el coeficiente de Gini o el índice Theil. Por esta cuestión, los investigadores afirman que la AUH es una de las medidas de redistribución del ingreso más potentes en décadas. Pero hacen una advertencia a las autoridades: la AUH debe ser entendida como el inicio de una estrategia para combatir la pobreza, la indigencia y la desigualdad y no como la línea de llegada.

Link al programa en el Ministerio de Educación: http://www.me.gov.ar/me_prog/asignacionuniversal.html

Listado de referentes por provincia para contactarse y dar una mano: http://www.me.gov.ar/me_prog/asignacionuniversal/pdf/referentes.zip

7 de mayo de 2010

"Las recetas que proponen en Grecia son las mismas que querían que Argentina aplique en 2001"

La presidenta Cristina Fernández de Kirchner volvió a comparar la crísis que azota a Grecia con lo ocurrido en el país en 2001. "Modelos que ya fracasaron intentan volver a ponerlos en práctica", dijo Cristina.

Después del canje

¿Qué es lo mejor que nos puede pasar después de finalizado este segundo canje? Bajarle definitivamente el telón al drama de la deuda que, durante un cuarto de siglo, mantuvo crucificado al país en las políticas neoliberales, las condicionalidades del FMI y los criterios de los mercados especulativos. Por Aldo Ferrer


El drama de la deuda comenzó con el golpe de Estado de 1976 y predominó hasta la extraordinaria crisis del 2001/02. Fue el peor período de la historia económica argentina. El PBI per cápita disminuyó en 10% entre un extremo y otro. Al final, el desorden fue gigantesco, con 17 monedas circulando en lugar de la moneda nacional, el trueque como alternativa en una economía sin mercado, los bancos inoperantes por el corralito y el corralón, el tipo de cambio disparado en un sistema al borde de la hiperinflación.

El resultado fue la indigencia, la fractura del mercado de trabajo y, consecuentemente, la aparición de problemas de inseguridad desconocidos hasta entonces. El deterioro social quedó reflejado en el desempleo del 24% de la fuerza de trabajo, un empleo informal de más del 50% de la ocupación.
La seguridad jurídica y el respeto de los contratos colapsaron bajo el peso de la deuda y la renuncia a la gobernabilidad macroeconómica. El sometimiento a la deuda fue también determinante de la crisis política y la renuncia del presidente de la Nación.

El drama de la deuda comenzó a resolverse por las nuevas circunstancias impuestas por la misma crisis. Esto incluye, la pesificación de los activos y pasivos denominados en moneda extranjera, la consecuente recuperación de la autoridad monetaria del Banco Central y el ajuste cambiario que abrió espacios de rentabilidad clausurados durante el prolongado período de la convertibilidad.

En este escenario fue decisivo el cambio de rumbo de la política económica. Ésta abandonó la búsqueda de soluciones a través de la asistencia internacional y se dedicó a consolidar el control de los principales instrumentos de la política macroeconómica: el presupuesto, la moneda, los pagos internacionales y el tipo de cambio. La fortaleza emergente de la situación macroeconómica permitió formular una propuesta propia para resolver la deuda en default, que culminó exitosamente, y, poco después, en enero de 2006, cancelar la pendiente con el FMI.

El encuadre de la deuda en límites manejables con los recursos del país permitió un cambio radical del cuadro macroeconómico y recuperar la seguridad jurídica, demolida por la estrategia neoliberal.

Como observamos en notas anteriores en este mismo espacio, la resolución del drama de la deuda fue posible porque, en el transcurso de esta década, las restricciones externas de los pagos internacionales y la fiscal de las finanzas públicas, han sido sustituidas por los superávits gemelos, en el balance de pagos y en el presupuesto. Esto permitió recuperar la soberanía en el ejercicio de la política económica.
Este segundo canje, que promete tener, como el primero, un alto grado de aceptación, debería servir, por lo tanto, para que el drama de la deuda sea, definitivamente, una experiencia traumática del pasado histórico. Deberíamos evitar, por lo tanto, suponer que el drama de la deuda sigue vigente y la compulsión a la repetición.

Estamos observando, en efecto, que en torno del canje y del pago de vencimientos con reservas, gran parte de la atención mediática está concentrada, nuevamente, en el financiamiento externo.
Incluso, se reavivó el antiguo problema de la “deuda odiosa”, es decir, aquella contraída por el último régimen de facto. Esa deuda probablemente ya fue pagada y el eventual resto subsistente fue presumiblemente cancelado con la quita sustantiva en el primer canje y, en la prevista, en el actual segundo canje.

Al reabrir viejos debates sin futuro, corremos el riesgo de desatender lo fundamental, que es movilizar los recursos propios para el desarrollo económico y social y fortalecer, consecuentemente, la capacidad de decidir nuestro propio destino en el orden mundial globalizado.

En conclusión, el mayor aporte que puede brindar ese segundo canje es bajarle definitivamente el telón al drama de la deuda y dedicarnos al problema fundamental del financiamiento del desarrollo, que es la movilización de los propios recursos del país.

Recordemos que el ahorro argentino alcanza a casi el 30% del PBI (equivalente a más de u$s100.000 millones), que la economía viene operando con sustantivos superávits en la balanza comercial (más de u$s15.000 millones estimados para este año) y en la cuenta corriente equivalente al 3% del PBI.
La fortaleza actual de la economía argentina permitió que, desde fines del 2007 hasta mediados del año pasado, salieron capitales propios por u$s40.000 millones (equivalentes al 20% del ahorro nacional), sin que la economía colapsara.

La primera prioridad, por lo tanto, es retener y reciclar el ahorro interno en el proceso productivo, convenciéndonos de que el lugar más rentable y seguro para invertir nuestro ahorro es la Argentina. Después, todo los demás, incluso “la vuelta a los mercados” internacionales, viene por añadidura.

De ahora en más, dediquemos el tiempo a las cuestiones fundamentales que están en la agenda pública. Entre ellas, la reforma de la ley de entidades financieras en consideración en el Congreso, la creación de una banca de desarrollo en torno del BICE u otros medios, establecer la función de banca de inversión con participación de las entidades privadas y públicas y, como medida central, institucionalizar el empleo de los recursos del sistema previsional.

La anunciada intención del Gobierno de institucionalizar la orientación de los fondos del sistema provisional a los fines del desarrollo y la eventual creación de un banco de desarrollo para tales fines, es una muy buena noticia.

Esta estrategia de fondeo de la banca de inversión adquiere renovada importancia a partir de la reforma del sistema provisional en la Argentina porque, en nuestro país y en el resto del mundo, los recursos de los sistemas previsionales representan parte sustantiva del ahorro nacional. Los fondos previsionales del sistema cumplen así una doble función. Por una parte, generar rentabilidad de las inversiones para la sustentabilidad de la previsión social. Por la otra, emplear los recursos para el desarrollo nacional. Ambas son interdependientes.

Una vez resuelto el drama de la deuda, ésta es la agenda prioritaria del financiamiento del desarrollo. Es preciso consolidar las condiciones necesarias para darle permanencia a los avances en este terreno y evitar repetir las frustraciones del pasado.

5 de mayo de 2010

La asignación por hijo llegó al consumo masivo

Comercio minorista / Los almacenes son los más beneficiadosEl efecto de la asignación por hijo llegó al consumo masivo La venta de alimentos acumula una suba promedio del 5% desde el lanzamiento del plan oficial
lanacion.com | Economía | Mi?oles 5 de mayo de 2010

El efecto de la asignación universal por hijo llegó al consumo. Desde la puesta en marcha del plan oficial que beneficia a los hogares de menores ingresos, las ventas de los productos de la canasta básica acumulan subas que, según las mediciones privadas, oscilan entre 4,5 y 5,8 por ciento.
De acuerdo con un relevamiento realizado por la consultora Nielsen, entre diciembre de 2009 y marzo de este año la demanda de alimentos, bebidas, artículos de tocador y de limpieza registró un alza del 5,8%, contra el 1,3% con el que había cerrado 2009.
La mejora del consumo coincidió con la entrada en vigor de la asignación universal por hijo, que comenzó a entregarse en los primeros días de diciembre del año pasado. El plan contempla el pago de $ 180 por hijo y en principio beneficia a 3,5 millones de chicos menores de 18 años, que son hijos de desocupados, de trabajadores no registrados que cobran menos del salario mínimo, de empleadas domésticas y de monotributistas sociales.
Según los datos de Nielsen, el impacto en el consumo se sintió con más fuerza entre los almacenes y los negocios independientes, que en promedio tuvieron un crecimiento del 13,3% en su volumen de ventas. La reactivación de la demanda en este canal también es vista como un signo de la mejora de la capacidad de compra entre las familias más pobres, ya que tradicionalmente se trata de consumidores que se abastecen en los comercios barriales.
"Siempre los almacenes son más sensibles a los cambios en el consumo, tanto para arriba como para abajo, con fuertes oscilaciones", explicó Osvaldo del Río, director de The Nielsen Company, que ayer presentó su informe en el marco del Encuentro Nacional Retailer, organizado por la revista Asaretail .
Por su parte, Guillermo Oliveto, que ahora tiene su propia consultora (W) pero que continúa trabajando con datos de CCR, estimó que en el primer trimestre de este año el consumo masivo creció 4,5% en volumen, "lo que triplicó el crecimiento del año pasado, que fue del 1,5% en el mismo período".